Por delitos de lesa humanidad cometidos en 1976
Derechos humanos: Comienza el juicio
a 18 represores en Córdoba
09 de septiembre de 2020
El Tribunal Oral Federal 1 juzgará desde este martes secuestros, torturas y asesinatos en perjuicio de 43 víctimas, en su mayoría militantes del PRT–ERP.
Córdoba comenzará a vivir este martes su doceavo juicio oral por delitos de lesa humanidad durante la dictadura. El Tribunal Oral Federal 1, presidido por primera vez por una mujer, Carolina Prado, juzgará secuestros, tormentos y asesinatos ocurridos entre marzo y septiembre de 1976 contra un total de 43 víctimas, en su mayoría militantes del PRT–ERP, de las cuáles sólo nueve sobrevivieron al terrorismo de Estado. Por el contexto de pandemia los 18 militares y policías acusados no estarán en la sala, a la que concurrirán sólo las partes y los testigos, sino que seguirán las audiencias por videoconferencia, la mayoría desde sus casas ya que gozan de arrestos domiciliarios. El inicio del proceso, previsto para las 10 de la mañana, podrá seguirse por el canal del tribunal.
El proceso que debía comenzar en abril y se postergó por el aislamiento obligatorio derivado del coronavirus unifica dos causas que se instruyeron por separado y que llevan los nombres de dos acusados: el coronel retirado Luis Gustavo Diedrichs, alias “León” o “Von Diedrichs”, que ya acumula dos condenas, y el sargento retirado José Hugo Herrera, alias “Tarta” o “Quequeque”, ex miembro del Destacamento de Inteligencia 141 recordado por violar a mujeres secuestradas, condenado a prisión perpetua en 2016.
“Este juicio nos encuentra aislados pero sabiendo que con voluntad política se pueden llevar a cabo, ya que son muy importantes en la construcción de nuestra democracia. Entendemos que estamos a mitad de camino en estos procesos porque en Córdoba hay más de 40 causas que todavía están en instrucción”, declaró Martina Novillo, militante de H.I.J.O.S Córdoba e integrante de la Comisión de Memoria e Identidad de la Mesa de Trabajo por los Derechos Humanos de Córdoba, al portal provincial Diario Tortuga.
La pandemia y el aislamiento obligatorio impedirán repetir las grandes movilizaciones que caracterizaron desde 2008 a los once juicios anteriores realizados en Córdoba. Esta vez la modalidad será semipresencial, con protocolos sanitarios y tecnológicos. “Si bien estamos acostumbrados a llenar las calles y las salas de audiencias acompañando estos procesos, también vemos la potencia que tiene la virtualidad en este caso. Celebramos la decisión que tomaron Carolina Prado y los jueces que la acompañan (Julián Falcucci y Jaime Díaz Gavier) de que las audiencias se transmitan en vivo, ya que desde muchas partes de la provincia y del mundo vamos a poder seguirlas”, destacó Novillo.
Las causas unificadas sumaban 22 imputados pero los tiempos del Poder Judicial derivaron en cuatro bajas. Por problemas de salud fueron excluidos Sebastián Enrique Gómez Olivera, mayor retirado del Ejército que debía afrontar su primer juicio por delitos de lesa humanidad, y el policía Herminio Antón, ex miembro del Departamento de Informaciones (D2), condenado a prisión perpetua en 2016. Otros dos acusados murieron este año: el sargento Carlos Vega, ex torturador de La Ribera y La Perla, con dos condenas en el haber, y el teniente coronel Jorge González Navarro, que en la última década cosechó tres condenas a prisión perpetua.
De los 18 acusados que se sentarán en el banquillo virtual, todos tienen condenas anteriores excepto dos, que están libertad: el capitán retirado Arturo Emiliano Grandinetti, ex interventor de la Municipalidad de Cruz del Eje, y el teniente retirado Carlos Horacio Meira, ambos imputados por participar en secuestros. Sólo cuatro están en cárceles: Jorge Exequiel Acosta, Miguel Angel Gómez y Arnoldo José López en el penal de Bouwer, en Córdoba, y Héctor Pedro Vergez en la Unidad 34 de Campo de Mayo. Los condenados que afrontarán el juicio con arrestos domiciliarios, además de Diedrichs y Herrera, son Ernesto Barreiro, Carlos Díaz, Calixto Flores, Yamil Jabour, Ricardo Lardone, Alberto Lucero, Juan Eduardo Molina, Emilio Morard, Fernando Rocha y Carlos Yanicelli.
Primera audiencia para la causa “Diedrichs-Herrera”
Córdoba: comenzó el juicio 12
por delitos de lesa humanidad
Se juzgan crímenes como los cometidos contra la familia Soulier o los chicos de la Escuela Manuel Belgrano, entregados a Luciano Benjamín Menéndez por el interventor Tránsito Rigatuso. De los 18 imputados, solo cuatro cumplen cárcel efectiva. Como viene sucediendo con los juicios en pandemia, se realizó por vía remota y se difundió por Youtube.
10 de septiembre de 2020
Por Marta Platía
Desde Córdoba
Los que durante la última dictadura cívico militar no dieron ninguna chance a sus víctimas, los que secuestraron, torturaron, violaron, mataron y robaron bebés, no sólo tienen la garantía de juicios y defensa pública desde 2008. Además están envejeciendo en sus prisiones domiciliarias, acompañados de sus familiares. De los 18 imputados de este nuevo juicio, el número 12 conocido como “Diedrichs-Herrera”, sólo cuatro condenados en los juicios anteriores permanecen en las cárceles: Arnaldo “el Chubi” López, el hombre que amenazó con el puño en alto al gobernador Juan Schiaretti tras la sentencia del 25 de agosto de 2016 en el megajuicio La Perla-Campo de La Ribera. El violador Miguel Angel “el Gato” Gómez, que acostumbraba presentarse a sus víctimas antes de la tortura. Y “el Rulo” Exequiel Acosta, quien durante su jefatura en La Perla paseaba en tanque por los pastizales del campo de concentración a los que iban a matar.
Ellos tres siguen en el pabellón MD2 de Bouwer; en tanto que Héctor Pedro Vergez, alias “Vargas” o “Gastón” y líder del Comando Libertadores de América (CLA, la Triple A local), piromaníaco consumado y autor de las masacres a la familia de Mariano Pujadas y Marcos Osatinsky, se asomó ayer con un buzo azul desde una pantalla en el penal 34 de Ezeiza.
La novedad de un juicio virtual por vía remota, a través de un canal de You Tube que abrió el Tribunal Oral Federal 1 (TOF 1), además de los desajustes propios de un estreno, trajo aparejado el plus de ver a los represores de entrecasa, en sus hogares, donde se montaron las computadoras para asegurar el contacto. Desde su departamento porteño de calle Las Heras 1975, en Recoleta, Ernesto “el Nabo” Barreiro estuvo chequeando auriculares y micrófono: con menos pelo y más canas, los ojos agrandados por los lentes-lupa con marcos de carey; el genocida y carapintada que recibió su condena por primera vez en el juicio más largo de la historia de Córdoba, eligió un rincón de lo que parecía un desván lleno de trastos y cosas amontonadas. Barreiro obtuvo el beneficio de la domiliciaria en julio de 2019. El hombre que dijo que “en La Perla no murió nadie” está bajo “la guarda” de su esposa, compañera de militancia de Cecilia Pando.
Frente al TOF 1, por primera vez presidido por una jueza, Carolina Prado, a quien acompañaron los ya veteranos en juicios por crímenes de lesa humanidad, Jaime Díaz Gavier y Julián Falcucci, el secretario del juzgado leyó durante casi cinco horas seguidas las acusaciones contra los 18 reos que detallan el secuestro, los tormentos y el asesinato y desaparición infligidos a 43 víctimas. Según el fiscal Maximiliano Hairabedián al periodista Jorge Vasalo, “esperamos que este juicio pueda terminarse antes de fin de año”. Una meta que aparece poco menos que imposible, teniendo en cuenta la modalidad vía internet y sus inconvenientes “de origen”, y que declararán unas 38 personas, entre las que figuran 9 sobrevivientes.
Todos los crímenes que se intentará probar fueron cometidos entre el 26 de marzo y el 10 de septiembre de 1976.
En la lectura apresurada, despersonalizada del funcionario judicial, se enumeraron los secuestros, tormentos y desapariciones de algunos de los chicos de la Escuela Superior de Comercio Manuel Belgrano, entregados a Luciano Benjamín Menéndez por Tránsito Rigatuso, el entonces interventor. Claudio Luis Román Méndez fue uno de ellos; a quien torturaron en La Perla y cuyo cuerpo luego arrojaron por el Camino a San Carlos, para simular un “enfrentamiento armado”. En agosto del ’76, y como era método en el plan sistemático de eliminación del “enemigo político”, lo anotaron en la morgue como “muerto por herida de bala”.
O el caso de la familia Soulier, en que la patota irrumpió en la casa del barrio Villa Páez y secuestró a Juan Carlos Soulier, Adriana María Díaz Ríos y al hijito de cinco meses de la pareja, Sebastián. Los llevaron a La Perla. Pocas horas después hicieron lo mismo con el padre y el hermano de Juan Carlos: Luis Fredi Soulier y Luis Roberto. El expediente que leyó el secretario detalló que los fueron liberando tras días y noches de torturas. Juan Carlos Soulier sigue desaparecido.
Mientras transcurrió la lectura de la extensa lista de crímenes y nombres de las víctimas, como el del sindicalista Wenceslao Vera o el abogado Amado Vicente Aostri; por la pantalla se pudieron ver los rostros de varios de los imputados, aunque siempre un mismo puñado: Jamil Yabour, el ex D2, quien escuchó acodado a la mesa en la cocina de su casa y (sos)tuvo mayor exposición de cámara. Carlos Alberto Díaz, que eligió fondo negro para mostrarse. Hugo “Quequeque” Herrera, que como hacía en los juicios anteriores no dejó de anotar (vaya una a saber qué) en un cuaderno. Y Carlos “el Tucán” Yanicelli, el jerarca de la Gestapo cordobesa que llegó a ser jefe policial ya en plena democracia, en la década del´90, apadrinado por el exministro macrista Oscar Aguad.
Yanicelli le hizo honor a su esencia policial: posó estático, pétreo (casi como la figura de cartón del senador Esteban Bullrich) contra una pared de color terracota, a lo largo de las casi cinco horas de lectura de los cargos, que concluyó a las 16.
“Los defensores avisaron con antelación que no podían permanecer más tiempo”, explicó la jueza Prado antes de dar por cerrada la primera sesión del juicio, que terminó sin la acostumbrada comparecencia de cada uno de los reos, para dar fe de sus nombres, domicilios y demás datos actuales. Eso ocurrirá el próximo miércoles desde las 10 de la mañana. Ese día también podrán “hacer uso de la palabra” si lo solicitan, y podría declarar el primer testigo.