Actas de Gilberto Vázquez: se suman
testimonios contradictorios
sobre lo ocurrido en 2006
21 de octubre de 2020
Ante la Comisión de Derechos Humanos del Senado compareció la entonces directora de Jurídica del Ministerio de Defensa Nacional.
La Comisión de Derechos Humanos del Senado continúa tratando de dilucidar los hechos ocurridos en 2006 en torno a las actas del tribunal de honor militar ante el cual el coronel retirado Gilberto Vázquez confesó haber torturado y asesinado a prisioneros durante la dictadura, testimonios que recién se conocieron semanas atrás. Este miércoles compareció la ex directora de Jurídica del Ministerio de Defensa Nacional (MDN) Sylvia Usher, quien según los legisladores —aún no se divulgó la versión taquigráfica de la sesión— contradijo las versiones que previamente dieron las autoridades frenteamplistas de la época. “Se me ha mencionado imputándoseme irregularidades que no son ciertas”, dijo la abogada tras dos horas de comparecencia.
Tras escuchar la versión de Usher, fueron distintas las evaluaciones del oficialismo y la oposición. Jorge Gandini, del Partido Nacional (PN), dijo que el expediente se tramitó “rápido” porque “se presionó a los funcionarios” por parte de las autoridades, mientras que la frenteamplista Amanda Della Ventura —presidenta de la comisión del Senado— sostuvo que “al día de hoy no está claro qué sucedió con las actas”.
El trabajo de la Comisión de Derechos Humanos es dilucidar qué falló para que esas declaraciones —que ahora son analizadas por el fiscal especializado en Crímenes de Lesa Humanidad, Ricardo Perciballe— no hayan sido remitidas a la Justicia en 2006, así como las consiguientes responsabilidades. El actual oficialismo cree que hubo omisión por parte de las autoridades del MDN y de Presidencia que firmaron el fallo, mientras que la versión del ex presidente Tabaré Vázquez, del ex secretario de Presidencia Gonzalo Fernández y del ex subsecretario de la cartera José Bayardi es que el expediente que circuló no contenía las actas, y que la división Jurídica ordenó la homologación sin advertir de las confesiones.
Si bien el expediente en cuestión data de 2006, el caso saltó a la escena pública en agosto, cuando fue entregado por las actuales autoridades del MDN a la organización Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos. Dentro del expediente estaban las actas del tribunal de honor, que recogen que, entre varias confesiones, Gilberto Vázquez expresó: “Tuve que matar y maté, y no me arrepiento”.
Testimonios y evaluaciones
Bayardi y Fernández comparecieron ante la comisión del Senado el mes pasado. Este miércoles lo hizo Usher, quien explicó luego, en declaraciones recogidas por Radio Uruguay, que asistió “para explicar todo y dejar bien claro que ningún funcionario de la asesoría letrada de 2006 retuvo, archivó, guardó o escondió ningún expediente”. Dijo que las actas del tribunal militar formaban parte del expediente, y que “como entró, salió” de Jurídica ese documento.
Según Gandini, la versión que dio Usher en la comisión demuestra que “el camino del expediente fue excepcionalmente rápido” y que “se presionó por parte de las autoridades de la época a los funcionarios para que salga en el día, haciendo quedar personal fuera de horario”. Señaló que el expediente “pasó ocho horas” dentro del MDN y luego llegó a Vázquez, “que lo firmó el día después sin que se le diera entrada formal”.
Consultado por la diaria sobre esta versión, Bayardi rechazó que la ministra de Defensa de la época, Azucena Berrutti, pudiera “dar una orden de ese tipo”. Dijo que de mirar el trámite del expediente surge que “las actas [del tribunal militar con las confesiones] no se digitalizaron con el expediente cuando circuló para la firma de la ministra y el presidente”. Esto, según sostuvo, significa que las autoridades no tenían conocimiento de las confesiones de Gilberto Vázquez, y pone la lupa sobre la actuación de la división Jurídica.
“Siendo un expediente grande, de casi 300 folios [el que llega a Jurídica del MDN], en un día se informa [a la ministra] que está en condiciones de homologarse”, indicó Bayardi. El ex jerarca había dicho al asistir a la comisión que en 2006, un año después de la llegada del Frente Amplio al gobierno, había “un ministerio militarizado en el que los cargos de dirección eran todos ocupados por oficiales”, y se actuaba “con una lógica disciplinaria militar” de “funcionamiento inercial”.
Para Gandini, lo que ocurrió fue que “el comandante en jefe informó verbalmente a la ministra [de la confesión de Gilberto Vázquez que contenía las actas], y conocido el resultado la ministra informó al presidente, que le dijo ‘hay que sacarlo rápido’, y lo rápido fue el archivo” con la homologación del expediente.
Della Ventura aceptó que las versiones recabadas hasta el momento son contradictorias. En ese sentido, agregó que este miércoles también compareció el general retirado Dardo Grossi, quien fuera presidente del tribunal de alzada (segunda instancia) que analizó el caso de Gilberto Vázquez, y relató que “ellos contaron sólo con el dictamen del tribunal y no con todas las actuaciones, o sea que en algún momento estuvo separado” el camino de ambos documentos, concluyó. Dicha versión coincide con lo afirmado por Bayardi.
“No se puede asegurar que a la ministra le llegó todo [el expediente y las actas] ni se puede descartar, no hay una certeza total”, dijo Della Ventura, que preside la comisión.
Otro cruce de versiones ocurrió cuando Usher expresó que el año pasado hubo una orden de destruir los archivos de Jurídica anteriores a 2010, lo que también negó Bayardi. En tanto, Gandini adelantó que pedirá al actual ministro de Defensa, Javier García, que inicie una investigación por este asunto.
De ahora en más el Senado tratará el presupuesto y no hay fijada una nueva reunión de la comisión. Aún se esperan las respuestas de Vázquez, que fue consultado por legisladores de la coalición gobernante sobre su actuación en relación con el caso. La respuesta será por escrito y no hay un plazo establecido.
Della Ventura dijo que ante este escenario de testimonios contradictorios, desde el Frente Amplio se entiende “que lo más correcto es que pase todo a la Justicia para que sea quien dictamine si hubo alguna omisión”.