Larrañaga desconoce normas de DDHH, afirmó Crysol
La Asociación de ex presas y ex presos
políticos de Uruguay salió al cruce de las expresiones
del ministro del interior quien «reprochó públicamente a la
Institución Nacional de los Derechos Humanos
por no preocuparse de los derechos de los policías».
5 NOVIEMBRE, 2020
En el marco de la polémica que se desató la semana pasada a raíz de los sucesos de represión policial en la Plaza Seregni, el ministro del Interior, Jorge Larrañaga realizó declaraciones públicas en las cuales acusó a la Institución Nacional de Derechos Humanos (INDDHH) de no preocuparse por los derechos de los efectivos policiales.
Estas expresiones fueron tildadas de «profundamente equivocadas y peligrosas» por parte de la organización Crysol, que nuclea ex presas y presos políticos. Entienden que el ministro incurrió en «un grave error conceptual» y que demostró un «desconocimiento inusitado acerca de las normas de Derechos Humanos. En tal sentido, explicaron que «las normas de Derechos Humanos no se establecieron a nivel mundial y nacional para proteger los derechos de funcionarios estatales, sino todo lo contrario».
«No son los ciudadanos quienes se ensañan con los funcionarios del Estado, sino todo lo contrario. Son los ciudadanos, especialmente los más débiles, quienes sufren los abusos de poder, ya sea de la policía o de funcionarios estatales en otros establecimientos», agregaron.
Explicaron también que estas normas se tornaron imprescindibles luego de «los horrores experimentados luego de la Segunda Guerra Mundial». «Quienes portan armas siempre están en el ojo de la tormenta y son los más denunciados».
Señalan también que los funcionarios policiales y su actuación «están en el epicentro de denuncias y la atención mediática, por los excesos los abusos frecuentes». Expresan que el uso de armas por parte de estos servidores públicos se fundamenta en garantizar el disfrute de los derechos de los ciudadanos , incluso el de la protesta pacifica. «Por eso es tan grave cuando incurren en violentar las normas o se exceden en el uso de la fuerza sin motivo, ni razón como se suele constatar».
Para Crysol, el ministro del interior debe entender que «las normas de Derechos Humanos son un escudo protector de los ciudadanos frente a los funcionarios del Estado».
INCIDENTES EN LA PLAZA LIBER SEREGNI
Alto, en nombre de la ley
Enzo Adinolfi Camilo Salvetti Camila Zignago
6 noviembre, 2020
Las versiones contrapuestas entre los involucrados y el Ministerio del Interior las tendrá a consideración Fiscalía, mientras que los especialistas coinciden en que el accionar de la Policía en la plaza Seregni no estaba amparado por la ley. Con respecto al año pasado, desde el inicio del gobierno se duplicaron las denuncias ante la Institución Nacional de Derechos Humanos por presunto abuso policial. Asimismo, las cifras de detenciones por desacato aumentaron significativamente en los últimos meses, antes y después de promulgada la Ley de Urgente Consideración, que dio mayor autonomía a los efectivos policiales.
Concentración en la Plaza Seregni en protesta por la represión policial.
«Los fines de semana es así: hay grupitos, tocamos los tambores, bailamos», cuenta al semanario un vecino de la plaza Líber Seregni. La noche del domingo 1 de noviembre no fue la excepción. Cuando los vecinos atisbaron la comitiva policial desde la vereda frente a la plaza, sobre la calle Daniel Muñoz, aguzaron la mirada, buscando donde estaba el conflicto, quizás sobre Eduardo Víctor Haedo. Los presentes y los futuros involucrados, incluso, también pispearon hacia atrás. Bastaron unos segundos para darse cuenta de que los patrulleros y las motos venían por ellos: eran alrededor de 40 o 50 personas –según los testimonios que pudo recabar Brecha– que, como un ritual, hacían lo mismo que todos los fines de semana: cantar, bailar.
—¡Dale, dale, tengo órdenes, se van! Por orden los invito a retirarse –manifiestó uno de los policías que, al descender del patrullero, se acercó hacia los que permanecieron en los bancos y no corrieron.
—¿Es una orden o es una invitación? –preguntó, confundido, quien luego sería el primer detenido de la noche.
—Es una orden –contestó otro uniformado.
—Ahora sí.
En ese momento, él y su pareja, quienes tuvieron el diálogo más cercano con los oficiales, se levantaban con intenciones de retirarse, pero el policía –el mismo que luego sería protagonista de repetidos atropellos– lo tomó del cuello y lo tiró al suelo. Es entonces que comenzaron a grabarse los innumerables videos que circulan en las diversas redes sociales. Hay, sin embargo, versiones contrapuestas y se pretende que las cámaras de la Seregni, las Gopro de los efectivos policiales y las de los sitios aledaños arrojen claridad sobre los hechos. La fiscal de Flagrancia de séptimo Turno, María Eugenia Rodríguez, está a cargo del caso. Pero según fuentes de Fiscalía, el análisis de las grabaciones llevará su tiempo.
El diálogo y el contexto previo lo cuentan varias fuentes involucradas. El Ministerio del Interior (MI) se aleja de lo narrado y planteó a través de un comunicado que en la plaza había 200 personas sin distanciamiento social ni medidas de protección que por el altavoz del móvil fueron exhortadas a dispersarse y que ante la falta de movimiento aparente tuvieron que descender de los vehículos para «dialogar», pero «como respuesta recibieron insultos y amenazas, sin desistir de su actitud». En consecuencia, pidieron refuerzos y detuvieron a un hombre, sin especificar el motivo.
Eran las 22.50 cuando, según una de las cámaras que enfoca a la calle Muñoz y a la que pudo acceder Brecha, comenzaron a llegar los primeros patrulleros y las motos, por Requena y por Muñoz. Las calles se colmaron de sirenas en menos de tres minutos. «Lo agarraron por negro y por ser de Peñarol», dijo uno de los vecinos acerca del primer detenido. En uno de los videos viralizados, se lo ve tirado en el suelo boca abajo, con los brazos cruzados en la espalda, inmovilizado por un agente. Lo esposaron. Lo levantaron. Lo llevaron hacia el patrullero. En el comunicado se habla de «forcejeos» para evitar su traslado. En distintos videos filmados por los propios presentes se oye la disconformidad de que se lo lleven, se oye la pregunta de por qué lo trasladan, pero no se llega a observar los forcejeos.
En el camino hacia un patrullero estacionado por Muñoz, alguien del grupo se acercó al policía que se lleva al detenido, pero sin titubear este le pegó de inmediato un palazo en la pierna. «¡¿A dónde se lo llevan?!», pregunta, cinco veces, la pareja del hombre. En primera instancia, no recibe respuesta. Tampoco se respondió en ningún momento de la noche la pregunta por la identidad de los responsables del operativo.
***
La mayoría eran amigos o, por lo pronto, conocidos. Había gente de dos comparsas y del Bloque Antirracista. Previamente, las comparsas habían dado la vuelta por el barrio tocando el tambor y habían parado ahí en la plaza, como siempre. Previamente, el Bloque había tenido una actividad sobre antirracismo, feminismo y arte, y también había parado ahí en la plaza, a continuar la instancia.
Ya con el detenido al lado de la puerta trasera del patrullero, se acercó una de sus amigas y un uniformado intentó tomar por el cuello a la mujer. Ella trató de evitarlo, pero rápidamente el agente, con una maniobra brutal, logró atraparla, colocar sus brazos atrás y ponerla contra el móvil. Él, un oficial varón. Apareció, entonces, una uniformada y otros policías taparon con sus escudos lo que estaba sucediendo.
«¡Se están llevando a […] que no estaba haciendo nada!» «¡¿Porque somos negros nos están llevando?!» «¡Acá nadie mató a nadie, acá nadie está haciendo nada malo!», se oye reclamar en otro video. Y en una grabación distinta se oye a la pareja del detenido preguntando a qué seccional se lo llevan. El mismo efectivo, que en un principio no respondió, ahora lo hace: «A la seccional», se limita a decir. Le pregunta a cuál: «A la cuarta». Su novio ya está adentro del patrullero y, mientras, la amiga sigue siendo sostenida contra la puerta del vehículo. El policía que arrestó primero, que luego detuvo violentamente a la mujer, es quien, acto seguido, la agarró del pelo para intentar meterla dentro del auto. Más adelante, será este mismo agente quien persiga y detenga a la pareja del primer arrestado y, según uno de los testimonios brindados a Brecha, quien de los pelos lleve, arrodille y detenga contra la pared a dos mujeres más.
Al mismo tiempo, dos de los presentes dieron algunos golpes con sus palmas sobre el patrullero y los escudos, pero, inmediatamente, una mujer se interpuso gritando «¡basta!», estirando sus brazos y resguardando a los policías. «¡Violencia no!», continuaba. Esa misma mujer luego se dio la vuelta e interpelando a uno de los policías dijo: «¿Sabés lo que sentimos?, ¿sabés lo que siento yo?».
El patrullero partió. La mujer que filmaba desde que su pareja fuera detenida se va para atrás, cruzando la calle, y el policía antes mencionado camina en dirección a ella. «A mí no me vas a agarrar», le dice, entre tanto avanza hacia su persona. Deja de grabar cuando el paso se vuelve corrida, pero otro agente le sigue el rastro, la persigue y la toma de los brazos por detrás. Como en la precedente ocasión, es recién allí cuando aparece la policía mujer y tratan, juntos, de retenerla. «Por favor, oficial […] no está haciendo nada malo», vocifera quien graba, entre el clamor unánime de que la suelten.
En la cámara aledaña se puede visualizar el momento justo en que la ahora detenida es perseguida, exactamente a las 22.53. Apenas habían pasado diez minutos de la llegada de los policías y la Guardia Republicana. Las distintas voces presentes aseguran que ese fue el único arribo de la noche, que descendieron a fuerza de choque y sin ánimos de dialogar.
***
23.03. La gente corre. Se disparan los primeros balazos. La grabación a la que accedió el semanario no permite saber por qué ocurrieron. Sin embargo, en uno de los videos que circulan, una mujer golpea fuertemente el escudo de uno de los agentes mientras otra persona arroja una botella de vidrio hacia un policía que está al costado de aquel. En ese mismo instante la Republicana tira, hasta lo que se oye, cuatro balas presuntamente de goma. El primer tiro, el único que se divisa, va directo hacia los pies de quienes se encontraban en frente de quien disparó: el que tiró la botella y tres personas más. El video es confuso porque es escueto y sin contexto.
«No hubo nadie herido ni lesionado, salvo tres policías actuantes», escribió el ministro del Interior, Jorge Larrañaga, en su cuenta de Facebook. Sin embargo, una de las detenidas contó a Brecha que, en la seccional, otro de los detenidos le mostró el impacto de «por lo menos» tres heridas de bala cerca del tobillo y en un isquiotibial. «Fue todo desmedido, arbitrario. Yo me comí un balín de goma en la pierna. Fue como una cacería humana», manifestó Leticia Lonchar, integrante del Bloque Antirracista, y agregó que un oficial le dio un «palazo en la mano» a una compañera y que otras habían recibido «impactos de bala de goma en la espalda» (véase La Diaria, 02-XI-20). La constante, hasta el momento, eran los refuerzos policiales, incluso un par de mujeres oficiales, ya que en primera instancia sólo había una y las mujeres estaban siendo detenidas por varones. La constante, también, fueron las corridas bruscas de los policías hacia varios presentes. Por otro lado, las grabaciones de celular no las hicieron sólo los civiles, sino que también pudo observarse cómo un policía cruzó la calle únicamente para grabar a las personas.
23.30. Ya casi no quedan civiles en el lugar. A los 20 minutos llegan efectivos de la Policía científica. A la una continuaban todavía ahí con linternas que alumbraban la plaza en su totalidad, en la búsqueda de sólo ellos sabrán qué. A la 1.35 es cuando, finalmente, comenzaron a retirarse.
¿Y AHORA QUÉ?
Los detenidos fueron 11: siete varones y cuatro mujeres, sin antecedentes penales. Nueve de ellos, afrodescendientes. Liberados en la mañana del lunes, quedaron emplazados, a disposición de la Justicia para ser citados a declarar. «Un hecho racista, autoritario, violento y totalmente repudiable», escribió el Bloque Antirracista en un comunicado al que se adhirieron 45 organizaciones y colectivos. Las repercusiones fueron inmediatas y no sólo hubo una concentración autoconvocada en la Seregni al otro día de los hechos, sino que muchas otras organizaciones también se unieron para manifestar su repudio por los operativos policiales que se realizaron ese fin de semana en distintos puntos del país, algunos de los cuales también habrían tenido características violentas. Según lo informado por el MI, hubo más de 350 operativos para desarticular aglomeraciones de personas y fiestas clandestinas.
Pero la interna policial tampoco parece ser la mejor. De acuerdo al matutino oficialista El País, tras la destitución del inspector mayor Erode Ruiz como jefe de Policía de Montevideo, reina entre los uniformados la «tensión», el «dolor» y el «miedo» (véase El País, 01-XI-20). Ruiz, un hombre de confianza del presidente Luis Lacalle Pou desde los años noventa, cuando era parte de la guardia de su padre, el expresidente Luis Lacalle Herrera. El propio Lacalle Pou lo había indicado para la jefatura capitalina y, sin embargo, sucedió lo que sucedió (véase «La última guapeza», Brecha, 30-X-20).
Llama la atención, además, la tardía denuncia de los tres policías presuntamente heridos en la Seregni. Hasta las tres de la tarde del lunes, según informaron fuentes de Fiscalía, no la habían presentado y, de hecho, los daños a los móviles y sus propias lesiones –manifestadas por diversos jerarcas del MI– habrían sido minimizadas por ellos mismos, quienes entendían que podrían haber sido consecuencia del clásico forcejeo. Aun así, esa misma tarde presentaron la denuncia formal por heridas y se dispuso el análisis de médicos forenses.
EL DERECHO DE REUNIÓN
La pregunta es evidente: ¿dentro de qué marco legal actuó la Policía, tanto en la plaza Seregni como en las demás intervenciones? Los hechos se dieron, según la cartera, amparados en el decreto 93/020 del Ministerio de Salud Pública, en el que se declaró la emergencia sanitaria, y en el 114/020, emitido previo a la Semana de Turismo, que instaba al MI y al Ministerio de Defensa Nacional a «intensificar el patrullaje a los efectos de evitar y disuadir aglomeraciones». Si bien el decreto determina que la intensificación debía darse especialmente durante la Semana de Turismo, aún continúa vigente.
Pero tal blindaje legal es discutido. Según el abogado Juan Ceretta, «el artículo 38 de la Constitución ha sido ignorado», en referencia al apartado de la carta magna que garantiza el derecho a reunión, el cual «no podrá ser desconocido por ninguna autoridad de la República sino en virtud de una ley, y solamente en cuanto se oponga a la salud, la seguridad y el orden públicos». Es decir, según Ceretta, «que si cualquier gobierno entiende que por una situación de pandemia hay que limitar el derecho de reunión, tiene que conseguir que se apruebe una ley» en tal sentido y no se puede limitar ese derecho «a través de una resolución de un ministro o de un decreto». Simple jerarquía de normas.
El decreto 93/020 habla de que las fuerzas policiales deben exhortar y cumplir un rol disuasivo. «Lo que no tiene respaldo normativo es cualquier acción policial que se pase de la exhortación», explicó a Brecha el jurista, y puntualizó que «cuando la Policía supera el diálogo y pasa a la fase de represión, ya se está teniendo una conducta ilegítima».
El abogado especializado en derecho penal, Martín Fernández, coincidió en que es necesario «empezar a aportar claridad a estas situaciones en el sentido de que se conozca si existe un protocolo para actuar por parte de la Policía en estas circunstancias», en vista de que «los decretos no pueden limitar derechos y garantías fundamentales» consagrados en la Constitución. Esto, señaló, es consecuencia «de haber privilegiado una Policía más represiva en lugar de una que apele al diálogo».
Fernández consideró que, si bien hay una «radicalización» en el discurso policial, «no es un tema nuevo», sino que se trata de una escalada que viene desde hace mucho tiempo y cuyo cenit es la Ley de Urgente Consideración (LUC), aprobada por el Parlamento en el mes de julio. De todas formas, la propia ley de urgencia fue catalogada como una norma que «empodera a los policías», sobre todo con algunos cambios en la figura del desacato ante la autoridad policial –artículo 173 del Código Penal– que introduce en su artículo 11 y la especificación de nuevos delitos derivados de este.
Según Ceretta, estas nuevas figuras que se «desgranan» del desacato son peligrosas «en la medida en que pueden significar una criminalización de la protesta», a pesar de que si bien «el desacato en sí ya existía, lo que siempre estaba en discusión es si yo me puedo resistir a una orden ilegítima». Ahora, el problema es que la definición del desacato incluye cosas como «obstaculizar un procedimiento, resistirse al arresto, insultar o agraviar a la figura del policía», lo que entra en un terreno de difícil definición y dibuja una línea difusa entre un procedimiento correcto y el abuso policial.
Además la LUC modificó el artículo 100 del Código Penal sobre el principio de oportunidad, que restringía a los fiscales la facultad de decidir qué delitos perseguir. Con la modificación, según advirtió la Asociación de Magistrados Fiscales de Uruguay en su momento, se suprimió la parte del artículo que «ordenaba la comunicación al fiscal por parte de la autoridad policial de las diligencias de investigación llevadas a cabo en un hecho determinado, lo que permite inferir que el Ministerio del Interior realizará una selección de los casos a investigar y efectuará actuaciones a libre albedrío».
La selección, entonces, está en manos de la Policía, que ya no tiene por qué dar cuenta a la Fiscalía sobre los operativos. Así, los motivos de detenciones y violencia se volvieron más volubles, cuando debería ser cuestión de los operadores jurídicos «marcar dónde está el límite de esa subjetividad». Y parece hora de ponerlo. Según el pedido de acceso a la información que realizó Brecha a Fiscalía, entre abril y setiembre de este año hubo 433 detenciones por desacato ante la autoridad policial que tuvieron al menos un formalizado. En estos cinco meses, se observa un salto importante entre mayo y junio: de 62 casos a 96, para luego bajar levemente, aunque se mantuvieron en el entorno de los 70 u 80 casos por mes. Sin embargo, el número de los que realmente acabaron formalizados es baja: nueve por resistencia al arresto y cinco bajo la nueva concepción de desacato.
ENFILADOS
La coalición multicolor se enfiló detrás de la figura de Larrañaga. Carlos Camy, senador por el Partido Nacional y quien además es íntimo amigo del ministro, dio un informe a la bancada blanca de lo sucedido en plaza Seregni este martes, con base en información de la Secretaría de Estado y opiniones de abogados. Por unanimidad, los nacionalistas decidieron apoyar «en todos los términos» lo actuado por el MI.
«En absoluto hubo un episodio de represión o maltrato de la Policía», sostuvo el legislador a la prensa y cuestionó al Frente Amplio, que definió esta semana interpelar a Larrañaga por los magros resultados de la cartera, el cese de Ruiz y la escalada represora por parte de los efectivos policiales desde que inició el gobierno (véase «Garrote selectivo» en esta misma edición).
Por su parte, Julio María Sanguinetti, secretario general del Partido Colorado, cuestionó: «¿Dónde están los muertos y los heridos?». En conversación con radio Monte Carlo este jueves, el expresidente apuntó que los efectivos policiales fueron los «únicos lesionados», cuando en realidad no fue así, según lo recabado por este semanario.
En tanto, el diputado colorado Ope Pasquet minimizó el accionar policial y se basó en los registros fílmicos que circularon por las redes sociales, alegando que estos «muestran las provocaciones que debieron soportar los funcionarios policiales. Procedieron muy bien, imponiendo la autoridad sin abusar de la fuerza», posteó en Twitter.
Cabildo Abierto (CA) no pasó desapercibido. El diputado rebelde Eduardo Lust opinó que el gobierno debería decretar las medidas prontas de seguridad para que la Policía tenga «más marco legal» mientras dure la emergencia sanitaria (véase «Un exceso con miras de futuro» en esta misma edición).
El líder de la colectividad política, el general Guido Manini Ríos, se desmarcó de la propuesta de Lust. «No es una propuesta correcta y menos de CA, que no lo ha tratado en la bancada», apuntó el senador en diálogo con radio Universal. Fuentes del gobierno aseguraron a Brecha que esta posibilidad nunca estuvo sobre la mesa.
Pero inesperadamente, en la misma semana en que la pandemia se volvió el argumento de cabecera para justificar los operativos policiales, el Grupo Asesor Científico Honorario del gobierno instó a usufructuar «más y mejor las playas, plazas y calles peatonales», con los mismos cuidados anunciados al inicio de la emergencia sanitaria.
PARÁ UN POCO
Una veintena de los presentes el domingo por la noche acordaron presentar una denuncia ante la Institución Nacional de Derechos Humanos (INDDHH) el martes. Autoridades del instituto declinaron opinar al semanario sobre el procedimiento policial, dado que la denuncia entrará en etapa de investigación. Los equipos técnicos, tras una ardua pesquisa, podrán constatar si existieron o no violaciones a los derechos humanos durante el operativo. Esto puede tardar semanas.
Según informaron a Brecha, desde el inicio del gobierno hasta este jueves se registraron 41 denuncias de presunto abuso policial ante la INDDHH. En marzo hubo un pico de denuncias. Por la pandemia, tiempo en que gran parte de la población se confinó voluntariamente, ese número bajó, pero, tras la apertura de los distintos sectores, la cifra aumentó. En comparación con el año pasado, comprendido en el mismo período, el número se duplicó. En 2019, de marzo a noviembre, la INDDHH había recibido 19 denuncias por presunto abuso policial.
La INDDHH se ha expedido sobre otros casos en los que hubo abuso policial. Dado los tajantes pronunciamientos que ha tenido el organismo, la relación con el MI no pasa por su mejor momento (véase «Me apuntan con el dedo», Brecha, 28-VIII-20). Basta recordar el operativo en Malvín Norte en el que los derechos de los vecinos fueron violados (véase «Estaba visto», Brecha, 31-VII-20). Larrañaga ha expresado insistentemente que el organismo está sesgado ideológicamente hacia la izquierda, algo que los directores niegan.
OTRA VEZ ARROZ
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) criticó al gobierno por el accionar policial en la plaza. Esto al Poder Ejecutivo no le cayó de la mejor manera. La CIDH había posteado en Twitter este martes que, «según información de la sociedad civil, la Policía no habría priorizado el diálogo previo a su intervención».
En ese sentido, la Corte llamó al Estado uruguayo a adoptar un «enfoque» de derechos humanos en las «medidas de contención de la pandemia, garantizando el derecho de reunión pacífica, sin armas, la libertad de expresión y el diálogo, en observancia de los estándares interamericanos sobre uso de la fuerza pública».
La cancillería acusó a la CIDH de ser «parcial» y de haberse «precipitado» al catalogar como presuntos abusos «la actitud profesional» de la Policía. «La intervención de la Policía se guió en todo momento por dicho principio, instando a las personas presentes en dicho espacio público, por medio del diálogo y la comunicación previas, a adoptar las medidas de precaución correspondientes y a disolver la aglomeración, por los peligros que conlleva dicho tipo de conducta para la propagación del virus», señala el texto que difundió la cartera conducida por Francisco Bustillo. No obstante, según lo relatado por los vecinos, esto parece no ser cierto.