El rumbo de la derogación
Por Leandro Grille.
9 OCTUBRE, 2020
Este martes la Mesa Representativa Nacional Ampliada del Pit-Cnt resolvió interponer el recurso de referéndum contra la Ley de Urgente Consideración. La decisión fue adoptada por unanimidad e implica la convocatoria a una Comisión Nacional Pro Referéndum a integrarse por organizaciones sociales y políticas, instituciones y personalidades. El procedimiento elegido por la central obrera es el conocido como “vía larga” o “lenta”, que exige reunir, dentro del año de promulgación de la norma, la friolera de 700.000 firmas para que la Corte Electoral cite una instancia electoral en que la ciudadanía deberá expresarse por Sí o por No a la revocación de la ley impugnada. Ahora, de acuerdo a lo resuelto por el Pit-Cnt, la Comisión Pro Referéndum tendrá que acordar los artículos que serán sometidos a la consulta popular, buscando una base amplia de acuerdo social entre los promotores de la iniciativa.
En los próximos días, cabe esperar que el resto de las decenas de organizaciones que integran la Intersocial coincidan en la propuesta de referéndum de la central obrera y quedará por verse qué actitud asume el Frente Amplio, principal opositor político al gobierno y a la ley de marras, pero que inicia un proceso de balance y autocrítica tras un ciclo electoral larguísimo en el que perdió más 200.000 votos en relación con las elecciones de 2014, perdió la mayoría parlamentaria a manos de una coalición muy de derecha, perdió la presidencia de la República y perdió la mitad de las intendencias departamentales que gobernaba. En ese contexto, no hay ningún consenso posible dentro de la izquierda sobre un recurso de referéndum y menos aún cuando una parte del Frente Amplio ve improbable que se alcance el objetivo derogatorio y, además, considera que la Ley de Urgente Consideración fue convenientemente limada en sus aristas más peligrosas para el Estado. Con todo, es prácticamente un hecho que el Frente Amplio acompañará orgánicamente la iniciativa y, aun cuando no lo hiciera, la mayoría de sus militantes lo hará. Aunque, va de suyo, un pronunciamiento oficial de la fuerza política representaría un impulso de un tenor muy diferente y muy superior al del conjunto de sus militantes, tomados de a uno.
Por más que la hipótesis de referéndum para derogarla estaba en las eventualidades que consideraba el gobierno desde antes de introducir la iniciativa en el Parlamento, la decisión de la central de trabajadores les preocupa y mucho. Básicamente por dos motivos. Porque la norma puede caer por su contenidos objetivos, pero además porque un referéndum a fines del segundo año de gobierno representa, en los hechos, un plebiscito antes de la mitad del mandato. Y en un plebiscito de esas características la probabilidad de derrota es altísima, más aún cuando la Ley de Urgente consideración no es especialmente popular ni de fondo ni de forma.
Para los trabajadores e incluso para el Frente Amplio, si se decide apoyar la campaña, los riesgos son mucho menores. En primer lugar, porque reunir 700.000 firmas está al alcance del núcleo inamovible de la izquierda. Recordemos que en su peor desempeño electoral en los últimos 20 años, el Frente Amplio igual superó los 900.000 votos. Pero, además, en el caso de una iniciativa de referéndum contra una megaley multipropósito, el universo de adhesiones posible supera en mucho al conglomerado del FA. Por otro lado, de no alcanzar el objetivo de reunir las firmas, igualmente habrá movilizado a la población e instalado un debate que, en ningún caso, le significará un retroceso en sus posiciones políticas ni en sus posibilidades electorales posteriores. Eso en Uruguay simplemente no pasa. Y más allá en las conjeturas, si alcanzadas las firmas no alcanzaran los votos, indudablemente la ley contará con una legitimación popular mayor, pero no por ello adquirirá un carácter de otro tipo, y sus artículos seguirán siendo pasibles de modificación o derogación por mayoría de las cámaras, sin otro trámite ni otros requerimientos.
Hay una virtud adicional para el espacio político y social opositor. Esta campaña va a permitir expresar un descontento latente con el rumbo general del gobierno que manifiesta una buena parte de la población, que observa en tiempo real el deterioro de las condiciones de vida, de los ingresos, el aumento del desempleo y de la pobreza y el escaso esfuerzo económico que ha hecho el Estado para alivianar las consecuencias sociales de la pandemia. Ese descontento, que ya es muy grande y que va a aumentar muchísimo en el próximo año, sobre todo cuando se disipe la emergencia sanitaria y se hagan patentes las consecuencias dramáticas del bruto ajuste estructural que está llevando adelante el gobierno de Lacalle Pou, va a tener una vía de expresión rápida y contundente en este recurso de la iniciativa popular.
La izquierda política y social se juega, entonces, dos partidos simultáneamente: derogar una ley mala, cuyo contenido vulnera los derechos civiles y los derechos humanos, y asestar un golpe político que debilite el bloque conservador antes de la mitad de su mandato. Loa mismos desafíos tendrá el gobierno, pero al revés y con un matíz: no puede asestarle un golpe al campo popular, porque eso ya lo hizo cuando aprobó la norma por un procedimiento de urgencia y con toda la población confinada por la emergencia sanitaria; lo que le cabe es evitar que a menos de dos años del inicio de su mandato, el pueblo le derogue una buena parte de su programa de gobierno y le deje tecleando, grogui y con la coalición maltrecha, como un muerto viviente, hasta las próximas elecciones.