El viejo partido político militar no se disolvió totalmente

 El Pepe, el Ñato y el Partido Militar

12 de octubre de 2020

Escribe Gustavo Scaron

El proceso de transformación de las Fuerzas Armadas en un partido político militar culminó con el golpe de Estado de 1973. Fueron el partido principal de la coalición cívico-militar que gobernó Uruguay como partido único entre 1973 y 1985. Su órgano máximo era la Junta de Oficiales Generales y allí se elegían los presidentes y se tomaban las decisiones políticas fundamentales. En esos años expulsaron y relegaron a todos los militares que pudieran tener una concepción democrática real, mediante, entre otros, el uso y abuso de los tristemente famosos tribunales de honor. Al entregar el gobierno en 1985, mantuvieron un espacio de poder, no permitieron el retorno al servicio activo de ninguno de los militares expulsados, impidieron la actuación de la Justicia penal sobre los militares que habían delinquido en la dictadura (e incluso en democracia, como lo demostró el secuestro y asesinato de Eugenio Berríos), escondieron bajo siete llaves todos los secretos sobre los desaparecidos y los niños secuestrados, utilizaron los servicios de inteligencia para espiar ilegalmente a partidos políticos y organizaciones sociales, y mantuvieron el Ministerio de Defensa Nacional como un área casi de su propiedad. Todo ello en connivencia con el Partido Colorado y el Partido Nacional, que gobernaron el país entre 1985 y 2005. El viejo partido político militar no se disolvió totalmente, aunque trasladó muchas de sus acciones a las logias militares y a las ONG de retirados militares (las que se convirtieron en corsé para las nuevas generaciones militares, que no podían expresarse políticamente ni deslindarse de las acciones de la vieja generación militar dictatorial). Hasta que en 2019 lograron, a partir de una serie de eventos en los que no fueron ajenos los errores de una parte de la izquierda, renacer como partido político militar (o militar-cívico, para ser más precisos). Esta vez en forma pública, legalmente y con nombre propio: Cabildo Abierto. Y aunque como partido no reivindiquen la dictadura (lo que los inviabilizaría políticamente) ni representen a la totalidad de los oficiales ni de la tropa, representan claramente una continuidad histórica del viejo partido militar formado en 1973 y a una parte importante de los militares. Un partido aggiornado, claro; no es una copia exacta.

Algunos lustros antes de 2019, con el triunfo del Frente Amplio en 2005, las cosas del “mundo” militar empezaron a cambiar fuertemente; el “mando superior” establecido en la Constitución (el presidente actuando con el ministro o consejo de ministros) empezó a funcionar como tal, haciendo que los militares cumplieran las citaciones judiciales, aplicando el artículo 4º de la ley de caducidad en la forma correcta, habilitando que la Justicia actuara y procesara a varios militares y civiles violadores de derechos humanos, permitiendo la realización de excavaciones en los establecimientos militares y el hallazgo de los restos de algunos de los desaparecidos, nombrando por primera vez en la historia a una mujer como ministra de Defensa (Azucena Berruti), terminando con la inteligencia política interna que hacía seguimientos políticos, empezando a “civilizar” (o “desmilitarizar”) el Ministerio de Defensa, convocando al Debate Nacional sobre Defensa con amplia participación, que dio lugar a la aprobación unánime en el Parlamento de la Ley Marco de la Defensa Nacional (18.650), entre muchos otros cambios significativos.

Pero en el segundo período de gobierno frenteamplista y parte del tercero, cuando estaban dadas las condiciones para la transformación de las Fuerzas Armadas profundizando el proceso de integración a la sociedad, eso no ocurrió, y se entró en un largo período de estancamiento e incluso de retroceso (o de freno, al decir de Carlos Real de Azúa), marcado por el mantenimiento de la autonomía militar y la continuidad normativa. La elección de Guido Manini Ríos como comandante en jefe del Ejército y su mantenimiento pese a sus reiteradas actuaciones y críticas políticas al gobierno es parte de los hechos de ese sorprendente período.

El Ñato Eleuterio Fernández Huidobro cambió el eje de las políticas de defensa que se impulsaron en el primer período. Al decir del Pepe Mujica en una entrevista con En perspectiva del 18 de setiembre, al asumir como ministro de Defensa Nacional el Ñato se trazó dos grandes rumbos: evitar la unidad de la oficialidad (debido a que ello favorece los golpes de Estado) y conseguir un poco de información en materia de derechos humanos intimando con la oficialidad joven. Claramente fracasó en ambos objetivos, desde que Manini y Cabildo Abierto unificaron una parte importante de esa oficialidad, y que no consiguió la información buscada. En su larga búsqueda de intimidad política con la oficialidad más joven, que menciona el Pepe, abandonó el diálogo con el resto de sus compañeros frenteamplistas, con las organizaciones sociales e incluso con el resto del sistema político, siendo en algunos casos francamente agresivo en sus conceptos sobre ellos.

Los elementos centrales de su gestión, como por ejemplo los decretos sobre Defensa Nacional y sobre Política Militar de Defensa, si bien avanzan en definiciones públicas de defensa y de política militar, también sobredimensionan el concepto de “defensa nacional”, incorporan concepciones que no están en la Ley Marco de Defensa Nacional (por ejemplo que la defensa militar es también un deber del conjunto de la ciudadanía) y no plantean lineamientos que apunten a una reforma integral de nuestras Fuerzas Armadas. Tampoco fueron producto de amplios intercambios como los que hubo en el Debate Nacional de Defensa. Entre las pocas leyes promovidas en su gestión está la Ley de Educación Policial y Militar, de 2014, que fomenta más la independencia que la integración, y la incomprensible extensión de los abultados beneficios de la ley de retiro “comparativa” a varios otros colectivos militares, algo absolutamente inexistente en el ámbito civil, cuando lo que había que hacer era exactamente lo contrario: derogar la Ley 16.629 y aproximar el sistema de retiros militares al sistema de jubilaciones general. Claro que esas leyes no se aprobaron por la sola voluntad del ministro, sino que también contaron con el apoyo y el voto de la bancada del Frente Amplio en el Parlamento.

Somos unos cuantos los que consideramos que en lo militar cometimos desde el gobierno del Frente Amplio un conjunto importante de errores, fundamentalmente durante el período del Ñato como ministro.

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