EL INTENTO DE CABILDO ABIERTO POR REINSTALAR LA IMPUNIDAD
Una página sin vuelta
Mauricio Pérez
7 agosto, 2020
Cabildo Abierto jugó fuerte: el partido liderado por Guido Manini propuso reinstalar la ley de caducidad para evitar el juzgamiento de militares por crímenes de la dictadura. El proyecto genera resistencias a la interna de la coalición de gobierno y es cuestionado desde diversos ámbitos. El efecto de reinstalar la impunidad en el futuro de las causas sería escaso.
Guido Manini en el Parlamento en la asunción del nuevo cuerpo legislativo.
Cabildo Abierto presentó –el martes 4– un proyecto de ley para reinstalar la ley de caducidad. El objetivo, según la exposición de motivos, es «sellar definitivamente un pasado de violentos antagonismos». «No puede existir una tesitura de penalidad infinita, como se pretende, con base en un relato que no se condice con la realidad ni se ajusta a la clara existencia de los hechos, al hablar solamente de terrorismo de Estado sin reconocer la existencia de los desbordes violentos del movimiento guerrillero», escribieron los cabildantes.
El proyecto, firmado por los senadores Manini, Guillermo Domenech y Raúl Luzardo, supone derogar la ley 18.831 –que reestableció la pretensión punitiva del Estado– y dejar asentado que la Constitución tiene preponderancia sobre los tratados internacionales ratificados por el Estado uruguayo. Y, además, declara que el derecho penal ya cumplió «con su función retributiva, restauradora y de prevención, en el marco de la llamada justicia transicional», por lo cual todos los delitos de la dictadura estarían prescritos.
La movida se inscribe en un contexto político particular, en el que la Cámara de Senadores analiza el pedido de desafuero de Manini por omitir denunciar ante la Justicia la confesión de José Nino Gavazzo ante un tribunal de honor sobre su intervención en un crimen de lesa humanidad (Veáse Brecha, 24-VII-20) y en el que los cabildantes procuran destituir al fiscal de Corte, Jorge Díaz, y apoyar la propuesta de consagrar a la Fiscalía General de la Nación como un órgano colegiado.
Pero la iniciativa responde, sobre todo, a frenar las causas penales por crímenes de la dictadura. Entre 2015 y 2019, la Justicia dispuso el procesamiento de cuatro militares por estos crímenes, y en 2020 ya fueron procesadas otras 11 personas –entre militares, policías y civiles–, en ocho causas.1 Y esa cifra puede aumentar, ya que existen varios pedidos de procesamiento que están próximos a resolverse.
La resolución de las causas este año, sin embargo, no es casualidad. Los sistemáticos recursos presentados por las defensas de los militares provocó un lento avance de las indagatorias en los años anteriores, pero a medida que esos recursos comenzaron a agotarse los jueces pudieron empezar a resolver los pedidos de procesamiento. El proyecto pretende ser un freno a la investigación y lograr «una pacificación definitiva» de la sociedad uruguaya. Sin embargo, sus efectos concretos serían escasos.
CIPAYISMO APÁTRIDA
El martes 4, en la media hora previa, el senador Manini reiteró sus críticas a la actuación del sistema judicial. Según el legislador, existen militares procesados sin pruebas, sólo por ser militares: «Lo que aquí está en juego no es la defensa de una corporación, sino la vigencia del Estado de derecho». Manini afirmó que esta situación se produjo por la aplicación de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el caso Gelman vs. Uruguay.
Se trata –dijo– de un fallo «totalmente lesivo de nuestra soberanía, ya que exigió desconocer lo establecido en nuestra Constitución y que aquí se aceptó y se cumplió con total docilidad». Y afirmó que los tratados y convenciones firmados por Uruguay no tienen rango constitucional: «Anteponer esos tratados a nuestra Constitución es aceptar que se nos gobierna desde afuera; ello es explicable en quienes toda su vida aceptaron y aceptan que se nos indique desde otras latitudes lo que debemos hacer, los que exhiben con orgullo su cipayismo apátrida. Habrá uruguayos genuflexos felices de este tipo de dependencia, pero no es nuestro caso».
En este marco, Manini reivindicó la idea de reinstalar la ley de caducidad. Se trata –dijo– de una ley «que pretendió servir a la pacificación nacional después de un lamentable período de fractura y desencuentro entre los orientales», y que fue ratificada dos veces por la sociedad uruguaya. Esa ley, recordó, fue derogada por una mayoría de un voto en 2011. «Ahí se abrió el camino para que ciertos magistrados actuaran con total impunidad, alentados por un coro al que sólo le interesa la venganza», fustigó.
Estas no fueron, desde luego, sus primeras críticas al sistema judicial por su accionar en estas causas. En abril último utilizó la media hora previa del Senado para cuestionar el procesamiento del coronel (r) Lawrie Rodríguez por el homicidio de Iván Morales Generalli; en febrero de 2019, lo hizo a través de un escrito de ocho páginas presentado ante Presidencia de la República, que terminó con su destitución.
Las últimas declaraciones de Manini fueron rechazadas al unísono por los gremios de jueces y de fiscales, al considerarlas como un intento de presión al sistema judicial. También por los funcionarios del Poder Judicial. Incluso, los jueces solicitaron ser recibidos por la Comisión de Constitución y Legislación del Senado para hacer llegar su preocupación por esta campaña de descrédito público por parte de Manini.
Pese a esto, en Cabildo Abierto tienen cifradas esperanzas de conseguir los votos para aprobar el proyecto. En su intervención parlamentaria, Manini recordó las críticas de blancos, colorados e independientes a la ley 18.831 por tratarse de un «duro golpe a la democracia». Las primeras reacciones, sin embargo, no fueron favorables. El presidente, Luis Lacalle Pou, dijo que este asunto no forma parte del acuerdo firmado por los socios de la coalición, aunque no cerró las puertas: «El gobierno tiene que tratar de representar a todos sus socios […] no hay posición del gobierno al respecto».
Si bien legisladores blancos y colorados se mostraron abiertos a analizar la propuesta, las primeras voces fueron críticas. En filas blancas, el diputado Gonzalo Mujica dijo que no votará el proyecto, y la senadora Carmen Asiaín –docente de Derecho Constitucional– afirmó que la ley de caducidad es inconstitucional porque violenta la separación de poderes y sostuvo que los tratados internacionales en materia de derechos humanos se incorporan a la Constitución por medio del artículo 72. En filas coloradas, la postura, en principio, también es contraria: el argumento es que derogar la ley 18.831 tendría poco efecto en la investigación de los crímenes de la dictadura. Incluso el senador Julio María Sanguinetti dijo que reflotar la ley llevaría al país a un debate jurídicamente inviable (Radio Uruguay, 5-VIII-20).
INCONSTITUCIONAL
La propuesta cabildante fue rechazada por los abogados vinculados con la investigación de los crímenes de la dictadura. El abogado Óscar López Goldaracena apuntó que, en este caso, el derecho limita las opciones políticas. «Sería inviable desde el punto de vista jurídico cualquier vuelta a la ley de caducidad, implicaría incumplir normas internacionales, pero especialmente incumplir el fallo de la CIDH».
Según López Goldaracena, Uruguay tiene la obligación de investigar las graves violaciones a los derechos humanos en dictadura y de juzgar a sus responsables. Por tanto, «sería una norma inconstitucional y, al mismo tiempo, implicaría responsabilidad internacional para el Estado uruguayo» (Informe capital, TV Ciudad, 3-VIII-20). En esa línea, el abogado Pablo Chargoñia afirmó que el fallo de la CIDH establece, con claridad, que la ley de caducidad carece de efectos jurídicos. Según el abogado, aprobar este proyecto sería «un desacato flagrante, grotesco a la sentencia de la CIDH, y una nueva violación del pacto de San José de Costa Rica».
Martín Fernández, integrante del Instituto de Estudios Legales del Uruguay, dijo que Uruguay está obligado a juzgar estos delitos sin importar el paso del tiempo. «Estamos hablando de delitos cometidos por el Estado y, por ende, imprescriptibles e inamnistiables. No se puede decir por ley que la función retributiva del derecho penal ha concluido», afirmó a Brecha.
Según Fernández, esto no es «derecho extranjero», como argumentó Manini: «Uruguay se ha sometido libre y voluntariamente a todos estos tratados y debe aceptar y respetar estos fallos». Y recordó que las críticas internacionales a la ley de caducidad no son recientes, ya que en 1992 la CIDH emitió el informe 29/92, en el que observó a Uruguay con el argumento de que esa ley se oponía a la Convención Americana de Derechos Humanos. El abogado dijo que el proyecto cabildante es rechazable desde su exposición de motivos hasta su contenido.
Por su parte, el constitucionalista Daniel Ochs sostuvo que el fallo de la CIDH establece que los crímenes de lesa humanidad «no pueden ser objeto de clemencia soberana, no pueden ser perdonados». Y apuntó que el Estado, en su conjunto, tiene la obligación de cumplir con la sentencia: «Los Estados serios no desactan los fallos adversos, aunque no los compartan» (Informe capital, TV Ciudad, 3-VIII-20).
PENSANDO EN EL FUTURO
Al margen de las intencionalidades políticas, los efectos jurídicos de esta movida en el devenir de las causas han sido puestos en duda. Durante casi 25 años la ley se transformó en un obstáculo insalvable para el avance de la investigación de los crímenes de la dictadura; sistemáticamente el Poder Ejecutivo aplicó el artículo 4 de esa norma y trancó toda posibilidad de investigar.
Ese obstáculo comenzó a resquebrajarse cuando el gobierno de Tabaré Vázquez habilitó avanzar en las causas penales por delitos cometidos en el exterior, como la causa del segundo vuelo, de Automotores Orletti y los traslados clandestinos de 1978, que culminaron con la condena del exdictador Gregorio «Goyo» Álvarez y de Gavazzo, entre otros. Y se rompió en octubre de 2009 cuando la Suprema Corte de Justicia declaró la inconstitucionalidad de la ley.
La sentencia de la CIDH de 2011 permitió una aplicación masiva de la jurisprudencia internacional en materia de derechos humanos, impidiendo la posibilidad de aprobar leyes de amnistías, indultos o caducidades para impedir juzgar estos tipos de crímenes. Le siguió el decreto del gobierno de José Mujica de excluir todos los casos del amparo de la caducidad. La ley 18.831, que restituyó la pretensión punitiva del Estado, y que ahora Manini pretende derribar, fue el golpe de gracia. Por eso, derogar esta ley no sería suficiente para reencauzar la impunidad.
Según Ochs, «los jueces tienen un mandato expreso de la CIDH de ser agentes de activación y de aplicación de sus sentencias». El constitucionalista afirmó que los magistrados «deben cumplir la sentencia trasnacional Gelman vs. Uruguay e ignorar toda ley que establezca un obstáculo para seguir adelante con esas investigaciones». López Goldaracena y Chargoñia compartieron esta visión.
En un plano teórico, el fiscal Ricardo Perciballe tendría varios caminos para seguir adelante con los casos. El más directo sería referir a la obligación del Estado de cumplir con el fallo internacional, con el argumento de que los crímenes de la dictadura son imprescriptibles. Si eso no fuera suficiente, podría hacer pesar el decreto del gobierno de Mujica. Y si nada resultara, plantear la inconstitucionalidad de la ley de caducidad. «¿Qué Suprema Corte se animaría a decir, hoy, en pleno 2020, que la ley de caducidad es constitucional cuando viola flagrantemente el principio de separación de poderes?», se preguntó un fiscal.
Sin embargo, todo este proceso abriría espacio a una andanada de recursos por parte de las defensas de los militares, cuya resolución podría extenderse, al menos, por algunos meses. Eso iría en favor de la estrategia de los indagados de extender lo más posible el devenir de los juicios.
- El juez de Maldonado, Ruben Etcheverry, revocó su propia decisión y dispuso –el lunes 3– el procesamiento del militar Víctor Stocco por las torturas contra ex-presos políticos en el Batallón de Laguna del Sauce. Semanas atrás, el juez Etcheverry había considerado que los crímenes de la dictadura estaban prescritos.