CEJIL: rechazo de amnistía por grandes violaciones

 Rechazo a proyecto de amnistía para

graves violaciones a derechos

humanos en Uruguay

La aprobación de esta propuesta representaría un grave retroceso en materia de derechos humanos para Uruguay con el claro objetivo de asegurar la impunidad, ya que busca reestablecer los efectos que tuvo la Ley de Caducidad

 07.AGOSTO.2020

Montevideo y Washington DC, 7 de agosto, 2020.- El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) rechaza el proyecto de ley presentado al parlamento uruguayo el pasado 4 de agosto por representantes del partido político Cabildo Abierto que propone impedir el procesamiento y sanción de las personas responsables de cometer graves violaciones de derechos humanos durante la dictadura.

Desde CEJIL alertamos que la aprobación de esta propuesta representaría un grave retroceso en materia de derechos humanos para Uruguay con el claro objetivo de asegurar la impunidad, ya que busca reestablecer los efectos que tuvo la Ley de Caducidad. Dicha norma impidió hasta el año 2011 el acceso a la justicia y la investigación de graves violaciones a los derechos humanos cometidas por el Estado durante la dictadura.   

La propuesta no solo es contraria a las obligaciones internacionales asumidas por el Estado uruguayo con la ratificación de diversos tratados, sino que, de avanzar, constituiría un claro desacato a la sentencia emitida por la Corte Interamericana (Corte IDH) en el caso Gelman. Dicha sentencia declaró que la Ley de Caducidad, así como toda disposición de “amnistía, prescripción, o establecimiento de excluyentes de responsabilidad que busquen impedir la investigación y sanción de responsables de graves violaciones a los derechos humanos tales como la tortura, las ejecuciones sumarias, extralegales o arbitrarias y las desapariciones forzadas”  es manifiestamente incompatible con la Convención Americana por contravenir derechos reconocidos por el derecho internacional que son inderogables. En consecuencia, la Corte IDH ordenó al Estado dejarla sin efecto y al mismo tiempo remover e impedir todo otro obstáculo para el acceso a la verdad y la justicia.

Tal como lo estableció la Corte IDH en su sentencia, el Estado tiene un deber de garantizar el derecho a la justicia de víctimas y familiares y también de satisfacer el derecho a la verdad, que incluye una dimensión colectiva por el impacto que el acceso a la justicia tiene en el Estado de derecho. En ese sentido, la presentación de la propuesta constituye una afrenta lamentable a las víctimas de la dictadura cívico-militar y sus familiares pero también a toda la sociedad uruguaya, incrementando una deuda insoluta de justicia y reparación.

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