Para Amnistía Internacional,
la LUC habilita “un escenario de posibles
regresiones en materia de derechos humanos”
7 de abril de 2021 ·
En el capítulo sobre Uruguay de su informe anual, “exige” al sistema político que brinde presupuesto para “la implementación efectiva” de la ley de género.
Este miércoles la organización de defensa de los derechos humanos Amnistía Internacional publicó su informe anual, en el que repasó la situación mundial en esta materia y realizó un análisis detallado sobre 149 países. La aparición de la pandemia de coronavirus marcó el 2020 a nivel global, y “las medidas adoptadas para combatir” el virus “tuvieron consecuencias para la población en todos los rincones del planeta”, y aumentaron la desigualdad y los abusos, evaluó Amnistía Internacional.
Respecto de Uruguay, el reporte indicó que la aprobación el año pasado de la ley de urgente consideración (LUC) ‒proyecto insignia del gobierno de Luis Lacalle Pou, con 475 artículos y diversos cambios normativos‒ “ha dejado planteado un escenario de posibles retrocesos en derechos humanos”, en particular en aspectos relativos “al proceso penal, el sistema penitenciario, las protestas sociales y la libertad de expresión”.
Además, consideró “muy lentas” las acciones para combatir la violencia de género y “exige” al sistema político “la asignación del presupuesto necesario para la implementación efectiva” de la Ley de Violencia hacia las Mujeres Basada en Género de 2017.
LUC: “regresión” en derechos humanos
En el capítulo referido a la situación de las personas privadas de libertad, la organización señaló que “Uruguay continúa en deuda con su sistema penitenciario”. Analizó que “si bien algunas medidas de los últimos años habían aliviado parcialmente la situación de hacinamiento y presos sin condena, los cambios normativos y de política pública con relación al accionar policial podrían poner en riesgo estos avances”.
Parte de esta área temática está dedicada a la LUC, y Amnistía Internacional manifestó que las normas referidas “al proceso penal, la gestión de la libertad y las condiciones que ofrece el sistema penal para una rehabilitación y reintegración social podrían representar una regresión importante en materia de derechos humanos, en tanto priorizan el aumento de penas, el ingreso y la permanencia en el sistema penitenciario”. Esto toma más relevancia aun cuando “Uruguay está siendo sistemáticamente observado a nivel internacional tanto por sus altas tasas en las penas y medidas privativas de libertad como por las condiciones de reclusión”, agregó.
En referencia al accionar de la policía, la organización identificó como uno “de los aspectos más preocupantes” de la LUC los “cambios en la legítima defensa”, porque se “altera el carácter excepcional de este instituto y crea nuevas presunciones que pueden ampliar su invocación, legitimando una especie de justicia por mano propia en defensa del derecho de propiedad”.
Otro cambio legal cuestionado refiere a la prisión preventiva: las modificaciones “desvirtúan aún más la naturaleza jurídica” de este instrumento, ya que “se limita la libertad anticipada y se deroga la suspensión condicional del proceso, cambios que repercutirán directamente en el número de personas privadas de libertad y por ende en las condiciones de reclusión”.
Algunos datos sobre la “alta prisionización y sobrepoblación” de las cárceles que aparecen en el informe: Uruguay tiene 369 personas privadas de libertad por cada 100.000 habitantes, lo que lo ubica en el primer o segundo lugar en el continente dependiendo de la comparación; la población carcelaria sobre plazas habilitadas a enero de 2020 ascendía a 99,3%; y casi uno de cada 100 jóvenes uruguayos (de 29 años o menos) se encuentra privado de libertad, una incidencia de 0,88% sobre el total de la población de ese grupo etario ‒frente a 0,26% en las personas mayores de 29 años‒.
En tanto, se mencionan dos disposiciones incluidas en la LUC referidas a la habilitación para la disolución de manifestaciones que no sean pacíficas o perturben el orden público, y para disolver piquetes. “La amplitud e imprecisión de los términos empleados para calificar la ilegalidad de las manifestaciones y las protestas sociales podría derivar en una alta discrecionalidad por parte de la Policía, en tanto no exista la intermediación judicial, y el cuestionamiento sobre la legalidad de las actuaciones sólo sería posterior”, señaló la organización de derechos humanos.
Violencia de género: “continuos obstáculos” para cumplir ley de 2017
En el capítulo del reporte de Amnistía Internacional centrado en violencia de género, se expresó que la pandemia “profundizó” los casos y que las cifras “reafirman la necesidad urgente de poner en marcha los mecanismos promovidos por la ley para hacer frente a la violencia contra la mujer en Uruguay”.
Tres de cada cuatro mujeres vivieron alguna situación de violencia: 47% declaró haber sido víctima de una pareja o expareja y 19,5% sostuvo que fue atacada en los últimos 12 meses. “A la situación crítica” que surge de esta y otras cifras “se suma la escasa asignación presupuestal” para la ley integral votada en 2017.
En el Presupuesto definido meses atrás, tras varias negociaciones se acordó destinar recursos para la apertura de tres juzgados multimateria ‒que surgen de la ley de género y prevén una atención integral a las mujeres que realizan denuncias, para evitar que deban ir a distintas dependencias‒ en el interior, aunque a principios de año la Suprema Corte de Justicia (SCJ) comunicó que esto no sería posible. Para Amnistía Internacional, estos hechos abren “nuevamente la discusión sobre cuál será la fuente de financiamiento” de los juzgados multimateria, que han tenido “continuos obstáculos para su implementación”.
A su vez, el reporte repasó que en materia de derechos sexuales y reproductivos Uruguay tuvo “avances sustantivos en los últimos años”, pero la organización cuestionó no haber accedido a datos de 2020 sobre embarazos e interrupciones voluntarias de embarazos. “Vemos con preocupación que la dificultad para acceder a los datos sobre salud sexual y reproductiva tienda a ser la regla y no la excepción en un año particular”, expresó.
Además, se menciona como tema de “preocupación” un proyecto de ley del diputado blanco Rodrigo Goñi, ya presentado en la legislatura pasada, que plantea que son los padres quienes deben decidir la educación sexual de sus hijos en función de sus creencias. “Amnistía Internacional entiende que la educación sexual integral contribuye a transformar los patrones de género y culturales prevalentes en el orden social, previene situaciones de violencia, abuso y maltrato, y promueve el derecho al ejercicio pleno de los derechos sexuales y reproductivos”, señaló el informe.
También aludió a la muerte en diciembre de una mujer en el Hospital de Treinta y Tres tras un proceso legal de interrupción voluntaria del embarazo, e hizo “un nuevo llamamiento a las autoridades del país a garantizar la efectiva implementación de la ley” votada en 2012 que despenalizó el aborto. Además, advirtió por “el aumento de embarazos infantiles en el país”, ya que hubo 82 nacimientos en niñas menores de 15 años en 2019, revirtiendo la tendencia previa a la baja.
“Magros” avances en la búsqueda de desaparecidos
“La impunidad por los crímenes del pasado reciente sigue siendo aún la regla en Uruguay. Aunque el gobierno electo se comprometió con la búsqueda de verdad, varias iniciativas parlamentarias, junto con algunos debates públicos, despiertan las alarmas ante posibles retrocesos en materia de verdad, justicia y reparación”, dijo Amnistía Internacional en el capítulo específico vinculado a estos hechos.
La organización consideró “magros” los avances en la búsqueda de desaparecidos, “a pesar de que Uruguay se ha comprometido reiteradamente, a nivel nacional e internacional, a avanzar en las investigaciones sobre crímenes de derecho internacional y violaciones graves de derechos humanos cometidas durante el gobierno cívico militar (1973-1985)”. El informe repasó que en 2020 no se hallaron restos de personas desaparecidas y que entre 2005 y 2019 fueron encontradas “tan sólo cinco de las 196 personas desaparecidas”.
El gobierno de Luis Lacalle Pou, previo a asumir, recordó Amnistía Internacional, “manifestó su intención de continuar con la búsqueda de personas desaparecidas, sin embargo se constatan escasos avances”. Repasó que en mayo se retomaron las excavaciones en el Batallón 14 y que la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH) mencionó que “recibió amplia cooperación” del Ministerio de Defensa, pero pese a esto desde 2005 “se ha excavado tan sólo 3,2% del terreno previsto”.
En el reporte se atribuyó los escasos avances a “la negativa de las personas sospechosas de responsabilidad penal o de los testigos directos de los crímenes a proporcionar información sobre la ubicación de los restos de los detenidos desaparecidos”, lo que obliga a “definir amplias extensiones de terreno para excavar”.
Además, la organización recordó la publicación de las actas de un tribunal de honor de las Fuerzas Armadas de 2006, donde el represor y militar retirado José Nino Gavazzo “evidencia que miembros del Ejército uruguayo operaron, torturaron y ejecutaron a detenidos uruguayos en Argentina”.
También se reporta en el informe de Amnistía Internacional la presentación de “un proyecto de ley para derogar la ley interpretativa de la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado, aprobada en 2011”. Se trata de una iniciativa de los senadores de Cabildo Abierto, que aún continúa bajo análisis del Parlamento, y que fue rechazada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Otro asunto parlamentario incluido en el reporte son los planteos de diversos legisladores sobre “la necesidad de revisar la legislación” de reparación a las víctimas de la dictadura, argumentando el “costo que le están ocasionando al país” esos pagos.