Un poco de luz
Familiares accedió a archivos de la represión dictatorial.
Mauricio Pérez
13 marzo, 2020
Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos accedió a una copia de todos los archivos sobre los crímenes de la dictadura en poder de Presidencia, a partir de una resolución del gobierno anterior.
Desde la organización se afirma que estos documentos estarán disponibles para toda la población.
En el epílogo del mandato, cuando las oficinas de la Torre Ejecutiva comenzaban a vaciarse y quedaban a la espera de sus nuevos habitantes, el gobierno liderado por Tabaré Vázquez adoptó su última medida con relación a los crímenes de la dictadura. El 20 de febrero, el Poder Ejecutivo autorizó la entrega de una copia de todos los archivos de la represión dictatorial en poder de la Secretaría de Derechos Humanos para el Pasado Reciente a Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos. La resolución, firmada por el entonces prosecretario de la Presidencia, Juan Andrés Roballo, fue hecha en respuesta al pedido de acceso a la información presentado por esa organización.
Los archivos fueron entregados en varios discos extraíbles antes de terminar el gobierno y se incorporaron al acervo documental de Familiares. “Vamos avanzando en el conocimiento de la verdad, lo que es fundamental”, afirmó a Brecha Ignacio Errandonea, integrante de la organización.
La entrega incluyó: parte de los archivos del cuerpo de Fusileros Navales (Fusna) –lo que estaba digitalizado hasta fines de 2018–; los rollos microfilmados del denominado “archivo Berrutti”, hallados en el antiguo Cgior, donde operó la Compañía de Contrainformaciones del Ejército (fechados desde 1948 en adelante); documentos del Comando General del Ejército –digitalizados en 2019–, y archivos del Ministerio del Interior. También se entregaron los pocos documentos desclasificados por la Cia sobre Uruguay y las fichas de todos los detenidos desaparecidos y asesinados políticos elaboradas por la Secretaría, las que están publicadas en la página web de Presidencia.
La entrega se concretó tras un informe de la Unidad de Acceso a la Información Pública (Uaip) que señala la obligación de los organismos públicos de garantizar el derecho de las víctimas y de sus familiares de acceder a los documentos sobre los crímenes del terrorismo de Estado. Esto es parte de “las obligaciones de reparación integral que el derecho internacional le adjudica al Estado”, señaló la Uaip. “Son archivos relevantes, que permiten reconstruir, hacerse una idea de cómo eran los operativos y de cómo actuaban los servicios represivos”, afirmó Errandonea, pero aclaró que algunos archivos están incompletos: “Falta mucho”. Este es el caso de los archivos del antiguo Cgior y del Ejército. “Hay un rollo número 1 y otro rollo 3074; de esa cantidad apenas se tienen 1.400 rollos, no se llega a la mitad”, ejemplificó. También falta una parte del archivo del Fusna, que estaba en proceso de digitalización.
Ante esto, Errandonea señaló la necesidad de continuar la búsqueda de archivos y agregó que sobre principios de 1980 existió una orden de destrucción y fue un proceso que continuó en democracia. Sin embargo, la información que se maneja es que esos archivos fueron microfilmados y se hicieron varias copias que –siempre según Errandonea– están guardadas en algún lado: “Todo servicio de inteligencia guarda la información y la procesa, es falso que borraron todo y empezaron de vuelta. Las Fuerzas Armadas ocultan información”, enfatizó.
La organización tiene en su poder una parte del archivo incautado por orden judicial en el domicilio del coronel (r) Elmar Castiglioni (exjefe de la División I de la Dinacie, hoy fallecido) que confirma la existencia de un espionaje militar contra partidos políticos, sindicatos y organizaciones sociales en democracia (Veáse “Servicios continuados”, Brecha, 2-IX-16). Familiares pretende ampliar su acervo e inició contactos para acceder a los archivos desclasificados por el Vaticano. La Conferencia Episcopal del Uruguay informó –en enero de 2020– que se finalizó el estudio y clasificación de los materiales sobre los hechos acaecidos entre 1968 y 1985 que la Santa Sede tenía en su poder. El trámite para acceder a estos documentos es individual, por lo que la organización envió una nota a la Conferencia Episcopal uruguaya para que se la habilite a acceder a estos documentos como colectivo.
En este sentido, el objetivo de Familiares es que estos archivos “sean abiertos para saber qué pasó” durante la dictadura. “No es la verdad absoluta, es la verdad de los militares, con su visión, pero nos acerca a un conocimiento de lo sucedido. Es importante que esté a disposición de todo el mundo”, concluyó Errandonea.