Amenazas del Comando,de Barneix: olvidadas?

Las amenazas del Comando Barneix podrían archivarse

La red oculta

Mauricio Pérez
5 febrero, 2021

La causa que investiga las amenazas sufridas por un grupo de abogados, jerarcas y activistas por los derechos humanos podría archivarse al cumplirse cuatro años de una indagatoria sin avances. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos reclamó, una vez más, que estos hechos no queden impunes.

La indagatoria penal por las amenazas del autodenominado Comando Barneix podría terminar en nada. En enero de 2017, varias personas recibieron un correo electrónico desde una casilla desconocida. Allí se leía: «El suicidio del general Pedro Barneix no quedará impune, no se aceptará ningún suicidio más por injustos procesamientos. Por cada suicidio de ahora en más, mataremos a tres elegidos azarosamente de la siguiente lista».

Barneix se suicidó en setiembre de 2015, luego de que la jueza Beatriz Larrieu dispusiera su procesamiento con prisión por el homicidio político de Aldo Perrini, en 1974. Se quitó la vida cuando el personal policial llegó a su domicilio para trasladarlo al juzgado, donde sería notificado de la resolución. En 2005, integró una comisión interna del Ejército que elaboró, por orden del entonces presidente Tabaré Vázquez, el primer informe sobre detenidos desaparecidos durante la dictadura.

Los amenazados eran 13 personas con diversa participación en causas por violaciones de los derechos humanos durante la dictadura: los abogados Juan Errandonea, Federico Álvarez Petraglia, Óscar López Goldaracena, Juan Fagúndez, Hebe Martínez Burlé y Pablo Chargoñia; el exministro de Defensa Jorge Menéndez (fallecido); la exfiscal Mirtha Guianze; el fiscal de Corte Jorge Díaz; la exvicencanciller Belela Herrera; el juez francés Louis Joinet; el activista brasileño Jair Kirshke, y la investigadora italiana Francesca Lessa. La amenaza tuvo incidencia directa en la vida de algunos de ellos; Lessa, por ejemplo, no pudo retornar a Uruguay por decisión de la Universidad de Oxford.

Cuatro años después, sin embargo, la indagatoria penal tuvo un escaso avance, lo que abre la posibilidad de que se archive por prescripción. «La realidad es que no se ha avanzado […] y ahora se podría cerrar», dijo a Brecha el abogado denunciante Leonardo di Cesare. Su interpretación se basa en la normativa penal. El delito de amenazas tiene una pena mínima leve, de multa, por lo que, de acuerdo con el artículo 117 del Código Penal, prescribe a los cuatro años. A esto se suma la posible aplicación del principio de oportunidad, que habilita a los fiscales a abandonar una investigación penal cuando no haya elementos que permitan avizorar que una persona será imputada del delito. Estas dos normas darían vía libre al pedido de archivo.

La indagatoria penal fue por demás azarosa. El expediente estuvo varias veces paralizado, con audiencias esporádicas en el tiempo. El análisis del texto del correo electrónico permitió trazar un perfil de su autor sin mayores detalles: una persona mayor con conocimientos informáticos, vinculados al mundo militar. Los integrantes del Comando Barneix no eran, por tanto, improvisados ni principiantes, sino expertos. Las pericias informáticas tampoco aportaron información sustantiva sobre el origen del correo.

El dato más significativo se conoció casi al inicio de la indagatoria. Los correos fueron enviados a través de la red Tor, un software libre y una red abierta que dificulta el análisis del tráfico y la identificación directa de las partes en una comunicación, según detalla un informe de la Facultad de Ingeniería. Según este informe, la red Tor «está constituida por un grupo de servidores operados por voluntarios que permiten a las personas agregar características de privacidad y seguridad en Internet». «Los usuarios de Tor utilizan esta red conectándose a través de una serie de túneles virtuales en lugar de establecer una conexión directa, lo que permite a las organizaciones y a los individuos compartir información sobre redes públicas sin comprometer su publicidad», añade.

El informe analizó dos direcciones de origen. La primera era mail.mail2tor.com, asociada a la red Tor. La información extraída fue nula, ya que, a diferencia de lo que sucede con los servidores de Gmail y Hotmail, «la creación de una cuenta y el envío de correo posterior utilizando dichas cuentas es totalmente anónimo». «El anonimato es tal que, aun obteniendo información del propio servidor de correo del servicio mail2tor, la información del puesto de trabajo utilizado para el envío seguiría siendo anónima», lo cual impide identificar al emisor, dice el informe. La casilla era mail.guerrillamail.com. Según la pericia, se trata de una plataforma o servicio de correo «que proporciona acceso a una cuenta de mail temporal, sin necesidad de registro de datos filiatorios»; cada sesión dura 60 minutos. Este estudio permitió avanzar un poco más. Se definió que el correo fue enviado desde la dirección de IP 209.66.119.115, cuyo origen era Estados Unidos. Sin embargo, esta dirección «es un conocido nodo de salida de la red Tor», es decir, un nodo que vincula esta red con Internet.

Todo esto permite confirmar que el autor del correo electrónico sabía lo que hacía. Un pequeño error en la confección o el envío del correo podría haberse utilizado para superar el obstáculo del anonimato y revelar su identidad, pero eso no ocurrió. En este sentido, Lessa aseguró que la causa penal en Uruguay «no logró ningún avance» en aclarar quiénes fueron los autores de la amenaza. En diálogo con Brecha, afirmó que durante la indagatoria las víctimas de las amenazas sugirieron varias medidas para romper con ese anonimato, entre ellas, enviar un exhorto a la plataforma Guerrilla Mail para que liberara datos sobre el origen del correo, pero nunca obtuvieron una respuesta de la Justicia. También solicitaron que este hecho fuera investigado junto con otras situaciones, como el robo a la sede del Grupo de Investigación en Antropología Forense, de forma de desentrañar un patrón de amenazas vinculadas a temas de derechos humanos y delitos de lesa humanidad, pedido que fue rechazado.

A esto se le sumó una denuncia penal por el mensaje viral de Whatsapp en las horas previas al balotaje de 2019, también firmado por el Comando Barneix, en el que ordenaba votar al actual presidente de la república, Luis Lacalle Pou, so pena de considerar traidor al desobediente. Ese mensaje decía: «Sabemos quién sos y contamos con tu voto y el de tu familia para votar a la patria. Es una orden. Las órdenes se acatan y quien no lo haga es un traidor. Sabemos cómo tratar a los traidores. La única opción es ganar. Antes caer de espaldas que de rodillas. Empezamos a volver». Todo esto, según Lessa, da cuenta de que la amenaza fue parte de un patrón común.

En este marco, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos expresó esta semana su preocupación por el eventual archivo de la indagatoria penal por las amenazas del comando: «Los actos de intimidación a las personas actuantes en la defensa de las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos de la dictadura, así como las que imparten la justicia en tales causas, pueden aumentar el riesgo de que estas queden en la impunidad». Reclamó a Uruguay que desarrolle una pronta, exhaustiva y diligente investigación sobre los hechos, estableciendo las responsabilidades materiales e intelectuales de la amenaza y sancionando a los responsables. Ya se había pronunciado en 2019 sobre la falta de avance en la investigación. Según el organismo, esto podía «menoscabar la confianza de la ciudadanía en las instituciones del Estado encargadas de administrar e impartir justicia».

Comando Barneix: fiscalía investigará

conexión con otros grupos militares

y buscará información en

los archivos Castiglioni

13 de febrero de 2021 ·

 

La amenaza podría tipificarse como asociación para delinquir y la causa no se archivaría.

La jueza penal de 26º turno, Ana De Salterain, convocó a una audiencia para el 22 de febrero, en la que se analizarán los próximos pasos a dar en la causa que investiga las amenazas de muerte realizadas bajo la firma de “Comando Barneix” contra 13 personas vinculadas al sistema de justicia, la investigación y la defensa de los derechos humanos.

Según informaron a la diaria, fuentes de la investigación, una nueva línea sobre la que se está trabajando es un posible vínculo entre el Comando Barneix y otros grupos con un perfil ideológico similar, como el Comando de Restauración Nacional, o los responsables de los sitios web Alerta religión o El fin del silencio austero.

También se analizará si de los archivos encontrados en la casa del coronel retirado Elmar Castiglioni, que revelan espionaje en democracia, surge información que pueda resultar relevante para la causa.

Para la audiencia del 22 fue convocado el inspector que analizó una eventual conexión entre el Comando de Restauración Nacional y el Comando Barneix. Si bien a priori el oficial no encontró relación, la fiscalía quiere saber cuáles fueron las conclusiones a las que llegó y a quiénes se pudo individualizar en relación a ese grupo.

Las fuentes señalaron que una de las posibilidades es que los hechos denunciados se enmarquen en el delito de asociación para delinquir, lo que determinaría que la causa prescribiría recién en 2027 y no a mediados de febrero de 2021, como ocurriría si se imputara un delito de amenaza.

La defensa de la parte denunciante valoró la disposición a investigar por parte de la fiscalía penal de 1º turno, que está siendo subrogada por el fiscal Luis Pacheco, y señaló que la idea de estudiar otros grupos que pudiesen estar vinculados al Comando Barneix había sido planteada en 2019, pero nunca se había impulsado.

Días atrás, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se expresó sobre la causa en su cuenta de Twitter, desde donde llamó al Estado uruguayo a “desarrollar investigaciones prontas, exhaustivas y diligentes de los hechos, estableciendo las responsabilidades materiales e intelectuales y sancionando a los responsables”.

Además, señaló que “los actos de intimidación a las personas actuantes en la defensa de las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos de la dictadura, así como a las que imparten la Justicia en tales causas, pueden aumentar el riesgo de que queden en la impunidad”.

Ayer, Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos señaló su preocupación por un eventual archivo de la causa y por la falta de avance en la investigación.

“Es imperioso que se realice la investigación pertinente frente a tan graves hechos que no respetan la integridad y la vida de personas y erosionan el Poder Judicial. Estas amenazas atentan contra la democracia, que tanto sacrificio costó a nuestro pueblo recuperar”, señala el comunicado.

En los primeros cuatro años de investigación se realizaron tres audiencias y una de ellas fue convocada por un error administrativo. Hasta ahora, se avanzó en la creación de un perfil psicológico de los redactores de la amenaza y en el rastreo del origen físico del correo electrónico, que al ser enviado a través de un explorador que evita la identificación del lugar no logró ningún resultado útil para la causa.

La amenaza realizada por el Comando Barneix fue recibida entre los últimos días de enero y los primeros días de febrero de 2017 y en ella se anunciaba que se vengaría la muerte del general Pedro Barneix, quien se suicidó antes de ser detenido por la Policía por el homicidio del simpatizante frenteamplista Aldo Perrini, ocurrido en Colonia en febrero de 1974.

“No se aceptará ningún suicidio más por injustos procesamientos. Por cada suicidio, de ahora en más mataremos a tres elegidos azarosamente”, señalaba la carta enviada al fiscal de Corte Jorge Díaz; al entonces ministro de Defensa Jorge Menéndez; a la exdirectora de la Institución Nacional de Derechos Humanos Mirtha Guianze; a la exsubsecretaria de Relaciones Exteriores Belela Herrera; a los abogados vinculados a causas sobre crímenes de lesa humanidad Hebe Martínez Burlé, Oscar López Goldaracena, Federico Álvarez Petraglia, Juan Fagúndez, Juan Errandonea, Pablo Chargoñia; al activista brasileño Jair Krischke; al magistrado francés Louis Joinet, y a la investigadora italiana Francesca Lessa.

El Comando Barneix también está siendo investigado por otro mensaje distribuido el 21 de noviembre de 2019, en el que se llamaba a votar al presidente Luis Lacalle Pou “con el apoyo del general Guido Manini Ríos”. Si bien los denunciantes presentaron el hecho como una ampliación de la denuncia, la Fiscalía consideró que ese hecho debía investigarse bajo el nuevo código de proceso y la derivó a la fiscalía de Flagrancia de 6º turno, a cargo del fiscal Pablo Rivas.

 

 

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.