Nuevo aniversario del asesinato de Alvaro Balbi

Justicia para Álvaro Balbi y su familia

octubre 5, 2021

A 46 años del asesinato en tortura de Álvaro Balbi, tres de los acusados por el mismo fueron citados a declarar: Navas, Sande Lima y Medina.

A 46 años del asesinato en tortura por la dictadura fascista de Álvaro Balbi, militante de la UJC, tres de los acusados por el crimen finalmente tendrán que declarar ante la justicia, se trata de los represores Enrique Santiago Navas, José Felipe Sande Lima y Ricardo Medina.

Hoy 5 de octubre está citado a declarar Navas y el 7 de octubre Sande Lima y Medina. El juzgado que lleva adelante las actuaciones es el Penal de 23° turno.

Lille Caruso, compañera de Álvaro Balbi, que ha luchado desde el primer día contra la impunidad que rodea este caso, consultada por EL POPULAR explicó que prefería dejar que pasaran las instancias judiciales para hacer declaraciones, aunque si afirmó: “Después de 46 años de tanto luchar lo único que quiero es justicia”.

El asesinato de Alvaro Balbi

Álvaro Balbi fue detenido el 29 de julio de 1975, tras una reunión clandestina del Regional 3 del PCU, en la que se organizaba la resistencia a la dictadura, la solidaridad con las y los presos y la propaganda a favor de la libertad y la democracia.

Álvaro Balbi era empleado, músico, y militante de la UJC, del PCU y del Frente Amplio. Durante sus estudios en secundaria fue dirigente estudiantil del gremio del IAVA.

Álvaro tocaba piano, violín, guitarra, fagot, era estudiante en el Conservatorio Nacional de Música y aspiraba a ingresar en la Sinfónica. Además, formaba parte de un grupo de música llamado “Ibirapitá”, con el que tocaban en todo tipo de actividades del movimiento popular, recorriendo buena parte del país. Álvaro amaba jugar al ajedrez y era un apasionado lector.

Cuando lo detuvieron Álvaro tenía 31 años, estaba casado con su compañera Lille y tenía cuatro hijos.

Como ya señalamos, fue detenido por la Policía mientras participaba en una reunión clandestina en el Regional 3 del PCU, junto a otras siete personas; todos fueron conducidos al Departamento 2 de Inteligencia y Enlace, luego trasladados a un lugar donde pasaron la noche a la intemperie, era el Cuartel del Regimiento de Coraceros, hoy Guardia Republicana, en Montevideo. El allanamiento y detención estuvo dirigido por el Sub Comisario Eduardo Telechea y el Agente de 2º Adolfo Alem Castro, alias “La Momia”. Medina, Sande Lima y Navas son sindicados de haber participado, junto a Alem Castro, en la tortura de Álvaro.

Apenas dos días después, el 31 de julio de 1976, funcionarios policiales informaron a la familia que había muerto a la 1 de la mañana por un ataque de asma provocado por enfriamiento. En realidad, Álvaro murió poco más de 24 horas después de su detención a causa de las torturas recibidas. Álvaro fue asesinado.

La familia de Álvaro y sus compañeros denunciaron desde el primer momento el asesinato y negaron la versión oficial, que mantuvo en la impunidad al crimen y a los criminales durante 46 años.

Según consta en investigaciones realizadas: “…El informe de la autopsia que recibió el Juez Militar de Instrucción (…) probaba precisamente la muerte por asfixia con aspiración de agua (…) Las muestras de violencia son obvias en el examen externo: “Enseña cianosis en cabeza y cuello, erosiones en ambos codos y muñecas, erosiones y equimosis en tórax y abdomen, erosiones en ambas espinas ilíacas y rodillas” (…) Lo mismo resulta del examen interno: “Pequeños y múltiples hematomas subcutáneos en pared abdominal” es una clásica de todas las víctimas del “submarino”, causada en el vientre por los bordes del tacho. La muerte por asfixia está indicada por tres datos inequívocos de la autopsia, más irrefutable aún por el hecho de manifestarse juntos”.

La autopsia fue practicada por el Prof. Dr. José A. Mautone quien estableció en el certificado de defunción correspondiente, como causa de la muerte “insuficiencia cardiaca pulmonar aguda debido a stress”.

A pesar de las evidencias de violencia, el 29 de agosto de 1975, el Juez Militar de Instrucción de Primer Turno, decretó a pedido del fiscal la clausura de los procedimientos.

Esta mentira fue repetida en todos los organismos internacionales por Juan María Bordaberry y Juan Carlos Blanco, el canciller de la dictadura, senador del Partido Colorado luego.

La carta valiente de un padre al dictador

Enfrentando todos los riesgos de estar en dictadura y a merced de la represión, el padre de Álvaro, el maestro Selmar Balbi, le dirigió al dictador, Juan María Bordaberry, una valiente y conmovedora carta de denuncia, unos días antes de que se clausurara la investigación de la Justicia Militar, el 6 de agosto de 1975.

“Escribo a Ud. la carta más difícil de mi vida. Y como se trata de un imperativo de razón y de conciencia, me propongo lograr la mayor y más fría precisión para pedir justicia. Me dirijo a Ud. en su condición de Presidente de la República y específicamente por su poder de decisión como Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas. Quiere decir esto que no procuro condolencias. Que no necesito palabras de consuelo. A diario me las prodiga el pueblo entero. No hay en esto la mínima exageración, debe Ud. creerlo. Pregúntele a sus hijos. Por su condición de Jefe del Estado, Sr. Presidente, Ud. sólo puede contestarme con hechos y el hecho en este caso horrendo no único en el país, desgraciadamente es un castigo ejemplar y terminante, concreto y público, garantido y documentado, como se realiza en forma tan frecuente a través de todos los medios de Información. Mi encarecimiento, Sr. Presidente, no obedece a un mezquino sentimiento de venganza. Sí, en forma absoluta, a dar garantías a la gente común de la República, de que no habrá impunidad para el atentado discrecional. Nada más pido, a nada más aspiro en este instante. Ud. puede decidirlo desde el cargo más encumbrado del país.

El martes 29 de julio próximo pasado fue detenido por las Fuerzas Conjuntas que el Sr. Presidente comanda, mi hijo Alvaro Balbi, oriental, casado, de 31 años de edad, padre de cuatro pequeños niños, hombre de trabajo y hombre de bien. Infructuosas resultaron las gestiones de su mujer, mi joven nuera, ante las reparticiones oficiales para ubicar su paradero. Pasó el miércoles 30. El jueves 31 nos dispusimos a reiniciar la búsqueda. Puedo asegurar a Ud., Sr. Presidente, más allá de la angustia de padre en las presentes circunstancias del país (Ud. como padre de familia numerosa sin duda pueda comprender), que yo tenía la convicción plena de que por lo menos, en manos de funcionarios de su confianza, la vida de mi hijo estaba a salvo.

¡Qué doloroso error, Sr. Presidente. Pasado el mediodía del jueves 31, funcionarios suyos comunicaron a la mujer de mi hijo y a mi mujer, su madre, personalmente, que a la una de la mañana de ese día mi hijo había muerto a consecuencia de un ataque de asma provocado por enfriamiento, y que podíamos reclamar su cadáver en el Hospital de las Fuerzas Armadas. Doce horas después de su fallecimiento nosotros habíamos estado preguntando por las oficinas y nadie sabía decirnos nada sobra su reclusión. Las fuerzas del gobierno habían detenido a un hombre pleno de vitalidad y sólo pudo vivir poco más de un día entre sus manos. Yo ignoro dónde, en qué momento, quiénes lo detuvieron.
Pero hay responsables concretos que dependen de Ud., Sr. Presidente, y por lo tanto sólo Ud. puede decidir su identificación y precisar sus actos. (…) De dónde provino el enfriamiento. Un enfriamiento capaz de provocar la muerte a un hombre joven y bien nutrido, de buena salud. Hubo tortura, Sr. Presidente. Por qué estaban sus ropas como embarradas. Por qué su cabeza vendada.
Sr. Presidente: Ante testigos, el Sr. Comisario Tellechea del Departamento 2 de Policía, no conozco bien si esos son los títulos exactos, me dijo que él era una persona derecha y que me aseguraba que no tenía ninguna responsabilidad en el hecho, del que estaban a cargo por simples razones administrativas. Yo antes había hablado una sola vez con el Sr. Tellechea y no tengo por qué dar fe a su palabra. No tengo inconveniente en declararlo aun públicamente.
Por eso mismo creo que dijo verdad cuando agregó, esto sí textualmente, “este mochuelo me lo metieron a las 12 de hoy”. Yo me pregunto, Sr. Presidente, qué quiso decir el señor Tellechea con su natural llaneza, con esa expresión usada a modo de “slang” policial. Para mí, “mochuelo” suena como algún mal encargo, como algo que se arroja sobre otro para no verse comprometido. Sr. Presidente: No acuso. Digo lo que puedo yo pensar y sentir. Todas las circunstancias me muestran que mi hijo fue muerto en dependencias de las Fuerzas Conjuntas. A Ud. toca determinarlo. Pero quiero decir lo siguiente: En el Uruguay la pena de muerte no existe. Ni la más alta dignidad judicial, hasta frente al mayor criminal y el más grave delito, puede condenar a muerte al peor de los reos. Nadie tuvo entonces derecho a matarme a mi hijo.
Sólo la impunidad más absoluta pudo amparar el crimen, así fuera como a veces se sugiere, porque se le fue la mano. (…)

¿No cree Ud., no ya como Presidente sino como hombre y padre, que es demasiado castigo para un padre inocente y para un joven puro? ¿No sería más que monstruoso? Todos los educadores que me han conocido y considerado saben que no puedo volver a la nada y que tanta desgracia injusta y tan insuperable dolor no impedirán que siga trabajando por la educación y la felicidad de mi pueblo. Si alguien pudo (“el padre es dirigente gremial”) castigar por ello, debe ser él mismo ejemplarmente castigado. JUSTICIA VUELVO A PEDIR, SR. BORDABERRY. No quiero que se haga un uso malicioso ni incorrecto de esta carta, Sr. Presidente. Mi hijo ha muerto en dependencias de las Fuerzas Conjuntas.

No sé si cometió delito ni cuál pudo ser, lo reitero, y también repito que no pudo ser una falta contra la condición humana y menos, falta grave. Jamás colocamos nosotros la muerte más alta que la vida. Mi hijo ha muerto. Pero quedan sus hijitos, quedan los hombres jóvenes aún y sus hijitos, muy cerca de diez mil niños, jóvenes y adultos han estado bajo mi amparo cuidadoso a lo largo de 40 años de docencia. Por ellos velo ahora. Para ellos, la liquidación de la impunidad, de los criminales; para ellos, la más larga y segura vida. Y la alegría de vivir. Justo es que la ley se aplique a quien delinque. Pero ninguna ley, humana ni jurídica, admite que manos anónimas o conocidas ejerzan justicia al margen de lo legal y de lo humano.
Sólo espero que la muerte de Álvaro sea la última muerte injusta en esta tierra y la primera que no quede impune, el primer trato inhumano juzgado y castigado, que quiebre el espinazo a la impunidad en esta tierra. MIS AMIGOS Debe Ud. saber, Sr. Presidente, que, como mi hijo, cultivo el don de la amistad. Le aseguro que a esta altura de mi vida poseo una cosecha, la mayor y más hermosa a que hombre alguno pueda aspirar (…)”.

Años de lucha

La denuncia del crimen fue permanente desde el primer día, el sepelio de Álvaro fue un acto de resistencia, aún en medio de la represión, hay informes de inteligencia de la dictadura que dan cuenta de ello. El fascismo vigiló hasta el sepelio de Álvaro. Organizados por su familia, el PCU y rodeados del movimiento popular, todos los años se realizan actos en la plaza de Lezica que lleva su nombre. Hay una marca de la memoria frente al cuartel de la Republicana donde fue torturado.

El 26 de octubre de 1985, tras la recuperación democrática, Lille presentó una denuncia penal. En 1988 la investigación fue detenida cuando Julio María Sanguinetti incluyó el caso en la Ley de Caducidad.

El 12 de mayo de 2011, José Mujica, aplicando la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por el Caso Gelman, anuló este decreto y abrió el camino para la investigación nuevamente. El de Álvaro fue el primer decreto que anuló Mujica de los más de 80 con los que Sanguinetti, Luis Alberto Lacalle y Jorge Batlle habían frenado otras tantas investigaciones de crímenes de lesa humanidad, incluyéndolos en la Ley de Caducidad.

Desde 2011, cuando se logra que el caso fuera excluido de la ley de caducidad, hasta 2019, el Observatorio Luz Ibarburu, y en particular Pablo Chargoñia, patrocinaron el caso, participando junto a la familia y testigos en las audiencias y diligencias.

Desde el 2011 se han realizado inspecciones oculares por parte de testigos y de la familia del cuartel de la Republicana; se han tomado declaraciones de testigos y ahora van a declarar tres de los acusados.

46 años después la valentía de quienes fueron detenidos con Álvaro Balbi y sobrevivieron a las torturas al testimoniar, la decisión y la lucha inquebrantable de su familia, la denuncia del crimen y la reivindicación de la vida de Álvaro por el PCU y la UJC, la solidaridad de todo el movimiento popular, el compromiso del Observatorio Luz Ibarburu y del abogado Oscar López Goldaracena, el trabajo de la Fiscalía y el juzgado actuante, consiguen que la justicia se abra paso.

IDENTIFICAN AL EXPOLICÍA RICARDO MEDINA COMO EL SECUESTRADOR DE ÁLVARO BALBI

La dignidad frente a la cobardía de los represores

La viuda de Balbi identificó al represor que allanó su casa hace 46 años.

Álvaro Balbi fue asesinado en julio de 1975 luego de ser detenido.

7 OCTUBRE, 2021 

Tras cinco horas de careo la viuda de Álvaro Balbi, militante comunista asesinado durante la dictadura, reconoció al expolicía Ricardo Medina como el funcionario que allanó su casa hace 46 años y a quien vio y habló con él en Inteligencia de la Policía cuando fue a preguntar por su compañero la noche siguiente.

Según indicó el semanario El Popular en su edición web a 46 años, dos de los acusados por el crimen declararon ante la justicia. Se trata de los represores y ex oficiales policiales José Felipe Sande Lima y Ricardo Medina.

La audiencia se llevó a cabo en el juzgado Penal de 23° Turno, a cargo de la jueza Isaura Tórtora.
Los acusados, como es su costumbre, agrega El Popular, negaron todo, incluso que durante la dictadura se hubiera detenido a “miembros del Partido Comunista”.

No obstante, ocurrió algo nuevo, Oscar López Goldaracena, el abogado que patrocina a la familia de Álvaro Balbi, llamó a Lille Caruso, su viuda, para hacer un careo con Medina.

Caruso identificó a Medina como el hombre que allanó su casa hace 46 años y a quien vio y habló con él en Inteligencia de la Policía cuando fue a preguntar por Alvaro Balbi la noche siguiente.

Músico y empleado

Álvaro Balbi era empleado y músico, estaba casado tenía 4 hijos pequeños y era militante del Partido Comunista de Uruguay.

Según indica la web Sitios de la Memoria, fue secuestrado el 29 de julio de 1975 mientras participaba de una reunión clandestina junto a otros 10 compañeros y compañeras.

El operativo estuvo a cargo de efectivos de las Fuerzas Conjuntas y dirigido por la Dirección Nacional de Información e Inteligencia. El grupo fue llevado primero a la sede de la DNII y luego a las caballerizas de la Guardia de Coraceros.

El 31 de julio su cuerpo es entregado a la familia, tenía visibles marcas de haber sido torturado. Su familia denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el asesinato.

El padre de Álvaro, el maestro Selmar Balbi escribió entonces una carta dirigida al dictador Juan María Bordaberry que jamás obtuvo respuesta. En dicha carta expresó:

«Al mismo tiempo que a Ud., llegará a estos amigos esta carta de buena fe; pero esta familia de mis amigos y los de mi hijo, y de los amigos, de los amigos, de los amigos se extiende por toda la faz de la tierra y a ellos llegará esta carta. Sólo pido justicia, como Ud. ve. No contiene más que hechos, interrogantes, palabras dichas. Todo agravio, toda denigración, toda ofensa ha sido callada, mordida. Sólo quiero justicia».

Los expolicías Ricardo Medina y

Sande Lima declararon ante la Justicia

por el asesinato de Álvaro Balbi

8 de octubre de 2021 · 

Lille Caruso, viuda de Balbi, tuvo un careo con Medina, a quien reconoció como uno de los policías que allanó su casa el 29 de julio de 1975.

La jueza penal de 23° turno, Isaura Tórtora, tomó declaración a los expolicías Ricardo Conejo Medina y José Sande Lima por el asesinato del militante comunista Álvaro Balbi, ocurrido en julio de 1975.

Tanto Medina como Sande Lima -ambos condenados por violaciones a los derechos humanos- negaron toda vinculación con el operativo que culminó con el asesinato de Balbi. Medina dijo que trabajaba en un supermercado policial y hacía trabajos comunitarios para los policías, mientras que Sande Lima negó la existencia de allanamientos y detenciones de militantes comunistas por parte de la Policía.

“Esas declaraciones son una falta de respeto a la historia, quedaron desacreditadas por sí mismas. No se puede ir contra la verdad, porque son hechos reconocidos”, expresó el abogado de la familia Balbi, Óscar López Goldaracena, en declaraciones a la diaria.

A propuesta de López Goldaracena, Medina tuvo un careo con Lille Caruso, viuda de Balbi y también militante comunista. “B17344, de Maldonado”; Caruso le recordó a Medina el número de chapa del “colachata” azul bolita en el que fueron a allanar su casa, unas dos horas después de detener a su marido. En la audiencia también estaba Alondra Balbi, hija menor del militante asesinado.

“Medina dijo que nunca estuvo en la calle Maldonado [sede de la Dirección Nacional de Información e Inteligencia, DNII] y yo lo vi ahí, me dijo que mi marido había pasado a la órbita militar. Él había estado en mi casa”, comentó Caruso en conversación con la diaria. A los 32 años, la esposa de Balbi fue a la sede de inteligencia policial a consultar si había información sobre su esposo. Mientras esperaba una respuesta vio pasar a uno de los hombres que habían estado en el allanamiento en su casa la noche anterior. Luego supo que era Medina.

Por esta causa también declaró como indagado el comisario general retirado Enrique Navas, quien era el responsable del Regimiento de Coraceros. También declaró como testigo el exintegrante de inteligencia policial César Insaurralde. Ambos negaron cualquier vínculo con la causa.

La jueza Tórtora fijó una nueva audiencia para el próximo martes, en la que declarará el médico forense Guido Berro, quien dará explicaciones sobre una autopsia histórica que hizo, que permitió probar que Balbi había muerto siendo víctima de la tortura conocida como “submarino”. Tras esa audiencia, el expediente regresará a la Fiscalía Especializada en Crímenes de Lesa Humanidad, donde se analizarán los posibles pedidos de procesamiento.

Balbi fue detenido junto a otros ocho militantes comunistas sobre las 18.00 del 29 de julio de 1975, durante una reunión del Regional 3 del Partido Comunista del Uruguay (PCU) en la calle Canstatt, en la zona del ex Mercado Modelo. De allí fueron trasladados a la DNII, donde estuvieron unas dos horas, y luego al Regimiento de Coraceros, en José Pedro Varela y José Batlle y Ordoñez.

“Ese 29 de julio que nos agarran nos llevan a Coraceros y nos meten en un campo semidesnudos, encapuchados y atados con alambre. Ese día hacía frío, yo tenía pantalón, botas, rompevientos, bufanda y sobretodo, y nos dejaron casi desnudos toda la noche”, recuerda Javier Tassino, detenido junto a Balbi y testigo de su asesinato en Coraceros.

“A Balbi lo matan en diez minutos, lo meten en un tacho y le rompen la cabeza con la culata de un fusil, después de estar dos días en una situación de mucho frío, mojado, parado, recibiendo trompadas”, recordó el militante comunista.

Balbi tenía cuatro hijos, era empleado de una empresa de automotores, músico y estudiante del Conservatorio Nacional de Música. Tassino lo recuerda como “un tipo muy familiero y laburante”. Tenía 31 años.

Su padre, el maestro Selmar Balbi, escribió al dictador Juan María Bordaberry luego de que el subcomisario Eduardo Telechea, también de la DNII, informara a Lille Caruso que su esposo había muerto por un ataque de asma y que podría reclamar el cuerpo en el Hospital Militar: “Sr. Presidente. Mi hijo ha muerto en dependencias de las Fuerzas Conjuntas. No sé si cometió delito ni cuál pudo ser, lo reitero, y también repito que no pudo ser una falta contra la condición humana y menos, falta grave. Jamás colocamos nosotros la muerte más alta que la vida. Mi hijo ha muerto. Pero quedan sus hijitos, quedan los hombres jóvenes aún y sus hijitos, muy cerca de diez mil niños, jóvenes y adultos han estado bajo mi amparo cuidadoso a lo largo de 40 años de docencia. Por ellos velo ahora. Para ellos, la liquidación de la impunidad, de los criminales; para ellos, la más larga y segura vida. Y la alegría de vivir”.

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