Las revelaciones del coronel Vázquez: una vieja pero activa bomba de efecto retardado que golpea al Ejército y al Frente Amplio
3 al 9 de Setiembre de 2020
Escribe Sergio Israel
“Me irrita que se diga que hubo un pacto con los militares, solo se negociaron las condiciones de reclusión”, aseguró el exsecretario de la Presidencia Gonzalo Fernández.
Un gran manipulador. Así fue definido el coronel Gilberto Vázquez Bisio, el oficial de Inteligencia de la vieja guardia de los Tenientes de Artigas que saltó a la fama en julio de 2006 después de fugarse del Hospital Militar y ser recapturado pocos días después, vestido con ropa civil, mientras empuñaba una pistola calibre 22 y llevaba puesta una larga peluca negra.
Cuando protagonizó la teatral fuga, Vázquez Bisio, que había sido un capitán operativo subordinado al entonces mayor José Gavazzo en el Servicio de Información de Defensa (SID) en los años más sangrientos de la dictadura, estaba en detención administrativa en vistas a una posible extradición a Argentina, donde la Justicia lo reclamaba, así como a otros represores acusados de participar en torturas y desapariciones en el centro clandestino de detención OT-18, que funcionó durante unos meses en la ex Automotoras Orletti en el segundo semestre de 1976.
La exfiscal Mirta Guianze, que lo trató en las causas penales, considera que Vázquez Bisio, un oficial de Estado Mayor con formación en el exterior, era alguien “expansivo y simpático” que siempre se presentaba como “el más lindo, el más valiente, que quería decir cosas, pero que sus camaradas lo frenaban y le decían buchón”. Entre algunos de sus compañeros de armas es considerado personalista y “bocón”.
El coronel del peluquín, ya confinado en la Cárcel Central en San José y Yi, brindó varias entrevistas en las que declaró que había escapado para llamar la atención de los medios y que tuvo que hacerlo porque una de las condiciones que le habían impuesto en su anterior detención, en la sede de la División de Ejército I, en el Prado, donde gozaba de cierta libertad ambulatoria y recibía el trato de un oficial superior, era el silencio.
El silencio. Justamente el llamado “silencio austero” era la condición impuesta por los mandos a todos los integrantes de las fuerzas en relación con las violaciones a los derechos humanos.
Desde antes de 1985, la organización Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos buscaba romper esa omertà para, al menos, conocer cuál había sido el destino de sus seres queridos y recuperar sus restos.
La Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado, que había sido votada por parte del Parlamento para evitar que los militares y policías tuvieran que responder ante la Justicia, también disponía la búsqueda de los desaparecidos.
Aplicando ese artículo de la norma, que los anteriores gobiernos de Julio Sanguinetti y Luis Alberto Lacalle habían ignorado, primero Jorge Batlle, con la Comisión para la Paz, y luego Tabaré Vázquez, trataron de avanzar en medio de una densa niebla y sin pilotos demasiado expertos.
Negociación y cárcel VIP
Como la mayor parte de los muertos y desaparecidos eran militantes de izquierda, el primer gobierno del Frente Amplio encabezado por Vázquez tenía el gran desafío de responder a esa demanda.
No sin tropiezos, el presidente, con el respaldo del penalista Gonzalo Fernández, que había sido actor de peso en la Comisión para la Paz creada por Batlle, cumplió con la promesa de ingresar a los predios militares y comenzó con las excavaciones.
Al mismo tiempo, la derogación de la Ley de Punto Final en Argentina puso sobre la mesa los pedidos de extradición, entre otros casos por la desaparición de la nuera del poeta vinculado a Montoneros Juan Gelman, cuya nieta Macarena, que había sido entregada a la familia de un policía, recobró su identidad y vivía en Montevideo.
Los oficiales del Organismo Coordinador de Actividades Antisubversivas (OCOA) y del SID mantuvieron esperanzas de negociar su libertad, pero después del fiasco en el Batallón 14, cuando se suponía que la nieta de Gelman iba a hallar los restos de su madre, el cerco se fue estrechando.
A pesar de que a último momento había decidido no concurrir al batallón, el presidente había quedado muy expuesto al anunciar, asesorado por el entonces comandante en jefe del Ejército, Angel Bertolotti, que en un 99,9% se había encontrado el lugar de enterramiento.
El exsecretario de la Presidencia Fernández, que no recuerda su participación en el tema del Tribunal de Honor, contó a Búsqueda que cuando llegó la primera consulta de un juzgado para saber si un caso quedaba comprendido dentro de la ley de caducidad le dijo al presidente: “Puedo hacer una interpretación alternativa”. Fernández apeló a resquicios legales como, por ejemplo, la territorialidad, si el caso se había originado en Argentina, o la necesidad de investigar para saber si, en efecto, los autores eran militares o policías.
“Nunca hubo ningún pacto como sale a decir Vázquez Bisio. Me irrita que se diga que hubo un pacto con los militares, solo se negociaron las condiciones de reclusión”, afirmó Fernández.
Una de las explicaciones para la fuga que motivó el Tribunal de Honor es que Vázquez Bisio buscaba, a través de la prensa, convocar a sus camaradas. El coronel esperaba que hubiera “ruido a lata”, algo que, a diferencia de otras veces, no ocurrió.
En realidad el prófugo quedó bastante solo, porque logró apenas el respaldo de algunos camaradas, entre ellos su amigo Lawrie Rodríguez, un capitán procesado en 2020 por otra causa relacionada con la dictadura.
El comandante en jefe del Ejército Carlos Díaz, que había reemplazado a Bertolotti, había explicado a los militares y policías presos, luego de una reunión con el presidente, que la alternativa a la extradición a Buenos Aires, donde estarían alojados en cárceles comunes lejos de su familia, era someterse a la Justicia uruguaya y quizás permanecer alrededor de ocho años en un predio militar, con ciertas comodidades, en una especie de cárcel VIP.
“Nos rompimos el culo”
Al asumir que finalmente sería juzgado e iría preso, Vázquez Bisio decidió romper el silencio, aunque se cuidó de no involucrar a otros militares o policías y tampoco aportar datos demasiado concretos. En la prensa (Búsqueda N° 1.363) y con mayor soltura en el Tribunal de Honor que se formó para juzgar la fuga que afectó al instituto armado, dio su versión de por qué había matado y torturado por orden de los mandos de entonces.
“Estoy contento de estar en un Tribunal de Honor, las cosas son como son, porque siempre andamos con gre, gre: dicen que somos ladrones, asesinos, hijos de puta y nos rompimos el culo, dejamos los camaradas muertos, dejamos las viudas y los muertos tirados ahí y nos callamos la boca”, se lamentó el oficial.
También declaró: “El Ejército no dijo nada y entonces vamos a quedar para la historia y le van a enseñar a mis nietos que yo era un asesino y yo no soy un asesino ni un hijo de puta. Yo era un soldado e hice lo mejor que pude, tuve que matar y maté y no me arrepiento. Tuve que torturar y torturé, con el dolor del alma, y me cuesta muchas veces dormir acordándome de los tipos que cagué a palos, pero no me arrepiento”.
El coronel Vázquez también asumió responsabilidad por el llamado segundo vuelo, reconocido por la Fuerza Aérea en 2005 pero no por el Ejército: “Acá el Ejército me está mandando preso por las cosas que hice. Yo tuve que ver con el caso (Adalberto) Soba, estuve prácticamente dos años trabajando en Argentina, tengo que ver con el segundo vuelo, con el primer vuelo, con casi todas las cosas que pasaron allá, menos la de Gelman, esas porquerías no las hubiera permitido de ninguna manera”, expresó Vázquez en el acta N° 10 del tribunal.
En todas las declaraciones, Vázquez Bisio buscó dejar claro que no estaba arrepentido, que había combatido en una guerra, primero contra los tupamaros y luego contra el comunismo y otros grupos subversivos, que había actuado cumpliendo órdenes y que no había robado, una sospecha que rondaba a todos los que habían estado en Orletti, no solo por el caso Gelman, motivado para llegar al dinero de Montoneros, sino también por el botín de unos seis millones de dólares del Partido por la Victoria del Pueblo (PVP), obtenido en secuestros realizados en Buenos Aires para financiar la lucha contra la dictadura.
Las “confesiones” de Vázquez Bisio, que debieron ser comunicadas a la Justicia civil porque se trataba de posibles delitos, no lograron conmover a los miembros del tribunal, que se conformaron con que, al fugarse y salir en la televisión con un aspecto desaliñado, se había ganado el pase a situación de reforma, una condición deshonrosa, reservada a personas que no están en su juicio, y a las que, entre otras cosas, no se les permite vestir el uniforme militar.
Las actas con las declaraciones del coronel, que según el fiscal especializado Ricardo Perciballe hubieran servido a las causas penales, pero no tienen mayor trascendencia jurídica en 2020, también ponían el foco en otros actores de la represión.
Por ejemplo, el general Héctor Islas, que presidió el primer tribunal en 2006, fue quien reemplazó al entonces capitán Vázquez como jefe del S-2 (Inteligencia) del 4° de Caballería cuando este fue promovido al SID en 1973.
Caballería 4 fue una de las unidades que destacó en las operaciones gracias a la tortura a los detenidos. “Creo que también fue cliente suyo”, deslizó Vázquez Bisio en alusión a Islas y al entonces prosecretario de la Presidencia y hermano del presidente, Jorge Vázquez, que estuvo preso por ser integrante de la anarquista Organización Popular Revolucionaria-33.
A su vez, el actual presidente del Supremo Tribunal Militar, general retirado Daniel Castellá, que actuó en el tribunal de alzada pedido por Vázquez Bisio, estuvo al frente de la cuerda que detuvo al médico de San Javier Vladimir Roslik, muerto durante las torturas sufridas en un cuartel de Fray Bentos en 1984.
El martes 1°, Familiares reveló el contenido de la apelación que elevó el coronel, en la que afirma que los mandos de la época lo felicitaron por las ejecuciones que realizó. Pero en las actas, Vázquez Bisio no solo habló de la lucha antisubversiva anterior a 1985. También hizo referencias a operaciones de contrainteligencia en democracia, entre ellas una que tenía como posibles blancos a quien fuera ministro de Defensa Eleuterio Fernández Huidobro, los exdiputados Hugo Cores y León Lev y un cuarto que dijo no recordar el nombre.
Según su declaración, “en el 89, la junta de generales decide que va a haber una respuesta oficial” al acoso que estaba recibiendo el Ejército y es convocado “para que prepare homicidios”.
Vázquez Bisio le habría dicho al general que lo convocó que “si algo sale mal, yo voy en cana por autor material y usted autor intelectual, porque el comandante en jefe esto no lo puede bancar”.
Finalmente, explicó el coronel, llegó la contraorden. Sin embargo, dijo que contó eso para ilustrar la contradicción entre entonces y el año 2006, cuando “me quieren meter para adentro”.
Más allá de que no es fácil probar lo que declaró el coronel, es un hecho que a Cores, que denunció a los represores, le habían volado el auto en la puerta de su casa y que otro día habían disparado contra la vivienda con balas de 9 mm.
“Si algo sale mal, te vas para arriba”, le habría dicho Vázquez Bisio a Fernández Huidobro durante un momento de alta tensión a fines de la década de 1980. En ese momento, los dirigentes tupamaros adoptaron medidas de seguridad especiales, pasaron de forma masiva a la clandestinidad y durante algunas noches no durmieron en sus casas, después de denunciar que se vivía en “una democracia tutelada”.
Unos meses después, en enero de 1991, comenzó una ola de atentados y acciones, con sello militar, pero sin víctimas mortales ni objetivos tupamaros. Un Comando Lavalleja reivindicó la voladura del auto de Cores; la también desconocida Guardia de Artigas, el atentado al estudio de Sanguinetti y Zeinal; secuestraron por unas horas al entonces periodista de El Observador Alfonso Lessa y hubo explosiones en una vía férrea en Minas y en un cuartel de Artillería del Cerrito, donde horas antes había estado reunido el comandante en jefe Juan Rebollo, cerca de una casilla de guardia de la embajada estadounidense y en la casa de veraneo del comandante de la Armada, entre otros.
Nunca quedó del todo claro el motivo de las fuertes tensiones durante el gobierno de Lacalle, porque a las cuestiones de la ley de caducidad se sumaron pujas por el presupuesto, luchas internas en el Ejército y entre las fuerzas. También influyó el caso del bioquímico chileno Eugenio Berríos, desaparecido en Parque del Plata y luego hallado muerto en El Pinar, porque la Armada protegió al oficial que salió en defensa del chileno.
Lev, que hasta 1992 fue dirigente del Partido Comunista, contó a Búsqueda que, durante el gobierno blanco, recurrió al ministro del Interior Juan Andrés Ramírez luego de que dispararan contra su casa con un arma de bajo calibre y pusieran en peligro a sus hijas. También había sido amenazado, igual que la entonces diputada nacionalista Matilde Rodríguez, cuando demandó la aparición de unas actas del caso Berríos. Quien se había presentado por orden de Rebollo en la comisaría de Parque del Plata, de donde se llevaron a Berríos, fue precisamente Vázquez Bisio.
Azucena Berrutti en el consejo de ministros de Sarandi Grande, 2007
“Operación verdad”
El Frente Amplio tuvo seis ministros de Defensa: Azucena Berrutti, José Bayardi, Gonzalo Fernández, Luis Rosadilla, Eleuterio Fernández Huidobro y Jorge Menéndez.
De Berrutti y Menéndez, Familiares recibió el mejor trato, mientras que con el resto el vínculo fue más o menos áspero.
El martes 1º, cuando un periodista preguntó a los representantes de Familiares sobre la afirmación de Bayardi de que la aparición de las actas en un gobierno de la coalición multicolor era “una operación”, Nilo Patiño respondió: “Si Bayardi hubiera entregado las actas en mayo de 2019 cuando se las pedimos, no hubiera habido operación”.
En efecto, el 2 de mayo de ese año Familiares mantuvo una entrevista con Bayardi y una semana después realizó el pedido por nota firmada por Elena Zafaroni, Ignacio Errandonea y Graciela Montes de Oca.
Durante un debate en Canal 4 entre Bayardi y el presidente del directorio blanco Pablo Iturralde, el exministro insistió en que se trataba de una operación. “Sí, es una operación, verdad”, respondió el dirigente nacionalista.
Familiares no fue la única organización que pidió las actas. También las solicitó, sin éxito alguno, el periodista de Radio Sarandí Mauro Bettega y Fabiana Larrobla, la coordinadora del grupo de historiadores de Presidencia, se había dirigido por carta el 11 de abril del año pasado solicitando los tribunales no solo de Vázquez Bisio, sino de Gavazzo, los capitanes Alex Lebel y Juan Carlos Larcebeau y de los coroneles José Araujo Umpiérrez, Enrique Ribero, Luis Maurente y Jorge Silveira.
Aunque Bayardi trató de responsabilizar a los militares y explicó que hasta 2008 las actas eran secretas, la principal responsable de que estas no hubieran llegado a la Justicia en 2006 es la doctora Berrutti. Ella, el secretario general del ministerio José Wainer y el asesor de Inteligencia Augusto Gregori debieron haberlas pedido e insistido hasta encontrarlas.
En especial Gregori, que debía saber el papel jugado por Vázquez Bisio no solo en la dictadura sino como jefe del Departamento II (Inteligencia) del Ejército durante el gobierno de Lacalle Herrera, tenía motivos para estar interesado en esas actas.
Sin embargo, Berrutti, una abogada que fue defensora de presos políticos cuando pocos se animaban, tiene una trayectoria que la deja lejos de toda sospecha de connivencia.
El “general con polleras”, como le decían en voz baja sus subalternos, mantuvo, a diferencia de Bayardi y Fernández Huidobro, una relación estricta con los militares. Por ejemplo, poco después de la fuga del coronel Vázquez destituyó al comandante en jefe luego de que Búsqueda informara que se había reunido con el expresidente Sanguinetti sin su permiso y, a diferencia del resto de los ministros frenteamplistas, tuvo la sensibilidad de consultar a Familiares cada vez que se discutía un ascenso a oficial superior, para depurar, al menos a la cúspide de las fuerzas, de los acusados de violaciones a los derechos humanos.
“Te puedo asegurar que esas actas (de las declaraciones) no llegaron al ministerio”, dijo a la diaria Gregori, que fue asesor de Berrutti y luego coordinador de Inteligencia entre 2010 y 2013.
“Con Azucena allanamos el cuartel en busca de los archivos, por mucho menos de eso allanamos un cuartel. Te das cuenta de que, si hubiéramos visto una cosa de esas, hubiéramos actuado”, comentó en referencia a que al año de asumir encontraron en el ex Centro General de Instrucción de Oficiales de Reserva 1.144 rollos microfilmados con información de inteligencia militar que se conoce como Archivo Berrutti.
Las actas de los tribunales de honor siempre fueron un asunto delicado que los militares buscaron mantener dentro de la corporación. Un día que se rompió un ascensor del ministerio, los colaboradores de Berrutti encontraron en la fosa las actuaciones del que se le formó a Gavazzo para juzgar un caso de falsificación de billetes.
Quizás más preocupado por otros asuntos y sin valorar correctamente el contenido, con el respaldo de un informe de jurídica firmado por la abogada Sylvia Usher, de notoria filiación blanca, y realizado
por su colega Nelly Méndez Curutchet, el presidente Vázquez homologó el fallo, que pasaba al coronel a reforma.
“Si el presidente firmó sin saber o sabía y firmó igual sin enviar las declaraciones a la Justicia, las dos cosas están mal”, dijo a Búsqueda un exjerarca del Frente Amplio que pidió mantener su nombre en reserva.
El fantasma de Manini
Para el secretariado del Frente Amplio y para el exministro Bayardi, la aparición ahora de las actas es una operación para justificar que no se le vote el levantamiento de los fueros al líder de Cabildo Abierto Guido Manini Ríos.
En lugar de reconocer el error, el presidente del Frente Amplio, Javier Miranda, y el secretario político, Rafael Michelini, optaron por elevar la voz y desafiar al gobierno.
“Cuando el Poder Ejecutivo de la época tomó la decisión que tomó, lo hizo en conocimiento de todas las actuaciones, como se hace siempre, como lo marca la norma y porque sería imposible que fuera de otra forma”, declaró el ministro de Defensa, Javier García, y agregó que “toda la información del Tribunal de Honor estaba en las oficinas del Ministerio de Defensa Nacional”.
El Directorio del Partido Nacional, a su vez, emitió una declaración en la que expresa “total apoyo ante lo actuado por el gobierno nacional por medio de su ministro de Defensa, Javier García, y la vicepresidenta de la República, Beatriz Argimón,” y reafirma su “compromiso con la transparencia y la verdad, rechazando toda opacidad en estos temas”.
Mientras algunos frenteamplistas como Bayardi apuntan a una operación política para el desafuero de Manini, otros dirigentes que dialogaron con el expresidente Vázquez, indicaron que este confirmó que el fallo fue homologado sin conocer las actas, pero que responsabilizan del ocultamiento al general Díaz y que si bien su relevo se produjo por la reunión con los dirigentes colorados, el vínculo ya estaba dañado desde antes. “La lealtad no paga” fue la enigmática frase que dijo el excomandante cuando fue relevado. Catorce años después, aún no queda claro si estaba dirigida al gobierno que lo había cesado o a los que habían informado a Búsqueda de la cena que mantuvo con Sanguinetti en Toledo.
En todo caso, la “operación verdad” con la declaración del coronel que está en prisión domiciliaria en Rivera, puede ser leído también como un juego político más elevado que el desafuero: buscaría frenar el avance de Cabildo dentro del gobierno en medio de la batalla presupuestal, porque las actas dejan muy mal al Ejército y a los que quieren volver a la época de la ley de caducidad y, por otra parte, le disputa al Frente un asunto en el que hasta ahora, si bien no tenía el monopolio, lleva el estandarte.
Guido Manini evitará someterse a la Justicia
Soldado cobarde sirva para otra guerra
Samuel Blixen
11 septiembre, 2020
Las promesas del líder de Cabildo Abierto de que estaba dispuesto a enfrentar la indagación judicial por el ocultamiento de las confesiones de José Gavazzo quedaron por el camino. No va a ir ante el juez; ni siquiera va a estar presente en el debate cuando el Senado discuta su desafuero. Por ahora, una mayoría de la coalición lo respalda, con el aporte orejano de José Mujica.
Manini Ríos en el Palacio Legislativo al enterarse de la decisión del Partido Nacional sobre el desafuero.
El general Guido Manini se calificó a sí mismo como «el conductor que se debe a sus conducidos» (un etiquetado con reminiscencias de aquel «mi autoridad emana de vosotros y ella cesa ante vuestra presencia soberana»), definición que pronunció para explicar su sumisión a las resoluciones de su grupo político sobre el pedido de desafuero. El porte adusto que adoptó para su mensaje de seis minutos en el video que se difundió el lunes 7 no logra disimular el recule: durante diez meses –desde el día siguiente a la confirmación de su senatoria, que automáticamente lo arropaba con la coraza de los fueros– el excomandante en jefe del Ejército fue reiteradamente enfático en que no eludiría el pedido de desafuero del fiscal penal Rodrigo Morosoli por el ocultamiento de las declaraciones de José Gavazzo sobre la desaparición del prisionero Roberto Gomensoro. Por tanto, votaría afirmativamente ese pedido. Y de repente, como si un velo estuviera tapando su entendedera, sus conducidos le hicieron comprender que el legislador no es dueño de los fueros, que la propiedad es del Senado, por lo que abandonará el recinto cuando se trate el tema. El general se cayó del caballo del prócer y se sumó como uno más al contingente de infantería que componen los políticos del montón, los que no están tocados por la vara de dios ni por el aura histórico.
El último capítulo del culebrón del desafuero, título apropiado para una cumbia villera, estuvo protagonizado por las resoluciones de la bancada de senadores del Partido Nacional, que finalmente se inclinó, de forma unánime, a no votar el pedido. Sin embargo, por razones que no están claras, prefirió postergar la discusión en el plenario hasta el miércoles 30 de setiembre, después de las elecciones departamentales del 27.
Formalmente, la unanimidad fue una primicia, porque había voces que dejaban trascender ciertas dudas sobre si no sería mejor suspender los fueros de Manini, en especial porque él insistía en votarlo. La exigencia de una mayoría especial de 21 votos reclutaba a favor 16 voluntades, 13 del Frente Amplio (FA), dos del sector Ciudadanos del Partido Colorado, y uno de Cabildo (el propio Manini). Quedaban dos interrogantes: la postura de los dos correligionarios de Manini, Guillermo Domenech y Raúl Lozano, y los amagues de los senadores blancos Jorge Gandini y Juan Sartori. En el extremo más hipotético, faltaban aún dos voluntades para alcanzar el número mágico. La decisión de Cabildo Abierto de votar en contra y el anuncio de Manini de que abandonaría la sala cuando se pusiera a discusión el tema, resolvió el problema en la bancada blanca. Y en particular los pruritos del senador Gandini, alimentados por una nostalgia wilsonista, se diluyeron cuando el inefable José Mujica se mandó otra maniobra de truco de boliche. El anuncio de que, si se votaba el desafuero, entonces el FA impediría el regreso de Manini al Senado en la eventualidad de que resultara inocente después de su tour por el juzgado, convenció a Gandini de replegar su rebeldía.
SE AGRADECE EL PRETEXTO
¿Qué pretendía Mujica con esa reflexión en voz alta? Exactamente lo que ocurrió: desarticular la más remota posibilidad de que Manini se convirtiera en un ciudadano de a pie, obligado a responder ante la Justicia, ya que no tenía, como quedó claro, la voluntad de hacerlo.
La afirmación de Mujica de que el FA no aportaría los 21 votos necesarios para restituir a Manini en el Senado fue desmentida por la propia bancada frenteamplista. Su coordinador, Charles Carrera, informó que la moción para suspender los fueros, que será planteada por el FA cuando se discuta el tema, incluirá la definición de que la eventual restitución sería automática. La aclaración no revirtió la decisión multicolor, que sólo necesitaba un pretexto como el aportado por Mujica.
Una vez más, el expresidente pretendía doblegar a su partido a su propia voluntad, incidiendo como un orejano. En materia de derechos humanos (porque de eso se trata el delito por el que es perseguido Manini) los antecedentes de Mujica son abundantes: el abrazo al procesado general Miguel Dalmao, las reiteradas apelaciones a la «biología» para resolver la cuestión de la impunidad, la descalificación a las madres de desaparecidos a las que tildó de «viejas busca huesos» que persiguen venganza y aquella participación personal para convencer al diputado Víctor Semproni de sabotear la anulación de la ley de caducidad. Quizás invisibilizada por su pasado de guerrillero, prisionero y rehén, hay una notable –y cuestionable– coherencia del expresidente en sus aportes al mantenimiento de la impunidad, cuya máxima referencia fue su expresión de que los militares no contarían sus secretos a menos que se los torturara. Los últimos episodios referidos a las confesiones de militares ante tribunales de honor revelan lo contrario: las apelaciones a la «fatalidad de la omertà» son golpes bajos para desestimular la búsqueda de la verdad y encubrir la ausencia de voluntad política para encontrarla. El porqué de esa coherencia es algo que todavía no tiene explicación, a menos que la esforzada «administración del capitalismo» haya modificado los «puntos de referencia». ¿Acaso para un combatiente los desaparecidos y los asesinados son daños colaterales de una guerra sucia del Estado que hay que asumir y dejar en el pasado?
Se le ha atribuido a Mujica la autoría, junto con Eleuterio Fernández Huidobro, de la «invención» de Manini como protagonista político. Durante su presidencia, en acuerdo con el ministro Fernández Huidobro, Mujica firmó en 2012 el pedido de venia parlamentaria para el ascenso de Manini a general. El criterio que primó, quizás en atención a los méritos expuestos en la carrera, fue el de selección, que se antepuso al de antigüedad. Tras su paso por la jefatura de Sanidad de las Fuerzas Armadas, Manini accedió a la Comandancia del Ejército, desde donde comenzó a edificar su proyecto político de partido militar, con una estrategia de defensa de los privilegios militares y un ataque y destrato a las autoridades civiles, llegando incluso a insultar a ministros durante el debate por el déficit de la caja militar. Todo ello redundó en la consolidación de su imagen como representante de la «familia militar» y como apóstol de una nueva derecha. Pese a esos antecedentes, y a la provocación que significó el ataque a la Justicia a propósito de su informe sobre el tribunal de honor a José Gavazzo (que preanunciaba la campaña que seguiría después y que deliberadamente forzaba su pase a retiro), Mujica se distanció de sus colegas del FA cuando se instaló el debate sobre la suspensión de los fueros al hoy general-senador. Para Mujica, acceder al pedido del fiscal Morosoli implicaba convertir a Manini en una «víctima». Su postura también evidenció coherencia al alertar sobre las consecuencias del desafuero.
Y AL FINAL SÓLO SE TRATABA DE ESO
Lo que sí resulta evidente es que Manini terminó siendo la víctima de sus propias maquinaciones. Si cuando todavía no tenía los fueros aplicó las mismas chicanas de inconstitucionalidad de sus colegas uniformados para frenar la acción de la Justicia, su postrera decisión de plegarse, como buen conductor, a la voluntad de sus conducidos, terminó revelando el miedo a ser procesado por la justicia penal, por más que esa posibilidad fuera remota en el corto plazo. Todas las diatribas contra jueces y fiscales tienen esa finalidad. Finalmente, la mayoría de sus socios multicolores reafirman un criterio compartido: el pedido del fiscal no tiene sustento jurídico, como lo anuncian tanto los blancos como los colorados de Julio María Sanguinetti. Sin embargo, la fundamentación de esa apreciación aún se mantiene en reserva; no se ha explicado en qué se basa y probablemente no se exponga al debate público hasta que el pedido de desafuero sea considerado en comisión del Senado. Voceros del FA han adelantado una posible explicación para esa postergación: la indefinición sobre los fueros pretende mantener a Manini y su partido en el redil, aunque todo indica que con poco éxito. Manini sigue atacando a la Justicia y en particular al fiscal general Jorge Díaz, ahora insistiendo en que el pedido de desafuero es una maniobra para cortar su ascenso político, mientras especula con el carácter decisivo de sus votos para la aprobación del presupuesto nacional.
La imagen del conductor sale deteriorada, pero en libertad.