Víctimas de terrorismo de Estado
rechazan proyecto para indemnizar
a las víctimas de la guerrilla
27 de julio de 2021 ·
Entienden que el Estado primero debe asumir la reparación de sus propias víctimas.
El colectivo Memoria en Libertad, que reúne a víctimas del terrorismo de Estado en la infancia o adolescencia, se expresó en contra de la iniciativa de Cabildo Abierto para reparar a las víctimas de grupos armados entre 1962 y 1976.
“No hubo dos bandos enfrentados, hubo una dictadura cívico-militar que reprimió a sindicalistas y estudiantes por pensar diferente. La mayor represión en este país fue en contra de gente que no estaba armada”, señaló a la diaria la integrante de Memoria en Libertad Victoria Sequeira.
En esa línea, cuestionó la intención de Cabildo Abierto al presentar el proyecto, señalando que podría ser una estrategia para “reflotar la teoría de los dos demonios”, y recordó que la guerrilla del Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros estaba desarmada cuando se concretó el golpe de Estado.
Sequeira dijo que si bien el Estado puede reparar a víctimas de civiles, “antes que eso tiene que hacerse responsable de sus víctimas directas, a las que agentes del Estado ejercieron violencia, siendo niños, niñas o adolescentes, lo que todavía ni siquiera se ha reconocido”.
“Sufrimos exilio, allanamientos, abusos sexuales, torturas psicológicas y físicas en las visitas, no se ha respetado nuestro derecho a la vida, a la identidad”, agregó.
Además, señaló que existe una recomendación de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo para reconocer y reparar a niños y adolescentes víctimas del terrorismo de Estado y agregó que la pensión especial reparatoria no es reconocida como una reparación integral por los organismos internacionales, en la medida en que se considera incompatible con el cobro de cualquier jubilación.
Por otra parte, Sequeira advirtió que el Estado no está cumpliendo con lo dispuesto en las leyes 18.033 y 18.596, que amparan en el acceso a la salud a las víctimas de terrorismo de Estado. “Tenemos una ley que nos ampara en salud que no está funcionando, estábamos siendo atendidos por psicólogos que ya no trabajan para ASSE porque no se les renovó el contrato”, señaló. Agregó que tampoco están siendo atendidos por odontólogos y oftalmólogos, porque no les están pagando las consultas que llegan por la ley.
La representante del colectivo Memoria en Libertad dijo que los responsables de las víctimas de la guerrilla “pagaron condena, mientras que la mayoría de los agentes que ejercieron terrorismo de Estado contra la población de Uruguay ni siquiera pasaron por un juzgado, y los que sí pasaron gozan de beneficios que ningún preso común ni ningún preso político de esa época gozó”.
El proyecto de Cabildo Abierto
La propuesta de Cabildo Abierto plantea reparar a las familias de quienes fallecieron o fueron lesionados por los grupos armados, incluyendo aquellas víctimas que murieron accidentalmente como consecuencia de la acción de la guerrilla. El proyecto fue presentado en diciembre de 2020 por los senadores de Cabildo Abierto y se encuentra a estudio de la Comisión de Constitución y Legislación del Senado. Además de una indemnización prevé un reconocimiento público a las víctimas de grupos armados, con la construcción de “uno o varios memoriales dirigidos a las víctimas que enaltezcan y visibilicen su condición” y “darle cabida al relato de las víctimas o sus herederos” en los programas de educación pública.
La semana pasada el ministro de Defensa Nacional, Javier García, se expresó a favor de la iniciativa y señaló que la condición de militares o policías “no disminuye su condición de víctimas de la guerrilla”.
Apuntes del día: El ministro García y las reparaciones
28 de julio de 2021 ·
Escribe Marcelo Pereira
Buenos días. Les comento algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.
La idea de que el Estado brinde reparaciones a “las víctimas de la guerrilla”, en presunta equivalencia con las recibidas por víctimas del terrorismo de Estado, reaparece cada tanto. Cuando su portavoz está al frente del Ministerio de Defensa Nacional, como ocurrió en estos días, resulta especialmente necesario plantear algunas precisiones.
El ministro Javier García afirmó la semana pasada, durante una entrevista en radio El Espectador, que él “razona y dice: víctimas hubo, terribles, de un momento negro de nuestra historia, de sectores que estuvieron enfrentados”, y que como entre ellas hubo “víctimas de la guerrilla y de los grupos armados, […] corresponde también la reparación económica para las familias, no importa si de civiles o militares”. Ese razonamiento tiene defectos insalvables.
Las reparaciones actuales no existen por motivos relacionados con el “bando” ideológico de las víctimas: el Estado resarce debido a su responsabilidad en actos ilegales, cuando la Justicia llega a la conclusión de que los cometió con medios propios o valiéndose de personas que no eran funcionarias. Compensa en la parcial medida de lo posible, y se queda notoriamente corto.
No se trata de indemnizaciones a raíz de cualquier violencia contra gente de izquierda por parte de gente de derecha. En otros países corresponden reparaciones por lo que hizo, desde el aparato estatal, gente autoidentificada como izquierdista. No es tan difícil de entender: por eso se llama “terrorismo de Estado”.
Hay límites vinculados con la gravedad del daño: por ejemplo, el ministro García y muchas otras personas debieron vivir, cuando eran jóvenes, en el ambiente tóxico creado por la dictadura, con trabas y amenazas ilegítimas a su libertad, pero el Estado no les otorga por ello ninguna reparación.
Desde los años 60 del siglo pasado, la violencia política desde grupos de izquierda incluyó homicidios y diversas violaciones de los derechos humanos de muchas personas, con muy distintas orientaciones ideológicas y a veces ajenas a los conflictos de la época. En una gran cantidad de casos esto tuvo consecuencias para los victimarios, con o sin procesos legales, y hubo también delitos que quedaron impunes.
Cuando los damnificados fueron funcionarios en actos de servicio, el Estado tuvo obligaciones legales específicas, y el proceso histórico determinó que, durante muchos años, la dictadura pudiera cumplir con ese deber o ir más allá de él sin que se le plantearan objeciones o resistencia. Por supuesto, si hay víctimas o familiares de víctimas que consideran incumplidas tales obligaciones, tienen todo el derecho de reclamar.
En el caso de los perjuicios sufridos por otras personas debido a violencia de grupos izquierdistas, el Estado no tiene obligación de otorgar reparaciones, como sucede en muchos otros casos con los que no tuvo nada que ver (incluyendo unos cuantos actos de violencia derechista contra la izquierda que no fueron parte del terrorismo de Estado). No se trata de que haya víctimas de primera y segunda categoría: hay o no hay responsabilidad estatal. García está en condiciones de entenderlo con un pequeño esfuerzo.