REPUDIO Y ALERTA
02 de noviembre de 2020
Organizaciones sociales, sindicales y de DDHH
repudian operativos policiales violentos
Una veintena de organizaciones sociales, sindicales y de derechos humanos, (entre ellas el PIT-CNT, SERPAJ y Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos) emitieron un comunicado a través del cual denuncian que el Ministerio del Interior está desplegando violentos operativos policiales para desarmar reuniones y actividades al aire libre usando la fuerza en forma desmedida, repudian tales despliegues represivos y se declaran en alerta.
Tras las denuncias de represión policial y disparos en Plaza Seregni, contra personas congregadas en el lugar, diversas organizaciones sociales, sindicales y de derechos humanos emitieron un comunicado en el cual repudian una serie de operativos policiales violentos para desarmar reuniones y actividades al aire libre que han detectado en los últimos días y se declaran en alerta.
Firman el comunicado: Colectivo Catalejo, Pedal Uy, Rebelarte, Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos, Reactiva, Servicio de Paz y Justicia (SERPAJ), Articulación No a la Reforma, Entre, Cotidiano Mujer, Casa Bertolt Brecht, Intersocial Feminista, Intersocial Cultural, Sociedad Uruguaya de Actores, Colectivo Ni Todo Está Perdido (NITEP), SolidaridadUY, Grupo por la humanización del parto y nacimiento, Jóvenes por la Memoria, Red de Ollas al Sur y el PIT-CNT.
Comunicado
He aquí el texto íntegro del comunicado de las organizaciones:
“Durante este fin de semana, la policía desarrolló varios operativos represivos absolutamente desmedidos y de gravedad:
⁃El viernes de noche un operativo con más de cinco patrulleros y 20 policías armados con escopetas desalojaron el Bar Tundra en Montevideo.
⁃El domingo a la noche en la Plaza Seregni en un fuerte operativo policial con motos, escudos, balas de goma y palazos. Hubo varias personas golpeadas y 12 detenidas (que fueron liberadas en la mañana del lunes).
⁃El domingo a la noche en el Casino del Parque Rodó, luego de que terminara una cuerda de tambores, un grupo de choque de la Republicana con escudos y escopetas avanzó por Salterain.
⁃El domingo a la tarde en El Cuadrado de la Rambla, Plaza de los Bomberos y Plaza Varela fueron desalojados con policías.
⁃Hubo situaciones similares el domingo en San Carlos y Punta del Diablo, y una fuerte represión en Juan Lacaze el sábado.
El Ministerio del Interior está desplegando violentos operativos policiales para desarmar reuniones y demás actividades al aire libre, sin mediar palabra, desplegando y usando la fuerza desmedidamente.
Desde los colectivos abajo firmantes queremos expresar nuestro mayor repudio a estas acciones y los despliegues represivos.
Ni las amenazas, ni los palos, ni las balas de goma, ni las detenciones, son una medida sanitaria.
Nos declaramos en alerta y no vamos a pasar por alto ninguna acción violenta de las fuerzas de seguridad porque no hay excusas para la represión.
Colectivo Catalejo, Pedal Uy, Rebelarte, Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos, Reactiva, SERPAJ, Articulación No a la Reforma, Entre, Cotidiano Mujer, Casa Bertolt Brecht, Intersocial Feminista, Intersocial Cultural, Sociedad Uruguaya de Actores, Colectivo Ni Todo Está Perdido (NITEP), SolidaridadUY, Grupo por la humanización del parto y nacimiento, Jóvenes por la Memoria, Red de Ollas al Sur, PIT-CNT.
No A La Represión Uruguay.
No Hay Excusas.
Estamos En Alerta”.
ACTUACIÓN POLICIAL
02 de noviembre de 2020
Ministerio del Interior da su versión sobre
actuación policial en plaza Seregni
El Ministerio del Interior emitió un comunicado a través del cual dio a conocer su versión sobre la actuación policial en la plaza Líber Seregni, de este domingo 1 de noviembre, en la que se generaron enfrentamientos.
En el comunicado de la secretaría de Estado se indica que el domingo 1º de noviembre sobre las 23 horas, el Centro de Comando Unificado envió un equipo a la plaza Líber Seregni por aglomeración de personas tras recibir llamadas de usuarios al servicio de Emergencia 911.
Al arribar constataron que “había unas 200 personas que no respetaban el distanciamiento social y que tampoco cumplían con ninguna medida de protección personal, por lo que, cumpliendo con lo establecido, leyeron el exhorto por el altavoz del móvil instando a que se dispersaran”.
De acuerdo a la versión de la Policía, “sin tener respuesta alguna, los efectivos bajaron del móvil para dialogar con los presentes, pero como respuesta recibieron insultos y amenazas, sin desistir de su actitud”.
A raíz de ello “se pidió el apoyo de efectivos que estaban dispuestos para el operativo que se realizó a lo largo del fin de semana”.
Luego de que arribaran, “se detuvo a un hombre mayor de edad y allí los presentes, con el objetivo de evitar su traslado, comenzaron a forcejear con los efectivos”. Por este hecho “resultó herido un efectivo y se detuvo a una mujer”.
En ese instante comenzaron “con pedreas a los móviles y policías actuantes, por lo que se realizan disparos de munición menos que letal para dispersar a las personas y evitar mayores desmanes”.
El Ministerio del Interior indicó que en total se realizaron “11 detenciones (siete hombres y cuatro mujeres, todos mayores de edad, que no resultaron heridos) y resultaron heridos tres efectivos; además, tres móviles sufrieron roturas de diversa entidad”.
También se indica que se informó el hecho a la fiscal de Flagrancia de 7º turno Dra. María Eugenia Rodríguez.
El comunicado
He aquí el comunicado del Ministerio del Interior:
La CIDH tomó nota “con preocupación” de
las denuncias de operativos represivos
por la pandemia de coronavirus
3 de noviembre de 2020 ·
La CIDH llamó a Uruguay a “adoptar un enfoque de derechos humanos” en estos procedimientos.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) informó que recibió “con preocupación” las denuncias de organizaciones sociales uruguayas sobre los operativos policiales realizados el fin de semana con el argumento de disolver aglomeraciones en el marco de la pandemia de coronavirus.
En su cuenta de Twitter, la CIDH se refirió específicamente al operativo de la plaza Seregni, en el que tres agentes de la Policía fueron heridos y hubo 11 detenciones. “Según información de sociedad civil, la policía no habría priorizado el diálogo previo a su intervención”, indicó.
En este sentido, la CIDH llamó a Uruguay a “adoptar un enfoque de derechos humanos” en este tipo de operativos, “garantizando el derecho de reunión pacífica”:
Una de las integrantes de la CIDH, la abogada peruana Julissa Mantilla, añadió en su cuenta de Twitter personal que la situación de pandemia “no justifica dejar de lado estándares de derechos humanos y de uso de la fuerza”:
Fiscalía analiza cámaras de los
incidentes en la plaza Seregni
3 de noviembre de 2020 ·
La Institución Nacional de Derechos Humanos recibió la denuncia del caso.
La fiscal de Flagrancia de 7º Turno, María Eugenia Rodríguez, asumió este martes la investigación penal sobre los incidentes ocurridos en la noche del domingo en la plaza Líber Seregni. El caso fue tomado circunstancialmente por el fiscal Rodrigo Morosolli durante el feriado del 2 de noviembre; recibió la declaración de las 11 personas detenidas y dispuso su libertad en calidad de emplazados. Además, antes de derivar el caso a Rodríguez, recibió las filmaciones de las cámaras del Ministerio del Interior.
Según informaron a la diaria desde Fiscalía, Rodríguez avanzará ahora con el análisis de las filmaciones tanto de las cámaras GoPro que llevaban los efectivos que participaron en el operativo, las cámaras del Ministerio del Interior, y otras cámaras de la zona y las filmaciones realizadas por las personas que se encontraban en el lugar.
Luego del análisis de las imágenes se llamará a declarar a los testigos para analizar la situación y resolver las contradicciones que se presentan entre la versión del Ministerio del Interior y la de varias personas que estaban en la plaza el domingo de noche.
Entre las principales contradicciones se encuentra la cantidad de personas que había concentradas en el momento del operativo, relevante a la hora de evaluar en qué medida se estaban violando las disposiciones sanitarias; la supuesta existencia de insultos y agresiones contra la Policía previo a la concreción de las dos primeras detenciones, y la cantidad de civiles heridos.
- Si bien el Ministerio del Interior asegura que sólo fueron heridos tres efectivos policiales, hay testimonios que dan cuenta de civiles heridos, entre ellos el de Leticia Lonchar, de la organización Bloque Antirracista, que recibió una bala de goma en la pierna.
A todo esto, la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH) recibió este martes a 12 testigos del hecho, que realizaron la denuncia ante el organismo y aportaron testimonios y registros del operativo policial. Si bien el fin de semana fueron denunciados otros operativos policiales represivos hasta el momento la INDDHH recibió denuncia sólo por este caso.
¿Qué dicen los decretos en que se basa el Ministerio del Interior para disuadir las aglomeraciones?
Al explicar el operativo en la Plaza Líber Seregni, el Ministerio del Interior apeló al cumplimiento de los decretos aprobados en el marco de la emergencia sanitaria. El primero es el decreto 93/020 del 13 de marzo pasado, por el que el Ejecutivo declaró la emergencia sanitaria y apeló la ley orgánica de Salud Pública (9.202) de 1934, que establece los cometidos del Ministerio de Salud Pública y le atribuye al Ejecutivo el rol de policía sanitaria; y el artículo 44 de la Constitución de la República, que establece que “todos los habitantes tienen el deber de cuidar su salud, así como el de asistirse en caso de enfermedad”. En su artículo 5, el decreto dispone que “las autoridades nacionales, departamentales y municipales competentes deberán evaluar suspender aquellos eventos que impliquen la aglomeración de personas, dado que constituye un factor de riesgo para el contagio de la enfermedad”.
El otro decreto que refiere a la actuación policial en casos de aglomeración fue el firmado el 30 de marzo en la previa de Semana de Turismo, donde se dispuso que el Ministerio del Interior y el Ministerio de Defensa Nacional “en el marco de sus competencias legales y reglamentarias deberán intensificar el patrullaje a los efectos de evitar y disuadir aglomeraciones, especialmente en Semana de Turismo”.
En los hechos, ni el Ministerio del Interior, ni el Ministerio de Salud Pública, ni la Intendencia de Montevideo tienen determinado un número específico para definir una aglomeración, por lo que la decisión sobre si comenzar la intervención policial o no, que en su primera fase consiste en exhortar a las personas a abandonar el lugar, queda a criterio de los efectivos que intervienen en el operativo, en consulta con sus autoridades inmediatas.
Sensibilidad punitiva
Gabriel Tenenbaum
5 noviembre, 2020
Concentración en la plaza Seregni al día siguiente de la represión policial a un grupo de integrantes del Colectivo Antirracista.
La sensibilidad social es una estructura emotiva, moral y de poder, incluso estética, que, básicamente, establece lo que está bien y lo que está mal en una sociedad dentro de un contexto espacial y temporal. Ella «se pone al servicio» de los individuos, los grupos y las instituciones como una especie de esquema de inteligibilidad de la realidad social, del comportamiento humano. Ahora bien, la comprensión no es unívoca. Las estructuras son interpretadas, hasta cierto punto, por los individuos –en sus encuadres colectivos– y ello tiene consecuencias concretas en la acción. Así, entonces, la sensibilidad social es una estructura de inteligibilidad del comportamiento humano que, al mismo tiempo, es alterada fenomenológicamente, en determinada medida, por el propio comportamiento humano.
El concepto tiene un vasto recorrido histórico, con diversas nomenclaturas. Se lo puede rastrear en Émile Durkheim y George Simmel hace más de un siglo y en Norbert Elias décadas más tarde. En Uruguay, fue José Pedro Barrán quien aprovechó como nadie la potencia explicativa del concepto, bajo la influencia foucaultiana, en su clásica obra Historia de la sensibilidad en el Uruguay. En el campo de estudio sobre el delito y la criminalidad, se destacan los trabajos de David Garland y Pieter Spierenburg, entre otros.
Una forma de conocer las sensibilidades de una sociedad y su campo de disputa y dominio es a través de la siguiente pregunta: ¿cómo se distribuyen las leyes penales y las políticas de seguridad pública en la sociedad? Otra vía es responder cómo el gobierno y la oposición gestionan las preocupaciones sociales en materia delictiva y hacia dónde canalizan los malestares y ansiedades sociales sobre el tópico en cuestión. De forma concreta, podríamos preguntarnos cómo se administra la vigilancia, el control y el castigo en la sociedad, considerando, de manera interseccional, dimensiones analíticas como generación, género, clase social, raza, etnia, territorio, argot, movimiento corporal y otras tantas. Una de las sensibilidades que brinda respuestas a estas interrogantes se denomina punitiva. Desde el siglo pasado, la sensibilidad punitiva se estructura (no me refiero a su origen) en lo que en el campo de estudio sobre el delito y la criminalidad se conoce como ideología de la defensa social y realismo de derecha. Veamos, grosso modo, de qué se tratan.
La ideología de la defensa social parte de una concepción ideal, teleológica y moral de lo que tiene que ser una sociedad. Creada en Europa en la década de 1940, la Escuela de la Defensa Social tuvo fuerte influencia en América Latina. Un elemento que promovió la Escuela y que se arrastra hasta nuestros días es la desconexión entre la protección social y la falta o hecho delictivo.1 Ello provoca que los etiquetados como «antisociales» –categoría expulsora y meritocrática utilizada por esta perspectiva para llamar a las personas captadas por el sistema de justicia– no sean merecedores de los bienes y servicios estatales, ni siquiera para los procesos de desistimiento delictivo, para una vida digna en la cárcel, etcétera. Inversión social cero, diríamos en estos tiempos de discusión presupuestal. Los antisociales son meros cuerpos desprotegidos, a menudo jurídicamente «indeterminados».2 De aquí deriva una separación directa y concreta, aunque ficticia, extraordinariamente vigente en la politización de la seguridad pública uruguaya. Me refiero a la construcción de un relato por oposiciones binarias, de inclusión y exclusión, que ya nos enseñaba el jurista, filósofo y miembro del partido nazi, Carl Schmitt, con su clásico concepto de amigo/enemigo.3
El realismo de derecha recoge los antecedentes de las teorías de las «ventanas rotas» a partir de un artículo de James Wilson y George Kelling publicado en 1982.4 Sin embargo, los primeros antecedentes se registran a finales de la década de 1960 con los experimentos del psicólogo Philip Zimbardo y los programas de patrullaje policial del estado de Nueva Jersey, en Estados Unidos. El ejemplo paradigmático del realismo de derecha es la política de «tolerancia cero» o «mano dura» de la alcaldía de Rudolph Giuliani en Nueva York entre los años 1994 y 2002. La característica esencial de la teoría de las ventanas rotas es la primacía del orden por sobre todas las cosas, incluso sobre la impartición de justicia y el bienestar económico y más allá de cómo se logre. Esta posición prioriza el fortalecimiento del control y la vigilancia policíaca, así como la organización «normal» del espacio público y la circulación, en detrimento de políticas contra la desigualdad, programas de inserción social, etcétera. La primacía del orden por sobre todas las cosas se detecta cuando respondemos a la interrogante: ¿cómo se utiliza el ejercicio de la violencia por parte de las fuerzas de seguridad públicas? Ello se puede observar en infinidad de objetos de estudio: normas, políticas, procedimientos policiales, etcétera. Por ejemplo, para el caso de las concentraciones de personas en espacios públicos en el contexto del covid-19, podemos acercarnos a la sensibilidad del gobierno con el decreto 114/020 del 31 de marzo de 2020, que facultó al Ministerio del Interior y al Ministerio de Defensa Nacional para evitar y disuadir aglomeraciones y no a las secretarías de salud, educación y social para realizar una labor de mediación extrajudicial. Hasta podría haber recurrido a la mediación judicial, pero no lo hizo. Y así podríamos seguir señalando indicadores que evidencian la primacía del orden (un orden) por sobre todas las cosas.
La ideología de la defensa social y el realismo de derecha son mucho más que dos perspectivas para entender la criminalidad, estructuran la sensibilidad punitiva latinoamericana de las últimas décadas en materia de política criminal. Gestionan el malestar social administrando dolor, de forma desigual y en distintas intensidades. Instalan un estilo de ley y orden en el que el poder soberano se expande desmesuradamente reafirmando el segregacionismo.5
La sensibilidad punitiva es incapaz de desestructurar el poder y alivianar las asimetrías. Reacciona violentamente a la desobediencia. Se radicaliza peligrosamente en su desvelo por lograr la meta imposible de una sociedad ordenada según su estructura emotiva, moral y estética. Más aún en el recrudecimiento de las desigualdades, que es el terreno fértil de la radicalización de las relaciones de poder. La obsesión punitiva es de temer.
Este marco conceptual, aunque breve pero necesario, plantea algunas herramientas teóricas y señales históricas para saber de qué hablamos cuando decimos punitivismo. También es un llamado de atención o, más bien, el planteo de una pregunta de necesaria discusión pública: ¿estamos en la antesala de un nuevo «momento punitivo»? 6
- Del Olmo, R. (2010). América Latina y su criminología. Ciudad de México, Siglo XXI.
- Agamben, G. (2003). Homo Sacer. El poder soberano y la nuda vida. Valencia, Pre-textos.
- Schmitt, C. (1991). El concepto de lo político. Madrid, Alianza Editorial.
- Wilson, J., y Kelling, G. «Broken windows. The police and neighborhood safety», The Atlantic, marzo de 1982.
- Garland, D. (2001). La cultura del control. Crimen y orden social en la sociedad contemporánea. Barcelona, Gedisa.
- Fassin, D. (2018). Castigar. Buenos Aires, Adriana Hidalgo.
LA OPOSICIÓN ANTE LA POLÍTICA REPRESIVA
Garrote selectivo
Víctor Hugo Abelando
6 noviembre, 2020
Los operativos policiales del último fin de semana aceleraron la interpelación al ministro del Interior por parte de la oposición, algunos de cuyos voceros cuestionaron una política represiva sustentada en la discriminación y el prejuicio hacia ciertos sectores sociales.
Concentración en la Plaza Seregni en protesta por la represión llevada a cabo por la republicana el día anterior en la misma plaza.
A comienzos de los años sesenta, Hanna y Barbera crearon una serie de dibujos animados llamada Don Gato y su pandilla. Entre sus personajes se encontraba el oficial Matute, el policía de la zona que, más allá de los conflictos que tenía con esa pandilla, priorizaba una relación de convivencia y diálogo. Era lo más parecido a la policía comunitaria o de proximidad, que alguna vez se intentó crear con las mesas de convivencia. No obstante, el carácter más punitivo de la acción estatal, junto con el crecimiento de la exclusión social, del descontento de amplios sectores y, también, de la delincuencia llevaron a que la política de seguridad priorizara la creación del PADO (Programa de Alta Dedicación Operativa), distintos grupos operativos represivos y un papel creciente de una fuerza de choque como la Republicana.
El sociólogo Rafael Paternain destacó a Brecha que esa lógica ha dado un salto en muy pocos meses y que, «de alguna manera, el resultado de la acción policial es esperable en función de la perspectiva ideológica de este gobierno y en función de lo que ha ido habilitando la Ley de Urgente Consideración. Tal vez con dos particularidades. Hay una primera parte de esa acción policial apuntando al control social, al hostigamiento, a la práctica violenta más intensificada, bajo criterios de selectividad propios de la Policía. Estos episodios también bordean ciertos niveles de violencia institucional, pero ahora amparados bajo la idea de la legítima defensa presunta, con algunos episodios que están en un borde complicado».
El problema, añadió, es que, por ahora, «esas acciones están muy desarticuladas en la opinión pública, son como chispazos que no llegan a tener todas ellas una conexión fuerte como para advertir en el debate público que hay algo que se está moviendo. No es una dirección enteramente nueva: estamos en una época que es parte de un pasado reciente en términos de una matriz de gestión de la Policía, de una cultura institucional, sólo que ahora intensificada. Creo que todo esto que termina con los episodios del pasado fin de semana (en la plaza Liber Seregni, entre otros), que pretenden controlar supuestas aglomeraciones, tienen una línea de acción que seguramente se irá agravando».
El diputado frenteamplista Carlos Varela comentó a Brecha que se vive una situación compleja, porque después de mucho tiempo la gente comienza a tener la necesidad de verse para determinado tipo de actividades. «El límite entre la necesidad social de reunirse y los riesgos para la salud es complicado de resolver. Pero las medidas que el gobierno tomó para evitar las aglomeraciones, algunas aceptables, tienen un margen de discrecionalidad que complican la propia actividad de impedirlas y le generan a la gente un nivel de incertidumbre de lo que puede hacer y lo que no. Doy un ejemplo que cualquier montevideano puede haber vivido: el mismo día que se reprimió excesivamente lo que pasó en la plaza Seregni, en la rambla de Montevideo y en algunos otros lugares había miles de personas aglomeradas que no fueron reprimidas ni disueltas. Esto me lleva a preguntar si se está actuando así en determinados lugares por el tipo de gente que se reúne mientras en otras zonas se hace la vista gorda, lo cual sería todavía peor, porque estaríamos ante una situación de discrecionalidad y de discriminación que no se puede permitir», señaló el legislador.
Para Paternain, es claro que la Policía tiene un criterio de selectividad, «como lo tiene todo el sistema penal, muy marcado por criterios de clase, que ahora pueden tener aspectos raciales, hasta culturales. La duda es si eso es una parte de algo que viene más desde arriba o si la Policía reacciona frente a ciertas denuncias de lo que algunos llaman la vecinocracia, es decir un movimiento de intolerancia de los propios vecinos que intentan definir la vida social en términos de peligro o de riesgos eminentes en una plaza o en una esquina. Me inclino a pensar que pueden ser las dos cosas: puede haber un lineamiento vertical, pero también un movimiento de alianzas entre esa demanda social –que tiene componentes fascistas– con la respuesta policial».
También concuerda con que la represión es muy torpe en la resolución de los conflictos. «No imagino que en la plaza Seregni hubiera una aglomeración tan grande, un riesgo mayor. Se puede hacer una intervención selectiva sobre la base de una policía comunitaria, que haya relaciones mucho más de proximidad, de cercanía, de diálogo, de anticipación en el barrio.» El sociólogo considera que este tipo de reuniones son más bien episodios de socialización espontáneas, gente que se reúne a pasar un rato, a poder intercambiar y que si bien pueden chocar con lo recomendable en la pandemia, hay herramientas de intervención policial mucho más discretas y dialogantes. Pero por ahora, agregó, «lo que existe es un modelo que sigue siendo el del “verdugueo”, el hostigamiento, en esta cosa del trato vertical y bastante agresivo. El relato oficial es que no hubo personas heridas, aunque aparentemente sí las hubo por balas de goma».
Por su parte, Varela subrayó que la decisión de eliminar las mesas de convivencia es un grandísimo error en este momento, muy coincidente con la ideología del gobierno. «Eliminaron ese instrumento y a la vez mandan a reprimir. Y lo hacen sobre núcleos que pueden ser mal vistos por el resto de la sociedad, porque el precio que pagan es menor. Otra vez vuelven a trabajar sobre la discriminación y el prejuicio. Hay que recordar las razias de Sanguinetti y en qué terminaron.»
En opinión del diputado, estas acciones policiales van generando el clima para la represión, por ejemplo, «con las críticas a la Marcha de la Diversidad, a las movilizaciones del Pit-Cnt. Van creando el enemigo. Ahora no es el comunismo, sino el que atenta contra la salud, son los trabajadores organizados, los trans, la gente que lucha por los derechos. El mensaje es inteligente. Y busca asentarse en las concepciones más arcaicas de importantes sectores de la sociedad».
Según Paternain, ese accionar de la Policía genera rechazo en muchas zonas de la ciudadanía y la gente puede «reaccionar a veces de mala manera, la mayoría de las veces de forma justificada, otras no. Frente a eso hay formas de gestionar el rechazo ciudadano a un nivel que no implique la escalada de violencia, la intervención de la Republicana y la detención de personas y todo lo que se generó. Por eso digo que hay una lógica del modelo que no está operando bien».
En opinión de exjerarcas del Ministerio del Interior, no se puede actuar mediante intentos de disuasión inespecíficos, ya que nada impide dialogar con los referentes de las 180 cuerdas de tambores que existen y acordar con ellos, al igual que con los comercios, una forma de expresión y funcionamiento que no ponga en riesgo la salud en medio de la pandemia. Pero el camino elegido, sostuvieron, es otro: el de la sanción ejemplarizante y estigmatizante.