Amenazas del Comando,de Barneix: olvidadas?

Las amenazas del Comando Barneix podrían archivarse

La red oculta

Mauricio Pérez
5 febrero, 2021

La causa que investiga las amenazas sufridas por un grupo de abogados, jerarcas y activistas por los derechos humanos podría archivarse al cumplirse cuatro años de una indagatoria sin avances. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos reclamó, una vez más, que estos hechos no queden impunes.

La indagatoria penal por las amenazas del autodenominado Comando Barneix podría terminar en nada. En enero de 2017, varias personas recibieron un correo electrónico desde una casilla desconocida. Allí se leía: «El suicidio del general Pedro Barneix no quedará impune, no se aceptará ningún suicidio más por injustos procesamientos. Por cada suicidio de ahora en más, mataremos a tres elegidos azarosamente de la siguiente lista».

Barneix se suicidó en setiembre de 2015, luego de que la jueza Beatriz Larrieu dispusiera su procesamiento con prisión por el homicidio político de Aldo Perrini, en 1974. Se quitó la vida cuando el personal policial llegó a su domicilio para trasladarlo al juzgado, donde sería notificado de la resolución. En 2005, integró una comisión interna del Ejército que elaboró, por orden del entonces presidente Tabaré Vázquez, el primer informe sobre detenidos desaparecidos durante la dictadura.

Los amenazados eran 13 personas con diversa participación en causas por violaciones de los derechos humanos durante la dictadura: los abogados Juan Errandonea, Federico Álvarez Petraglia, Óscar López Goldaracena, Juan Fagúndez, Hebe Martínez Burlé y Pablo Chargoñia; el exministro de Defensa Jorge Menéndez (fallecido); la exfiscal Mirtha Guianze; el fiscal de Corte Jorge Díaz; la exvicencanciller Belela Herrera; el juez francés Louis Joinet; el activista brasileño Jair Kirshke, y la investigadora italiana Francesca Lessa. La amenaza tuvo incidencia directa en la vida de algunos de ellos; Lessa, por ejemplo, no pudo retornar a Uruguay por decisión de la Universidad de Oxford.

Cuatro años después, sin embargo, la indagatoria penal tuvo un escaso avance, lo que abre la posibilidad de que se archive por prescripción. «La realidad es que no se ha avanzado […] y ahora se podría cerrar», dijo a Brecha el abogado denunciante Leonardo di Cesare. Su interpretación se basa en la normativa penal. El delito de amenazas tiene una pena mínima leve, de multa, por lo que, de acuerdo con el artículo 117 del Código Penal, prescribe a los cuatro años. A esto se suma la posible aplicación del principio de oportunidad, que habilita a los fiscales a abandonar una investigación penal cuando no haya elementos que permitan avizorar que una persona será imputada del delito. Estas dos normas darían vía libre al pedido de archivo.

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