Elena Zaffaroni declaró ante la CIDH
y reclamó que el Estado uruguayo obligue
a los militares a entregar los archivos
operativos de la dictadura
16 de junio de 2021 ·
Este miércoles comenzó la audiencia por el asesinato de “las muchachas de abril” y las desapariciones de Luis Eduardo González y Óscar Tassino.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos inició este miércoles la audiencia de la causa que investiga la responsabilidad del Estado uruguayo y las dificultades en el acceso a la Justicia en los asesinatos de Diana Maidanik, Laura Raggio y Silvia Reyes, ocurrido el 21 de abril de 1974, y las desapariciones de Óscar Tassino, en el centro de torturas La Tablada, en julio de 1977, y de Luis Eduardo González, en el Regimiento de Caballería 6, en diciembre de 1974.
En la primera jornada de la audiencia declararon Elena Zaffaroni, esposa de Luis Eduardo González, el fiscal especializado en Crímenes de Lesa Humanidad, Ricardo Perciballe, y el abogado especializado en Derechos Humanos Pablo Chargoñia. En la segunda jornada las partes presentarán sus alegatos finales.
En sus declaraciones Zaffaroni se refirió a las circunstancias de la desaparición de su esposo, la responsabilidad del Estado, el rol de la verdad y los límites del Poder Judicial en el acceso a la verdad y la necesidad de que la CIDH reclame al Estado que exija la entrega de los archivos operativos de la dictadura. Además habló de la connivencia entre el poder militar y el poder político y de la necesidad de un quiebre que deje definitivamente atrás al terrorismo de Estado y que permita cesar el crimen de la desaparición.
“Ese día, el 13 de diciembre [de 1974], van a mi casa a las tres de la mañana muchos oficiales y soldados y nos llevan detenidos al cuartel que luego supe que era el 6 de Caballería […] A mí me llevan en varias oportunidades a verlo, yo estaba embarazada, para que él vea mi presencia, lo que le hacen para que sienta mis quejas y presionarlo más. Lo veo en varias oportunidades en el mismo cuartel y el 25 de diciembre […] nos ponen juntos, encapuchados, porque le proponen el chantaje de nuestra vida y de nuestro hijo, por su colaboración. Esa fue la última vez que lo vi, en un estado muy deteriorado físicamente, muy acosado por ellos. En ese momento no lo tomé como una despedida, que lo era […] luego entendí que era una decisión que ya estaba tomada por sus torturadores, que lo iban a matar, todavía no sabíamos de las desapariciones forzadas”, declaró Zaffaroni en la audiencia.
Zaffaroni también se refirió al sufrimiento de su familia por la desaparición de Luis Eduardo González: “Mi suegra, Amalia, tenía 47 años y hace exactamente 47 años de los hechos, Amalia falleció este año, sin tener noticias, buscando desesperadamente a su hijo, como todas las madres, aceptando con inmenso dolor que no lo iba a encontrar […] Mi hijo nació estando ya su padre muerto, por muchos años él se despertó en la noche en la hora que nos vinieron a detener, por muchos años, como un loco, con gritos de algo que no sabía qué era lo que le pasaba. Él pensó que como se llamaba igual lo iban a confundir y lo iban a matar o desaparecer, por años fue así cuando era niño”.
Al ser consultada por la representante del Estado uruguayo Pilar Álvarez sobre la creación de la Fiscalía Especializada en Crímenes de Lesa Humanidad, Zaffaroni respondió que la Justicia no puede actuar sola y que necesita de los otros poderes del Estado para alcanzar la verdad sobre los hechos ocurridos durante la dictadura.
“La Justicia no puede actuar sola, es imposible que se imparta justicia si no tiene la información aportada por el Poder Ejecutivo”, señaló. Si bien reconoció el trabajo del fiscal Perciballe, planteó que aún en 2021 se desconocen los hechos. “Hemos seguido desparramando la impunidad de ese delito a toda la sociedad, los militares que cometieron ese delito fueron previamente ascendidos por la democracia”, subrayó, y recalcó que se desconocen los detalles de lo que hizo el coronel retirado Eduardo Ferro o Mario Aguerrondo, quien fue felicitado en su legajo por ser el ideólogo del operativo contra el Partido Comunista Revolucionario que culminó con la detención y asesinato de Luis Eduardo González.
Zaffaroni dijo que aspira a que el Estado los busque “como si buscara a sus hijos, con la misma desesperación que los buscaron sus madres”. “La reparación tiene que ver con lo que pasó, no es simplemente dar un dinero, la reparación es que esto no vuelva a pasar, y ¿qué es lo que no tiene que volver a pasar, si no sabemos lo que pasó?”, cuestionó.
Además, señaló que pidieron a todos los presidentes, después del regreso a la democracia, que incautaran los archivos operativos de la dictadura, pero no lo hicieron.
Zaffaroni valoró que se haya traspasado a la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo la conducción de las excavaciones y recordó que todos los hallazgos de restos de detenidos desaparecidos surgieron de información militar. “La idea no es que agujereen Uruguay, sino que les aporten los datos precisos, que están ahí y que nadie ha exigido”.
“Los hallazgos han sido siempre con alguna información militar. En el de Ubagesner [Chávez] es porque los datos estaban en la Fuerza Aérea […] el de Miranda es porque entregaron un plano exacto de donde estaba, el del maestro [Julio] Castro y el de [Ricardo] Blanco hubo un militar que fue en reiteradas oportunidades al Batallón 14, que fue amenazado e intimidado para que no lo hiciera”, subrayó.
Por otra parte, destacó la falta de conocimiento sobre la forma en la que se seleccionó quiénes serían los asesinados: “15 días antes en el mismo cuartel, el mismo equipo de OCOA [Órgano Coordinador de Operaciones Antisubversivas] y torturadores mata a otro militante y entrega su cuerpo […] La Justicia que se ha abierto paso con una lentitud espeluznante, en la que se han muerto madres, en que nuestros hijos han envejecido, a nosotros ya no nos quedan tantos años por delante, mi hijo tiene 46 años y no hemos obtenido ninguna respuesta satisfactoria”.
Zaffaroni se refirió también al apoyo que tiene la búsqueda de la verdad en buena parte de la sociedad: “Esa es la única paz que ha dado a nuestras madres […] que hay quienes siguen con estos principios de verdad y de justicia para la vida”.
Consultada sobre los intereses que mantienen la impunidad y el poder de quienes no brindan la información, Zaffaroni respondió: “Esta fue una dictadura cívico-militar y salimos de la dictadura con un pacto. Por qué ese pacto dura hasta 2021 y lo sostienen los distintos gobernantes no lo sabemos”. Zaffaroni cuestionó que los comandantes que brindaron o trasladaron información falsa sobre lugares de enterramiento no hayan sido destituidos en ese momento y recordó como “un gesto simbólico duro” la visita del expresidente José Mujica al general Miguel Dalmao, cuando estaba preso en la unidad de Coraceros.
En la audiencia también declaró como testigo pedido por el Estado uruguayo el fiscal Ricardo Perciballe, quien informó sobre el avance de los casos que involucran la causa en la CIDH [Comisión Interamericana de Derechos Humanos], señalando que en el caso conocido como las “muchachas de abril” uno de los imputados podría ser procesado, ya que se resolvieron las excepciones de prescripción e inconstitucionalidad que presentó la defensa del imputado, mientras que hay otros dos exoficiales sobre los que aún está pendiente la resolución de excepciones de prescripción.
Con respecto al caso Tassino, señaló que, además del procesamiento de Ferro en octubre del año pasado, la Fiscalía solicitó el procesamiento de dos oficiales del Ejército y lo único que resta es el traslado de la requisitoria fiscal a la defensa y la jueza estaría en condiciones de tomar una resolución.
En cuanto a la desaparición de Luis González González señaló que se trata de una causa más compleja, en la que todavía no hay una imputación fiscal, pero aclaró que “están absolutamente identificados los hechos en la fase investigativa” y resta que se resuelvan excepciones de prescripción que han planteado los indagados.
En cuanto a los archivos de la dictadura sobre estos casos, Perciballe dijo que no tiene un dato objetivo para decir que esos archivos existen. “Uno tiende a pensar que existen y que en algún lugar están. Los servicios de inteligencia funcionaron, funcionan y funcionarán”. Consultado sobre la posibilidad de reclamarlos desde la Fiscalía, Perciballe planteó que podría “hacer una solicitud amplia al Ministerio de Defensa [Nacional] o al Ministerio del Interior, pero si no decimos dónde se pueden ubicar es difícil que se busquen”. “Esto debe ser parte de una política de Estado, y uno quiere creer que si existe la voluntad en ese sentido sería muy sencillo que el señor presidente de la República dispusiera al respecto”, opinó, al tiempo que aclaró que es un tema que excede a la fiscalía.
Por su parte, el abogado especializado en derechos humanos Pablo Chargoñia declaró como perito propuesto por la CIDH. En su intervención resaltó la disparidad de criterios en la Justicia uruguaya para tratar asuntos claves de las causas, como es el caso de la prescripción o la tipificación como crímenes de lesa humanidad.
“Los tribunales uruguayos no presentan una posición única sobre un asunto central”, señaló, y destacó su coincidencia con una de las resoluciones de supervisión del cumplimiento del fallo de la CIDH para el caso Gelman, que indicó que “persisten interpretaciones judiciales que no brindan la seguridad jurídica suficiente”.
Además, advirtió que en la medida en que se tipifican como delitos comunes acusaciones por delitos de tortura, que prescriben a los diez años, prescribirían este año, considerando el inicio del cómputo del plazo a partir de la derogación de la ley de caducidad, en 2011.
También manifestó su preocupación por la falta de una perspectiva de género en la Justicia en general y particularmente en los crímenes de lesa humanidad y resaltó la necesidad de una mayor formación en la materia.
Grabación de la video conferencia de la CIDH y diversas intervenciones
https://www.youtube.com/watch?v=zNdf5w7ZY_U&t=75s
Segunda Parte
Crysol desmiente al representante
del gobierno en la audiencia de la CIDH
La organización señala que el representante, Dr. Carlos Matta, faltó a la verdad al decir que el Estado ha «reparado en salud» a las familias de las víctimas.
17 JUNIO, 2021
Crysol, organización que nuclea a ex-presos políticos, señaló en un comunicado que el Dr. Carlos Matta, representante del Gobierno uruguayo por el caso de Diana Maidanik, Eduardo González y Óscar Tassino, mintió en la audiencia de la Corte Interamericana de DDHH, al decir que el Estado ha «reparado en salud» a las familias de las víctimas.
Según se indica en el documento, «la ley 18.596, ley de reparación aprobada en setiembre de 2009, no les otorga a ellos, familiares de asesinados y desaparecidos, específicamente, reparación en salud. El artículo 10 de la norma, que aborda la temática, no los incluye».
Además, manifiestan su descontento con que dicho representante haya aludido a los familiares de las víctimas de terrorismo de estado, como «presuntas víctimas», y advierten que «el propio Estado ya ha reconocido el carácter de víctimas en todos los casos que se tramitan en esta causa, habiendo incluso un procesado, el coronel retirado Eduardo Ferro en el caso de Tassino».
En el comunicado, también se denuncia que los expresos políticos que reciben atención sanitaria por la ley 18.596, «desde la asunción del actual gobierno han visto sustancialmente disminuida la calidad de dicha atención».
Agregan que «el Ministerio de Salud Pública suspendió, desde el año 2020, la atención especializada en salud mental», la cual era llevada a cabo por la Oficina de atención a las víctimas del terrorismo de Estado y la Cooperativa Cossamed.
Parecido destino tuvieron «las prestaciones oftalmológicas, odontológicas y otros beneficios similares que establece la Ley», ya que «en el marco de la restricción de gastos que se viene aplicando», el Ministerio de Economía y Finanzas dejó de aportar los recursos necesarios a los proveedores, lo que determinó que tales beneficios se redujeran «al mínimo», según se indica en el mensaje.
Como último punto, Crysol señala que el Estado «sigue sin cumplir con las recomendaciones formuladas por los Relatos Especiales de las Naciones Unidas y la Institución Nacional de DDHH», en cuanto a la compensación de las víctimas, quienes «a 15 años de la aprobación de la Ley 18.033, deben seguir renunciando a sus propias jubilaciones y pensiones para ser reparados, violentando las normas internacionales que Uruguay como país ha ratificado».
RECLAMO
Uruguay presentó alegato contra denuncia
de que ley de caducidad obstaculiza la Justicia
El Estado planteó ante la CIDH que, “sin perjuicio de impedimentos que pudo suponer en el pasado”, hoy no frena el juicio a responsables.
17.06.2021
Este miércoles comenzó en la Corte Interamericana de Derechos Humanos la audiencia por la causa que investiga la responsabilidad del Estado uruguayo por la presunta desaparición forzada de Luis Eduardo González y de Osear Tassino Asteazu.
También se investigan las presuntas ejecuciones extrajudicales de Diana Maidanik, Laura Raggio Odizzio y Silvia Reyes (“las muchachas de abril”), durante la última dictadura cívico militar en Uruguay (1973-1985).
Según consta en la Corte, en el caso se alude que el Estado uruguayo violó “los derechos a la personalidad jurídica, a la vida, a la integridad personal y a la libertad personal”.
Asimismo, se argumenta en la denuncia que “la Ley de Caducidad constituyó un obstáculo para la investigación de los hechos en distintos momentos, dado que tuvo el aparente efecto de procurar impunidad, vulnerando garantías judiciales”.
En este sentido, se alega que la falta de esclarecimiento de los hechos citados implicó “una violación al derecho a la integridad personal de los familiares como resultado del dolor, angustia e incertidumbre”.
El alegato del representante uruguayo
El abogado en representación del Estado uruguayo Carlos Mata dijo este jueves en su alegato final que desde el Estado no se pretendió “negar los terribles hechos perpetrados durante la dictadura cívico-militar”.
“No ponemos en cuestión el relato tan vívidamente realizado por la señora Elena Zaffaroni. Por el contrario, el Estado ha demostrado que se han adoptado medidas para el cumplimiento por lo sugerido tanto por la Comisión como por la Corte Interamericana de Derechos Humanos…Desde el retorno a la democracia en 1985, con todos los partidos políticos, hubo un avance significativo a partir del dictado de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el denominado caso Hellman”, sostuvo.
Mata dijo que ese caso “pone en evidencia la voluntad del cumplimiento existente en todos los poderes y sistemas orgánicos que conforman el Estado uruguayo”.
Expresó que en referencia a la investigación de los crímenes cometidos y a la identificación de las personas responsables, “se ha demostrado que a la fecha la Ley de Caducidad no constituye un obstáculo para el enjuiciamiento de los responsables por parte de la Justicia uruguaya”.
“Sin perjuicio de los impedimentos que pudo suponer en el pasado, ninguna de las declaraciones realizadas en el día miércoles -en particular la del fiscal especializado en Crímenes de Lesa Humanidad Ricardo Perciballe- percibe en la Ley de Caducidad un impedimento normativo actual y concreto”, expresó Mata.
Mata insistió que las “dudas que se pueden plantear en cuánto a la interpretación de la prescripción por parte de los tribunales no se ha traducido en lo hechos ni se ha planteado aquí como un tema que concretamente haya tenido incidencia decisiva en alguna causa y menos aún en la que son objeto de este proceso”.
El profesional destacó que la ley interpretativa de la Caducidad aprobada en 2011, además de establecer o restablecer el ejercicio de la pretensión punitiva del Estado para los delitos cometidos en aplicación del terrorismo de Estado, declaró que los mencionados delitos “son crímenes de lesa humanidad”.
Con respecto a la localización de los restos de los desaparecidos, Mata señaló que “los esfuerzos se han continuado y acentuado al asignar dicho cometido a un órgano independiente del Poder Ejecutivo como lo es la Institución Nacional de Derechos Humanos”.
“A pesar de las evidentes dificultades impuestas por las circunstancias sanitarias y aquellas que lamentablemente son inherentes a la naturaleza de la búsqueda, el Estado uruguayo mantiene y reafirma su compromiso de determinar el paradero de las personas víctimas de desaparición forzada en el período de facto”, defendió Mata.
A su vez, dijo que el Estado uruguayo ha procurado ofrecer “reparaciones tanto morales como materiales a las victimas de terrorismo de Estado y sus familiares”.
La declaración de Elena Zaffaroni
En la primera jornada que tuvo lugar este miércoles, declararon la esposa de Luis Eduardo Gonzalez, Elena Zaffaroni, el fiscal especializado en Crímenes de Lesa Humanidad Ricardo Perciballe y el abogado especialista en derechos humanos Pablo Chargoñia.
Según informó La Diaria, Zaffaroni recordó el episodio y las circunstancias asociadas a la desaparición de su esposo y criticó los límites que tiene el Poder Judicial para llegar a la verdad en el caso.
“El 13 de diciembre [de 1974], van a mi casa a las tres de la mañana muchos oficiales y soldados y nos llevan detenidos al cuartel que luego supe que era el 6 de Caballería […] A mí me llevan en varias oportunidades a verlo, yo estaba embarazada, para que él vea mi presencia, lo que le hacen para que sienta mis quejas y presionarlo más. Lo veo en varias oportunidades en el mismo cuartel y el 25 de diciembre […] nos ponen juntos, encapuchados, porque le proponen el chantaje de nuestra vida y de nuestro hijo, por su colaboración.Esa fue la última vez que lo vi, en un estado muy deteriorado físicamente, muy acosado por ellos. En ese momento no lo tomé como una despedida, que lo era […] luego entendí que era una decisión que ya estaba tomada por sus torturadores, que lo iban a matar, todavía no sabíamos de las desapariciones forzadas”, declaró Zaffaroni este miércoles.
Zaffaroni agregó además que su suegra falleció en 2021 “buscando desesperadamente a su hijo, sin tener noticias” y recordó que su hijo nació con “su padre ya muerto”.
Montevideo Portal
DESAPARECIDOS
18 de junio de 2021
Zaffaroni: El Estado debe ocuparse de los desaparecidos
con la misma desesperación que los buscaron sus madres
Elena Zaffaroni, integrante de la asociación Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos, manifestó que “el Estado debe ocuparse de los desaparecidos como si buscara a sus hijos, con la misma desesperación que los buscaron sus madres. La reparación tiene que ver con lo que pasó, no es simplemente dar un dinero, la reparación es que esto no vuelva a pasar, y ¿qué es lo que no tiene que volver a pasar, si no sabemos lo que pasó?”
Elena Zaffaroni.
El miércoles 16 y el jueves 17 de junio se realizaron las audiencias públicas por el “caso Maidanik y otros vs el Estado uruguayo”, ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Se refiere a los asesinatos de Diana Maidanik, Laura Raggio Odizzio y Silvia Reyes, (conocidas como las Muchachas de abril), y la desaparición forzada de Luis Eduardo González González y de Óscar Tassino Asteazu, durante la dictadura cívico-militar.
La CIDH tiene sede en Costa Rica, pero la comparecencia de los testigos y peritos se realizó a través de Zoom.
El miércoles comparecieron el abogado coordinador del equipo jurídico del Observatorio Luz Ibarburu, Pablo Chargoñia, en calidad de testigo perito experto propuesto por la Comisión Interamericana; Elena Zaffaroni, en calidad de presunta víctima, y el fiscal Letrado Penal de Montevideo Especializado en Crímenes de Lesa Humanidad, Ricardo Perciballe.
Mientras que el jueves presentaron sus alegatos finales los denunciantes y el Estado Uruguayo.
En tal sentido, Zaffaroni reclamó dejar de lado de forma definitiva el terrorismo de Estado y con él los crímenes de desaparición.
“Hemos seguido desparramando la impunidad de ese delito a toda la sociedad, los militares que cometieron ese delito fueron previamente ascendidos por la democracia, dijo.
Zaffaroni manifestó que “el Estado debe ocuparse de los desaparecidos como si buscara a sus hijos, con la misma desesperación que los buscaron sus madres. La reparación tiene que ver con lo que pasó, no es simplemente dar un dinero, la reparación es que esto no vuelva a pasar, y ¿qué es lo que no tiene que volver a pasar, si no sabemos lo que pasó?”.
Hallazgos
Por otro lado, dijo que el hallazgo de los restos de detenidos desaparecidos en dictadura, ha sido “con alguna información militar”.
Ejemplificó que el hallazgo de Ubagesner Chávez Sosa “fue porque los datos estaban en la Fuerza Aérea”; el de Fernando Miranda porque “entregaron un plano exacto de donde se encontraba su cuerpo”; en los casos del maestro Julio Castro y de Ricardo Blanco Valiente hubo un militar que fue en reiteradas oportunidades al Batallón 14, y fue amenazado para que no lo hiciera”.
En agosto de 2019 fueron hallados en el Batallón 13 de Infantería los restos de Eduardo Bleier.
Lamentó que la Justicia se ha abierto paso con una lentitud espeluznante.