Tribunal de Casación de Roma
confirmó las sentencias a represores
en el juicio sobre el Plan Cóndor
9 de julio de 2021 ·
Escribe Nadia Angelucci
La sentencia a cadena perpetua fue ratificada por la corte para 14 imputados, entre ellos Jorge Tróccoli.
La primera sección del Tribunal de Casación de Roma, presidido por Mariastefania Di Tomassi, ratificó este viernes las sentencias de 2019 que condenaron a cadena perpetua a represores uruguayos, chilenos, bolivianos y peruanos por el asesinato y desaparición de 42 ciudadanos latinoamericanos de origen italiano. El pronunciamiento de esa corte responde a la apelación presentada por las defensas de 14 imputados en el juicio sobre el Plan Cóndor, la coordinación entre las dictaduras del Cono Sur de América Latina en los años 70 para perseguir y eliminar a opositores políticos.
El fallo estaba previsto para el jueves pero fue aplazado por la noticia, hasta el momento desconocida para la corte, de la muerte de dos imputados: el peruano Germán Ruiz Figueroa y el uruguayo Luis Alfredo Maurente Mata. El dato llegó casi al final del día, después de nueve horas de audiencia, cuando sólo faltaba el alegato de dos abogados defensores.
La falta de los certificados de fallecimiento de los dos acusados, y la necesidad por parte de la corte de adjuntarlos al expediente, produjo la separación de la posición de todos los imputados peruanos y la decisión de finalizar el juicio para los demás; el embajador uruguayo en Italia, Ricardo Varela, presente en la audiencia, se comprometió a proporcionar la certificación relativa a Maurente Mata para este viernes.
La audiencia del jueves en el Aula Magna del Tribunal de Casación de Roma, el llamado Palazzaccio, se abrió con un informe del magistrado Filippo Casa, que reconstruyó la historia de este juicio, analizando las motivaciones de los recursos de los acusados y los escritos de defensa de las partes civiles.
A continuación, tomó la palabra el fiscal general de Casación, Pietro Gaeta, quien examinó el expediente desde el punto de vista técnico, con una postura dirigida a aclarar la correcta aplicación de la ley y a resaltar la claridad de las cuestiones técnicas. En su larga acusación, Gaeta pidió que se rechazaran todos los recursos presentados contra la sentencia de apelación, con lo que “se restablece el estado de derecho: no se trata de un juicio político, los acusados fueron condenados en apelación sobre la base de principios jurídicos legítimos”.
Los abogados de los acusados quisieron resaltar los que, a su juicio, fueron los errores contenidos en la sentencia de segundo grado. Se centraron en la comprobación de la veracidad de la ciudadanía de las víctimas, en la no renovación de la prueba documental por parte de la corte de apelación, en el ne bis in idem (es decir, el principio según el cual no se puede juzgar a alguien dos veces por el mismo hecho) y en la falta de pruebas directas sobre la implicación de los acusados.
El juicio italiano por el Plan Cóndor comenzó en 1999 cuando cinco mujeres, compañeras o madres de desaparecidos de origen italiano, presentaron una denuncia ante la Fiscalía de Roma por la desaparición de sus seres queridos durante las dictaduras cívico-militares de los años 70 y 80.
Tras más de 15 años de investigación previa, que supuso un trabajo conjunto entre Italia y países de América Latina, el juicio oral y público comenzó en 2015 en Rebibbia, Roma, donde durante más de dos años se alternaron los testigos de los países implicados y los expertos que reconstruyeron los hechos. La sentencia de primera instancia condenó a ocho acusados a cadena perpetua y absolvió a los demás. El fallo fue anulado en segunda instancia, cuando se impuso la pena de cadena perpetua a todos los acusados.
De esos 14 imputados,nueve residen en Uruguay, uno en Brasil, tres en Chile y uno en Italia, Jorge Tróccoli, oficial retirado de la Armada uruguaya con nacionalidad italiana, quien huyó de Uruguay en 2007 para fugarse de la justicia. Se escapó de la extradición por un defecto de procedimiento y fue finalmente juzgado en Italia en virtud de un acuerdo entre ambos países. Tróccoli es el único imputado que fue juzgado en presencia; fue absuelto en primer grado y condenado a cadena perpetua en segunda instancia.
Los abogados de las partes civiles, familias e instituciones, se sumaron a los pedidos del fiscal y pidieron la confirmación del fallo de 2019.
Además de Tróccoli, los militares uruguayos imputados son José Arab, José Nino Gavazzo (fallecido), Juan Carlos Larcebeau, Pedro Antonio Mato, Luis Maurente Mata (fallecido), Ricardo Medina, Ernesto Abelino Ramas, José Sande Lima, Jorge Silveira, Ernesto Soca, Gilberto Vázquez, y el civil y excanciller Juan Carlos Blanco.
En el aula estuvieron presentes varios familiares de las víctimas que desde hace años luchan por verdad y justicia. Este viernes se conocerá el final de este juicio que se celebra a 40 años y 11.000 kilómetros de distancia y que, a pesar de eso, no termina de suscitar sentimientos de conmoción e interés.
Nadia Angelucci, desde Roma.
Expectativa en los tribunales de Roma
El proceso por el Plan Cóndor
empezó hace 22 años en Italia, cuando en
Sudamérica persistía la impunidad
Cristina Mihura, viuda del desaparecido ítalo-uruguayo Bernardo Arnone, espera que la Corte Suprema confirme las sentencias contra 18 militares. “Si no hubiera existido este juicio italiano, no sé donde hubieran ido a parar los procesos iniciados en Uruguay”, sostiene.
Por Elena Llorente
09 de julio de 2021
Cristina Mihura y su abogado en este juicio Paolo Angelo Sodani.
Desde Roma
Este jueves, cuando estaba previsto que la Corte Suprema de Italia diera a conocer las sentencias definitivas sobre el proceso contra 18 militares latinoamericanos del terrorífico Plan Cóndor, por los crímenes de secuestros, torturas y desaparición de 43 ciudadanos latinoamericanos de origen italiano, el anuncio fue postergado por falta de algunos documentos.
La sesión se hizo en la Corte Suprema, ubicada en un edificio inmenso frente al río Tiber de Roma y cerca de la basílica vaticana de San Pedro. El edificio construido entre 1888 y 1910, está tan exageradamente lleno de esculturas y decoraciones marmoreas que algunos lo bautizaron hace mucho tiempo como el “Palazzaccio” (o sea palacio horrible) de Roma.
En el Aula Magna, donde se hizo el jueves la sesión del Proceso Cóndor, una sala con columnas y pinturas que aluden al antíguo Derecho Romano, se sentaron 7 jueces y al menos 17 abogados además de unos pocos familiares de desaparecidos y periodistas.
La sesión fue muy larga, mucho más de lo previsto. Un juez leyó por casi una hora y media en voz alta las motivaciones (y otras agumentaciones) de las condenas a cadena perpetua de la Corte de Apelaciones, la segunda instancia judicial de las tres que tiene Italia y luego hablaron los abogados. Sobre esas sentencias emanadas en 2019, varios acusados hicieron apelación (tres chilenos no lo hicieron y sus condenas a cadena perpetua son ya definitivas) a la Corte Suprema y es eso lo que deberá decidir el máximo tribunal. Pero como dos de los acusados resultaron haber fallecido recientemente (un uruguayo y un peruano) y la Corte no había recibido los certificados correspondientes, la audiencia fue suspendida hasta el viernes a las 13.30hs de Italia, en espera de los certificados. Es posible que el viernes se conozcan la sentencias pero no hubo ninguna comunicación oficial al respecto.
De las 43 víctimas 4 fueron chilenos secuestrados en Chile, 13 uruguayos secuestrados en Argentina, 6 argentinos secuestrados en Argentina, Bolivia, Paraguay y Brasil. A estos hay que agregar otros 20 uruguayos secuestrados en Argentina pero cuya desaparición es atribuida a uno sólo de los imputados, Jorge Nestor Troccoli, que fue miembro del servicio de inteligencia de la marina militar uruguaya (FUSNA) y vive en Italia. Durante el Plan Cóndor, un acuerdo entre las dictaduras de Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay, Bolivia y Perú entre otras, los secuestrados o detenidos eran trasladados de un país al otro, torturados, asesinados y hechos desaparecer sin que el país al que pertenecían pudiera aparecer como responsable.
22 años de juicio y 100 audiencias
Cristina Mihura, uruguaya, es la viuda del ítalo-uruguayo Bernardo Arnone con quien estuvo casada casi dos años, hasta que a él lo secuestraron en Buenos Aires, donde habían ido a vivir escapando de Uruguay. Pero aunque cambiaron residencia, el Plan Cóndor hizo su parte. A Armando se lo llevaron en 1976 y nunca más se supo nada de él. Ella partió como refugiada a Europa y en un primer momento fue asilada en Suecia. Luego vino a Italia. Nunca pudo recuperar los restos de su marido.
“En 1999 empezó el Proceso Cóndor, luego hubo infinitos años de fase preliminar, luego las audiencias secretas ante el Juez de las Audiencias Preliminares (GUP) , luego el juicio de primera instancia en la sala judicial de la cárcel de Rebibbia, luego el juicio de apelación y ahora éste. Mirando para atrás y después de haber asistido a unas 100 audiencias, diría que tuvimos varios momentos difíciles y varios importantes”, contó Mihura a PáginaI12.
-¿Cuál fue el momento más importante para usted?
-El más importante para mi fue el del 9 de junio de 1999, cuando pudimos presentar la denuncia con otros familiares, todas mujeres, muchas uruguayas y una argentina, porque en ese momento reinaba la impunidad en nuestros países y no había forma salir adelante. Las actividades del juez Baltasar Garzón en España pidiendo el arresto de Pinochet, fueron importantes. Porque en Uruguay estaban las leyes de caducidad, en Argentina las de obediencia debida y punto final, los indultos. En Chile pasaba algo parecido. Gracias a esta ley italiana que permite perseguir los delitos contra italianos en el exterior, pudimos hacer esta causa que duró 22 años. Ni en Alemania ni en Francia se pudieron hacer causas como ésta porque no funciona como aquí.
-¿Aparte de las condenas, qué dejó de importante este juicio?
– Este juicio permitió poner en primera plana a nivel internacional los delitos de esta naturaleza, las acciones de las dictaduras. Fue muy importante para Uruguay poder sacarnos esa especie de tapa de cemento que era la impunidad y que se había hecho muy resistente. Cuando las cosas en nuestros países se empezaron a mover , podía parecer superfluo el juicio italiano. Pero no lo fue. Este procedimiento sirvió siempre de marco de referencia. Si no hubiera existido este juicio italiano, no sé donde hubieran ido a parar los procesos iniciados en Uruguay.
-¿Usted que ha asistido a cerca de las 100 audiencias de los tres juicios, los momentos más difíciles cuáles fueron?
-Los atrasos, el tiempo que demoró todo.
-¿Y el más felíz?
-Uno de los momentos más felices para mí fue cuando la sentencia de la Corte de Apelaciones cambió completamente la de la primera instancia y condenó a todos los participantes. Solo una parte de ellos han sido condenados en otras sedes. Espero que la Corte Suprema confirme la sentencias de Apelaciones. Y espero que el juicio se termine aquí. Después de haber obtenido sentencias en Argentina, Uruguay e Italia para el caso de Bernardo, creo que me consideraré jubilada. Esto ha sido un enorme laburo. Es tiempo de poner punto final. No obstante voy a seguir buscando sus restos.
Video de Jorge Uthurburu en el tribunal de casación de Roma
Presente también en el tribunal, nuestro compañero Zelmar “Chicho” Michelini
Junto con Mario Occhinero y Jorge Uthurburu
Zelmar Michelini hijo, calificó la condena a cadena perpetua a todos los militares involucrados en los crímenes del Plan Cóndor como "histórica" y dijo que sienta jurisprudencia para el futuro. pic.twitter.com/8nwL6xzf2W
— Informe Capital (@infocapitaluy) July 9, 2021
Corte italiana confirmó condena a represores uruguayos por el Plan Cóndor
Tras un juicio iniciado hace más de 21 años, Italia dispuso la cadena perpetua para los criminales de Estado que actuaron en el SID. Ahora se inicia la etapa de la ejecución de la sentencia.
09/07/2021
Corte Suprema de Casación de Italia, donde se dictó el fallo sobre el Plan Cóndor.
Francesca Lessa y Fabián Werner / Sudestada
La Corte Suprema de Casación de Italia confirmó este viernes 9 la condena a cadena perpetua de 14 imputados por su participación en el Plan Cóndor, la coordinación represiva de las dictaduras latinoamericanas en los años 70 y 80.
Termina de esta manera un juicio que se inició en 1999, por iniciativa de Luz Ibarburu que, ante la falta de respuesta en los países que participaron de la coordinación represiva, especialmente de Uruguay, impulsó la presentación de una demanda para que se investigara la desaparición de cinco víctimas uruguayas y una argentina, todas con ascendencia italiana.
Quienes se presentaron fueron las uruguayas Cristina Mihura, esposa de Bernardo Arnone; Marta Casal del Rey, esposa de Gerardo Gatti; María Luz Ibarburu, madre de Juan Pablo Recagno; María Bellizzi, madre de Andrés Bellizzi; Aurora Meloni, esposa de Daniel Banfi; y la argentina Claudia Allegrini, esposa de Lorenzo Viñas.
Las víctimas uruguayas son Daniel Álvaro Banfi Baranzano, Gerardo Gatti, Armando Bernardo Arnone Hernández, Juan Pablo Recagno Ibarburu, María Emilia Islas de Zaffaroni, Andrés Humberto Domingo Bellizzi Bellizzi, Julio César D’Elía Pallares, Yolanda Iris Casco de D’Elía, Ileana Sara María García Ramos de Dossetti, Edmundo Sabino Dossetti Techeira, Raúl Edgardo Borelli Cattaneo, Raúl Gámbaro Núñez y Héctor Orlando Giordano Cortazzo.
Ademas, imputados únicamente a Troccoli, son los casos de Alberto Corchs Laviña, Elena Lerena de Corchs, Alfredo Bosco Muñoz, Guillermo Sobrino Berardi, Gustavo Goycochea Camacho, Graciela Noemi Basualdo Noguera, Maria Antonia Castro Huerga, Jose Mario Martinez, Aida Sanz, Elsa Haydee Fernandez, Atalivas Castillo, Miguel Angel Rio Casas, Eduardo Gallo Castro, Gustavo Arce Viera, Juvelino Andres Carneiro Da Fontoura, Carolina Barrientos de Carneiro, Maria Asuncion Artigas Nilo, Alfredo Moyano, y Célica Gomez Rosano.
El largo camino hacia la Justicia
Cristina Mihura junto al embajador de Uruguay en Italia, Ricardo Varela.
Este viernes la Corte con sede en Roma dispuso que quedaran firmes las condenas a prisión perpetua de los represores uruguayos y chilenos que sobrevivieron al largo proceso judicial. En el camino varios de ellos fallecieron, como fue el caso de José Gavazzo, quien murió el pasado 25 de junio a los 81 años de edad. Cumplía prisión domiciliaria por varias condenas por delitos de lesa humanidad, incluidos 28 asesinatos especialmente agravados. En julio de 2020 había fallecido el imputado Luis Maurente, también condenado por varios delitos en Uruguay.
Con este fallo de la corte italiana quedaron firmes las sentencias de Jorge Troccolli, Juan Carlos Larcebeau, José Ricardo Arab Fernández, Pedro Antonio Mato Narbondo, Ricardo José Medina Blanco, Ernesto Abelino Ramas Pereira, José Sande Lima, Jorge Alberto Silveira Quesada, Ernesto Soca, Gilberto Vázquez Bissio y Juan Carlos Blanco.
Los condenados de nacionalidad chilena son Pedro Espinoza, Daniel Aguirre Mora y Carlos Luco Astroz. Unos días antes de este fallo la Corte ya había ratificado la condena de otros tres chilenos que no habían presentado recurso de casación. Fue el caso de Rafael Ahumada Valderrama, Orlando Moreno Vásquez y Manuel Vásquez Chauan.
Para el abogado Andrea Speranzoni, quien patrocinó a varias de las víctimas y al Estado uruguayo, la condena de la Corte Suprema de Casación termina con la afirmación de responsabilidad penal de todos los imputados uruguayos, incluyendo a los marinos Jorge Troccolli y Juan Carlos Larcebeau y las demás personas que actuaron a nombre del Servicio de Información de Defensa (SID) en el año 1976.
Speranzoni dijo a Sudestada que durante el juicio fueron rechazados todos los recursos de casación presentados por los defensores de los imputados y se confirmó la sentencia de la Corte de Apelación que había condenado a los imputados en 2019.
“Aquella sentencia fue muy importante porque afirma que los crímenes de lesa humanidad también pueden ser juzgados a distancia larga en el tiempo y por lo tanto no prescriben”, destacó el abogado. En este tipo de delitos, “los criminales no pueden evitar la justicia, que llega a veces tarde pero llega”
Speranzoni resaltó que a partir de este momento resta darle una ejecución efectiva a la condena de prisión perpetua para el imputado Troccolli que reside en italia, pero también mediante el pedido de extradición formal de todos los condenados, lo cual incluye a los uruguayos pero también a varios imputados chilenos.
En el caso de los imputados peruanos Francisco Morales Bermúdez, Germán Ruiz Figueroa y Martín Martínez Garay quedó pendiente de resolución.
Abogados Andrea Speranzoni y Luca Ventrella.
El último día del cóndor
8 julio 2021
Elena Basso
América Latina. Uruguay, 1977: Carlos es torturado durante días por Jorge Nestor Troccoli. 39 años después todavía reconoce su voz y su rostro y testifica en Roma en el histórico juicio contra el funcionamiento de ocho dictaduras sudamericanas en 1975: hoy la sentencia definitiva de la Corte de Casación
Carlos Alberto Dosil era militante, tenía 21 años y estaba en su casa de Montevideo. Era el 28 de noviembre de 1977 cuando alguien tocó la puerta, Carlos la abrió: inmediatamente sintió el frío del metal de una ametralladora que un hombre le apuntaba al cuello. El mismo hombre lo empujó contra la pared y el joven militante se encontró cara a cara con él. Era bastante joven y corpulento, de unos cinco pies de altura.
Sobre todo, le sorprendió la voz baja y ronca con la que daba órdenes secas. Los dos hombres armados lo golpearon, le vendaron los ojos y lo llevaron a Fusna, el cuartel de fusileros navales del puerto de Montevideo, transformado durante la dictadura en campo clandestino de exterminio. Eran los años de los sangrientos regímenes latinoamericanos e incluso en el pequeño estado de Uruguay el secuestro y la tortura se habían convertido en una práctica común para cualquiera que se opusiera a la dictadura.
En las celdas de la Fusna Carlos fue sometido a prácticas inhumanas durante días sin que nunca le quitaran la venda de los ojos. Le hicieron ruleta rusa: podía oír el sonido del gatillo del revólver con fuerza contra sus sienes. Lo tiraron con cuerdas en las extremidades de su cuerpo hasta que sus tendones casi se rompen. Si se caía, lo pateaban para ponerlo de pie y luego lo colgaban de los pies con ganchos mientras le aplicaban corriente eléctrica a todo el cuerpo.
Carlos no sabía si sobreviviría, el dolor era insoportable y despiadado. No sabía cuántos días había estado en esa celda húmeda, pero solo tenía una certeza: la voz de los que lo torturaban era siempre la misma que la del hombre que le había apuntado con la ametralladora al cuello cuando lo secuestraron. él unos días antes.
39 años después de la tortura y el secuestro, el 7 de julio de 2016 Carlos Alberto Dosil ingresó al tribunal de búnker de Roma para declarar ante los jueces del maxi juicio de Cóndor. Se sentó y reconstruyó en detalle la tortura, el secuestro, el encarcelamiento y la humillación. Describió el físico y la voz de su torturador. Al inicio de su testimonio, uno de los abogados se acercó al mostrador donde estaba sentado Carlos, le entregó una foto y le preguntó: “¿Es esta la persona que lo secuestró y detuvo en 1977 en Montevideo?”.
Carlos miró la imagen y no lo dudó, le devolvió la foto al abogado diciendo: “Sí, es él”. El abogado tomó la foto y la colocó sobre el mostrador. Allí, en color, se imprimió el rostro serio de Jorge Nestor Troccoli.
Jorge Nestor Troccoli durante el juicio en Roma
Exjefe de los servicios de inteligencia uruguayos acusado de la desaparición de decenas de militantes, Troccoli vive en Italia desde 2007 y hoy 8 de julio el Tribunal de Casación dictará la sentencia con la que anulará o confirmará la cadena perpetua a la que fue condenado. en segundo grado en julio de 2019. Troccoli en los años 70 formó parte de la Fusna, grupo que tenía la tarea de reprimir a todo aquel que se opusiera a la dictadura.
También fue el jefe de S2, la inteligencia de la armada uruguaya, y en 1977 se convirtió en el enlace militar entre Argentina y Uruguay como parte del Plan Cóndor, la operación nacida en noviembre de 1975 en Santiago de Chile con la que ocho estados sudamericanos se comprometió a capturar, torturar y dispersar a militantes exiliados en América Latina, Estados Unidos y Europa. Troccoli fue un destacado soldado: decenas de personas dan testimonio de su presencia tanto en Fusna como en Esma, uno de los mayores centros de exterminio argentino, donde fueron secuestrados más de 5 mil ciudadanos.
En 2007, la justicia uruguaya comenzó a tratar su caso y, cuando se abrió oficialmente un juicio en su contra, Troccoli huyó y se refugió en Italia. Unos años antes había obtenido la ciudadanía italiana gracias a los orígenes de sus antepasados y vivió varios años de tranquilidad con su esposa Betina, primero en el pequeño pueblo cilento de Marina di Camerota (de donde procedían sus antepasados) y luego en Battipaglia, en la provincia de Salerno.
Hasta que en 2015 se estableció en Roma el maxi juicio Condor, en el que participaron 43 víctimas de origen italiano secuestradas bajo el Plan Cóndor. Los imputados en el juicio son 24 militares uruguayos, chilenos, bolivianos y peruanos, entre ellos Jorge Nestor Troccoli, el único que reside actualmente en Italia. El juicio del Cóndor es uno de los mayores procesos judiciales por crímenes cometidos durante las dictaduras sudamericanas de la década de 1970 instauradas fuera del continente.
Hay mucha expectativa por la sentencia que el Tribunal Supremo pronunciará hoy en Roma, la sentencia en segundo grado había sido histórica: 24 cadenas perpetuas. Desde 2015, decenas de testigos han volado a Roma para testificar contra Troccoli, su caso también es muy conocido en Uruguay, no solo porque fue uno de los líderes de la represión sino también porque en 1996 fue el primer militar uruguayo en decir públicamente cuáles fueron las prácticas del terrorismo de Estado durante la dictadura.
Tras una investigación aparecida en el diario uruguayo PostData en la que dos testigos acusaron a Troccoli de participar en terrorismo de Estado, el exfusilero uruguayo, con una larga y detallada carta abierta enviada al diario El País e incluso con la publicación de un libro titulado La ira del Leviatán , admitió que secuestró y torturó a los militantes que se oponían a la dictadura.
El hecho de que Troccoli sea imputado en el maxi juicio del Cóndor es muy importante y sienta un precedente fundamental para nuestro país: abre el camino a nuevos juicios contra otras personas acusadas de torturas y asesinatos durante las dictaduras sudamericanas de los años 70, que hoy residir en Italia.
Como Carlos Luis Malatto, un exteniente argentino acusado del secuestro y tortura de decenas de militantes, que vive en nuestro país desde hace más de 10 años. El 26 de mayo de 2020, el ministro de Justicia Alfonso Bonafede autorizó la apertura de un juicio en su contra en Italia. O como Don Franco Reverberi, un ex capellán militar acusado de haber presenciado la tortura de varios internos en un campo de exterminio argentino. Reverberi celebra hoy misa en Sorbolo, un pequeño pueblo de la provincia de Parma. En abril pasado, se solicitó su extradición a Argentina por segunda vez.
El cura genocida que da misas en Italia
Resumen Latinoamericano 19 enero, 2021
Por Carlo Bonini, Elena Basso, Marco Mastrandrea y Alfredo Sprovieri
Jorge Nestor Troccoli, Carlos Luis Malatto y el sacerdote Franco Reverberi son prófugos que llevan una buena vida escondidos en Italia. Se les acusa de crímenes de lesa humanidad por los horrores cometidos por las dictaduras militares hace 40 años en Argentina y Uruguay. Explicamos dónde viven y quién les protege.
De 2015 a 2018, Carlos Malatto vivió en Calascibetta, un pequeño pueblo siciliano de 4.000 habitantes. Hoy nadie contesta al timbre de la antigua casa de Malatto, pero un poco más adelante, en vía Conte Ruggero, contesta el intercomunicador la mujer que años antes había cedido la propiedad al teniente. Dice que nunca tuvo nada que ver con Malatto antes de alquilar su casa. Explica que estaba registrado con un contrato regular y que ya hace dos años que no está. No quiere agregar nada más.
Son muchos los habitantes del pueblo que recuerdan al ex teniente: cuando leyeron los artículos sobre él el año pasado no podían creer que ese jerarca fuera el mismo hombre que habían visto caminando por las calles de Calascibetta. Siempre lo veían solo, pero recuerdan que una vez su hijo vino a verlo. No hacía amigos, no era muy sociable con los habitantes, pero el dueño del estanco lo recuerda muy bien: “Lo veía casi todos los días, hablaba muy bien el italiano. Era un tipo particular, tenía formas muy distintas de hacer las cosas. Aquí siempre compraba una tarjeta para rascar, pero se la llevaba a casa para rascar y al día siguiente venía a cobrar las ganancias. También me dijo que había sido soldado en su país, estaba muy orgulloso de ello: me había confesado que había sido un soldado importante”. Antes de residir en Calascibetta, Malatto fue sorprendido en Génova en octubre de 2014, donde fue invitado en la parroquia de San Giacomo Apostolo en la pequeña aldea de Cornigliano. Había declarado que lo había ayudado su padre argentino, José Galdeano Fernández, quien fue párroco allí en esos años.
En 2013, el exteniente argentino Carlos Malatto enfrentaba el proceso de solicitud de extradición presentado por el gobierno argentino en el juzgado de L’Aquila, competente en el territorio
Actualmente Galdeano vive en Madrid, donde ejerce de párroco en la Iglesia de San Valentín y San Casimiro, en el distrito de Vicálvaro. Es originario de la misma ciudad de Malatto, Mendoza, donde tomó sus órdenes el 2 de octubre de 1988. Cuenta: “Conocí a su esposa, una señora que luchó durante mucho tiempo contra el cáncer. Yo fui párroco en la zona donde vivió de 1992 a 1997, solía ir a misa con su familia pero yo no tenía ni idea de su pasado. En el verano de 2014 me llamó, sabía que yo estaba en Italia y me pidió hospitalidad: dijo que tenía familia en Génova y que tenía que quedarse un tiempo. En total se quedó unos 15 días. Un día vino una camioneta a recogerlo y nunca lo volví a ver. Estoy seguro de que alguna organización lo estaba protegiendo, no estaba trabajando y sé que su familia no era rica, pero él vivía tranquilo”.
En 2013, el exteniente argentino enfrentaba el proceso de solicitud de extradición presentado por el gobierno argentino en el juzgado de L’Aquila, competente en el territorio. Lo defendió su abogado de confianza, Augusto Sinagra, ex abogado de Licio Gelli y exjefe de Rim22 Jorge Olivera. Los registros muestran que Carlos Malatto residía en esos años en un hostal en un pequeño caserío de L’Aquila. La dueña de la propiedad dijo que no tenía idea de quién era Carlos Malatto: ninguna persona con ese nombre había pasado una sola noche allí. En la oficina de registro de L’Aquila y en la jefatura de policía hay de hecho dos direcciones de residencia distintas del exteniente, y ninguna corresponde a la del hostal.
“Me duele saber que Malatto sigue libre y que disfruta de una vida que un ciudadano común no puede permitirse”, dice Eva, hermana de desaparecidos
Una de las direcciones es Piazza del Santuario 21 en Madonna di Roio, la residencia del instituto de reparadores Siervos de María. “Lo hospedamos durante dos años en nuestra estructura, donde pagaba el alquiler con regularidad y donde hospedamos a muchas otras personas, muchos estudiantes, por ejemplo”, dice la hermana Pia, quien estuvo a cargo de la estructura en esos años. “Tenía un abogado y se desempeñó en Mercy, sus hijos vinieron a visitarlo y él volvió otras veces a saludarnos, es un buen católico que asistió a misa. No entiendo por qué ustedes periodistas siguen investigando. Dejadle vivir en paz”.
Rasca y gana
Hoy Carlos Malatto vive en la exclusiva residencia de Portorosa, en la provincia de Messina, un gran complejo turístico que cuenta con varios bares y restaurantes de lujo en su interior, un puerto con servicio de yates y varios hoteles. En noviembre pasado, Eva visitó el lugar donde vive el exteniente argentino: “Me duele saber que Malatto sigue libre y que disfruta de una vida que un ciudadano común no puede permitirse. Es como si Hitler viviera en las Bahamas y quienquiera que causó el Holocausto fuera libre de vivir una vida de placer”.
En mayo de 2018, el exteniente argentino recibió un chalet de dos plantas en el complejo Portorosa en préstamo gratuito de una mujer residente en Enna. Su casa, con jardín y rejas rojas, está ubicada cerca de una avenida y tiene vistas al mar. La villa tiene un acceso privado a las dos playas en la larga playa que se encuentra frente a Portorosa: se necesitan dos pasos para llegar a la primera tumbona junto al mar. Malatto, dicen los lugareños, pasa sus días en su pequeño bote amarrado en el puerto y es dueño de dos autos, un viejo Panda blanco que solo usa para viajes cortos desde la residencia y un Mercedes Benz gris metalizado que usa para ir a Enna. A menudo cena en una pizzería no lejos de Portorosa. Casi siempre está solo, aunque en el período anterior al Covid fue visto varias veces con su pareja argentina.
“En Argentina a menudo tratan de hacer pasar a los exsoldados de la dictadura como pobres viejos. Estos pobres ancianos, sin embargo, han hecho desaparecer a 30.000 personas”
Tras el clamor provocado por su descubrimiento, Malatto no se presentó en la zona durante mucho tiempo. Hoy, los lugareños no pueden decir con certeza si todavía vive en la residencia. Y de hecho, no hay rastro del ex teniente argentino, hasta que su viejo Panda blanco aparece en el camino de entrada debajo de su casa a la hora del almuerzo. La ventana que da a la avenida está abierta y desde allí se ve a Malatto. En unos minutos cierra la ventana y la puerta de la casa. Se sube al coche y, con la misma prisa con la que llegó, se marcha.
Residencia Portorosa
Era una tarde de octubre de 1976, Manuel y Ana Saroff estaban en su casa en Mendoza cuando escucharon el llanto de un bebé. Salieron corriendo: en su porche había un bebé. Desde hacía algunos meses los padres del niño, Alfredo y Marta Lerouc, vivían escondidos en San Juan: eran militantes de Montoneros, una organización guerrillera opuesta a la dictadura, y sabían que estaban en peligro. Manuel y Ana no podían imaginar que unos días antes Alfredo había sido asesinado en la calle por los hombres del Rim22 y que Marta estaba detenida. Desde entonces no se ha sabido nada más de Marta y todavía hoy sigue desapareciendo. Eva Lerouc en 1976 tenía dos años y esa tarde estaba en casa con sus abuelos Manuel y Ana cuando encontraron a su hermano pequeño en la veranda. Desde entonces nunca ha dejado de exigir justicia para sus padres y en noviembre pasado voló a Roma para testificar contra el exteniente Carlos Malatto.
Tanques frente a la Casa Rosada. Golpe de estado contra el gobierno de Isabel Martínez de Perón el 24 de marzo de 1976.
Hoy Eva todavía vive en San Juan y acusa: “Para los que han cometido estos terribles crímenes pedimos la cárcel. Mis padres no tuvieron derecho a un juicio, pero no pedimos nada más que eso para quienes los torturaron y mataron. En Argentina a menudo tratan de hacer pasar a los exsoldados de la dictadura como pobres viejos que solo piden que los dejen en paz. Estos pobres ancianos, sin embargo, han hecho desaparecer a 30.000 personas. Un dolor como el que estoy experimentando no se puede superar, solo se puede sobrevivir. Saber que quien te causó todo este sufrimiento está pagando su condena es la única forma que te permite seguir adelante”.
El bebé en el porche
El 26 de mayo, el ministro de Justicia, Alfonso Bonafede, autorizó la apertura de un juicio contra Carlos Luis Malatto por los delitos de homicidio múltiple agravado, secuestro con fines de extorsión y violencia sexual contra cinco ciudadanos argentinos: Alfredo y Marta Lerouc, Anne Marie Erize, Arias Florentino y Juan Carlos Campora. El exteniente argentino, en el momento del golpe, tenía 27 años y era jefe segundo de Rim22, el 22 Regimiento de Infantería de Montaña de la ciudad de San Juan.
Entre 1976 y 1983 en San Juan, más de cien opositores políticos fueron secuestrados y desaparecidos, y se cree que estos crímenes son obra de Rim22
Para escapar de la justicia argentina, Carlos Luis Malatto vive en Italia desde hace casi diez años, Después de habérsele perdido la pista durante algún tiempo, fue localizado por la República en junio de 2019 en Portorosa, en la provincia de Messina.
Entre 1976 y 1983 en San Juan, más de cien opositores políticos fueron secuestrados y desaparecidos, y se cree que estos crímenes son obra de Rim22. Como revela Eloy Camus, historiador y autor del libro Víctimas del terrorismo de Estado en San Juan, “toda la coordinación de las acciones represivas estuvo a cargo del teniente Malatto, quien encabezó el grupo que llevó a cabo los secuestros, torturas y asesinatos”.
Los hombres de Rim22, según afirmaron los sobrevivientes durante los juicios celebrados en San Juan por crímenes de lesa humanidad, se destacaron por la brutalidad de las prácticas represivas adoptadas.
Eloy Camus tiene ahora 61 años y aún vive en San Juan donde, cuando solo tenía 18 años, fue secuestrado y torturado por los hombres de Rim22. A lo largo de los años ha sido uno de los principales testigos de los juicios que involucran a los desaparecidos de San Juan y como denuncia Camus: “Otro éxito de la organización de Rim22, hecho posible solo por la atención escrupulosa y metódica del teniente Malatto, es el de San Juan, donde nunca se han encontrado los cuerpos de ninguno de los desaparecidos”.
Infierno de San Juan
En 2015 llegó una noticia impactante para la tranquila vida de Jorge y Betina: el fiscal Giancarlo Capaldo, que había instruido el mandato internacional de Troccoli, logró instituir un macro juicio en Roma para las víctimas italianas de las dictaduras sudamericanas. En el macro juicio de Cóndor, en la sala de audiencias del búnker de Rebibbia, los imputados también incluyeron al exfusilero uruguayo Jorge Nestor Troccoli, el único que reside actualmente en Italia y que el 13 de octubre de 2016 hizo declaraciones espontáneas en la sala de audiencias.
Troccoli, que en ese momento era un joven militar, formó parte de los Fusna, fusileros de la armada uruguaya, grupo que desde los 70 tenía la tarea de dedicarse a la represión política
El juicio se refería a las víctimas de origen italiano del denominado Plan Cóndor, la operación nacida en noviembre de 1975 en Santiago de Chile con la que ocho Estados sudamericanos se comprometieron a capturar a los militantes exiliados en América Latina, Estados Unidos y Europa. Como explica el exfiscal Giancarlo Capaldo: “El juicio italiano fue único porque los otros juicios a las víctimas de dictaduras sudamericanas se referían a la desaparición de personas, mientras que con el juicio Cóndor los hechos se destacaron como articulaciones de un plan de represión sistemática e internacional. Troccoli, en ese momento, era un joven desenfrenado oficial de la armada uruguaya que, según nuestra reconstrucción, estaba muy ocupado y colaboraba con otros servicios para la captura clandestina, tortura y desaparición de personas. Troccoli, que vivía bien en Uruguay, llegó a Italia porque en su país habían comenzado los juicios contra las juntas militares y algunos de sus compañeros habían sido detenidos. Así, para escapar de la justicia uruguaya, Troccoli recordó que tiene la ciudadanía italiana y es un expatriado”.
Pero, ¿por qué Troccoli, jefe de inteligencia uruguaya, es uno de los imputados en un juicio por el Plan Cóndor? Troccoli, que en ese momento era un joven militar, formó parte de los Fusna, fusileros de la armada uruguaya, grupo que desde la década de 1970 tenía la tarea específica de dedicarse a la represión política. En 1977 fue trasladado a Argentina con el pretexto de un curso de formación, pero en realidad su tarea era otra: tenía que capturar, como soldado de la Operación Cóndor, a los militantes uruguayos exiliados en Argentina, especialmente en Buenos Aires.
Durante el juicio, Troccoli fue acusado de la muerte y desaparición de 20 personas y decenas de testigos volaron a Roma para declarar en el transcurso de casi dos años de audiencias
Son muchos los testigos que en esos años vieron al exfusilero uruguayo dentro de la Escuela de Mecánica de la Armada (Esma), el centro subterráneo más grande de Buenos Aires. Como observa Francesca Lessa, investigadora de la Universidad de Oxford y una de las principales expertas en la Operación Cóndor: “Cuando Troccoli fue trasladado a Buenos Aires, se convirtió en el oficial de enlace entre las armadas uruguaya y argentina. Asumió una función estratégica en territorio argentino ya a finales de 1977 y en 1979 se integró al notorio grupo operativo ESMA, donde realizó operativos de incautación, interrogatorios y torturas para obtener información que pudiera conducir a detenciones y detenciones. Todo esto se desprende del expediente militar de Troccoli, donde también es ampliamente elogiado por oficiales de alto nivel”.
Durante el juicio, Troccoli fue acusado de la muerte y desaparición de 20 personas y decenas de testigos volaron a Roma para declarar en el transcurso de casi dos años de audiencias. El 17 de enero de 2017 Troccoli fue absuelto por el Tribunal de lo Penal de Roma, pero luego la sentencia fue revocada en segunda instancia: en julio de 2019 fue condenado a cadena perpetua por los jueces romanos. El exmilitar uruguayo, aún residente en Italia, espera ahora la lectura de la sentencia de la Corte Suprema que fue fijada para el 24 de junio de 2021. Hoy vive en Battipaglia, dejó Marina di Camerota hace años después de varias disputas entre su familia y con el exabogado defensor.
Localizamos a Nestor Troccoli en su casa, que se encuentra dentro de algunos edificios populares en el distrito Belvedere de Battipaglia. El exsoldado dice que no puede hablar con los periodistas porque espera la sentencia de la Corte Suprema. Su foto más reciente lo muestra de vacaciones con su esposa Betina: llevan máscaras anti Covid, pantalones cortos, camisas de manga corta y gafas de sol. Parecen despreocupados, con los cables de una audioguía alrededor del cuello y un árbol en flor detrás de ellos.
“Es cierto que el terrorismo de Estado se aplicó desde arriba, pero muchos dijeron que no y todos podrían haber hecho lo mismo”, apunta Rafael Michelini
Hoy, las autoridades italianas investigan dos nuevos casos que involucran al ex fusilero uruguayo: el asesinato de los militantes italo-argentinos Raffaela Filipazzi y José Agustín Potenza. Los dos fueron secuestrados en Montevideo el 25 de junio de 1977. Estaban alojados en el hotel Ermitage y fueron detenidos durante un operativo conjunto de fuerzas uruguayas y paraguayas. No se supo nada más de ambos durante muchos años. En todo este tiempo, sin embargo, sus hijos niños nunca han dejado de buscarlos y en 2017 hubo un punto de inflexión: sus restos fueron encontrados en una fosa común en Misiones, Paraguay. Silvia Potenza, hija de Agustín, hoy pide justicia para su padre y dice: “Encontrar su cuerpo fue muy importante para mí, tener un familiar desaparecido es siempre tener algo pendiente. Los últimos años han sido muy duros, encontré a mi padre y lo traje de regreso a casa. Necesito seguir adelante, pero también quiero que Nestor Troccoli sea condenado y pague por lo que hizo. No acepto que los soldados de la dictadura uruguaya pasen sus últimos años como jubilados ordinarios”.
Rafael Michelini, exsenador uruguayo e hijo de Zelmar Michelini, es de la misma opinión. Su padre fue la principal figura política opositora a la dictadura, asesinado en 1976 mientras se encontraba exiliado en Buenos Aires. Troccoli dedicó su libro La ira del Leviatán a Rafael. En esas páginas dice que el exsenador lo había visitado varias veces.
Como señala Michelini: “Fue muy importante que finalmente un soldado hablara y dijera públicamente: torturé. Esperaba poder entablar un diálogo con Troccoli, sobre todo para averiguar qué había pasado con los desaparecidos. Sin embargo, las declaraciones de los exmilitares nunca se convirtieron en ayudas concretas ni en la plena asunción de responsabilidad. Es cierto que el terrorismo de Estado se aplicó desde arriba, pero muchos dijeron que no y todos podrían haber hecho lo mismo. Incluso hoy, tanto él como sus compañeros soldados están convencidos de que han salvado a su patria de los terroristas y que esa era la única forma de actuar. En la década de 1970, en Uruguay, había algunas organizaciones armadas planeando la revolución, en su contra se debía aplicar la ley con juicio y no tortura sistemática, ocultación y desaparición de cadáveres. Troccoli debe tener garantizados todos sus derechos, pero debe pagar por lo que hizo. En esos años, los militares uruguayos decidieron la vida o la muerte de cientos de ciudadanos. Un crimen de este tipo no puede quedar impune”.
Cóndor
Troccoli llevó una vida pacífica hasta que, en 2007, se abrieron los juicios contra los militares de la dictadura. Como explicó Mirtha Guimoni Rodríguez, la fiscal uruguaya que inició el juicio contra Troccoli en Montevideo, a los jueces romanos durante su testimonio en el juicio de Cóndor el 20 de octubre de 2015: “Cuando enviamos una orden a Troccoli, su abogado defensor nos dijo que su cliente estaba en Brasil por negocios, pero eso no era cierto. Ya estaba de camino a Italia”. De hecho, en octubre de 2007, Jorge Nestor Troccoli llegó a Marina di Camerota, un pequeño pueblo del Cilento de donde provenía su familia. Unos años antes había solicitado y obtenido la ciudadanía italiana.
A su llegada al país se encontró con el abogado Adolfo Domingo Scarano, quien se convirtió en su primer abogado defensor y quien dice: “Fui a buscarlo a la estación de Pisciotta a las 9 de la noche e inmediatamente me di cuenta de que tenía dos maletas muy grandes. Recuerdo que enseguida le dije a mi hermano que algo no iba bien, que creía que se había escapado. Al día siguiente me contó cuál era la situación y lo traje aquí, a mi casa, se alojó en una pequeña habitación del piso de arriba hasta Navidad, cuando se fue a vivir por un tiempo al campamento de mi hermano ya que el piso de arriba de mi casa había sido alquilado para vacaciones.
En repetidas ocasiones me dijo que quería hablar con un magistrado porque lo buscaban con un mandato internacional, pero yo le respondí: ‘Acude a los tribunales al magistrado cuando yo lo diga’. Le aconsejé que no se dejara ver demasiado porque estaba informado y efectivamente había una orden de arresto internacional en su contra y, como abogado, quería que lo detuvieran en el mejor momento posible. Jugué astucia y sabiendo que en Uruguay las canchas paran por 45 días, del 25 de diciembre al 10 de febrero, le aconsejé que dejara pasar la Navidad e ir a constituirse antes del Año Nuevo. Sin embargo, el 21 de diciembre apareció en el Mattino un pequeño artículo con su fotografía y así se montó antes de lo esperado”.
Cristina Flynn tenía los ojos vendados, tres hombres la sujetaban con fuerza y la empujaban. Le dijeron que la violarían y la harían desaparecer. Tenía una pistola apuntada a su cabeza
Troccoli efectivamente lo hizo en la noche del 23 de diciembre, fue inmediatamente detenido y encarcelado en Regina Coeli, de donde fue liberado el 24 de abril de 2008, ya que la embajada de Uruguay no envió la solicitud de extradición a la cancillería italiana dentro del tiempo señalado. Un error que causó mucho revuelo en Uruguay y que supuso la destitución del entonces embajador uruguayo en Italia, Carlos Abín. Tras su salida de prisión, el ex fusilero uruguayo inició su vida como jubilado en Marina di Camerota. Todos en el país se conocen. La mayoría de los habitantes aquí tienen vínculos con América del Sur. La emigración, especialmente a Venezuela, fue muy fuerte. Los habitantes describen a Troccoli como un hombre muy hábil, inteligente y tímido. Vivió aquí durante años con su esposa Betina, profesora de inglés en Uruguay, que trabajaba en una boutique con vistas al mar en Marina di Camerota. Troccoli, que sigue recibiendo la paga de jubilación de Uruguay como ex soldado, intentó montar un pequeño negocio de alquiler de karts para los numerosos turistas que acuden en masa a Marina di Camerota cada verano. Sin embargo, las máquinas que le vendieron estaban defectuosas, por lo que intentó entablar una demanda civil.
Marina di Camerota
Cristina Flynn tenía los ojos vendados, tres hombres la sujetaban con fuerza y la empujaban. Le dijeron que la violarían y la harían desaparecer. Tenía una pistola apuntada a su cabeza. No sabía dónde estaba, pero el olor a sal le llegó fuerte. Desde la venda de los ojos solo podía ver el piso del lugar por donde caminaba: eran las tejas del puerto de Montevideo, su ciudad. Cristina era muy joven y militaba para oponerse a la dictadura que en esos años oprimía a su país, Uruguay. La llevaron a un pasillo y la torturaron durante horas. Era diciembre de 1977. Cristina sobrevivió a la tortura y finalmente fue obligada a quitarse la venda de los ojos para firmar un informe. Nunca olvidó el rostro del soldado que se encontró frente a ella ese día y casi 20 años después, en 1996, vio ese rostro en las portadas de todos los periódicos. Ese soldado se llamaba Jorge Nestor Troccoli.
En el momento del secuestro de Cristina era el jefe del S2, la inteligencia de la Armada de Uruguay y en 1996 fue el primer militar en hablar públicamente sobre lo ocurrido en los años del terrorismo de Estado. El caso estalló en Uruguay, Troccoli firmó una larga carta abierta en el diario El País en la que admitió haber secuestrado y torturado a los militantes, realizó varias entrevistas y al año siguiente publicó un libro titulado La ira del Leviatán, en el que repasó esos años desde su punto de vista. En el momento de esa sensacional liberación pública, Troccoli tenía 49 años, era militar, vivía en Montevideo con su esposa Betina e incluso estaba matriculado en la universidad en Antropología. Los tiempos de los juicios militares aún estaban lejos, se negaba que hubiera habido muertos, desaparecidos, torturas.
El rostro del S2
Hay muchos casos documentados de capellanes que, como don Franco, ayudaron a los militares en los centros de exterminio. Como explican Lucas Bilbao y Ariel Lede, investigadores de los vínculos entre la Iglesia y la dictadura argentina y autores del libro Profeta del genocidio: “Los casos de párrocos reconocidos por los supervivientes de los centros de detención y exterminio son variados. Los más famosos son los de José Eloy Mijalchyk y Alberto Ángel Zanchetta y también en estos dos casos —como el de Reverberi— el nombramiento oficial como capellanes militares se produjo años después de los hechos denunciados por los testigos. Zanchetta fue uno de los capellanes de la Esma de Buenos Aires, uno de los centros de exterminio más mortíferos de todo el país, donde fueron detenidas más de 5.000 personas”.
En 1995, el periodista Horacio Verbitsky entrevistó a Adolfo Scilingo, quien fue el primer militar argentino en hablar de los campos de exterminio y de los vuelos de la muerte, con los que se arrojaban al mar los cuerpos de los prisioneros, aún vivos, para hacerlos desaparecer. Scilingo también habló de los capellanes militares de Esma y mencionó a Zanchetta, quien lo confesó después de su primer vuelo de muerte. Zanchetta fue capellán del Esma de 1975 a 1977, pero no figura en la lista oficial de capellanes militares hasta 1984. Mijalchyk, por su parte, fue nombrado oficialmente capellán militar en 1982 pero hay numerosos testimonios de supervivientes que aseguran haber sido interrogados por él en el centro clandestino Arsenales, en la provincia de Tucumán, entre 1976 y 1977. El párroco, según testigos, invitó a los detenidos a colaborar con los militares y que se negó a rezar con ellos porque “todos irían al infierno de todos modos”. Fue el primer sacerdote acusado en un juicio en Argentina por crímenes de lesa humanidad.
Arturo Salerni, quien, en el caso Reverberi, fue parte civil en la Corte Suprema de Justicia de la República Argentina y quien de 2015 a 2019 en Roma fue uno de los principales abogados defensores de las víctimas del macro juicio Cóndor en el que fueron condenados en segunda instancia a cadena perpetua 24 responsables de crímenes cometidos durante las dictaduras sudamericanas, explica: “En este tipo de juicios nunca hay documentos oficiales que acrediten las actividades de los imputados, ya que eran ilegales. Reverberi fue acusado por los supervivientes de haber sido cómplice de la tortura y no de haber sido un mero observador con actitud pasiva, sino de haber dado mayor estímulo y determinación a la actividad de los torturadores, legitimándolos con su propia presencia activa y bendita. En estos juicios se reconstruyen principalmente las acciones llevadas a cabo por los imputados a través de los relatos de testigos, de quienes pasaron por esas cámaras de tortura y sobrevivieron. En el caso de Reverberi ha habido varios testigos y todos han hecho un reconocimiento preciso del sacerdote: era él, estaba allí”.
Los capellanes del horror
Las misas en Sorbolo no se detuvieron ni siquiera durante el período de cuarentena impuesto por la emergencia del Covid. Los párrocos siguieron celebrando misas en streaming. Y, con motivo del cuarto domingo de Cuaresma, fue el mismo Franco quien subió al púlpito, abriendo su homilía con voz segura: “El pecado es tinieblas, muerte y distancia de Dios. Convertámonos y pidamos perdón al Señor. Antes éramos tinieblas, ahora debemos ser la luz del Señor”. El streaming masivo de la parroquia de Sorbolo fue todo un éxito, tanto que el 28 de marzo se publicó una foto de la función en la portada de la prestigiosa revista inglesa The Guardian Weekly. En la parte inferior derecha está Franco, en el centro una inscripción: Keeping the faith (manteniendo la fe).
Además de Mario Bracamonte, otros tres ex presos políticos declararon contra Reverberi: Sergio Chaqui, Roberto Rolando Flores Tobio y Enzo Bello Crocefisso. Este último afirmó que fue detenido en diciembre de 1976 en General Alvear, localidad a 85 kilómetros de San Rafael, y que fue interrogado por un párroco que le habló en italiano, hecho poco común entre los sacerdotes de la zona. El 5 de noviembre de 2013, Aurelio Guerrero, psiquiatra italo-argentino, se presentó espontáneamente en el Juzgado Federal de San Rafael y declaró haber visto a Reverberi ingresar en varias ocasiones desde 1976 a 1978 en un centro utilizado por los servicios de inteligencia argentinos ubicado en pleno San Rafael. Explicó que estaba seguro de que el hombre era Franco, ya que lo conocía desde niño.
En contraste con los testigos que declararon haber visto al párroco en varios centros clandestinos y en lugares de inteligencia, Reverberi declaró el 23 de agosto de 2010 ante los jueces argentinos que no tenía ninguna relación con los hechos y que nunca había ingresado en un centro clandestino. En apoyo de su versión, mostró el documento del obispado que lo nombró oficialmente capellán militar del ejército de San Rafael el 26 de mayo de 1980.
“Hace unos días, cuando ustedes periodistas llegaron a Sorbolo, le escribí al obispo para decirle que buscaban a Don Franco. El obispo respondió que os diera un puñetazo en los dientes. ¿Quieres ver el mensaje?”.
“El pecado es oscuridad. Mantened la fe”
Mientras Franco vuelve a casa con la pizza para llevar, en la Iglesia en el centro de la plaza de Sorbolo está Aldino Arcari, párroco de la diócesis. Ha trabajado durante muchos años junto a Franco. Arcari está desinfectando la Iglesia como lo requieren las reglas anti Covid: la misa acaba de terminar y un bautismo comenzará en breve. Su voz resuena por los pasillos: “No entiendo qué quieren ustedes los periodistas de don Franco. Ni siquiera era capellán militar en esos años, ni siquiera podía estar allí. Es suficiente, no puedo creer que hayas venido desde Roma por estas cosas. Pobre muchacho, pero ¿sabes que ha tenido dos infartos? Lo que estás haciendo es crueldad, es una tortura contra él. Han pasado 40 años, hay que dejarlo en paz. Hace unos días, cuando ustedes periodistas llegaron a Sorbolo, le escribí al obispo para decirle que buscaban a Don Franco. El obispo respondió que os diera un puñetazo en los dientes. ¿Quieres ver el mensaje?”.
En los últimos años, el caso de Franco ha vuelto a menudo a los titulares: se ha hablado de un párroco buscado por Interpol por crímenes de lesa humanidad. Sin embargo, encontrar a alguien dispuesto a hablar de ello en Sorbolo es muy difícil. La comunidad se cierra en un silencio compacto. No saben nada al respecto, dicen. Se ha denegado la solicitud de extradición, por lo que, para ellos, Franco es inocente.
Algunos, sin embargo, piensan de manera diferente. Cristina Milanese es profesora y vive junto a la Iglesia de Enzano, una aldea de Sorbolo. De este pequeño pueblo viene Reverberi y es aquí donde en 2011 empezó a dar misa. Cuando Cristina descubrió que el párroco era buscado por Interpol, salió de la casa y habló con sus vecinos pidiéndoles que no asistieran más a las misas oficiadas por Franco. Cristina está sentada a la mesa de su cocina y detrás de ella está la ventana desde la que se ve la iglesia. “Nadie me escuchó, todos siguieron asistiendo a misa. Estoy convencido de que para saber si una persona es culpable hay que esperar el resultado del juicio, no se puede juzgar a priori. Dejemos, pues, juzgar a Don Franco. Debes darle a la justicia la oportunidad de condenarte o exonerarte, si no has hecho nada. No puede escapar de esto, especialmente si predica el Evangelio. Es muy serio. Estos hechos no deberían suceder, al menos esas familias merecen algo de justicia. Pienso en esas madres, en los chicos de 20 años que fueron torturados y asesinados: no se puede, son hijos de todos”.
“En 2013, cuando se rechazó la solicitud de extradición de Don Reverberi, la ley sobre el delito de tortura estaba ausente en nuestro Código Penal y esto favoreció la impunidad del ex capellán militar”
En 2016 fue la asociación Antígona la que propuso a los fieles de Sorbolo el boicot a las misas oficiadas por Reverberi. El presidente Patrizio Gonnella dice: “Lo que sostenemos es que un sacerdote, incluso más que un laico, debe tener un sentido eterno de justicia y no escapar de un juicio. Por eso Don Franco debe presentarse ante un juez, explicarse, defenderse y, si no es responsable, salir ileso. Lo que defendimos en 2016 como asociación no era condenar a Reverberi, sino al menos que le juzgaran. Un día me gustaría organizar una conferencia con Antigone en Sorbolo e invitar a académicos y jueces a hablar sobre la tortura y los regímenes que la producen. Debido a que sería correcto discutirlo con la comunidad, sería legítimo hablar de ello. En 2013, cuando se rechazó la solicitud de extradición de Don Reverberi, la ley sobre el delito de tortura estaba ausente en nuestro Código Penal y esto favoreció la impunidad del ex capellán militar”.
Y es precisamente por la introducción de la ley sobre la tortura en el código italiano que el 2 de octubre se presentó una solicitud a los jueces argentinos para solicitar la extradición de Franco de Italia por segunda vez, rechazada por primera vez en 2014. En el documento se solicita extender los cargos a homicidio agravado, privación abusiva de la libertad con uso de violencia y conspiración para delinquir. También se solicita que se restituya la orden de captura internacional emitida por Interpol en 2012 y que hoy ha caducado. La solicitud fue firmada por Richard Ermili, abogado de la Asamblea Permanente por los derechos humanos (APDH), quien explica: “En Argentina la religión católica es la más seguida por la población y, en virtud de esto, don Reverberi ejerció una autoridad de la que se espera compasión, ayuda y guía espiritual. Pero eso no era lo que hacía en los años de la dictadura, cuando invitaba a los presos a colaborar con las personas que los secuestraban. Creo en los testigos: personas que han sido secuestradas sin motivo, sin causa, sin juicio. Creo lo que dicen, les creo profundamente. Y no lo hago por conveniencia, sino porque los he escuchado. Y si les escuchas sabes que están diciendo la verdad”.
Mario Bracamonte sintió frío. Estaba tendido en el suelo de una habitación oscura. Era de noche y las tejas a su alrededor estaban rojas y pegajosas. Era el 9 de julio de 1976 y Mario había sido torturado durante muchas horas junto a otros internos. El suelo estaba cubierto de su sangre. No fue la primera vez. Pasaba casi todas las noches, pero nunca así. Mario tenía 28 años y se preguntaba si sobreviviría esa noche. El sufrimiento físico era tal que luchó por sentir algo más que el dolor de su propio cuerpo, hasta que escuchó claramente a los militares ordenarle que limpiara la habitación de sangre. Los presos no tenían nada que hacer y los carceleros lo tenían claro: tenían que secarse arrastrándose por el suelo con el cuerpo. Para observar el espectáculo de la tortura y los prisioneros arrastrándose por el suelo —recuerda Mario— estaba Franco. Y lo recuerda porque, mientras lo torturaban, él buscó la mirada del cura, antes de que los militares lo patearan: “¿Qué estás mirando, negro?”.
Mario Bracamonte sobrevivió esa noche. Hoy tiene 67 años y aún vive en San Rafael. Está jubilado y, junto a su esposa Titi, reconstruye las horas más oscuras de su vida. Se detiene varias veces, extraña las palabras y la voz. Su esposa interviene para explicar lo difícil que es. Pero ambos dicen que es necesario. “Conocí a don Reverberi, era párroco de la ciudad. Cuando me secuestraron y lo vi entrar por primera vez con los militares, no lo podía creer —dice Mario—. Ni me importa que Reverberi vaya a la cárcel, solo quiero que responda las preguntas. Quiero que responda las preguntas para encontrar a los compañeros que hoy ya no pueden estar aquí con nosotros”.
“Limpiar la sangre con el cuerpo”
De hecho, durante el juicio, cuatro testigos dijeron que el capellán militar estuvo presente mientras eran torturados, a quien identificaron como Reverberi. Era pastor de su ciudad y lo conocían bien antes de ser detenidos. Dijeron que Franco vestía ropa militar y presenció las golpizas con la Biblia en la mano, invitando a cooperar a los torturados. Nunca una palabra de consuelo. El 23 de agosto de 2010, Reverberi se declaró ajeno a los hechos. Pero el 14 de junio de 2011, cuando el fiscal federal José Maldonado lo citó con una citación, ya lo había perdido. El 10 de mayo de ese año voló a Italia. Y, en su lugar, en la sala de audiencias, se había presentado el vicerrector del obispo Luis Marcelo Gutiérrez para entregar a los jueces un expediente médico que certificaba problemas cardíacos. Los mismos que habrían impedido que el sacerdote viajara para asistir al juicio. El 26 de septiembre de 2012 Argentina solicitó la extradición e Interpol emitió una orden de búsqueda internacional contra el párroco. El 20 de octubre de 2013, el Tribunal de Apelación de Bolonia rechazó la solicitud de extradición.
Con la Biblia en la mano
Son las seis de la tarde y el sonido de las campanas invade la pequeña plaza de Sorbolo, un pueblo de 9.000 habitantes en la provincia de Parma. En el crepúsculo, un anciano que sostiene un palo entra en la pizzería del lado de la plaza. Se escucha la voz de una mujer: “Toma la pizza don, ya está pagada”. El hombre se da vuelta y sale de la habitación. Su nombre es Franco Reverberi y es el párroco ítalo-argentino de la localidad. Había dejado Sorbolo a los 11 años con su familia para irse a Argentina y, desde 2011, es párroco de la aldea emiliana. Bien recibido y amado por la comunidad, llevó una vida tranquila y apartada hasta que su foto policial apareció en el sitio web de Interpol. Era 2012. La acusación: crímenes de lesa humanidad y tortura. Es difícil reconocer a Franco Reverberi, buscado por la Interpol, en el hombre que sale de la pizzería.
—Disculpe, ¿es Don Franco Reverberi?.
—Sí.
Ante la solicitud de una entrevista, el párroco se alarma. Dice que es “un hombre muy enfermo”. Se apresura a casa y, cerrando la puerta detrás de él, agrega: “Yo ni siquiera era capellán militar en esos años, no podía estar allí”. La historia, sin embargo, documenta al otro. Franco, durante más de 40 años, vivió y trabajó como párroco en San Rafael, ciudad argentina al sur de Mendoza, donde durante los años de la dictadura se había creado un centro clandestino de tortura y exterminio, la Casa Departamental. Decenas de personas fueron detenidas, torturadas y asesinadas en San Rafael. Y para juzgar a los autores de esos delitos en agosto de 2010 se celebró un macrojuicio. Franco Reverberi, durante los años de la dictadura, fue capellán militar del ejército de esa ciudad y fue llamado a declarar.
Los protagonistas
En América del Sur, la década de 1970 estuvo marcada por feroces regímenes militares que llevaron, solo en Argentina, a la desaparición y eliminación de más de 30.000 opositores políticos: los desaparecidos. Cualquier persona considerada subversiva era secuestrada por los militares y luego trasladada a un centro de detención clandestino para ser torturada y la mayoría de las veces asesinada. Esos agujeros negros eran cientos y oficialmente no existían, porque todo lo que sucedía dentro de esos muros debía permanecer en secreto. Los centros estaban por todas partes: en un garaje del centro de Buenos Aires, en el puerto de Montevideo, en villas provinciales o en edificios de la administración pública. Los soldados asignados a los centros clandestinos habían recibido una formación especial en técnicas de tortura: los reclusos eran violados, golpeados hasta la muerte, colgados en las paredes, torturados con electricidad. Muchos no lo lograron. Los que sobrevivieron permanecieron encerrados durante años, o fueron cargados en un avión para ser arrojados al mar con los vuelos de la muerte.
Toda una generación fue exterminada: jóvenes de entre 15 y 25 años que militaron para oponerse a la dictadura. Los cuerpos de muchos de ellos nunca se han encontrado. Fueron necesarios muchos años para que se empezara a descubrir la verdad. Durante décadas, los responsables del horror continuaron negando. Luego, los sobrevivientes comenzaron a testificar y algunos militares comenzaron a admitir. Hasta que, a principios de la década de 2000, tras la derogación de las leyes que garantizaban la inmunidad a los responsables de crímenes cometidos durante las dictaduras sudamericanas, comenzaron los primeros juicios. Hoy, solo en Argentina, 1.003 personas son condenadas por delitos cometidos durante el régimen de Videla. Para escapar de la justicia, muchos han huido a estados sin extradición y tres han decidido volar a nuestro país, explotando los orígenes italianos de sus familias.
Esta es su historia. Son tres viejos. Viven en la provincia italiana y llevan una vida tranquila: van de pesca y pasean por el paseo marítimo. Pasan desapercibidos, hablan bien italiano y se han integrado en la comunidad. Nadie podría imaginarse que son buscados por crímenes de lesa humanidad cometidos durante las dictaduras sudamericanas de los años setenta.
Jorge Nestor Troccoli, un despiadado exjefe de los servicios de inteligencia uruguayos acusado de la desaparición de decenas de militantes, vive en Battipaglia. En la provincia de Parma, Franco Reverberi celebra misa, un sacerdote acusado de haber presenciado la tortura de internos en un campo de exterminio en Argentina, mientras Carlos Luis Malatto, exteniente perteneciente a uno de los cuerpos militares más sangrientos de la dictadura de Videla, hoy vive en una residencia exclusiva en Sicilia.
Los tres llevan mucho tiempo en este país y a lo largo de los años Italia ha rechazado las solicitudes de extradición, pero ahora la situación está a punto de cambiar. El 26 de mayo, el ministro de Justicia Alfonso Bonafede autorizó la apertura de un juicio penal en Italia contra Carlos Luis Malatto. El 2 de octubre se presentó en Argentina una demanda para solicitar la extradición de Don Franco Reverberi por segunda vez, rechazada en 2014. Y mientras que la audiencia del Tribunal de Casación para el juicio del Cóndor está fijada para el 24 de junio. lo que podría confirmar la cadena perpetua para Néstor Troccoli, los investigadores investigan dos asesinatos de ciudadanos italo-argentinos que involucrarían al ex militar uruguayo. Seguimos la pista de estos tres hombres. Reconstruimos sus vidas en Sudamérica e Italia tratando de descubrir quién los protegió y quién continúa haciéndolo.
(On the run from the past Esta investigación forma parte del proyecto “Huyendo del pasado”, y es la ganadora del programa piloto Stars4Media, cofinanciado por la Comisión Europea. Nueve periodistas de las redacciones de El Salto (España), Streetpress (Francia) y Centro Permanente de Periodismo (Italia) trabajaron durante tres meses en busca de los torturadores de las dictaduras sudamericanas que aún huían de la justicia de sus países. Este reportaje ha sido publicado originalmente en italiano La Repubblica).
P
lan Cóndor: Italia confirmó sentencia
de cadena perpetua a14 represores
La Justicia italiana condenó a 14 represores de las dictaduras sudamericanas; fueron sentenciados por la muerte de una veintena de opositores al régimen
09 de julio de 2021
El Tribunal Supremo de Italia confirmó este viernes la sentencia definitiva a cadena perpetua para 14 represores sudamericanos por la desaparición y muerte de unos 20 opositores de origen italiano en el marco del PlanCóndor, ejecutado por las dictaduras de América del Sur, durante las décadas de 1970 y 1980.
Los jueces de la Corte de Casación de Roma, la máxima instancia judicial en Italia, pronunciaron la sentencia al término de dos jornadas de deliberaciones y tuvieron que reducir la lista de 21 represores a 14 por la muerte de varios de ellos.
Un grupo de 23 militares y policías de Uruguay, Bolivia, Perú y Chile, responsables de intervenir en operativos militares pactados entre las dictaduras para secuestrar y ejecutar a los disidentes, había sido procesado y condenado en 2019 a cadena perpetua por la Corte de Apelación italiana.
“Cometieron crímenes atroces. Han sido juzgados con los principios de la jurisdicción italiana, europea, y se han tutelado los derechos de los italianos que residen en el exterior e inclusive los de ellos”, declaró emocionado a la AFP el abogado que representa a las víctimas uruguayas, Andrea Speranzoni.
A excepción del ítalo-uruguayo Jorge Tróccoli, excapitán de navío y poseedor de pasaporte italiano, quien asistió a la primera audiencia del juicio celebrada en febrero del 2015 y aún reside libremente en Italia, todos fueron condenados en ausencia.
“A Tróccoli le espera la orden de detención”, explicó el abogado.
En la lista de condenados aparece el exministro de Relaciones Exteriores uruguayo Juan Carlos Blanco Estradé, mientras que tuvieron que ser excluidos los represores bolivianos a la espera de los certificados de muerte de varios de ellos.
La confirmación de la condena suscitó emoción entre el grupo de familiares y defensores de derechos humanos que asistieron a la audiencia en el tribunal romano y que llevaban décadas batallando por obtener justicia.
Las investigaciones sobre la atroz estrategia aplicada por los regímenes militares del América del Sur, conocida como Plan Cóndor, fueron iniciadas hace 20 años a raíz de las denuncias presentadas en Italia por los familiares de italianos asesinados o desaparecidos.
La sentencia llegó al término de ocho años y numerosas audiencias, durante las cuales comparecieron testimonios, expertos, familiares y compañeros de detención de las víctimas.
El fiscal italiano Giancarlo Capaldo abrió una histórica investigación contra un grupo de 34 exoficiales y civiles, agentes de la policía y de los servicios secretos de Uruguay, Chile, Bolivia y Perú, pero varios de ellos ya murieron.
Debido a una serie de impedimentos burocráticos, la Justicia decidió juzgar por separado a 50 argentinos así como a varios paraguayos y brasileños por los mismos delitos.
AFP
Jugement définitif du Procès Condor à Rome
Jugement définitif du Procès Condor à Rome
La Cour Suprême de Cassation de Rome a confirmé aujourd’hui les condamnations à perpétuité rendues par la Cour d’Appel de Rome le 8 juillet 2019, concernant onze répresseurs uruguayens, dix militaires et un civil, accusés de crimes contre l’Humanité dans le « Procès Condor ». Deux des treize condamnés uruguayens en 2019, José Gavazzo et Jorge Maurente, sont décédés très récemment.
Parmi les condamnés définitivement aujourd’hui se trouve le militaire retraité Jorge Troccoli, le seul accusé présent lors du procès, qui s’est installé en Italie en 2007 pour échapper à la justice de son pays. Les autres, jugés par contumace, ont pour la plupart déjà été condamnés en Uruguay à des peines plus légères qu’ils purgent pour certains à leur domicile. Ce sont : les militaires retraités José Arab, Juan Carlos Larcebeau, Pedro Antonio Mato Ricardo Medina, Ernesto Abelino Ramas, José Sande Lima, Jorge Silveira, Ernesto Soca, Gilberto Vázquez, et un civil, l’ancien ministre Juan Carlos Blanco. Pedro Antonio Mato, recherché par la justice uruguayenne, est fugitif, vraisemblablement au Brésil.
Ont été confirmées aussi les condamnations de trois répresseurs chiliens jugés dans ce méga-procès.
L’association ¿Dónde Están? salue ce jugement et partage fraternellement la joie et l’émotion de tous ceux, parties civiles, avocats et défenseurs des droits humains qui ont porté devant la justice italienne depuis 1999 la cause de 43 victimes du terrorisme d’état et du plan Condor. Elle salue aussi la mémoire de ceux et celles qui, engagé-e-s courageusement dans cette cause, n’en ont pas vécu l’aboutissement.
La ténacité avec laquelle les familles des victimes et les défenseurs des droits humains ont mené leur long combat permet de prouver que l’impunité des criminels contre l’Humanité n’est pas une fatalité, que l’exploitation systématique des archives peut fournir des preuves même longtemps après les faits et que le Droit international peut l’emporter sur les partisans de l’oubli et de l’injustice.
Vérité, Justice et Mémoire ! Non à l’impunité ! Plus jamais de terrorisme d’Etat !
Association ¿Dónde Están ?-Où sont-ils? France