Secretaria de DD.HH y Politicas Sociales
COMUNICADO A LA OPINION PUBLICA.
Luego de una intensificación de los ataques al sistema judicial, acompañadas de la desnaturalización y desmantelamiento de distintos institutos vinculados a la defensa de los derechos humanos, la coalición de gobierno se enfrenta, nuevamente, a la disyuntiva que ha atravesado el Uruguay desde la finalización de la dictadura: si enfrenta la impunidad de los crímenes del terrorismo de Estado de acuerdo a las obligaciones emanadas del pacto de San José de Costa Rica; o si por el contrario opta por políticas a favor de la impunidad que lo expongan a responsabilidades ante el sistema interamericano de derechos humanos.
El comportamiento de los dos sectores mayoritarios de la coalición de gobierno a lo largo de estos últimos treinta y cinco años con relación a esas obligaciones asumidas legítimamente por el Estado uruguayo, y las recientes manifestaciones cuestionando el cumplimiento por el sistema judicial de las obligaciones emanadas de la sentencia de la Corte IDH en el caso Gelman de febrero de 2011, hacen necesario que esos dos sectores políticos, hoy se expresen con inequívoca claridad.
Por otro lado, no resulta extraño que el partido liderado por Manini Rios, asuma las mismas conductas que han desempeñado los artífices del terrorismo de Estado, tratando de asegurar la impunidad, por todos los medios, inclusive irguiéndose en una suerte de poder detrás del sillón presidencial. La gravedad del rumbo que tomen las políticas publicas del gobierno en torno a una regresión del demorado camino de hacer realidad la verdad y la justicia sobre crímenes de lesa humanidad, tornan necesarios pronunciamientos inequívocos, tanto por el gobierno, como de todo el sistema político.
No resulta en ese sentido claro, expresar que esa propuesta de reestablecer la caducidad de la pretensión punitiva del Estado no estaba en el compromiso político de la coalición. Muchos temas, que tampoco lo estaban, terminaron siendo consagrados en la Ley de urgente consideración.
Compartiendo distintos pronunciamientos desde el punto de vista jurídico que cuestionan cualquier eventual iniciativa que apunte a liberar al Estado uruguayo de sus obligaciones internacionales, desde la Secretaria de Derechos Humanos del PIT/CNT nos sentimos en la obligación de alertar sobre eventuales iniciativas que sean funcionales a la estrategia de dilación de los demorados pronunciamientos de responsabilidades penales aun pendientes.
Secretaria de Derechos Humanos y Políticas Sociales del PIT/CNT
Montevideo 4 de agosto de 2020.