DILEMAS EN EL OFICIALISMO POR LA SITUACIÓN DE GUIDO MANINI
Desafuero en modo pausa
Mauricio Pérez
4 septiembre, 2020
El pedido de desafuero del senador Guido Manini (Cabildo Abierto) reveló las primeras grietas en la coalición de gobierno. El Partido Nacional intenta, por todos los medios, evitar una votación dividida y reclama una definición política de los cabildantes.
Manini Ríos y Lacalle Pou durante un acto de la coalición.
El trámite parlamentario parecía resuelto. La mayoría oficialista se aprestaba a rechazar el pedido de desafuero del senador Guido Manini, con el argumento de que no existían méritos para que fuera juzgado. Sin embargo, la situación cambió. El Partido Nacional (PN) solicitó postergar la votación del asunto en comisión a la espera de una definición contundente del líder cabildante.
El fiscal Rodrigo Morosoli solicitó el desafuero de Manini por omitir denunciar la confesión de José Nino Gavazzo ante un tribunal de honor del Ejército sobre su participación en la desaparición del cuerpo de Roberto Gomensoro Josman, en 1973. Según Morosoli, el ex comandante en jefe del Ejército fue el único de todos los involucrados en este proceso que, en forma consciente e intencional, omitió denunciar la declaración de Gavazzo ante la Justicia. Por eso, archivó la investigación contra todos los investigados y solicitó la formalización de Manini.
En reiteradas oportunidades, Manini expresó su voluntad de no ampararse en sus fueros y de comparecer ante la Justicia. Incluso, anunció que levantaría la mano para ser desaforado. Pero sus compañeros de bancada, Raúl Lozano y Guillermo Domenech, anunciaron que votarán en contra. Una decisión que, por ahora, parece irrevocable y que se reitera cada vez que se reúnen los socios de la coalición. Esta ambivalencia generó chisporroteos entre blancos y cabildantes.
En este contexto, los senadores blancos se reunieron con el presidente de la república, Luis Lacalle Pou, para analizar la situación. El debate se centró en asuntos formales –si existe mérito para otorgar el desafuero o no–, pero también en los aspectos positivos y negativos de cada decisión, teniendo en cuenta que el PN tiene la llave del desafuero.
En la reunión, y pese a las diferencias internas, se acordó que la bancada blanca votará en bloque y que –a pedido del presidente– buscará alinear a todos los socios de la coalición en una posición monocorde. El asunto amerita: está en juego el futuro político del líder de uno de los principales socios de la coalición. Y el gobierno no quiere perderlo.
PIOLA ENREDADA
Los informes de los senadores blancos Carmen Asiaín, Graciela Bianchi y Carlos Camy –integrantes de la Comisión de Constitución y Legislación– establecen, con distintos argumentos, que no existe mérito para votar el desafuero. La conclusión, en línea generales, refiere a que Manini actuó conforme a derecho y que la responsabilidad corresponde al mando civil, el expresidente Tabaré Vázquez y el exsecretario de la Presidencia Miguel Ángel Toma.
Esa es la versión que esgrimieron en 2019 los senadores blancos –incluido el ahora presidente, Lacalle Pou, y el actual ministro de Defensa, Javier García– cuando votaron en contra de la propuesta del Poder Ejecutivo de destituir a cuatro generales que intervinieron en el tribunal de honor a Gavazzo. Es la posición que defienden los voceros del gobierno y la mayoría de la bancada. También se señala que los fueros parlamentarios no son un privilegio del legislador, sino una protección institucional a los integrantes de la Cámara para evitar una eventual persecución política.
Sin embargo, la decisión del sector Ciudadanos del Partido Colorado de votar el desafuero («están dadas las garantías para que la Justicia avance con la investigación en curso») reavivó la tirantez dentro la coalición de gobierno. Para habilitar el desafuero se requiere el voto de dos tercios de la Cámara de Senadores (21 votos). De momento, el desafuero cuenta con el voto de 15 senadores: los dos de Ciudadanos y los 13 del Frente Amplio (FA). La bancada opositora entiende que, en este caso, el pedido del fiscal Morosoli tiene fundamento, por lo que votará a favor, afirmó el senador Charles Carrera a Brecha.
El senador Julio María Sanguinetti –líder del sector Batllistas–, en tanto, anunció su voluntad de votar en contra del desafuero: «El ocultamiento se produjo en la Presidencia», señaló (Radio Universal, 1-IX-20). Pero en cualquier hipótesis que se maneje se requiere al menos un voto del PN, ya que sus 11 senadores tienen el poder de bloquear el pedido. Los legisladores blancos quieren evitar el impacto negativo que puede tener en la opinión pública la decisión de rechazar el desafuero e impedir el accionar de la Justicia, más cuando el involucrado pide ser desaforado. «Si el propio legislador lo pide, es muy dificil votar en contra», dijo un senador blanco a Brecha.
Por eso le reclamaron a Cabildo Abierto (CA) una «definición política». El pedido apunta a que Manini exprese explícitamente, dentro de la coalición de gobierno, que acepta ser desaforado y que esa decisión tiene el respaldo político de CA como partido. Eso –dicen– allanaría el camino del gobierno y evitaría polémicas futuras, sobre todo en momentos en que el Parlamento debate una de las principales normas del período de gobierno: la ley de presupuesto.
En este marco, el presidente, Lacalle Pou, les pidió a sus legisladores realizar todos sus esfuerzos para evitar una votación dividida de la coalición de gobierno sobre este asunto. Por este motivo, el PN solicitó postergar la votación en la comisión e inició una ronda de contactos «al más alto nivel» en busca de zurcir un acuerdo que permita un consenso entre los socios. Esto incluirá un pedido expreso a Ciudadanos para que cambie su postura.
Ante la insistencia blanca, CA decidió convocar a su junta nacional para definir una posición común (El Observador, 3-IX-20). Sin embargo, los cabildantes parecen firmes en su decisión de respaldar al líder. Domenech fue explícito: «No voy a votar el desafuero porque considero que no hay ningún mérito para ello, y la responsabilidad por omisión, en todo caso, correspondería al mando civil superior» (La Mañana, 2-IX-20). La diputada Silvana Pérez Bonavita, presidenta de la agrupación Orientales Unidos, también se pronunció en contra del desafuero: «Nuestros militantes quieren a Manini en el Senado, cargo para el que fue electo. ¡No apoyan el desafuero!», escribió en su cuenta de Twitter.
Por otro lado, los blancos también pretenden evitar que Manini se posicione como víctima en este proceso. La única certeza es que la Cámara de Senadores no lo autorizará a votar su desafuero. El legislador pretende participar del debate, defender su actuación y después levantar la mano a favor de ser desaforado. Sin embargo, el reglamento impide que un legislador participe de un asunto en que pueda tener un interés directo. Su lugar en este debate lo deberá ocupar su suplente, Gonzalo Ferreira, hijo del histórico dirigente blanco Wilson Ferreira Aldunate.
Si bien la idea es analizar este asunto con cautela, se pretende que quede laudado antes de que se termine la votación de la ley de presupuesto. Pero, por ahora, el aplazamiento es «por tiempo indefinido», dijeron fuentes del PN a Brecha. El FA, por su parte, solicitará a la comisión que la votación no se dilate en el tiempo.
OTROS RESABIOS MILITARES
Mientras que en la coalición gobernante se sopesa cómo la difusión de las declaraciones de Gilberto Vázquez ante un tribunal militar (véanse páginas 2, 3 y 4) puede pesar a favor o en contra de votar el desafuero del general Manini, el senador blanco Jorge Gandini pidió que este asunto fuera analizado por la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Senadores.
En este sentido, los blancos tienen previsto solicitar la declaración del ministro de Defensa, Javier García, y de los exjerarcas involucrados en estos hechos, entre ellos el expresidente Tabaré Vázquez y el exsecretario de la Presidencia Gonzalo Fernández. Según Gandini, lo que se busca es clarificar cuál fue la actuación de cada uno y determinar dónde se produjo el ocultamiento de la información.
En una línea similar, el sector Ciudadanos anunció que promoverá la formación de una comisión investigadora en la Cámara de Representantes sobre el tema. En principio, esta propuesta no tendría el respaldo del PN, que pretende analizar el asunto en la Comisión de Derechos Humanos del Senado.
DILACIONES
Según el pedido de formalización del fiscal Morosoli, el excomandante Manini demoró 310 días en informar a su superior, el exministro Jorge Menéndez (hoy fallecido), sobre la confesión de Gavazzo ante el tribunal de honor. Un período que se extiende desde el día en que se le informó sobre la declaración de Gavazzo ante el tribunal hasta el momento en que le entregó al ministro Menéndez el fallo del tribunal y su informe, con las furibundas críticas a la actuación del Poder Judicial en relación con las causas que investigan los crímenes de la dictadura .
Para su pedido, Morosoli se basó en dos aspectos: la contradicción entre el testimonio de Manini y los tres integrantes del tribunal de honor, los generales Gustavo Fajardo, José González y Alfredo Erramún, y la inexistencia en el expediente de registro alguno de que el tribunal haya paralizado su actuación en aplicación del artículo 77 de los tribunales de honor o de que Manini haya informado a su superior jerárquico.
Esto queda de manifiesto cuando se compara lo que sucedió con el tribunal de honor a Gilberto Vázquez en 2006. En ese caso, los miembros del tribunal remitieron una nota al comandante en jefe Carlos Díaz, informando sobre sus declaraciones con respecto a su participación en diversos crímenes durante la dictadura; la orden de seguir adelante con las actuaciones llegó por escrito y quedó anexada al expediente.
En este caso, no fue así. Tras escuchar la confesión de Gavazzo, los generales solicitaron una reunión con Manini para informarle que se trataba de un hecho grave, y días después este les ordenó seguir adelante. Eso se repitió cuando Gavazzo ratificó sus dichos; esta vez le entregaron una copia con la declaración, pero la respuesta también llegó unos días después, en forma verbal. «El 99 por ciento de las órdenes que manejo con los generales son verbales», justificó Manini en Fiscalía. ¿Por qué no se documentó cuando se estaba rompiendo la reserva del tribunal?, le preguntaron. «Simplemente no se documentaba» (veáse «Inconsistencias de un relato», Brecha, 24-VII-20).
En este sentido, el general Erramún dijo en Fiscalía que ellos pensaban que las declaraciones de Gavazzo ameritaban detener las actuaciones y dar pase a la justicia penal, pero que Manini nunca les dijo que iba a hacerlo: «En ningún momento él dijo que quería estudiarlo, que quería leerlo. […] A nosotros nos daba la pauta de que él se lo iba a comentar al ministro, [pero] nunca nos dijo».
Erramún dijo que el hecho de que esta situación no quedara registrada en el expediente no es una novedad, y que refiere a un código de honor entre los militares por el cual la persona que recibe la información «tiene la obligación moral y ética de decir la verdad». Sin embargo, los integrantes del tribunal pretendían que esto quedara registrado, por lo que su presidente, Fajardo, dijo que hablaría con Manini para que asentara lo que ocurrió: «El comandante jamás nos habló ni nos dio copia del oficio. Si bien nos dijo qué iba a poner en el oficio, nunca nos dio una copia». Según Erramún, al tenor de lo que sucedió, en caso de volver a integrar un tribunal, «voy a dejar todo por escrito».
USOS POLÍTICOS DEL EPISODIO GILBERTO VÁZQUEZ
La náusea, todas las náuseas
Daniel Gatti
4 septiembre, 2020
Proyecciones de Imágenes del Silencio el 20 de mayo.
La calma de Elena Zaffaroni, la delicadeza cansada de Alba González, la bronca, la fuerza y la claridad conceptual de Ignacio Errandonea: distintas maneras de los integrantes de Familiares de dar cuenta de una dignidad, un hartazgo, un no va más y de poner los puntos sobre las íes en momentos en que uno no puede más que sentir arcadas. Náuseas.
Asco, claro está, por lo confesado, reivindicado, rubricado por un personaje como Gilberto Vázquez. No pudo haber sido más claro el tipo en la descripción de algunas de sus aberraciones. Para los más jóvenes pudo haber sido una novedad, y escuchar y «palpar» estos horrores puede ser siempre aleccionador. Y de eso se trata en principio eso tan manido de la memoria y su transmisión. Pero lamentablemente para los que ya no lo somos es un asco viejo, casi que asumido y digerido a esta altura del partido. No sólo por los familiares directos de las víctimas. También por todos aquellos que desde hace muchos, muchos años dan la pelea contra la impunidad, multiplican denuncias, manifiestan los 20 de mayo, pretenden hacerse oír. Clarísimo fue el fiscal Ricardo Perciballe cuando repitió por estos días que nada nuevo había confesado Gilberto Vázquez: se sabía de sus asesinatos, de sus secuestros, de sus torturas casi que desde siempre. Se sabía del «segundo vuelo» casi que desde siempre.
No he oído hasta ahora (es cierto: falto a muchas «tertulias») que el señor Carlos Ramela, por ejemplo, pidiera disculpas por haber negado hasta hace muy poquititas semanas que el segundo vuelo hubiera existido y que con ello abonara la tesis de que los desaparecidos aquí hubieran sido poco más que un puñadito. Ramela formó parte de aquella Comisión para la Paz formada por Jorge Batlle, que representó el primer intento en 15 años de democracia tutelada de reconocer los crímenes del terrorismo de Estado. Pero esa comisión se limitó a corroborar algunas, sólo algunas de las denuncias que se venían haciendo desde las organizaciones sociales. Sembró dudas sobre otras que –ha quedado más que claro– eran tan certeras como las admitidas, y nada investigó.
Asco, náuseas da escuchar hoy a quienes durante estas décadas todo hicieron para consagrar la impunidad de los Vázquez, Gavazzo y compañía, sembraron dudas sobre la veracidad de las denuncias, pusieron cuanta traba pudieron a los pocos instrumentos que sus propias leyes habilitaban para hacer algo de justicia o encontrar algo de verdad. Ahora se llenan la boca con juridicismos de baja estofa o politiquerías baratas que ponen el acento en las omisiones de otros para dejar de lado su responsabilidad primera en la consolidación del poder, que desde 1985 las Fuerzas Armadas tienen sobre la sociedad y el sistema político uruguayo. Un poder que los multicolores están acrecentando hoy mismo con su alianza con el partido por antonomasia de la dictadura. Desde los «olvidos» del ministro Chiarino hasta hoy, pasando por el desacato acatado del general Medina, el caso Berríos, la ley de impunidad, ninguna lección deberían dar los Javier García, los Jorge Gandini. ¡Los Sanguinetti! ¡Los Lacalle(s)!
Es cierto que fueron los gobiernos del Frente Amplio los únicos que han recortado en algo la impunidad, los que permitieron el ingreso a los cuarteles, el hallazgo de algunos cuerpos, el aliento al castigo (bueh, en cárceles vip) de un chiquitito pelotón de asesinos y matones. Resulta al menos «raro» (¿lo será?) que justamente ahora aparezcan como por arte de magia estos documentos y confesiones. Resulta al menos paradójico (¿lo será?) que una de quienes esté en el centro de la tormenta de los cuestionamientos funcionales sea precisamente Azucena Berrutti, que desde el Ministerio de Defensa fue, de lejos, quien más hizo en cuatro décadas por ponerles algún freno a los uniformados.
Pero cuánta insensibilidad de algunos en el Frente Amplio, cuánta desidia de otros y cuánta complicidad activa de aquellos que como un Eleuterio Fernández Huidobro llegaron a una ósmosis total con los represores, protegiéndolos, prohijándolos, exculpándolos, promoviéndolos, restaurándoles sus haberes y entorpeciendo todos los esfuerzos por verdad y justicia. O de quienes pusieron todo su peso en el Parlamento para que la ley de caducidad siguiera ahí o se tomaron el tiempo de visitar en el hospital a pobres «viejitos» genocidas o ahora juegan a las escondidas con el desafuero de Manini Ríos. Da lástima. También náuseas.
El algo que se hizo en materia de derechos humanos, la intentona de recortarles aunque fuera un poco de lo que tanto han robado, por ejemplo, vía jubilaciones militares, bastó para que los milicos con o sin uniforme sacaran a relucir todo un arsenal de amenazas, y aparecieran el Comando Barneix, videos de supuestos «loquitos» con amenazas de muerte o que se les retobara el prohijado en jefe.
¿Valió la pena el desinfle de aquellos que sin ser parte de los transmutados dejaron casi intacto un aparato militar que se siente con fuerza como para amedrentar o chantajear a unos y a otros? ¿Se corresponderá esa pusilanimidad con la tibieza, la gentileza con la que los sectores hegemónicos en el Frente Amplio trataron desde el gobierno a todos aquellos grupos económicos, a todos aquellos poderosos a los que en principio se proponían enfrentar? ¿O que tanto les cueste encontrar una línea de confrontación clara con la superagencia de publicidad que ahora nos gobierna con apoyo de unas fuerzas armadas no tan distintas a aquellas de la predictadura? Brazo armado de la oligarquía se les decía en un tiempo. Suena prehistórico. ¿Lo es tanto? Se ha puesto tan de moda, se ha naturalizado tanto la moderación…
No ayuda en nada, claro, para cambiar las cosas, el cuasi monopólico panorama mediático. Propuestas fascistoides se escuchan ahora en radios que supieron ser otra cosa. Resisten unas pocas publicaciones, un puñado de programas radiales y, en la tele, esa cosa rara que es La letra chica, que entre tanto aire nauseabundo permite seguir respirando.