Un general fuera de control
Opinando N° 10 – Año 9 – Miércoles 5 de Agosto de 2020 www.crysol.
Maldita Caducidad. La inconstitucional ley que Guido Manini Ríos y sus Cabildantes pretenden reimplantar para retroceder al Plebiscito de 1980 cuando la ciudadanía les dijo NO
En febrero de 2011, la Corte Interamericana de DDHH (Corte IDH) condenó a Uruguay en el caso Gelman, por el secuestro y la desaparición en nuestro país de la ciudadana argentina María Claudia García de Gelman en 1976. Más de un año antes de dicho pronunciamiento, la Suprema Corte de Justicia (SCJ), declaró la inconstitucionalidad de la Ley 15 848, Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado, conocida popularmente como Ley de Impunidad.
Lo hizo a través de la Sentencia 365/2009, de una manera categórica y ejemplar: dictó cátedra en materia jurídica al respecto.
Aunque Manini Ríos y sus Cabildantes han venido arremetiendo contra ella desde hace tiempo, la Suprema Corte de Justicia (SCJ) es el máximo órgano del Poder Judicial, uno de los tres poderes independientes de nuestro sistema democrático republicano de gobierno, desde la derrota de la dictadura cívico militar y el regreso al Estado de Derecho.
En el momento de adoptar la histórica sentencia era presidida por el Dr. Jorge Chediak, el 22 de octubre de 2009, días antes de las elecciones que fueran ganadas por José Pepe Mujica y del fracaso del plebiscito que tanto les gusta mencionar.
Nibia Sabalsagaray: asesinada por el general Dalmao
La declaración de inconstitucionalidad fue solicitada por la Dra. Mirtha Guianze, fiscal de la República en aquel momento, para el caso Nibia Sabalsagaray, profesora de Literatura. A las horas de su detención fue asesinada en la tortura en el año 1974. La declaración de inconstitucionalidad de la Ley 15 848 condujo al procesamiento del general Julio Dalmao, jefe de la Región Militar N° 3 en el momento de su procesamiento, quien falleciera mientras cumplía su condena.
Posteriormente, la Suprema Corte de Justicia, presidida por el Dr. Jorge Chediak, funcionario de la Coalición Multicolor que también integra el general Guido Manini, mantuvo el criterio de inconstitucionalidad de la misma para otras solicitudes que le fueron formuladas y que permitieron procesamientos adicionales.
Ley de Caducidad: absolutamente ilegítima
Uno de los aspectos que se han ignorado sistemáticamente por la derecha uruguaya, es el hecho de que la Sentencia 365/2009 de la SCJ estableció que la Ley de Caducidad fue aprobada sin los votos suficientes para ello. El texto constitucional requiere la mayoría absoluta de votos del total de componentes de cada Cámara, y, revisado el cómputo de votos, el art. 1º, que se reinterpreta como amnistía, obtuvo esa mayoría en la Cámara de Senadores, pero no la alcanzó en la Cámara de Representantes, que tiene 99 miembros y donde fue aprobado por 49 votos (de 78 diputados que se encontraban en Sala), siendo que la mayoría absoluta (mitad más uno) requiere 50 votos.
En democracia: potestad exclusiva del Poder Judicial
Otro aspecto digno de destacar cuando Cabildo Abierto propone restablecer la Ley 15 848 es el hecho de que la Sentencia 365/2009 señala que declarar la caducidad de las acciones penales, en cualquier supuesto, excede las facultades de los legisladores e invade el ámbito de una función constitucionalmente asignada a los jueces, por lo que, por los motivos que fueren, el legislador no podía atribuirse la facultad de resolver que había operado la caducidad de las acciones penales respecto de ciertos delitos. Por este motivo, se fundamentó también la inconstitucionalidad de la ley en dicho momento.
El Referéndum de 1989
Cabe poner de manifiesto que no se puede desconocer que los artículos de la Ley Nº 15.848 tachados de inconstitucionalidad fueron ratificados por el Cuerpo Electoral, al rechazarse el recurso de referéndum promovido contra dicha ley en el año 1989, extremo a partir del cual se pueden formular varias consideraciones. No obstante, la Corporación considera que la ratificación popular que tuvo lugar en el recurso de referéndum promovido contra la ley en 1989 no proyecta consecuencia relevante alguna con relación al análisis de constitucionalidad que se debe realizar.
El rechazo de la derogación por parte de la ciudadanía no extiende su eficacia al punto de otorgar una cobertura de constitucionalidad a una norma legal viciada ―ab origine‖ por transgredir normas o principios consagrados o reconocidos por la Carta.
Según la Sentencia 365/2009, ninguna mayoría alcanzada en el Parlamento o la ratificación por el Cuerpo Electoral —ni aún si lograra la unanimidad— podría impedir que la Suprema Corte de Justicia declarara inconstitucional una ley que consagre la pena de muerte en nuestro país, la cual está prohibida por disposición del art. 21 de la Carta.
De la misma manera, tampoco la mayoría legislativa ratificada por el Cuerpo Electoral puede desplazar hacia el Poder Ejecutivo el ejercicio de la función jurisdiccional que le compete exclusivamente al Poder Judicial, salvo disposición expresa de la Constitución que le atribuya, excepcionalmente, tal cometido a otro órgano estatal.
No hubo errores, no hubo excesos
La dictadura cívico militar fue una tragedia histórica que vivió nuestro país. Fue una auténtica desgracia: al salir de ella, en el año 1985 el 40% de los hogares vivía en la pobreza y los trabajadores habían perdido el 50% del poder adquisitivo de los salarios. Los jubilados y pensionistas perdieron el aguinaldo, nunca recuperado y otros beneficios. Los grupos privilegiados que respaldaron el proyecto dictatorial cívico militar se embolsaron la extraordinaria cifra de 5 mil millones de dólares.
Las graves violaciones a los Derechos Humanos fueron realizadas en forma masiva, sistemática y generalizada contra la mayoría de la población, por orden expresa de los altos mandos militares de la época, en nuestro país y fuera de fronteras en el marco del Plan Cóndor. Esas gravísimas violaciones a los Derechos Humanos, desde el fin de la Segunda Guerra Mundial y el Tribunal de Nuremberg al cual nuestro país adhirió, son Crímenes de Lesa Humanidad.
La investigación, el esclarecimiento y el castigo penal y administrativo de los autores intelectuales y materiales es un principio básico y elemental para evitar y desalentar dichas conductas.
El Poder Judicial debe continuar cumpliendo sus cometidos constitucionales a pesar de los golpistas, los medios a su servicio y los sospechosos de siempre. Las ex presas y los ex presos políticos seguiremos reclamando movilizados como hasta ahora para afirmar la democracia y la libertad.
Seguiremos repudiando a los criminales y torturadores, convocando a la condena social, reclamando la condena institucional y persiguiendo la condena a 100 años de soledad porque como afirmara Gabriel García Márquez, esas estirpes no tienen y no merecen una segunda oportunidad sobre la tierra. Menos en la nuestra.