LAS ACTAS DEL TRIBUNAL DE HONOR AL CORONEL GILBERTO VÁZQUEZ
Para poner en su contexto
Por Alberto Grille.
6 SEPTIEMBRE, 2020
La cronología
El 5 de octubre de 1976, en lo que se denominó “el segundo vuelo”, fueron trasladados desde Buenos Aires a Montevideo varios compatriotas, entre 6 y 20 prisioneros políticos, cuyo destino era la muerte.
Entre ellos venían la esposa y los hijos de Adalberto Soba, un obrero textil integrante del PVP. Estos últimos fueron liberados en Uruguay y fueron sus testimonios en los que se basó el juez Luis Charles para decretar ese día el procesamiento de los oficiales militares José Gavazzo, Luis Maurente, Gilberto Vázquez, Jorge Silveira, Ernesto Rama, Ricardo Arab y los policías José Sande Lima y Ricardo Medina.
Los abogados defensores apelaron, lo que demoró la citación judicial del teniente general Eduardo Bonelli, comandante de la Fuerza Aérea, quien habría piloteado el vuelo de la muerte.
10 años después, en 1986, recién restaurada la democracia, varios pedidos de extradición fueron realizados por jueces argentinos reclamando la captura de militares y policías uruguayos relacionados con el Plan Cóndor, la causa de Automotoras Orletti, el asesinato de María Claudia García de Gelman y el secuestro y la desaparición forzada de su hija nacida en cautiverio.
El chantaje militar, la debilidad de las autoridades civiles de Uruguay y particularmente del Partido Colorado, y la mayoría del Partido Nacional, que integraban el gobierno y gozaban de mayorías parlamentarias, trabaron todo intento de investigación y esclarecimiento de los hechos vinculados a las violaciones de los derechos humanos, cediendo a la presión de los mandos militares de la época y aprobando la Ley de la Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado.
8 años más tarde, en 2004, cuando el Frente Amplio gana las elecciones y Tabaré Vázquez asume la Presidencia de la República, activa el artículo 4º de la Ley de Caducidad, habilitando las investigaciones, permitiendo a jueces y fiscales avanzar en el esclarecimiento de las violaciones a los derechos humanos en la dictadura, la búsqueda de los desaparecidos y la imputación de delitos a los culpables.
Durante los años siguientes, desde los sectores más reaccionarios de las Fuerzas Armadas, desde los clubes de oficiales, los militares retirados y desde algunos estamentos civiles, se pretendió detener el curso de las investigaciones e impedir que se obtuvieran resultados que justificaran las mismas.
Tal vez el año 2006 fue uno de los más agitados porque comenzó con el pedido de extradición de un influyente grupo de militares y policías que estaban muy involucrados en las torturas y asesinatos de ciudadanos uruguayos refugiados en Argentina, con el traslado clandestino de algunos de ellos a Uruguay y la desaparición forzada de los mismos y con el secuestro de niños nacidos en cautiverio.
En julio de 2006 ocurrió la fuga del coronel Gilberto Vázquez y sus locas peripecias que terminaron con el Tribunal de Honor que lo pasó a “situación de reforma”, haciéndole perder por causa del “honor” el grado militar y los “derechos jubilatorios”.
Para recordar la historia reciente: 2006, el año en que vivimos en peligro
Entre el 1º de marzo de 1985 y el 1º de marzo de 2004 gobernaron los partidos Colorado y Nacional.
Hubo dos gobiernos de Julio María Sanguinetti, un gobierno presidido por Luis Lacalle Herrera y otro que presidió Jorge Batlle.
Todos estos gobiernos cumplieron escrupulosamente con la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado, con la excepción del artículo 4º, cuyo cumplimiento hubiera permitido avanzar en las investigación de las violaciones a los derechos humanos ocurridas en la dictadura.
Entre una fecha y la otra, pasaron 20 años y en ese lapso no fue preso ningún jerarca civil o militar de la dictadura, no se habilitó a ningún juzgado a investigar las torturas, las desapariciones ni los asesinatos ocurridos en el gobierno cívico militar, ni tampoco los delitos económicos relacionados con ese período ni a los civiles que se beneficiaron.
La Ley de Caducidad, orgullo de Julio María Sanguinetti y trofeo de su llamado “cambio en paz”, constituye una vergüenza objeto de estudio académico a nivel internacional y su inconstitucionalidad hoy resulta prácticamente indiscutible.
No hay duda que obstruyó el esclarecimiento de la verdad, pretendió bloquear la memoria histórica sobre la historia reciente e impedir todo propósito de hacer justicia.
Esta ley que fue refrendada por el voto popular en un referéndum, fue aprobada entre gallos y medianoches en un chantaje contra las instituciones de las Fuerzas Armadas que se negaron a comparecer ante la Justicia por citaciones que se realizaron a militares que debían ser investigados.
El comandante del Ejército Hugo Medina, ministro de Defensa del gobierno de Julio María Sanguinetti, fue el encargado de transmitir ese chantaje, negándose a entregar las citaciones a los militares requeridos por los jueces competentes.
Durante esos 20 años de gobierno de los partidos tradicionales, se hicieron cientos de denuncias en los medios de comunicación, en los juzgados de Uruguay, Argentina, Venezuela, Paraguay y Brasil, en los parlamentos, en el Congreso de Estados Unidos, en las instituciones especializadas en los derechos humanos de las Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos, en la Asociación Latinoamericana de Derechos Humanos y la Asociación internacional de Juristas.
También, durante esos años, jerarcas de la dictadura ocuparon lugares relevantes en los partidos Nacional y Colorado y en sus gobiernos.
Solo para citar algunos ejemplos: Juan Carlos Blanco, excanciller de la dictadura, quien luego fuera condenado por homicidio especialmente agravado por el crimen de la maestra Elena Quinteros; fue senador del primer gobierno de Sanguinetti. Jorge Guldenzoph, recientemente imputado por torturador, continuó siendo funcionario de la Policía durante los primeros diez años de la democracia.
José Sande Lima, procesado por más de 20 asesinatos, fue inspector de la Policía en el Cuerpo de Granaderos y director del Penal de Libertad hasta que fue procesado en 2009 en pleno gobierno de Jorge Batlle.
Miguel Sofía fue formalizado hace pocas semanas por haber integrado el Escuadrón de la Muerte. Hasta hace pocos años era un respetable empresario dueño de una cadena de radios, algunas de las cuales le fueron adjudicadas por los gobiernos democráticos; era concesionario de una empresa de publicidad vial y propietario de una empresa de seguridad en la que trabajaban algunos de los torturadores más conocidos. Miguel Sofía decía que era el afiliado N.º 1 del Partido Colorado y mostraba un carné que lo atestiguaba. Armando Méndez, oficial de la OCOA, quién aún hoy, con triquiñuelas jurídicas, continúa evadiendo la imputación judicial por graves delitos, fue alto jerarca del gobierno de Luis Lacalle Herrera. Su custodia era, como se denunciara hace unos pocos días, un alto oficial del Departamento de Inteligencia de la Policía acusado por los presos de haber participado en sus torturas.
El honor no es cosa de locos
Hace unos días, se conocieron las actas del Tribunal de Honor que juzgó la conducta del coronel Gilberto Vázquez, quien intentó fugarse del Hospital Militar invocando una dolencia urológica mientras estaba detenido en la División 1 del Ejército por haber sido imputado por la Justicia argentina y haberse pedido la extradición.
El 2 de mayo de 2006 -informaba Caras y Caretas-, el juez bonaerense Guillermo Montenegro pidió la extradición de cinco militares uruguayos y de un expolicía a quienes involucra en el caso de la desaparición de María Claudia García de Gelman, secuestrada en Argentina en agosto de 1976 y trasladada a Montevideo, donde, a los dos meses, dio a luz a una niña, identificada en marzo de 2000 como Macarena Gelman. María Claudia fue asesinada y Macarena, secuestrada.
Los oficiales requeridos por la Justicia argentina fueron: los coroneles Ernesto Rama, Jorge Silveira y Gilberto Vázquez, el teniente coronel José Gavazzo, el mayor Ricardo Arab y el excapitán de la Guardia de Granaderos Ricardo Medina.
Todos estos funcionarios militares y policiales estaban a esa fecha retirados. Este pedido de extradición fue el primero que se solicitó para el caso de militares imputados por violaciones de los derechos humanos y, de acuerdo a fuentes de la SCJ que se manifestaron en ese momento, el proceso podría extenderse por dos años.
“El legajo del juez Montenegro -informaba Caras y Caretas– desnudaba los horrores del Plan Cóndor y acusaba a estos seis militares uruguayos de haber participado en los mismos. En rigor la imputación del juez argentino que solicitó la extradición y la investigación de juez penal uruguayo Juan Carlos Fernández Lecchini, que asumió competencia en ese requerimiento, debía juzgar sobre las responsabilidades penales de los militares uruguayos a los que se había probado su participación en el Plan Cóndor, que unió a las dictaduras de la región para aniquilar las redes de resistencia política por encima de las fronteras nacionales.
“De las piezas señaladas -dice el juez argentino- surge la actuación en Orletti de los mencionados oficiales uruguayos junto a fuerzas argentinas y la participación de ellos en los traslados; también se investigaba la participación de Juan A. Rodríguez Buratti y Tabaré Pérez, aunque no se habían recabado aún todas las pruebas en ese momento.
Unos días después de haberse pedido la captura internacional, la jueza Aída Vera, ordenó la detención de los seis militares y la Dra. Berruti, ministra de Defensa, ordenó al comandante en jefe, teniente general Carlos Díaz, que se adoptaran las acciones de rigor.
Ese mismo día, fueron puestos a disposición de la jueza Aída Vera: Rama, Silveira y Vázquez, los que quedaron detenidos en la sede de la División 1. José Gavazzo, en el Instituto Militar de Armas y especialidades y Arab y Medina, en Cárcel Central.
Fernández Lecchini asumió competencia y circulaban rumores y trascendidos en los medios de comunicación de que los involucrados se resistirían a ser extraditados.
Unas semanas más tarde -según informa Caras y Caretas en una ulterior edición-, Gilberto Vázquez se escapó del Hospital Militar.
Dicen que estaba en un corredor esperando que le tendieran la cama. Había llegado sin custodia y cuentan que en los días anteriores, mientras estaba recluido en la división 1, compartía mate y café con el general Manuel Saavedra en su propio despacho. Antes de escaparse, Vázquez hizo una visita de cortesía a sus compañeros de andanzas, los coroneles Rama y Burgueño, quienes estaba internados en el mismo hospital.
Vázquez estaba muy alterado, no quería la extradición. Imaginaba que en Argentina sería condenado a una larguísima estadía en la cárcel, tal vez para siempre.
Estaba nervioso, culpaba al comandante del Ejército, teniente general Carlos Díaz, de lo que les estaba pasando y lo acusaba de haberlo chantajeado.
Insistía en que él nada tenía que ver con el crimen de María Claudia García de Gelman y el secuestro de su hija nacida en cautiverio.
Afirmaba a voz en cuello que resistiría la extradición. Estaba desesperado, desequilibrado psicológicamente, tenía miedo. La fuga del Hospital Militar dejó perplejos a muchos. Nadie había cumplido los protocolos, se había trasladado a un preso entrenado, con contactos influyentes, con vínculos muy fuertes con los mandos militares y con los servicios de inteligencia de Uruguay y del extranjero sin precauciones, se lo había dejado sin vigilancia en un corredor, esperando la diligencia de la mucama.
El comandante Carlos Díaz se propuso renunciar y rápidamente abandonó la idea al recibir la confianza del presidente; el comandante Manuel Saavedra, principal responsable de la custodia, ni amagó.
Voceros de la Logia Tenientes de Artigas, que integraba Gilberto Vázquez, se desvincularon de la fuga aunque reconocieron la eventualidad de que Vázquez haya contado con alguna ayuda en la institución militar.
Cuando se fugó, Gilberto Vázquez llevaba 58 días detenido; de acuerdo a las investigaciones estaba muy comprometido con torturas, crímenes y otras violaciones a los derechos humanos ocurridas en Automotora Orletti, en el traslado de prisioneros a Uruguay, en su posterior fusilamiento y en el secuestro de niños.
Su extradición, la fuga, su permanente inclinación a protagonizar operaciones de inteligencia y sus conductas un poco fantasiosas pasaban a ser tema de debate en las Fuerzas Armadas para las cuales la conducta y actuación de Gilberto Vázquez eran cada vez más controvertidas.
José Bayardi, quien se desempeñaba como subsecretario de Defensa, reconoció negligencias en la custodia del preso, deslindó totalmente la responsabilidad de las autoridades civiles y destacó la buena fe del comandante Carlos Díaz.
La oposición, encabezada en el Parlamento por Javier García, responsabilizó al gobierno de la fuga y declaró que con la demora de cuatro horas en hacer la denuncia policial, se habrían creado las condiciones para que Vázquez atravesara la frontera.
En realidad, las afirmaciones del exsenador Javier García fueron puras especulaciones y fuegos artificiales lanzados sin responsabilidad alguna. Desde un teléfono público en Montevideo, Gilberto Vázquez seguía jugando a la inteligencia.
Acusaba al general Carlos Díaz de haberle chantajeado ofreciéndole mejores condiciones de reclusión y una condena corta si confesaba y, si no lo hacía, la extradición y una larga estadía en Villa Devoto.
El teniente general Carlos Díaz lo desmintió de inmediato y presentó testigos de sus conversaciones con los seis militares presos.
La fuga del entonces coronel Gilberto Vázquez fue un episodio de narcisismo que sorprendió a la opinión pública y afectó la confianza de sus compañeros de armas.
Se disfrazó de payaso y huyó durante una semana, hasta que lo atraparon y lo metieron en Cárcel Central con un grupo de policías y militares detenidos por causas comunes.
Le cortaron el pelo y lo obligaron a afeitarse, le impusieron la disciplina de una prisión, se acabaron los mates con el general Saavedra en su despacho y pasó a un régimen estricto de café con leche a las siete de la mañana y televisión hasta las ocho de la noche, baño diario y formación para pasar revista.
Entrevistado por Caras y Caretas en Cárcel Central, dijo que “solo hablaba con medios de la derecha”
La Dra. Azucena Berruti dispuso la formación de un Tribunal de Honor. Sometido a este, el mismo dispuso pasarlo a reforma, perdiendo su grado y su pensión de retiro.
Ahora, la historia es presente
Nos enteramos, por el pedido de acceso a la información pública que hicieran Familiares de Detenidos Desaparecidos, que Gilberto Vázquez declaró en el Tribunal de Honor que mató, torturó, se llenó las manos de sangre y participó en el segundo vuelo, trasladando prisioneros de Buenos Aires a Montevideo. Las confesiones no aportan mucho de nuevo, pero son impactantes y más precisas que las que hiciera en ocasión de ser interrogado por la Justicia penal civil y condujeran a su condena en el año 2009 por 28 homicidios .
De todas maneras, su testimonio impresionó y generó distintos posicionamientos en las redes, en los ambientes políticos y en la opinión pública e introdujo nuevos elementos para considerar el pedido de desafuero del senador Guido Manini, excomandante y líder del partido Cabildo Abierto.
Los generales que integraban el Tribunal de Honor no solo menospreciaron la apariencia delictiva de las declaraciones de Vázquez, sino que le advirtieron que tales declaraciones no serían tenidas en cuenta en tanto no contribuían a formar opinión sobre lo que estaban considerando, la fuga y el honor del coronel imputado.
El general Carlos Díaz parece haber considerado, en ese momento, que no se justificaba la denuncia a la Justicia penal ni detener el curso de las actuaciones del Tribunal de Honor.
El tribunal lo sancionó y el Departamento Jurídico del Ministerio de Defensa sugirió a la ministra y al presidente homologar el fallo sin consideraciones ni objeción alguna.
La directora de Jurídica era la Dra. Sylvia Usher, coronel, abogada y destacada militante herrerista, exdirectora de Secretaría del ministro blanco Juan Chiruchi, sobrina del exsenador Mario Heber Usher, cuya esposa fue asesinada en tiempos de la dictadura, y de Alberto Heber Usher, también exsenador e integrante del Consejo Nacional de Gobierno en el período 1958-1966.
Sylvia Usher, hoy jubilada, es también prima del ministro de Transporte y Obras Públicas del actual gobierno, Luis A. Heber.
El hecho es que las declaraciones de Gilberto Vázquez no fueron conocidas ni por la Justicia competente, ni por las autoridades civiles del gobierno del Frente Amplio, ni por la ministra de Defensa ni por el presidente de la República.
Todos los que conocieron esta declaración fueron militares y todos coincidieron en que debía quedar reservada exclusivamente al ámbito militar. En verdad, así fueron expresadas por Gilberto Vázquez, quien quiso reivindicar su honor declarando que él cumplió con sus deberes profesionales: mató, se ensangrentó, trasladó prisioneros clandestinamente, cazó conciudadanos, violó las leyes y la Constitución, pero nunca traicionó ni robó.
Todo lo anterior es relevante, pero no por lo que dice Gilberto Vázquez, que ya se conocía y por lo que ya estaba procesado por crímenes gravísimos, sino porque nos permite comprobar que hay un pacto entre los militares que va más allá del pacto de silencio que oculta el destino de los cuerpos de los detenidos desaparecidos.
Hay un pacto que pretende encapsular los crímenes en el ámbito militar, pacto en el que se incluyen, en este episodio, Gilberto Vázquez, sus compañeros de prisión, los que lo ayudaron a fugarse, los generales que integran el Tribunal de Honor, el comandante en jefe y su gabinete, los abogados militares que actúan en la evaluación del fallo del tribunal y particularmente la coronel Sylvia Usher. El secreto quedó allí y el tribunal sentenció que la sanción adoptada fue por avergonzar al Ejército, por disfrazarse de hippie, ponerse peluca, hacerse el payaso o el loco, pero no por haber matado, torturado y desaparecido a sus compatriotas.
Y de Artigas ni me acuerdo
Así se entiende lo que está sufriendo Manini. Es obvio que Manini hizo lo mismo que Carlos Díaz y que Gavazzo cuando declaró en su Tribunal de Honor, lo mismo que Gilberto Vázquez. Los dos tendieron una trampa para hacer cómplices a los comandantes en jefe y hacerlos parte de la conspiración mafiosa. No hay que menospreciar a estos militares entrenados en operaciones de “inteligencia”, procurando preservar el pacto de silencio y la complicidad de los mandos.
Y ninguno de los dos comandantes sintió asco. Manini procuró justificar una defensa diciendo que solo así le daban los tiempos para que la sanción a Gavazzo ocurriera mientras él estuviera al frente del Ejército.
Así se entiende que Gavazzo hubiese hecho estas declaraciones y haya utilizado a El Observador y al periodista Leonardo Haberkorn para ponerlas en evidencia y provocar la destitución de Manini.
Por eso debe votarse el desafuero de Manini, para que sirva de lección, para que se termine con la conspiración militar, para que se fortalezca la Justicia independiente, para que se respete el fuero civil y para que en Uruguay nadie sea más que nadie.
Creo que Manini debiera someterse a la Justicia y los cabildantes debieran votar el desafuero. Si eligió el ámbito de la política para defender sus ideas y su proyecto de país, debe marginarse de los pactos de las logias militares y someterse a las conductas que regulan la actuación de los ciudadanos comunes, particularmente a la acción de la Justicia. Hay que dejar actuar a los jueces y dejar de amenazarlos y de poner trabas.
“Es muy veleidosa la probidad de los hombres, solo el freno de la Constitución puede afirmarla”. (José Artigas)