Pit-Cnt: llamado a un referendum contra la LUC – Association ¿Dónde Están?

PIT-CNT DECIDIÓ INICIAR UN PROCESO DE REFERÉNDUM CONTRA LA LUC

Intersocial reclamó un «presupuesto popular»

Las organizaciones sociales manifestaron su rechazo a la LUC y al presupuesto propuesto por el gobierno de la coalición multicolor.

10 SEPTIEMBRE, 2020

“Lo dijimos con claridad: si hay recortes habrá lucha. Hay recortes potentes en varias áreas del Estado, de las empresas públicas, de las políticas sociales que tendrían que ayudar a la gente que ha caído en la peor circunstancia y hay lucha”, subrayó el presidente del Pit-Cnt a Caras y Caretas Portal al comienzo de la movilización de la Intersocial.

Agregó que “la lucha es el hecho concreto, no lo que alguien relata, como decía Héctor Rodríguez la medida más dura no es la que más dura suena sino la que a más gente convoca. Y estamos convocando a la gente a una medida en defensa de las conquistas que hemos logrado los trabajadores uruguayos, las organizaciones cooperativas, los estudiantes y por sobre todo rechazar políticas que claramente son neoliberales, como la LUC”.

En este sentido señaló que el Pit-Cnt aprobó llevar adelante un proceso de impugnación de la LUC y darse tres semanas para una decisión final a los efectos de contar con los mayores consensos. Dialogarán con Fucvam, los estudiantes, las organizaciones feministas y los partidos políticos para conformar un amplio arco para derogar “una ley a todas luces muy negativa”.

Reclamos frente al Palacio Legislativo.

Por su parte la senadora frenteamplista Amanda Della Ventura se refirió al desafuero del senador Guido Manini Ríos y señaló a Caras y Caretas Portal que “todos debemos ponernos firmes en que es necesario dejar actuar a la justicia y esta actitud de no votar el desafuero realmente deja mal parado a quién no lo haga”.

Respecto al incidente que protagonizó el miércoles cuando la senadora Greciela Bianchi, presidenta de la Comisión de Asuntos Administrativos, la conminó a quitarse una camiseta con la leyenda “Desafuero o complicidad”, Della Ventura opinó: “Es contradictorio decir que esta casa representa a todos y no se deje expresar opiniones que no son las de la coalición de gobierno”.

Estamos convocando a la gente a una medida en defensa de las conquistas que hemos logrado los trabajadores uruguayos, las organizaciones cooperativas, los estudiantes y por sobre todo rechazar políticas que claramente son neoliberales, como la LUC”

Por su parte, el economista Héctor Tajam, quién también se encontraba en la movilización, dijo respecto al presupuesto presentado por el gobierno de coalición dijo que este “está dentro de su visión económica y filosófica de que el centro del país es el empresariado y para ellos se trabaja. Lo más preocupante de todo esto es que es una pieza más que se suma a la transferencia de recursos e ingresos desde los trabajadores hacia el empresariado para recuperar inversión, según dicen, pero en un sentido contrario al que había hecho el Frente Amplio en estos 15 años de gobierno”.

“Todo eso nos va quitando posibilidades de seguir por la senda de crecimiento y desarrollo por la que veníamos transitando”, sentenció.

Desde temprano la gente comenzó a concentrarse frente al Palacio Legislativo.

La movilización finalizó con la lectura de una proclama de la Intersocial en torno a los reclamos sociales.

Se destacó la necesidad de atender las urgencias de la población, entre ellas una renta básica para la población sin ingresos, así como mayores recursos para salud, vivienda y educación.

LA DISCUSIÓN SOBRE UN REFERÉNDUM CONTRA LA LUC

Una oportunidad para levantarse

Gabriel Delacoste
18 septiembre, 2020

La política va a toda velocidad, y el trámite parlamentario de la LUC ya parece historia antigua. Pero esta ley sigue siendo un tema de actualidad en las organizaciones que están discutiendo si promueven un referéndum en su contra. Todo indica que la juntada de firmas va a suceder, pero todavía están por verse la forma elegida y la amplitud de la coalición social que va a impulsar la iniciativa.

Manifestación contra la Ley de Urgente Consideración.

Muchas organizaciones, colectivos y movimientos están pensando si largarse a esta tarea, y por eso es importante repasar lo que está en juego. La discusión tiene su complejidad y podría ordenarse en si amerita el esfuerzo, si conviene (frente a los riesgos que implica) y a qué organizaciones y sectores sociales les compete este trabajo.

LO SUSTANTIVO

Antes de entrar en cualquier consideración estratégica, es importante poner el foco en lo que la Ley de Urgente Consideración (LUC) hace. El centro de la discusión sobre si es necesario derogar una ley tiene que pasar por la pregunta de si ella es efectivamente mala para el país y sus habitantes, y por qué. No han faltado, en estos meses, análisis de la LUC que dan una imagen muy clara de cuáles son sus efectos. Repasemos sólo algunos.

La regla fiscal es quizás el punto más importante, pero también el más difícil de entender. Básicamente se trata de una norma a través de la cual el Estado se autoimpone no superar ciertos límites de gasto, que son fijados por un comité de expertos y que, por ende, sustraen de la discusión política el nivel del gasto público. En el análisis de esta medida, el economista Hugo Dufrecheu¹ dice que se trata de un caso de «autoritarismo económico neoliberal». Por un lado, la regla fiscal impone un ajuste perpetuo que limita la capacidad de invertir en salud, educación y servicios públicos, y por otro permite que de este ajuste ninguna autoridad política tenga que hacerse responsable, porque están apenas siguiendo la regla fiscal y al comité de expertos.

Un artículo de Mauricio Pérez² sobre los efectos de la LUC en las relaciones laborales hace foco en la prohibición de las ocupaciones de los lugares de trabajo, que limita el derecho a huelga y apunta a reducir el poder colectivo de los trabajadores. Este recorte del derecho a la protesta es acompañado por la disposición que habilita a disolver manifestaciones que corten calles (o sea, la gran mayoría) y por el insólito «delito de agravio al personal policial», que habilita la persecución de quienes, por cualquier medio, hablen mal, critiquen o insulten a la Policía.

Estas disposiciones, calificadas por la doctora en Ciencias Sociales Sandra Leopold como «restricciones desmesuradas del ejercicio del derecho de reunión y el derecho a la protesta», son acompañadas de un considerable aumento de la habilitación a reprimir por parte de la Policía, asunto que fue analizado por un panel de la Universidad de la República.³ La presunción de inocencia policial, los aumentos de penas y la creación de dificultades para que los presos reduzcan su pena con educación, por poner sólo tres ejemplos, son invitaciones a la violencia y la crueldad.

En cuanto a la educación, la LUC golpea de muchas formas a la enseñanza pública, al tiempo que jerarquiza la privada. Un hecho simbólico pero significativo es que la norma modifica otras leyes en las que se usa la expresión «educación pública», retirando la palabra «pública». Además, reduce la participación social en los espacios de decisión sobre la educación, empoderando a las autoridades políticas.

Un documento de Fenapes⁴ analiza el impacto de la LUC en la educación. Señala, por ejemplo, la reducción del peso de la representación de la Universidad de la República en varias instituciones estatales y la derogación de la prohibición de firmar tratados internacionales que introduzcan el lucro en la educación. Así, la LUC es un paso desde un sistema de educación pública a un mercado de la educación.

El ataque a lo público se ve también en las disposiciones que afectan a las empresas públicas. El economista Pablo Messina⁵ señala que el efecto de esta norma sobre las empresas públicas es privatizador, burocratizador y mercantilizador. Las empresas públicas verán reducida su capacidad de acción, al tiempo que se beneficia a los privados con los que compiten. Se reduce así la posibilidad de intervenciones democráticas en la economía. Al mismo tiempo, la LUC beneficia a especuladores financieros y arrendatarios, debilitando las normas contra el lavado de activos, promoviendo la informalidad de la economía y facilitando el desalojo exprés de inquilinos morosos.

La LUC limita en varias áreas la participación social para sustituirla por comités de expertos, reduciendo la diversidad de puntos de vista tomados en cuenta en las decisiones. Además, es una norma que beneficia a los dueños de grandes empresas y fortunas, y perjudica a trabajadores y usuarios de servicios públicos, imponiendo un ajuste fiscal permanente, que va contra la libertad de expresión y el derecho a la protesta, y en favor de la violencia y la represión. Es decir, es una norma antidemocrática.

BANDOS Y PROBLEMAS

Esto podría ser suficiente para que todas las personas interesadas en la defensa de lo público y en la capacidad colectiva de decidir sobre las cuestiones del país (es decir, potencialmente todas las personas) se movilizaran contra esta ley.

Pero siendo más realistas, si se toma en cuenta a quiénes beneficia y a quiénes perjudica la LUC, se dibujan dos bandos: mientras les dificulta la vida a profesores (pero también a estudiantes y padres, a los que no les conviene que la educación sea un mercado), a militantes sociales (pero también a todas las personas que tienen reclamos y necesitan protestar), a funcionarios públicos (pero también a usuarios que no quieren que los servicios sean para el lucro y empeoren), se la facilita a quienes quieran reprimir y hacer mucho dinero con la especulación. La disputa planteada por la LUC, entonces, tiene una dimensión de clase, al mismo tiempo que una dimensión propiamente política, en la que el autoritarismo liberal se opone a la democracia.

Aunque las cosas son más complejas. Porque si bien los capitalistas (mejor dicho, los intelectuales, políticos y técnicos que están a su servicio) redactaron esta ley para favorecer sus intereses y sus posturas ideológicas, la norma despliega un programa que le permite plantear alianzas con parte de la clase media y popular, que pueden ver en el liberalismo una solución a situaciones en las que se sienten perjudicados o arbitrariamente limitados por el Estado. La abreviación del proceso de adopción, el retroceso de la obligatoriedad de aceptar pagos electrónicos, la posibilidad de alquilar viviendas sin necesitar una garantía y la (dudosa) promesa de rebaja de impuestos implícita en la reducción de gasto que trae la regla fiscal son liberalizaciones que pueden seducir a personas de sectores medios y populares. Otro punto que puede ser usado para dar apoyo popular a la LUC son sus disposiciones sobre «seguridad» (mejor dicho, represión y crueldad), apelando a un supuesto clamor popular punitivo, pero esto es altamente dudoso teniendo en cuenta que dos plebiscitos punitivos fueron derrotados en dos elecciones consecutivas y perfectamente eso podría suceder una tercera vez.

Aun teniendo esto en cuenta, el proyecto de la LUC es socialmente minoritario. Pero aparece otro problema: la iniciativa emana de un gobierno que, según las encuestas, goza de altos niveles de aprobación por parte de la opinión pública. De ahí viene un argumento contra una juntada de firmas, según el cual sería difícil juntarlas y ganar un plebiscito contra un gobierno fuerte y «popular», y perder podría fortalecerlo más aun. Es cierto que el gobierno está fuerte, pero también que rápidamente puede dejar de estarlo. La crisis económica y social puede profundizarse y licuar rápidamente sus apoyos. Además, justamente, el gobierno es fuerte en la medida que otras fuerzas no operen para desgastarlo, por lo que su fortaleza puede, en lugar de ser un argumento contra una campaña de firmas y referéndum, ser un argumento a favor. Perder, por supuesto, es una posibilidad, pero en esta época tan desesperanzada puede ser importante entender que las derrotas son siempre una posibilidad y que luego de ellas se puede seguir.

Quizás el mayor obstáculo para un proceso exitoso de referéndum contra la LUC sea la desinformación y la gran dificultad que hoy todos tenemos para entender una coyuntura que pendula entre la crisis social, el simulacro mediático y el barullo político. Si bien mucha gente tiene una vaga idea de lo que es la LUC, es difícil, por su tamaño, complejidad y la velocidad a la que fue aprobada, que muchas personas dominen su contenido como para sentirse seguros y discutirla con firmeza. Esto no es por ningún defecto de ciudadanos, intelectuales ni militantes, sino que es precisamente lo que busca la estrategia del gobierno.

LO ESTRATÉGICO

Usar el mecanismo de la urgente consideración para reducir el tiempo de debate, mezclar todo tipo de asuntos para dificultar la comprensión y no suspender su trámite a pesar de una pandemia son partes centrales de la estrategia del gobierno con la LUC. Ocurre que para aprobar medidas que perjudican a gran parte de la población ayuda hacerlo a gran velocidad y en medio de la confusión. Es el caso de esta ley, que tiene como función ser el chasis de una agenda de ajuste y represión, diseñada para aumentar las ganancias de los ricos y reducir los salarios y servicios públicos del resto.

Luis Lacalle Pou decidió impulsar una superley a toda velocidad por esta razón y también porque su inestable coalición puede romperse en cualquier momento, por lo que necesita aprobar la mayor parte posible de su programa de un solo golpe. No obstante, esto fácilmente se le puede volver en contra y transformarse en un talón de Aquiles, donde el poderoso armado político, mediático y económico en el que se apoyó expone un punto de gran vulnerabilidad. Si cayera la LUC, todo el proyecto de ajuste se tambalearía. El propio tamaño de la ley tiene el potencial para unificar en su contra una alianza de actores heterogéneos y darles una excusa para hablar entre ellos, explorar lo que tienen en común y, quizás, desarrollar su propio programa.

Esto, además, produce la posibilidad de una articulación autónoma del descontento por la crisis económica y social a causa de la pandemia y el ajuste del gobierno. Esto es muy importante porque cada vez está más claro que Guido Manini se está preparando para intentar canalizar ese mismo descontento hacia un populismo nacionalista de ultraderecha. Un plebiscito contra la LUC podría producir una fuerza social que la ultraderecha no podría cooptar.

Un plebiscito contra la LUC es, además, una oportunidad excelente para plantear las discusiones ideológicas, éticas y políticas fundamentales: si en la economía tienen que mandar los ricos o si en ella puede meter cuchara alguna instancia política o social; si todos tienen que hacer lo que quieren los empresarios y el gobierno o si las personas tienen derecho a organizarse y protestar; si las decisiones las tienen que tomar técnicos o personas de diferentes partes de la sociedad; si preferimos organizar nuestra sociedad como un mercado o como una democracia.

Las instituciones de la democracia directa reconocen un gran poder a la ciudadanía uruguaya y su capacidad de organización permite usarlas de forma efectiva. Queda discutir si el referéndum es contra toda la ley o sobre algunos artículos, y si se usa la «vía lenta» o la «vía rápida». Esas discusiones necesitan de un análisis profundo de las fuerzas en juego, las alianzas sociales y los tiempos políticos. Lo que queda claro es que se presenta una oportunidad para que una amplia alianza social se recupere de los golpes, se levante y responda.

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