Medida cautelar de prisión
preventiva para Eduardo Ferro
La justicia resolvió dictar la medida cautelar de prisión preventiva debido a los antecedentes de fuga que presenta el militar retirado.
Mar 27, 2021
La justicia uruguaya decidió dictar medida cautelar de prisión preventiva para el coronel retirado Eduardo Ferro. La decisión adoptada por los tribunales corresponde a los antecedentes que presenta el imputado, quien anteriormente huyó a España.
La medida cautelar se mantendrá sobre el acusado hasta tanto el tribunal resuelva los recursos de inconstitucionalidad que presentó la defensa del retirado militar.
La defensa de Ferro presentó un recurso de inconstitucionalidad contra la ley Nº 18831, que regula el restablecimiento de la pretensión punitiva del Estado para los delitos cometidos en aplicación del terrorismo de Estado.
La jueza Silvia Urioste insistió que el asunto ya estaba resuelto por la Suprema Corte de Justicia (JSC), pero la defensa insistió en su petición. Posteriormente, el coronel retirado se negó a realizar declaración alguna ante el tribunal hasta que no se resuelva dicha el incidente procesal de inconstitucionalidad.
El proceso que se realiza contra Ferro busca esclarecer su participación en la desaparción del militante comunista Oscar Tassino en 1988, durante la última dictadura en el país.
El imputado arribó al país sobre las 10:00 horas de hoy tras conseguir su extradición desde España, país al que se había fugado. Desde el aeropuerto de Carrasco se trasladó al juzgado de 27º turno, que se encuentra en el centro de Montevideo.
Asimismo, Ferro es procesado por el secuestro de Universindo Rodríguez, Lilian Celiberti y sus hijos, que tuvo lugar en Porto Alegre (Brasil) en 1978. También se le investiga por haber ejecutado torturas en el Batallón de Ingenieros Nº 4 entre 1975 y 1978.
Detención de Eduardo Ferro:
“No olvidamos a las víctimas, pero tampoco
a los criminales del terrorismo de Estado”
1 FEB 2021
La asociación ¿Dónde están? recuerda que ha sido el trabajo de las organizaciones de derechos humanos el que ha impedido que el exmilitar uruguayo pueda cobrar su pensión y haya decidido, por ello, entregarse ante la justicia.
Una gran victoria. Así es como valoran desde la asociación ¿Dónde están? la detención, el pasado 27 de enero, de Eduardo Ferro Bizzozero, huido de la justicia uruguaya desde que fue llamado a declarar en 2016 por la muerte del sindicalista Óscar Tassino.
Ferro, exmilitar y miembro del Servicio de Inteligencia uruguayo, está acusado de haber participado en secuestros y asesinatos relacionados con la Operación Cóndor, y también de haber realizado acciones de espionaje a partidos políticos y sindicatos ya en democracia.
Un año después de su huida, en septiembre de 2017, fue detenido por agentes de la Policía Nacional española en un hotel en Madrid, pero, cuando ocho meses después, en mayo de 2018, el Consejo de Ministros aprobó definitivamente su extradición, Ferro ya había sido puesto en libertad. El 23 de noviembre, dos meses y medio transcurridos tras su detención, la Audiencia Nacional había decidido, por petición de la Fiscalía, su liberación.
“Para nosotros debe ser la primera vez en la historia de la cooperación penal internacional que un fiscal es el que dice que se dé la libertad provisional. Ni siquiera es que fuera la defensa de Ferro. Esto es lo más indignante”, enfatizó Martín Fernández Chiossoni, abogado del Instituto de Estudios Legales y Sociales del Uruguay (IELSUR), a El Salto en una entrevista sobre prófugos de la justicia latinoamericana por crímenes realizados en dictaduras en septiembre de 2020.
Dos años después, el ex militar uruguayo ha decidido entregarse voluntariamente a la justicia y pactar su entrega con la Interpol en Uruguay, avisándoles de su ubicación: Peñíscola (Castellón). Meses antes, el exmilitar había concedido una entrevista al periodista uruguayo Alfonso Lessa, al que aseguró que se encontraba aún en España, en “un lugar apartado (…), reservado, en un pueblo chico, pero bien, cómodo”. En esa entrevista, Ferro habló de las desapariciones de personas que tuvieron lugar en Uruguay durante la dictadura, a las que tachó de “mala decisión desde el punto de vista estratégico e inhumanas”. Pero en esa misma entrevista descartó comparecer ante la Justicia en un breve plazo, acusando a las instituciones uruguayas de justicia de tener “un tufillo a total venganza”.
“Fue la movilización infatigable durante más de 40 años contra la impunidad lo que hizo posible que el gobierno decidiera en 2018 que un militar prófugo de la justicia por crímenes de lesa humanidad no pudiera obtener en los consulados uruguayos el documento de ‘fe de vida’ necesario al cobro de su jubilación”
“Fue la movilización infatigable durante más de 40 años, por verdad y justicia, contra la impunidad lo que hizo posible en particular que el gobierno decidiera en 2018 que un militar prófugo de la justicia por crímenes de lesa humanidad no pudiera obtener en los consulados uruguayos el documento de ‘fe de vida’ necesario al cobro de su confortable jubilación”, explican desde la asociación ¿Dónde están?. “La aplicación de esta medida jugó un papel determinante en la decisión del ex militar de entregarse, según sus propias declaraciones”.
“Las organizaciones de derechos humanos nunca olvidan a las víctimas, pero tampoco a los criminales del terrorismo de Estado. La exigencia de verdad, justicia y memoria está presente en todos lados donde hay defensores de los derechos humanos”, continúan desde esta organización, que resalta que han sido las diferentes organizaciones de derechos humanos las que han difundido fotos y el historial de Ferro para que no consiguiera esconderse de la justicia.
Ahora, y con la experiencia de la última detención en España del exmilitar uruguayo, desde esta organización exigen que se realicen rápidamente los trámites necesarios para la extradición de Ferro a Uruguay.
Desapariciones y Plan Cóndor
La causa por la que Ferro va a comparecer ante la justicia uruguaya es por la muerte de Oscar Tassino, sindicalista y militante del Partido Comunista que fue detenido en su casa, en Montevideo, el 21 de julio de 1977. Varios testigos han identificado a Ferro como una de las personas que se lo llevaron. Tassino fue conducido al centro de detención clandestino La Tablada, y nunca más se supo de él. La causa por la desaparición de Tassino se abrió en 1985, pero poco después fue archivada por la Ley de Caducidad que dictó el Gobierno de Julio María Sanguinetti, también llamada Ley de Impunidad.
Ferro también está siendo investigado por su posible participación en otros secuestros y desapariciones. Una de ellas es la de Fernando Miranda, profesor de Derecho Civil en la Facultad de Derecho de la Universidad de la República de Uruguay y militante del Partido Comunista uruguayo y del Frente Amplio. Fue detenido en noviembre de 1975 por el Órgano Coordinador de Operaciones Antisubversivas (OCOA), del que Ferro formaba parte. El profesor fue trasladado al centro de detención clandestino 300 Carlos, conocido como Infierno Grande o La Fábrica, en cuyos alrededores su cuerpo sin vida fue encontrado el 2 de diciembre de 2006 e identificado un año después.
Otra posible víctima de Ferro es María Claudia Garcia Iruretagoyena Casinelli, embarazada de siete meses. Fue secuestrada en agosto de 1976 en Buenos Aires por un comando de la Secretaría de Informaciones del Estado (SIDE) de Argentina junto a su marido, Marcelo Gelman Schubaroff, su cuñada Nora Eva Gelman y su amigo Luis Eduardo Pereda. Fueron llevados al centro clandestino Automotores Orletti. Dos días después, Nora y Luis Eduardo fueron liberados y Marcelo fue asesinado de un tiro en la nuca. María Claudia fue trasladada a mediados de octubre a Montevideo, al Centro de detención del Servicio de Información de Defensa. Tras dar a luz en diciembre, se cree que ella y su hija fueron trasladadas al Batallón de Infantería número 14, en la ciudad uruguaya de Toledo, donde Maria Claudia fue asesinada y enterrada. Su hija, María Macarena García Gelman, fue entregada a un militar.
La desaparición de los uruguayos Jorge Gonçalvez y Andrés Humberto Domingo Bellizzi, el 14 y el 19 de abril de 1977 en Buenos Aires, es otro de los casos en los que Eduardo Ferro aparece como posible responsable. Ambos fueron llevados por el Ejército uruguayo al centro de detención clandestino El Club Atlético, en la capital argentina, según el testimonio de otros uruguayos también detenidos en el mismo centro y que afirman que tanto Jorge como Andrés Humberto fueron interrogados por Eduardo Ferro. Los dos continúan desaparecidos.
El 12 de noviembre de 1978, los uruguayos Universindo Rodríguez, Lilián Celiberti y sus dos hijos de 8 y 13 años fueron secuestrados en Porto Alegre (Brasil) por un comando del Ejército uruguayo y llevados a Uruguay. La denuncia en medios de comunicación impidió que fueran asesinados y, días después, los hijos fueron llevados con sus abuelos y Lilián y Universindo instalados en la cárcel de Punta de Rieles, donde fueron torturados y puestos en libertad cinco años después, con la vuelta de la democracia al país. Celiberti, en su testimonio sobre el secuestro, según aparece en la obra Mi habitación, mi celda, realizado a partir de entrevistas con la periodista y feminista uruguaya Lucy Garrido, involucra en el secuestro a Eduardo Ferro.
Eduardo Ferro continuó su carrera militar como miembro del Servicio de Información y Defensa (SID) de Uruguay desde 1980, tras haber actuado encubierto en Argentina hasta 1982. También está acusado de ser responsable de acciones de espionaje a políticos, sindicatos y organizaciones sociales mientras ocupaba el cargo de jefe en el Batallón Florida entre 1988 y 1991, según confirmaron ante el Parlamento uruguayo en 2018 ex militares testigos de los hechos.
Más tarde, según denunció el diario uruguayo Brecha en 1998, Ferro, que entonces contaba 51 años, pasó a trabajar en la empresa Federal Seguridad, del empresario Miguel Sofía, que durante diez años estuvo también prófugo de la justicia, acusado de ser parte de los escuadrones de la muerte, grupos paramilitares de extrema derecha que tenían como objetivo atacar a miembros del Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros.
Tras reabrirse la causa por la desaparición de Óscar Tassino en 2011, en noviembre de 2016 la titular del Juzgado Penal 10 de Montevideo, Dolores Sánchez, citó a Ferro a declarar, pero este no se presentó. Seis meses después de que Interpol lo incluyera en sus alertas rojas de búsqueda internacional, el 7 de septiembre de 2017 el ex militar uruguayo fue detenido en un hotel en Madrid. Ese mismo día, el titular del Juzgado Central de Instrucción 1 de Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, ordena su entrada en prisión a la espera de completar el proceso para su extradición a Uruguay. El 20 de octubre, el Consejo de Ministros, a propuesta del entonces ministro de Justicia Rafael Catalá, aprueba continuar el proceso de extradición de Ferro.
El 11 de mayo de 2018, el Consejo de Ministros aprueba definitivamente la extradición a Uruguay de Eduardo Ferro. En ese momento se afirma que el exmilitar se encuentra en prisión provisional, pero no era verdad. La ubicación de Ferro volvía a ser una incógnita
El 17 de noviembre de 2017, Interpol Madrid comunica a Interpol de Uruguay que el Juzgado de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional había iniciado ya el proceso de extradición de Ferro y que, dentro de la instrucción, este “no consentía en ser extraditado y que no renunciaba al principio de especialidad”, un concepto penal por el que la normativa más específica prevalece sobre la normativa más general. En el mismo mail, Interpol Madrid comunica que, al no consentir Ferro en su extradición, la causa pasaba a una instancia superior, que era la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, y que este continuaba en prisión.
El 9 de febrero de 2018, la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, formado por los magistrados María José Rodríguez Duplá, Julio de Diego López y Enrique López López —este último consejero de Interior, Justicia y Víctimas del Terrorismo del Gobierno de la Comunidad de Madrid desde 2019, apartado en 2015 del tribunal del caso Gürtel por sus vínculos con el Partido Popular— emite un auto en el que se decide la extradición de Ferro pero en el que también se señala que, desde el 23 de noviembre de 2017, el exmilitar uruguayo estaba en libertad, una decisión adoptada por este tribunal a petición de la Fiscalía.
Desde El Salto hemos solicitado al departamento de prensa de la Audiencia Nacional la solicitud del fiscal en la que se hacía la petición de la puesta en libertad de Ferro, así como el nombre del mismo, pero solo han podido facilitar el auto que acepta la extradición. Medio año después de la detención, el 11 de mayo de 2018, el Consejo de Ministros aprueba definitivamente la extradición a Uruguay de Eduardo Ferro. En la referencia del Consejo de Ministros de ese día se afirma que el exmilitar se encuentra en prisión provisional, pero no era verdad. La ubicación de Ferro volvía a ser una incógnita. Hasta ahora, que se ha presentado ante la Interpol por iniciativa propia.
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El coronel Eduardo Ferro, enviado a prisión preventiva
Tras las rejas
Mauricio Pérez
31 marzo, 2021
Después de más de tres años de vivir como prófugo de la Justicia uruguaya, Eduardo Ferro llegó al país, pero se negó a declarar en un juzgado. La jueza Silvia Urioste lo envió a prisión preventiva hasta que se resuelvan los recursos dilatorios presentados por su defensa. Pero Ferro también podría ser juzgado por otros casos emblemáticos.
Eduardo Ferro en el juzgado de 27.º turno, el 27 de marzo
Cuando los efectivos policiales llegaron a su domicilio, en Pinares (Maldonado), para entregarle la citación judicial, el coronel (r) Eduardo Ferro ya no estaba en el país. Su esposa les explicó que había viajado a Europa para participar, en calidad de juez, en un evento internacional de karate y que volvería a fin de año para pasar las fiestas con su familia (Caras y Caretas, 16-III-17). Así se lo informaron a la jueza Dolores Sánchez, que resolvió fijar una audiencia para marzo de 2017. En esa instancia, Ferro debía declarar como indagado en la causa penal por el secuestro y la desaparición, en 1977, del dirigente del Partido Comunista del Uruguay (PCU) Óscar Tassino Asteazú. Nunca se presentó. Según los registros de la Dirección Nacional de Migraciones, abandonó Uruguay el 15 de octubre de 2016. Volvió al suelo oriental tres años y medio después, en el vuelo 6611 de Iberia, extraditado desde España. Fue trasladado directamente a declarar.
La defensa de Ferro procuró evitar que pisara el juzgado. En un escrito entregado días antes, se planteó que debía cumplir con la cuarentena obligatoria de 14 días prevista para quienes ingresan al país en el contexto de la pandemia. La jueza Silvia Urioste rechazó el pedido. Según el Ministerio de Salud Pública, la situación de Ferro estaba amparada en las excepciones previstas en el ítem 4.i del decreto 159/2020, que habilita el ingreso al país de personas con fines judiciales, pero con circulación restringida en el territorio nacional. El militar sólo debía presentar un test de PCR con resultado negativo efectuado 72 horas antes del viaje. Una vez que llegó a la sede, la defensa presentó nuevos recursos para posponer la audiencia: uno de inconstitucionalidad contra la ley 18.831 (que restableció la pretensión punitiva del Estado) y otro de prescripción. La jueza los rechazó por considerar que había una cosa juzgada. Se trata, en efecto, de recursos ya presentados durante la indagatoria y desestimados. Ante esto, la defensa presentó una queja por denegación de inconstitucionalidad y un recurso de apelación, que también fueron rechazados, y le recomendó a Ferro que no declare.
En este marco, el fiscal Ricardo Perciballe solicitó la prisión preventiva del militar ante un eventual riesgo de fuga. Se basó en la denominada teoría del buñuelo y en la ley 19.653, que habilitan a disponer la prisión preventiva para evitar los recursos dilatorios de las defensas. Esto supone aplicar conceptos del actual Código del Proceso Penal en causas penales que se tramitan bajo el anterior. Un antecedente es el caso del exintegrante del Escuadrón de la Muerte Miguel Sofía, quien estuvo más de un año en prisión preventiva antes de ser procesado. Tras analizar la situación, Urioste aceptó el pedido de la fiscalía. Ferro fue enviado a prisión y alojado en la cárcel de Domingo Arena, donde están recluidos otros 20 militares y policías procesados o condenados por graves violaciones de los derechos humanos. Una vez que se resuelvan los recursos pendientes, volverá a ser citado a declarar. Y la jueza podrá dictar sentencia.
La extradición de Ferro se concedió para el caso Tassino, pero, cuando estaba por ser entregado a Uruguay, la Justicia española habilitó que también sea juzgado en la causa por torturas en el Batallón de Laguna del Sauce (Maldonado). En tanto, a pedido de Perciballe, el 23 de marzo la Justicia envió un exhorto a España para que también pueda ser investigado por el secuestro de Lilián Celiberti, Universindo Rodríguez y sus dos hijos.
CASO TASSINO
El 19 de julio de 1977, tres personas vestidas de particular llegaron a una finca ubicada en Máximo Tajes 6632. Se identificaron como integrantes de las Fuerzas Conjuntas, redujeron al matrimonio dueño de casa, montaron una ratonera y esperaron. Sobre las 9 horas llegó Tassino, dirigente del PCU, quien fue detenido y trasladado a La Tablada, donde fue torturado. Hoy está desaparecido.
La denuncia penal por su secuestro y su desaparición fue presentada en 1985 por su esposa, Disnarda Flores. La causa fue archivada en 1987, al amparo de la ley de caducidad. Sin embargo, en 2006, la familia de Tassino solicitó la reapertura del caso, amparada en el derecho a la verdad. El juez Rolando Vomero (hoy jubilado) aceptó el planteo y citó a testigos. Posteriormente, la causa fue excluida de la caducidad, lo que permitió citar a militares. La indagatoria determinó que los integrantes de las Fuerzas Conjuntas que llegaron a la finca eran los militares Ernesto Ramas, Jorge Pajarito Silveira y Ferro. De los tres, sólo Silveira declaró ante la Justicia. Ramas no pudo declarar, por motivos de salud, y Ferro no lo hizo, por haberse fugado del país.
En octubre de 2020, Perciballe solicitó el procesamiento con prisión de Silveira como coautor del homicidio muy especialmente agravado de Tassino. También le imputó tres delitos de privación ilegítima de la libertad y tres de abuso de autoridad contra los detenidos, por los crímenes cometidos contra otros militantes. Según el dictamen, la detención de Tassino fue parte de un operativo del Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas, focalizado en el PCU.
En 1975, se había llevado a cabo la denominada Operación Morgan, un operativo represivo contra el PCU que derivó en la detención de decenas de dirigentes y militantes de esa colectividad.
Ese operativo tuvo como base el centro clandestino de detención «300 Carlos» o «Infierno Grande». En 1977, en tanto, el OCOA se encontraba abocado a «sofocar los brotes de resistencia organizada del PCU y su inserción sindical y universitaria, por lo que focalizaban sus tareas a la detención de sus integrantes», señaló Perciballe.
Para estos operativos, se utilizó como base de operaciones La Tablada, «donde mediante la utilización sistemática de torturas a los prisioneros obtenían información que permitía efectuar nuevas detenciones». La primera oleada de detenciones se produjo entre mayo y junio de 1977. Cerca de un centenar de integrantes del PCU y la UJC fueron trasladados a La Tablada donde fueron sometidos a «aberrantes tormentos en procura de obtener la confesión de su pertenencia a dichas organizaciones, y el nombre de otros integrantes». En este marco, se produjo la detención de Tassino, interrogado y torturado, sin ser sometido a la justicia militar.
El perfil de un militar que disputó «honores» con José Gavazzo
La oscuridad más profunda
Samuel Blixen
31 marzo, 2021
El profuso prontuario de un militar formado en operaciones de inteligencia, rival de José Gavazzo y que en los recientes tribunales de honor fue acusado por Jorge Silveira de haber ventilado los nombres de los asesinos de María Claudia García de Gelman.
Eduardo Ferro luego de la audiencia en el juzgado el sábado 27 de marzo
Eduardo Ferro, el coronel de inteligencia que decidió abandonar la clandestinidad en España y entregarse a la Justicia uruguaya, no goza de la amistad del selecto grupo de terroristas de Estado que él compartió. Un episodio consignado en el tribunal de honor para juzgar a José Gavazzo –que provocó la crisis política de 2019–, contado a los generales del jurado por el coronel Jorge Pajarito Silveira, sugiere que Ferro fue quien chivateó a los policías y militares implicados en la desaparición de María Claudia García de Gelman. Según Silveira, Gavazzo, Ricardo Arab, Juan Carlos Rodríguez Buratti, Ernesto Ramas y Gilberto Vázquez se reunieron para tomar una posición frente a la oferta del entonces secretario de la Presidencia, Gonzalo Fernández, de «entregar algunos huesitos» como contrapartida de una solución para eludir la acción judicial que pendía sobre ellos. En una de las reuniones, Rodríguez Buratti contó que en los primeros días de 1977 Arab llevó a María Claudia en una camioneta desde la sede del Servicio de Información y Defensa (SID) hasta el Batallón 14 de Infantería (no especificó si viva o muerta), donde Ricardo Medina y José Sande, los policías en comisión en el SID, cavaban una fosa a plena luz del día. Cuando el comandante del Ejército, el general Ángel Bertolotti, convocó a los oficiales de aquellas reuniones para que contaran dónde estaba enterrada María Claudia, Gavazzo se reunió con Ramas y le dijo: «Explotó lo de Gelman. El traidor es Ferro. Hay que matarlo». El epílogo del episodio, según Silveira, fue que Bertolotti se reunió con Sande y Medina, quienes le indicaron un falso lugar de enterramiento.
Quizás los entretelones de esa enemistad entre Gavazzo y Ferro se expliquen por la competencia que ambos sostenían en los aparatos de inteligencia, uno en el SID, como jefe de operaciones, y otro en la Compañía de Contrainformación del Ejército, también como jefe de operaciones. Salvo dos breves períodos, en 1975 y comienzos de 1976, en que actuó en comisión en el SID y en el Órgano Coordinador de Operaciones Antisubversivas (OCOA), Ferro concentró su actividad en Contrainformación, donde cometió los principales crímenes de su prontuario.
Ante la Justicia Ferro está acusado de participar en la desaparición de Fernando Miranda, en noviembre de 1975, actuando en el 300 Carlos, en comisión en el OCOA, durante la Operación Morgan contra el Partido Comunista; en la desaparición, en Argentina, de Andrés Bellizzi y Jorge Gonçálvez, secuestrados en abril de 1977 y vistos por última vez en el centro clandestino Club Atlético, donde, junto con el mayor Carlos Calcagno, los habría interrogado; en la desaparición del militante comunista Óscar Tassino, secuestrado el 18 de julio de 1977 y muerto el 21 en el centro de detención La Tablada; en el secuestro, en Porto Alegre, Brasil, de Lilián Celiberti, sus dos hijos –menores de edad– y Universindo Rodríguez, en noviembre de 1978. En 1980 ingresó en forma permanente en el SID, donde fue nombrado jefe del Departamento III, en el que desarrolló una red de espías e informantes. Durante el primer gobierno de Julio María Sanguinetti, esa red jugó un papel preponderante en la oposición a la campaña del voto verde, para derogar la ley de caducidad. Ese espionaje se centraba en políticos, sindicalistas, sacerdotes, académicos y periodistas.
La carrera de Ferro como oficial de inteligencia sufrió dos tropezones: uno cuando fue destinado a la Escuela Militar, en 1976, decisión que consideró una maniobra contra su persona, y otro en 1990, cuando fue relevado de su actuación en el SID, después convertido en la Dirección General de Información de Defensa (DGID). La designación como jefe del Batallón de Ingenieros 2, en Florida, fue consecuencia del poco aprecio que le dispensaban los dos principales de la inteligencia al comienzo del gobierno blanco, el general Mario Aguerrondo (h) y el coronel Tomas Cassella, ambos involucrados en la desaparición del agente chileno Eugenio Berríos. Al partir hacia su nuevo destino en Florida, sustrajo documentación de la DGID, que constituyó su material de archivo para una estructura paralela de inteligencia en el Batallón de Ingenieros, con la participación de civiles ajenos a la unidad, desde donde espió y vigiló a estancieros de origen blanco. La resistencia de un oficial subordinado a cumplir las órdenes de espionaje lo llevó a ordenar su asesinato durante una práctica de tiro. El episodio fue denunciado al ministro de Defensa Nacional, Raúl Iturria, pero no hubo consecuencias.
Ferro fue calificado como «hombre de la CIA», según la afirmación del coronel Carlos Silva Valiente al ser interrogado en un tribunal de honor. Silva era jefe del Departamento II del SID cuando Ferro era jefe del Departamento III. La rivalidad los llevó a dirimir las diferencias a trompada limpia en la calle. El vínculo con la agencia de inteligencia estadounidense explicaría la ayuda que Ferro recibió desde el momento en que decidió huir de la Justicia uruguaya y cuando fue citado a declarar por el caso Tassino. Esas apoyaturas en España caducaron sorpresivamente, lo que coincide con la instalación del nuevo gobierno blanco en Uruguay.