El Observatorio Luz Ibarburu perdió
su financiamiento internacional
y se sostiene con aportes del PIT-CNT
Busqueda Nº 2119 – 22 al 28 de Abril de 2021
La organización hace un seguimiento de las causas por las violaciones a los derechos humanos en la dictadura y es la principal patrocinante de las víctimas
escribe Martín Mocoroa
El fallo de 2011 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre la responsabilidad del Estado uruguayo en la desaparición forzada de María Claudia García de Gelman marcó un punto de inflexión en el tratamiento judicial de las causas de los crímenes de derechos humanos cometidos en dictadura. El pronunciamiento, además de ordenar que Uruguay debía esclarecer los hechos y ubicar los restos de García, determinó también otras cuestiones generales, como que la “ley de caducidad” no podía significar un obstáculo para las investigaciones.
Un año después, a impulso de la Secretaría de Derechos Humanos del PIT-CNT, se creó el Observatorio Luz Ibarburu. Inicialmente, la institución tenía el propósito de vigilar el cumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de hacer un seguimiento de las causas, que a partir del fallo se multiplicaron, para que se investiguen de forma eficaz y en plazos razonables.
A partir de ese trabajo de relevamiento de información, el Observatorio Luz Ibarburu detectó que, al margen de las responsabilidades del sistema judicial, la falta de abogados patrocinantes era uno de los elementos que incidía en que las causas no avanzaran. La organización definió entonces abrir un segundo eje de trabajo y pasar a patrocinar denuncias penales.
Hoy el Observatorio Luz Ibarburu, además de hacer un relevamiento completo del estado de cada causa, es promotor de unas 60 denuncias. Detrás de su funcionamiento están unas 20 organizaciones sociales y su estructura básica está conformada por un equipo de cuatro abogados, liderados por el coordinador Pablo Chargoñia, cuyo trabajo se refuerza con pasantías de la Universidad de la República.
Durante los últimos cinco años el observatorio se financió con fondos de la fundación Open Society, del filántropo multimillonario George Soros. El vínculo fue más largo de lo previsto originalmente, pero luego de varias extensiones se terminó en diciembre del año pasado.
A nueve años de su creación, la institución se enfrenta ahora al desafío de buscar nuevas fuentes de financiamiento para sostenerse. Su directora, la secretaria de Derechos Humanos del PIT-CNT, Fernanda Aguirre, contó a Búsqueda que formaron una comisión con representantes de las distintas organizaciones que integran el observatorio para buscar alternativas.
En la mesa representativa de marzo, el PIT-CNT abordó la problemática de financiamiento que atraviesa la organización. Los sindicatos resolvieron hacer una contribución extraordinaria de $ 1 mensual por afiliado para sustentar por cuatro meses su estructura. Aguirre asegura que el funcionamiento del observatorio no corre riesgo y que la definición política provisoria del movimiento sindical fue un mensaje claro. “Es una lucha que de ninguna forma se debe abandonar y menos que menos por una cuestión económica”, dijo.
Sin embargo, no está claro de dónde obtener fondos. El PIT-CNT está dispuesto a sostener parte de los costos, pero no solo. A su vez, el contexto económico nacional e internacional dificulta el acceso a otras fuentes de financiamiento.
Pese a los avances logrados en estos años, Aguirre afirmó que al observatorio aún le queda mucho trabajo por delante. Por ejemplo, mencionó que hay unos 50 pedidos de procesamiento, varios de los cuales esperan desde hace más de dos años por una resolución.
Por otro lado, recuerda que el paso del tiempo es en este tipo de causas un obstáculo difícil de sortear, lo que hace más relevante todavía la presencia de la institución. Aguirre señaló que los abogados de los acusados recurren a mecanismos dilatorios y a eso se suma que, por tratarse de crímenes que se cometieron décadas atrás, muchas veces las demoras determinan la muerte de los protagonistas y por ende el naufragio de las investigaciones.
“Muchos represores terminan su vida como dignos ciudadanos que no fueron, eso es algo que el pueblo no se merece y no debe permitir. Es un muy mal ejemplo”, dijo.