CUATRO POLITÓLOGOS ANALIZAN EL ESCENARIO DE CARA AL REFERÉNDUM
Medir el sacudón
Gabriel Delacoste
16 julio, 2021
La semana pasada, con las 800 mil firmas contra la LUC, se transformó la situación política uruguaya. Fue la juntada de firmas que más voluntades sumó desde que existe el mecanismo. Por muchos motivos, el referéndum va a tener efectos que van mucho más allá de esta coyuntura y de los 135 artículos. Para pensar en esto, Brecha entrevistó a cuatro politólogos: David Altman, Soledad González, Oscar Bottinelli y Amparo Menéndez-Carrión.
Entrega de firmas en la Corte Electoral para derogar artículos de la LUC
ALTMAN: UN REFERÉNDUM ÓMNIBUS CONTRA UNA LEY ÓMNIBUS
David Altman es doctor en Ciencia Política por la Universidad de Notre Dame. Nacido en Montevideo, es profesor titular de Ciencia Política en la Pontificia Universidad Católica de Chile y autor de Direct Democracy Worldwide (Cambridge University Press, 2011). Fue consultado por ser un estudioso de la democracia directa en todo el mundo.
—¿Está siguiendo el proceso de referéndum contra la Ley de Urgente Consideración (LUC) en Uruguay? ¿Qué conclusiones saca?
—Sigo el tema, primero, porque soy uruguayo y, segundo, porque estudio la democracia directa. Lo veo normal, por suerte. No es la primera vez y no va a ser la última. Sí es particular el hecho de que se optó por ir por el camino largo y se consiguió en este contexto. Pero, más allá de eso, no hay nada que me llame poderosamente la atención. Lo que sí da para discutir son las leyes de urgente consideración, especialmente las leyes ómnibus de urgente consideración, y por lo tanto un referéndum ómnibus contra una ley ómnibus.
—¿Qué diría sobre eso?
—Las leyes ómnibus son problemáticas, pero es entendible la razón de su existencia. Esto existe en muchos países. La mayoría de los regímenes presidenciales tienen cosas de este tipo. Acá en Chile se usa todos los días la urgente consideración. Es la forma como el Ejecutivo marca sus prioridades en la agenda del Legislativo. El drama que tenés con este tipo de leyes es que son problemáticas por la poca libertad que le dan al legislador al tratar muchos temas como un paquete. Es mejor separar los temas para que la discusión sea lo más franca posible. Lo mismo con los mecanismos de democracia directa. La pregunta tiene que estar referida a un tema en particular, porque si lo referís a dos o más, vos no podés recabar cuál es la opinión sincera del elector. Esto es muy claro en la legislación en aquellos lugares donde los mecanismos de democracia directa están a años luz adelante de nosotros, como en Suiza o Estados Unidos.
—¿Está estudiado cuáles son las variables que determinan los resultados de este tipo de mecanismos?
—Es virtualmente imposible encontrar una serie de criterios que te permitan decir «si pasa esto, gana». Esta es una de las maravillas de la democracia directa. También es imposible decir si la democracia directa es algo progresista o algo conservador. Y todo esto hace que estos recursos tengan esa seducción tan fuerte en todo el abanico político. Hay mucho de circunstancias contextuales. No sé lo que va a pasar en Uruguay de aquí a diez meses. Nadie sabe.
GONZÁLEZ: NO NOS GUSTA QUE NOS GOBIERNEN ASÍ
Soledad González es politóloga por la Universidad de la República. Forma parte de Cotidiano Mujer, de la Intersocial Feminista y representa a esta última en la Comisión Nacional Pro Referéndum. Fue consultada por conocer desde adentro la campaña que logró desencadenar el referéndum.
—¿Cómo narrarías los últimos días de la campaña, desde el lunes 5, en que se dio el número de que faltaban 40 mil firmas, hasta el jueves 8?
—Yo tenía una posición distinta en la comisión en cuanto a dar esos números que no nos alcanzaban. Siempre estuve convencida de que había una cantidad importante de firmas ya conseguidas que no estaban entregadas ni contadas. Nunca sabremos cuánto es ese volumen, porque es la gente inorgánica que estaba juntando firmas. Y a veces no tan inorgánica. Simplemente no estaba reportando día a día lo que iba juntando. Y eso, sumado a ver la meta alcanzable pero aún distante, nos dio un impulso grande a acelerar. Sobre todo a los militantes que no estaban militando, que no estaban con una tabla al hombro. Fue una activación de la militancia muy importante. También creo que cosas como el aumento de los combustibles impactaron en algunos firmantes en este último empujón. La gente nos buscaba para firmar. Se canalizó una parte de la disconformidad con el gobierno actual.
—¿Qué dice la cantidad de firmas logradas sobre el presente de Uruguay?
—La cultura de democracia directa en Uruguay tiene mucho que ver. También creo que habla del respaldo y el respeto que la gente le tiene al movimiento sindical y las organizaciones. Siempre se habla del desprestigio; bueno, eso no es lo que una se encuentra en la calle.
—Has estado en otras campañas de democracia directa. ¿Qué es lo peculiar de esta?
—La mayor peculiaridad que tuvo esta campaña fue la forma como tuvimos que juntar las firmas. Nunca habíamos tenido que juntar firmas sin tener un espectáculo grande al que ir a juntar, ya sea el final de un concierto o la salida del clásico. No pudimos hacer un acto. Por eso nos sorprende la cantidad. Había muchas firmas sombra, dispersas, porque este contexto llevó a que la militancia fuera así. Fue mucho más atomizada de lo que hubiera sido sin pandemia. Y eso fue posible porque hay una conciencia democrática. Acá juntó firmas mucha más gente de la que milita habitualmente. Esa gente que se pone a juntar firmas de forma más anárquica es con la que terminamos logrando la cifra que alcanzamos.
—¿Cómo se afronta la campaña que empieza ahora?
—La campaña que viene implica un desafío grande, sobre todo en lo económico. También vamos a tener que pensar muy bien cómo armamos los debates. Porque es una ley que habla de muchos temas y nadie tiene porqué tener conocimiento profundo de todos. Vamos a tener que generar un cuerpo de compañeros y compañeras con formaciones específicas para discutir con propiedad y argumentos.
—¿Cuál es el efecto de que se hayan alcanzado las firmas?
—Cambia el lugar donde nos colocamos ahora quienes somos críticos del comportamiento del gobierno. Estábamos totalmente a la defensiva. Haciendo planteos que fueron absolutamente ignorados. El PIT-CNT pidió que se abrieran diálogos sociales y siempre hemos quedado excluidos y ninguneados. El gobierno ha ninguneado a todo aquel que no opina exactamente igual que él. Y ahora cambia esto. Dejamos de tener la sensación de tener las manos atadas y empezamos a ser activos. El referéndum nos mostró que podemos hacer cosas desde el campo popular, desde la movilización, que tengan un efecto. Se pinchó la burbuja de que todo el mundo ama al gobierno. El mayor logro es que de aquí en más cualquier gobierno que empiece y quiera meter una LUC lo va a pensar mucho. Porque aún ganando el gobierno el referéndum, que no creo que lo vaya a ganar, esto es una complicación. La gente le dijo: «A nosotros no nos gusta que nos gobiernen así, que nos cambien el país en 90 días, no funciona así nuestra democracia».
BOTTINELLI: UN VOTO A FAVOR O EN CONTRA DEL GOBIERNO
Oscar Bottinelli es un politólogo de larga trayectoria. Es director de la empresa Factum. Sus comentarios son uno de los principales termómetros de la política uruguaya. Fue consultado por su mirada aguda sobre los movimientos del sistema político.
—Al gobierno de Lacalle le dan muy bien las encuestas. ¿Cómo convive esto con lo que pasó con las firmas?
—Primero, vamos a precisar los términos. Tú dices el gobierno, pero es el presidente Lacalle el que tiene un alto nivel de aprobación. Hay que ser prolijo con estas cosas. Efectivamente, las distintas empresas encuestadoras coinciden en que hay una aprobación del desempeño del presidente que está por encima del 50 por ciento, algunos pueden dar más, otros menos. Pero la gestión tiene niveles de aprobación y de desaprobación que están diferenciados según el tema. Por ejemplo: la gestión de la pandemia tiene un nivel bastante alto de aprobación, lo mismo ocurre con la seguridad pública, que tiene un nivel positivo. Pero cuando se habla de empleo, hay una leve predominancia de la desaprobación. Cuando se pregunta sobre los precios, los ingresos y la pobreza, se ve una fuerte desaprobación. Hay matices sobre la gestión del presidente. La misma gente puede decir: «Apruebo la gestión del presidente, pero no en empleo, en precios o en pobreza». Hay que tener en cuenta que la aprobación de una persona tiene elementos que no son estrictamente de gestión, sino que son afectivos, de simpatía. Lo que no quiere decir que las personas no puedan reaccionar de forma negativa en algunos aspectos. Además, a la gente le preocupan cada vez más los temas en los que se evidencia desaprobación.
—Teniendo en cuenta esto, ¿cómo podemos leer lo que pasó con las firmas?
—La cantidad de firmas corresponde a la tercera parte del electorado, de la población con derecho a voto residente en el país (no nos olvidemos que el padrón tiene cerca de 300 mil personas que viven fuera del país). Puede haber una aprobación mayoritaria de algo, pero estar la tercera parte descontenta. Por otro lado, hay otra parte de las firmas que son de tipo político de fondo, partidario, de personas que tienen una visión opuesta a la del gobierno. Si bien la mayoría de la población aprueba al presidente, entre los que votaron al Frente Amplio la imagen del presidente es abrumadoramente negativa. Y, para ese segmento, los temas en los que hay desaprobación son más importantes.
—Entre la posibilidad de que se deroguen los artículos y que no se deroguen, ¿alguna de las dos posturas parte con ventaja?
—Las mediciones que se hicieron con anterioridad al 8 de julio tienen un elemento de contaminación. El elemento que falta en esas mediciones es que ese día, con las firmas, se produce un hecho político. No es lo mismo cómo se ve antes que cómo se ve después. Hoy uno imagina, a priori, que es un referéndum que parte en igualdad de probabilidades entre que se derogue la ley y que se mantenga.
—¿Cómo cambia el terreno político el hecho de que va a haber una campaña de referéndum?
—Por la fecha en la que va a caer el referéndum, lo podemos denominar como un acto electoral de medio período. Más allá de los 135 artículos, el elemento central va a ser un voto a favor o en contra del gobierno. Eso es inevitable. Un acto electoral de medio período no es neutro. Si no se deroga la ley, el presidente sale extraordinariamente fortalecido. Y un triunfo del Sí lo debilita profundamente. La ley de empresas públicas en 1992 fue un golpe muy fuerte para el gobierno de Luis Lacalle Herrera. No solo porque le frenó un paquete de reformas, sino porque lo golpeó en el liderazgo político.
—¿Cómo afecta la campaña que viene a la coalición de gobierno?
—No es el mejor escenario ni para el Partido Colorado ni para Cabildo Abierto, porque un referéndum es binario. Les quita juego a los dos socios menores de la coalición.
—¿Y al Frente Amplio?
—El Frente Amplio todavía no aterrizó los motivos por los cuales perdió. La gente que votó al Frente Amplio en 2004, 2009 y 2014, pero no lo votó en octubre de 2019, son casi 400 mil. Eso implica que el Frente perdió sintonía en muchos sectores, no solo entre los electores moderados, de clase media o media alta, sino también, en la misma magnitud, en las capas más bajas, en el subproletariado, y más en el interior que en Montevideo. Y sigue teniendo un problema de conducción, que es mucho más que quién se elige como presidente del Frente Amplio. Esos temas tiene que resolverlos antes del referéndum. Porque ahora la lucha es política. Más allá de que hubo un apoyo significativo, decisivo de las fuerzas sociales, ahora viene una lucha en la que el centro es lo político-partidario. Se va a partidizar mucho la discusión.
MENÉNDEZ-CARRIÓN: EL CONTRAATAQUE DE LA POLIS
Amparo Menéndez-Carrión es doctora en Ciencia Política por la Universidad de Johns Hopkins. Fue directora de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso), sede Ecuador. Su libro Memorias de ciudadanía. Los avatares de una polis golpeada (Fin de Siglo, 2015) es un aporte fundamental para comprender la política uruguaya. Fue consultada por su pensamiento sobre la trayectoria de Uruguay.
—¿Qué significa lo que pasó con las firmas?
—Acá hay una confrontación entre la polis y su némesis. Es la objetivación de eso. Es una polis muy golpeada, que pone en juego sus últimas reservas de capital. Y esas reservas muestran su fortaleza, su potencia en términos de memoria colectiva. Y a partir de ahí comienza a circular un capital público, que aumenta en su stock y se renueva. Hay algo muy notable: este es un gobierno que no se dio cuenta de lo que es el Estado uruguayo, o prefiere ignorarlo. El Estado pertenece a la ciudadanía, y punto. Esa es una noción que está naturalizada en muchos y para otros es un principio ideológico básico. Lo que hizo –en su total prescindencia de esa noción elemental en Uruguay de que el Estado uruguayo pertenece a la ciudadanía y no al gobierno de turno– fue lanzar un golpe bajo, una ley donde se colocan todo tipo de temas y donde se nota la intencionalidad, que es terminar el trabajo que la dictadura y sus secuelas no pudieron completar. Y lo hace en un momento en el que la gente está asustada, está en sus casas. Piensa: «Es el momento, no se van a dar cuenta». Pues falla, calculó mal. Lo que hizo fue juntar a la ciudadanía, casi hay que agradecerle. La ciudadanía dijo: «Queremos un referéndum, porque apelamos a la democracia directa cuando se manipula la democracia representativa». Es una evidencia de la falta de conocimiento por parte de este gobierno y sus asesores del tipo de sociedad que les tocó gobernar. Y representa un punto de inflexión notable, en el que la polis pasa de estar arrinconada a tener una efusión de capital nuevo y fresco. Le da una oportunidad a las izquierdas de mostrarse juntas, y de mostrarse como una vanguardia que entiende que este no es un momento de la izquierda, sino de la ciudadanía y del colectivo de ciudadanos, que guardan a buen recaudo la memoria del Uruguay en el que vale la pena vivir.
—¿Qué está en juego en el referéndum?
—Es un juego de suma cero. Si se pierde el referéndum, pasas la frontera. El Uruguay pierde un rasgo identitario de un colectivo de ciudadanos, que es intergeneracional y se empezó a construir a finales del siglo XIX. Por ponerlo de manera muy cruda: si el gobierno gana el referéndum, Uruguay se convierte en una plaza inmobiliaria. Se convierte en un eslabón más de la cadena. Es aceptar que la lógica neoliberal distorsione y borre nuestra historia. La LUC apunta a la privatización del Estado y la sociedad. Es muy grave.
—¿Y qué pasa si el referéndum la deroga?
—En el momento en que se derogue, constataremos lo que no sabíamos. Y es que, a pesar de los golpes sufridos durante casi medio siglo, la memoria colectiva está ahí, se ha reproducido, ha pasado a las nuevas generaciones y se abre un nuevo campo de lucha que te da la posibilidad de dar los primeros pasos hacia la restauración de la hegemonía de la polis. Por lo cual la izquierda va a tener que entender que es portadora de una responsabilidad: de posicionarse en un nuevo campo de batalla, donde las coordenadas conocidas desde el 85 hasta el día de hoy ya no son las coordenadas del juego. Se abre un juego donde, ahí sí, tienes la posibilidad notable de una recuperación de capital público, que va a llevar algún tiempo. Con eso, se queda completamente paralizado el gobierno. Se queda paralizada la derecha. Y la izquierda va a tener que adoptar otro tipo de pautas. La izquierda tiene que ser la productora de belleza política, con enorme confianza. Ello implica modos de hacer las cosas, de militar. Implica también que las vanguardias de la izquierda de la polis, los hacedores y custodios de lo público fuercen un verdadero ejercicio de autocrítica en la izquierda oficial. Esto significa que todas las piezas se recomponen. Es notable lo que puede pasar. Vas a ir viendo el cambio de actitud de la gente.
LA COALICIÓN DE CARA AL REFERÉNDUM
¿Línea de cuatro?
Leonardo Cardozo
16 julio, 2021
Tras el contundente resultado de la recolección de firmas, la coalición multicolor aún no unifica un discurso en torno a la ley fundamental de su gobierno y los socios reaccionan de manera dispar. En el PN –que se aproxima a sus elecciones internas– hay diferencias sobre los tiempos para poner manos a la obra de cara al referéndum. Entre los socios minoritarios, los colorados despuntan en la defensa de la megaley, mientras que CA no se embandera con la causa.
Pablo Iturralde, Guido Manini Rios, Julio Maria Sanguinetti y Pablo Mieres en Presidencia
A pesar del crecimiento sostenido del número de adhesiones que fue anunciando la Comisión Pro Referéndum durante el proceso de recolección y de que, días antes de finalizar el plazo, algunos legisladores oficialistas vaticinaban que se estaría muy cerca de la cifra necesaria, la primera semana posterior a la impactante presentación en la Corte Electoral dejó claro que la coalición gobernante no previó un plan de contingencia que sintonizara las respuestas de sus socios para el caso de que los números fueran adversos. Y vaya que lo fueron.
La cantidad de voluntades presentadas por la amplia gama de organizaciones sociales que impulsó la campaña no solo es porcentualmente superior a las alcanzadas en las anteriores apelaciones a este instrumento de democracia directa. Con el viento en contra de las disposiciones sanitarias, las firmas superan por más de 100 mil la marca de votos del Partido Nacional (PN) en las elecciones de octubre de 2019, son bastante más del doble de los votos colorados y triplican los de Cabildo Abierto (CA). Acusado el golpe, la estrategia de defensa de la Ley de Urgente Consideración (LUC) aún no está definida.
RECALCULANDO
Consultado sobre los tiempos previstos por el PN para definir los lineamientos de cara a defender la LUC, el presidente del directorio nacionalista, Pablo Iturralde, dijo a Brecha: «Vamos a ir viendo cómo vienen los números y vamos a ir resolviendo sobre la marcha». Informó que están conversando sobre el tema con los socios de la coalición y declinó hacer más comentarios al respecto. Aunque el fin de semana habló de una «batalla a muerte» en defensa de la LUC (El País, 11-VII-21), el lunes, luego de que el directorio sesionara, llamó a «desdramatizar el tema y dejar que la Corte Electoral se pronuncie».
No está claro si la espera por el accionar de la corte es un mero formalismo o si en el oficialismo quedan esperanzas de que se declaren inválidas más de 100 mil firmas, pero, por lo pronto, el PN gana tiempo de cara a coordinar con sus socios y a su próxima renovación de autoridades, prevista para la convención del 7 de agosto. Fuentes blancas dijeron a Brecha que, aunque el tema volverá a ser tratado la próxima semana, se prevé que las definiciones queden en manos del nuevo directorio. En las elecciones habrá competencia, pues el sector Por la Patria, encabezado por el senador Jorge Gandini, presentará una lista diferente a la del resto del partido (aunque ambas estarán encabezadas por Iturralde, que renovará su rol como presidente).
En este contexto, en los tiempos de Gandini hay más urgencia para encarar la defensa de la LUC que en los manejados oficialmente por el partido. Este miércoles Por la Patria emitió una declaración en la que informa que, «aun antes de definirse la convocatoria de referéndum», ha resuelto hacer «una campaña de información y difusión en defensa de la LUC y los cambios». Curiosamente, el comunicado expresa «su reconocimiento a los cerca de 2 millones de ciudadanos que optaron por no acompañar esta iniciativa [de convocar al referéndum], confirmando consecuentemente la vigencia de la ley en todos sus términos», aunque la vigencia de la ley no estuvo en juego en esta etapa, sin importar la cantidad de firmas que se recolectaran.
Gandini señaló a Brecha sus críticas a la estrategia del silencio durante la recolección de firmas, definida por el presidente de la república, Luis Lacalle Pou: «En lo personal, yo insistí internamente y algunas veces públicamente en que había que tenerle mucho respeto al PIT-CNT y al Frente Amplio [FA] en el mano a mano y el cuerpo a cuerpo. Ya lo habían demostrado en el mes del balotaje de 2019. La decisión de no priorizar el debate sobre la LUC resultó en un abandono de la militancia, que pudo haber enfrentado los argumentos en el mano a mano, pero no los tenía. Quedó muy sola, huérfana, sin material, sin referencias ni aportes del partido. Eso lo tiene que mirar con autocrítica el PN. No para buscar responsabilidades internas, sino para hacer un aprendizaje de cómo debe ser la etapa que viene». La declaración de Por la Patria fue producto de una reunión del sector convocada el sábado, antes de la sesión del directorio. «Tampoco dentro del PN represento a las mayorías. Por eso, mientras se discute, se analiza y se decide, se articula y se coordina con otros, yo he resuelto empezar. […] No podemos dormirnos en los laureles esperando para hacer una campaña en marzo y abril», expresó.
Si de dormir se trata, uno de los principales socios del gobierno no sufre, por ahora, desvelos por la LUC, mientras que el otro ya inicia una activa y atenta vigilia.
ROJO PASIÓN
«El gobierno, y me imagino que los partidos de la coalición que la votaron, va a salir a defender la LUC», dijo esta semana el secretario de la presidencia, Álvaro Delgado, en declaraciones a FM Del Sol. En cuanto al Partido Colorado (PC), sus anhelos se ven cumplidos. El Consejo Ejecutivo Nacional (cen) del PC se reunió el mismo día que el directorio blanco, pero salió con una posición más contundente, declarándose «desde ya» en campaña contra «el retroceso nacional que significaría el referéndum propuesto por el FA y el PIT-CNT». Como figuras monstruosas de sus enemigos el comunicado del CEN eligió al exministro del Interior Eduardo Bonomi («Derogar el capítulo de seguridad significaría desarmar nuevamente a la Policía y retornar a los tiempos de Bonomi») y a la Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria («Volver a los consejos de las ramas en el Codicen [Consejo Directivo Central] es devolverle el poder a organizaciones como la Fenapes [Federación Nacional de Profesores de Educación Secundaria], hoy desnudada en su burocratismo abusivo e ilegal»).
El secretario general del CEN, Julio María Sanguinetti, fue de los primeros en romper el silencio gubernamental para atacar la iniciativa de la consulta popular (véase «El recurso del miedo», en la contratapa de esta edición). En sintonía con su líder, el diputado Conrado Rodríguez fustigó la campaña del referéndum. «Las cosas que venían diciendo muchos dirigentes del FA y el PIT-CNT sobre estos artículos estuvieron totalmente desajustadas de la realidad. En muchos casos utilizaron maniobras de tergiversación del alcance de estos 135 artículos, con muchas mentiras, con mucho panfleto. Ahora, si efectivamente llegan a las firmas, vamos a salir a discutir en todo el país sobre las bondades de una ley que, para nosotros, fue muy importante y que fue muy discutida», dijo a Brecha.
CA DUERME TRANQUILO
El Partido Independiente también anunció que se plegará a la campaña en defensa de la ley, pero el otro socio de peso de la coalición, CA, parece volver a dificultar el juego multicolor. Mientras siguen sin resolverse negociaciones como la de la ley forestal y la ley de medios (que, incluso, ha retrocedido en las últimas semanas), los referentes cabildantes no muestran especial pasión por defender la LUC. El senador Raúl Lozano declaró a La Diaria (12-VII-21) que la campaña del referéndum será «un aspecto secundario» y el líder del sector, el senador Guido Manini Ríos, expresó a El País: «Honestamente, esto no es algo por lo que perdamos el sueño».
Para el jueves 15, al cierre de esta nota, la Mesa Política de CA tenía previsto tratar el tema, por lo que, ante la consulta de este semanario, uno de sus diputados se excusó de pronunciarse previamente a esa instancia. En el escenario dicotómico del referéndum, que, según los analistas, dificultaría el juego de perfiles de la coalición, faltan movimientos para ver qué camino define el díscolo socio.
SANGUINETTI Y SU AVERSIÓN A LA DEMOCRACIA DIRECTA
El recurso del miedo
Samuel Blixen
16 julio, 2021
Julio María Sanguinetti conserva sus rasgos más típicos. Su invariable y contundente adhesión al sistema democrático, al menos en el discurso, tiene sin embargo un revelador y sugestivo talón de Aquiles. En materia de democracia directa exhibe un costado reaccionario que con el tiempo se perfecciona y se profundiza hasta convertirse en terrorismo. Las maneras elegantes, las salidas ingeniosas y la argumentación inteligente rubricadas con profusión de ademanes, rasgos que lo caracterizan en el ejercicio mediático, naufragan cuando se trata de enfrentarse a la gente, a las corrientes populares que amenazan sus intereses, a las expresiones de independencia y coraje (que reconoce y aplaude cuando no las considera peligrosas).
Las casi 800 mil firmas para convocar el referéndum contra la Ley de Urgente Consideración (LUC) despertaron esa veta terrorista, esa arista profundamente reaccionaria: «El Frente Amplio y el PIT-CNT se han lanzado a esta operación política, que puede tener consecuencias muy dramáticas. Lo que comenzó como un ejercicio gimnástico hoy va tomando el color de un operativo desestabilizador». Es decir, la campaña de recolección de firmas encubre una conspiración. ¿Para qué? ¿Contra quién? El secretario general del Partido Colorado no lo aclara, porque no es su intención; es el recurso del miedo, el método de infundir terror que tanto rédito le ha dado en su dilatada carrera política.
Como bien decía su correligionario Jorge Pacheco Areco, Sanguinetti también «sabe cómo hacerlo y puede volver a hacerlo». En enero de 1987, cinco días después de que Tota Quinteros, Elisa Delle Piane y Matilde Rodríguez anunciaran la creación de la Comisión Nacional Pro Referéndum para juntar las 600 mil firmas para la revocación de la ley de impunidad, el presidente Julio María Sanguinetti despuntó el vicio terrorista declarando a medios de comunicación locales del departamento de Colonia: «Desde aquí quiero advertir al país que se le irá a pedir una firma por el rencor y la revancha». La apelación popular para derogar una ley que se consideraba injusta era, para Sanguinetti, una expresión de rencor. No explicó por qué revertir una amnistía encubierta a asesinos, torturadores y violadores debía considerarse como una revancha; ¿acaso los ciudadanos no tenían derecho a reclamar justicia? Subvertir la verdad fue siempre su especialidad. En esa cruzada santa en defensa de los terroristas de Estado, Sanguinetti acuñó la argumentación de que las organizaciones insurgentes habían promovido el golpe de Estado.
Durante todo el proceso del referéndum contra la ley de caducidad, entre 1987 y 1989, Sanguinetti se apoyó en las estructuras de la inteligencia militar para espiar a organizaciones, políticos, sindicalistas y religiosos, y para sabotear el proceso. No logró impedir el llamado a las urnas, pero sí logró la mayoría en la votación para la ratificación de la ley. La campaña por el Sí se apoyó en la expansión del miedo: «Nadie quiere que vuelvan aquellas épocas oscuras», fue el latiguillo que reiteró una y otra vez, insinuando el peligro de la desestabilización institucional, ya fuera con respecto a los militares o a propósito del pago de la deuda externa, el salvataje de bancos o los conflictos sindicales. Resulta en extremo maquiavélica la habilidad de Sanguinetti de apoyarse en el cuco de los militares para defender a los militares.
El miedo ha sido siempre el recurso central de Sanguinetti en situaciones críticas. Solo en una oportunidad acompañó un proceso de consulta popular y fue cuando el referéndum contra la ley de empresas del Estado, que había impulsado Luis Alberto Lacalle junto con la coalición de Coincidencia Nacional. En aquel entonces, el líder del Foro Batllista, que en el Parlamento había votado la aprobación de la ley, a último momento se sumó al Frente Amplio, al PIT-CNT y al Nuevo Espacio para revocar la norma. La derogación obtuvo un respaldo del 72 por ciento de la ciudadanía. Sanguinetti dijo haberse sentido embretado «entre una corriente reaccionaria de derecha, que quería destruir al estado batllista, y otra reaccionaria de izquierda, que se oponía a cualquier inversión que no fuera uruguaya»; demostró que se podía cambiar de montura en medio de la corriente.
Por el momento, Sanguinetti se siente ganador apostando contra las 800 mil firmas, una cantidad de voluntades que nunca llegó a reclutar en sus dos candidaturas a presidente y que, de seguro, no alcanzará el Partido Colorado con esta política reaccionaria. Pero el tono con el que comenzó a amenazar y a difundir la ponzoña del miedo revela que el inesperado resultado de la militancia popular augura un final reñido. Por ahora no ha incorporado al repertorio del miedo la acusación de la senadora blanca Graciela Bianchi –segunda en la sucesión de Luis Lacalle– de que ese resultado fue producto de la acción patoteril de los sindicatos, que ejercieron presión generalizada para que los trabajadores firmaran; no aportó pruebas, no es su estilo.
Sanguinetti prefiere comenzar el trabajo de zapa presionando sutilmente a la Corte Electoral, que debe analizar las boletas, como lo hizo antes en 1988. «La verificación de firmas va a llevar meses; siempre hay mucho descarte, entre un 8 y un 10 por ciento», aventuró, estrechando notoriamente el margen.
Algunos de sus comentarios revelan la matriz de su estrategia: «La derogación de las normas sobre seguridad sería la mejor noticia posible para el mundo del delito y el crimen organizado», había adelantado en un editorial del Correo de los Viernes. «Festejaría el Frente Amplio por haber herido al gobierno y a su lado tirarían fuegos artificiales los narcos», escribió, sugiriendo un contubernio traído de los pelos, pero no menos efectivo. Y volvió a alertar: «El país está frente a un riesgo serio. Es una operación política que puede tener consecuencias muy dramáticas».
En la última reunión del Comité Ejecutivo Nacional colorado, Sanguinetti definió que la inseguridad y un eventual «retorno a los tiempos de Bonomi» serán el centro de la campaña de defensa de la LUC. Expresamente se elude cualquier referencia a las iniciativas de carácter económico de la ley, aquellas que promueven privatizaciones y regalías para el gran capital. Como en 1992, es una coalición de derechas la que sostiene la ley y será esa coalición la que la defienda en el período que se avecina. Por ahora Sanguinetti no percibe que, otra vez, deba cambiar montura a mitad de la corriente. Apuesta al miedo para evitar la voltereta.