El silencio ominoso de los perpetradores
29.05.2020
Crysol, editorializó sobre la extraordinaria demostración del pasado 20 de mayo, manifestación que recreó, con más de 400 acciones, la tradicional Marcha del Silencio en todo el país.
Se realizó una extraordinaria movilización en todo el país, el pasado miércoles 20 de mayo. Más de 400 acciones ese día. Un multitudinario y asombroso respaldo a Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos y a sus reclamos recorrió y sacudió al país. Se extendió por el mundo, incluso, con acciones en los más lejanos países.
Una deuda institucional
La desaparición forzada de ciudadanas y ciudadanos fue una metodología represiva decidida institucionalmente por parte de las Fuerzas Armadas desde el primer caso directamente atribuible a ellas, la desaparición de Roberto Gomensoro Josman en marzo de 1973, meses antes de la disolución de las Cámaras.
Así como el hallazgo de los restos del maestro Julio Castro puso de manifiesto que las Fuerzas Armadas habían mentido de manera descarada ante la Comisión para las Paz, creada por el Dr. Jorge Batlle, las declaraciones de José Nino Gavazzo ante el tribunal de Honor que juzgó su conducta reafirmó algo conocido por toda la sociedad: la desaparición forzada de ciudadanos como política represiva fue una decisión institucional a los más altos niveles jerárquicos.
El destino de esos ciudadanos sigue siendo, por lo mismo, una deuda institucional que nunca caducará ante la sociedad uruguaya y la propia historia. El silencio contumaz a lo largo de los años agranda el tamaño de la deuda ante las nuevas generaciones que marchan todos los años.
Un crimen atroz y permanente
La desaparición forzada de ciudadanos por parte de los órganos estatales es una metodología cruel y aberrante que no admite justificaciones de ninguna naturaleza. Aunque en Uruguay algunos de los principales responsables directos de las desapariciones gozan de beneficios extraordinarios como las prisiones domiciliarias en condiciones Premium, o entran y salen de los cuarteles como Perico por su casa como ocurre con el “burro” Mattos, para todas las sociedades avanzadas es un crimen de Lesa Humanidad que por lo tanto no prescribe ni caduca nunca, que tampoco merece que se otorgue a los responsables beneficios escandalosos de espaldas a la sociedad civil.
Manini Ríos en su laberinto
El periodista y escritor Leonardo Haberkorn puso al descubierto la complicidad del excomandante en jefe del Ejército Guido Manini Ríos con los terroristas estatales. Omitió informar a la justicia, por escrito, en tiempo y forma, como correspondía, acerca de las relevantes declaraciones de José Nino Gavazzo y de Jorge Pajarito Silveira en casos judiciales aún no resueltos: el crimen de Roberto Gomensoro y la desaparición de Eduardo Pérez Silvera, “el gordo Marcos” en el año 1974.
La justicia puede y debe actuar
La resolución 365 de la Suprema Corte de Justicia, de octubre del año 2009, redactada por el Dr. Jorge Chediak, declaró la inconstitucionalidad de la Ley de Caducidad de la pretensión punitiva del Estado que estuvo vigente durante más de dos décadas y que amparó a los criminales estatales. Desde octubre del año 2011, la Ley 18 831 restableció plenamente la pretensión punitiva del Estado. No existen obstáculos legales de ningún tipo que impidan u obstaculicen el accionar de los jueces o de la justicia. Todos los jueces, todos los operadores judiciales, pueden y deben investigar y esclarecer todas las causas.
La indispensable investigación criminalística
En nuestro país, en nuestro sistema democrático republicano, corresponde al Poder Judicial la investigación, esclarecimiento y sanción de todas las actividades con apariencia delictiva brindando las mayores garantías legales a todos los intervinientes. El Poder Judicial, con el auxilio de la Policía, es el órgano del Estado con potestades únicas y exclusivas para perseguir y sancionar a los delincuentes. La investigación criminalística, potestad de los jueces y fiscales actuantes, es la gran herramienta para conocer la verdad ante el silencio de los responsables intelectuales y materiales de los crímenes.
El Poder Judicial puede detener ciudadanos, tomar declaraciones, allanar domicilios, incautar documentación y realizar decenas de acciones que pueden y deben conducir a la verdad, en un país chico y donde algunos de los principales dueños de la verdad transitan libremente por las calles o concurren a las actividades de los Centros Militares que los nuclean y amparan cuando les llega el momento a nivel judicial.
El desconocimiento y el menosprecio de los derechos humanos han originado actos de barbarie ultrajantes para la conciencia de la humanidad. Las desapariciones forzadas siguen siendo una herida abierta de la sociedad uruguaya. Ante el silencio de los involucrados y de la institución, se impone, más que nunca, el accionar de la justicia.