Referentes de derechos humanos repudiaron la defensa a represores
Un obispo pidió prisión domiciliaria para
los genocidas y criticó las cadenas perpetuas
Santiago Olivera cuestionó las prisiones preventivas y condenas a los detenidos por delitos de lesa humanidad. Estela de Carlotto afirmó que “no merecen ningún tipo de beneficio”.
19 de junio de 2021
A través de un texto titulado “Caminos de reencuentro”, el obispo Santiago Olivera cuestionó las cadenas perpetuas para los militares denunciados por delitos de lesa humanidad y pidió que se les otorgue prisión domiciliaria por la pandemia. “Los derechos humanos no son iguales para todos”, expresó. En diálogo con Página/12, la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, y la titular de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Taty Almeida, repudiaron la defensa de Olivera a los genocidas.
En el documento difundido, el obispo de la diócesis de Cruz del Eje, provincia de Córdoba, calificó como “triste” la situación que viven los represores que están siendo juzgados por violación a los derechos humanos y señaló que en algunos casos se encuentran “sin proceso, con detenciones preventivas por más de dos años, con edades muy avanzadas, enfermedades y delicados estados de salud”. En esa línea, afirmó que si bien es necesario que haya “memoria”, se deben tener presente “los tiempos de perdón y de verdad”.
En sintonía con la teoría de los dos demonios, llamó a “evitar los atropellos de una u otra parte”. Así, criticó las cadenas perpetuas, a las que caracterizó como “una pena de muerte oculta”, y que “en pandemia, con riesgo sanitario, no se les haya permitido –a los represores– cumplir la detención en forma domiciliaria”.a línea, afirmó que si bien es necesario que haya “memoria”, se deben tener presente “los tiempos de perdón y de verdad”.
Referentes de derechos humanos manifestaron su absoluto rechazo a las palabras del obispo cordobés. “Es escandaloso. Un miembro de la Iglesia debería bregar por la vida y no por la muerte“, afirmó Estela de Carlotto y agregó: “Estas personas detenidas son criminales que elaboraron un plan sistemático de opresión y muerte. Se robaron bebes. No merecen ningún tipo de beneficio que no corresponda a la calidad de los delitos que han cometido“.
Sobre las prisiones preventivas, la presidenta de Abuelas indicó que no se está violando ningún derecho: “La Justicia está cumpliendo con los códigos procesales. No hay nada ilícito. Además, hay que tener en cuenta que no son delincuentes comunes. Son personas que secuestraron, torturaron, asesinaron y enterraron personas en centros clandestinos. No se los puede comparar con presos comunes”. Y concluyó: “El obispo debería pedir que hablen los que están detenidos para que se sepa dónde tiraron los cuerpos de los desaparecidos, qué pasó con ellos y dónde están los 300 nietos que estamos buscando. Eso es lo que tiene que pedir la Iglesia“.
Por su parte, Tety Almedia afirmó que este tipo de expresiones comprueban, una vez más, que el golpe de Estado del 1976 fue cívico, militar y clerical. “Ahí están las pruebas. Como este obispo, hubo muchos integrantes de la Iglesia que apoyaron a los genocidas. Por lo tanto, no me queda más que repudiar lo que opina Olivera, que le hace muy poco favor a la religión católica”, expresó.
No es la primera vez que el obispo castrense manifiesta este tipo de posturas. En 2018 publicó un artículo en el diario La Nación titulado “¿Esto es justicia?”. Allí sostuvo que “la situación de muchos detenidos por delitos de lesa humanidad es una vergüenza para la república: una discriminación nunca vista en democracia”.
En aquella oportunidad también recibió el repudio generalizados de distintas organizaciones sociales y de derechos humanos. El grupo de Cristianos para el Tercer Milenio (CTM), por ejemplo, emitió una declaración en la que acusaron a Olivera de reiterar “cuestionamientos similares a los de aquellos que fueron parte o cómplices del terrorismo de estado”.