LA EMBESTIDA CONTRA EL FISCAL DE CORTE
Quítame de ahí esa investigación
Mauricio Pérez
24 julio, 2020
La decisión de la Fiscalía General de la Nación de iniciar una investigación administrativa en relación con la fiscal Natalia Charquero generó impacto en el sistema político. Cabildo Abierto solicitó la destitución del fiscal de Corte, Jorge Díaz, por su supuesta intromisión en una causa penal.
Jorge Díaz durante una conferencia de prensa en la Fiscalía
La Fiscalía de Carmelo, representada por las fiscales adscriptas Natalia Charquero y Paola Nebot, pidió, el jueves 16, el archivo de la causa penal contra el exintendente de Colonia, Carlos Moreira, con relación a los audios virales en los que le ofrece a una edila nacionalista renovar una pasantía a cambio de sexo. De esta forma, la causa fue clausurada.
Sin embargo, un informe del periodista Carlos Peláez reveló que Charquero tenía una intensa militancia en el Partido Nacional –que quedó registrada en sus redes sociales– y que integró el equipo de seguridad del candidato blanco Luis Lacalle Pou en 2014, presidido por Moreira. Días después, se constató que el padre y la madre de Charquero ejercen cargos en el gobierno: él como director de Gestión Humana del Consejo de Educación Técnico Profesional de la UTU, y ella como directora del Registro de Estado Civil (La Diaria, 21-VII-20). Su esposo, en tanto, fue designado director del Ministerio de Desarrollo Social en Paysandú.
Tras la publicación de Peláez, la Fiscalía General de la Nación (FGN) inició una investigación administrativa para determinar si la fiscal debió excusarse de intervenir en esa causa por un eventual conocimiento de Moreira. Esta investigación tuvo en cuenta los principios del Código de Ética de la Función Pública, que pretende prevenir o evitar todo conflicto de intereses del funcionario público en el ejercicio de su cargo, y de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la Nación, que prohíbe a los fiscales ejercer política partidaria.
Según la Ley Orgánica, los fiscales deben inhibirse de actuar si existe relación de parentesco, afecto o enemistad con algunas de las partes, o solicitar la abstención por razones de decoro o delicadeza. El incumplimiento de esta disposición es considerado una falta grave. En este marco, la FGN analiza elaborar un protocolo de actuación para el manejo de las redes sociales por parte de los fiscales. Se estima que si ese protocolo hubiera existido –o la fiscal Charquero se hubiera excusado–, esta situación se habría evitado.
ARENA POLÍTICA
La decisión de la FGN generó críticas de la coalición de gobierno. El diputado colorado Felipe Schipani presentó un pedido de informes, y Pablo Iturralde, presidente del Directorio del Partido Nacional, se reunió con Díaz para interiorizarse sobre el alcance de la medida.
Cabildo Abierto directamente le pidió al Poder Ejecutivo la destitución de Díaz. El pedido tuvo el respaldo del senador Guido Manini, que criticó asiduamente la actuación del fiscal de Corte. Al mismo tiempo, Domenech recordó el pasado de Díaz como militante de la juventud comunista, lo mismo que en 2018 hizo el actual ministro de Defensa, Javier García, cuando el fiscal de Corte ordenó investigar el uso de tarjetas corporativas por parte del exdirector del Banco República, el nacionalista Pablo García Pintos.
La movida de los cabildantes desacomodó a sus socios de la coalición de gobierno. En rueda de prensa, el senador nacionalista Gustavo Penadés dijo que la destitución de Díaz no está en la agenda de la bancada nacionalista. No obstante, al ser preguntado sobre este asunto, el presidente, Luis Lacalle Pou, prefirió una respuesta equidistante, sin respaldar explícitamente a Díaz: «Presidencia tiene el derecho a tener su opinión y a responder o no a este planteo».
Una eventual remoción de Díaz, sin embargo, es compleja. El grueso de la academia entiende que su destitución requiere venia de los tres quintos de votos del Senado (19 votos), por lo que necesita al menos un voto del Frente Amplio, que consideró el planteo de remoción un nuevo ataque al sistema judicial y respaldó al jerarca.
A esto se suma que la destitución sólo puede disponerse por «causa de ineptitud, omisión o delito, o por comisión de actos en el ejercicio del cargo que afecten su buen nombre o el prestigio de la institución». Disponer una investigación administrativa es una facultad del jerarca, por lo que –en principio– la FGN no habría incumplido ninguna de estas disposiciones.