17/11/2021
Relatores especiales de ONU
rechazan proyecto para
liberar a represores presos
Carta dirigida al canciller Bustillo explica que la iniciativa de Cabildo Abierto viola convenios internacionales de Derechos Humanos al habilitar que vuelvan a sus domicilios
Manini Ríos, Domenech e Irene Moreira durante una convención de Cabildo Abierto.
“Quisiéramos expresar nuestra profunda preocupación por el proyecto de ley que regula la sustitución de oficio de penas privativas de libertad a personas condenadas por graves violaciones a los derechos humanos y delitos de lesa humanidad”, dice la carta firmada por el Relator Especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición; el Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias; el Relator Especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias; la Relatora Especial sobre el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de saludfísica y mental y el Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.
El proyecto presentado el 4 de agosto por los senadores Guido Manini Ríos, Guillermo Domenech y Raúl Lozano forma parte de una ofensiva para liberar a los militares encarcelados por delitos de lesa humanidad, que incluye además el pedido de reuniones al presidente Luis Lacalle Pou por parte de varios colectivos de allegados a los presos.
Los relatores manifiestan su preocupación de modo especial porque si el proyecto resultara aprobado “permitiría otorgar de forma automática y sin evaluación del contexto en que se encuentra cada recluso, el beneficio de la prisión domiciliaria a personas condenadas por delitos de lesa humanidad y otros delitos graves cometidos durante la dictadura, lo cual es contrario al derecho internacional”.
Además, como el proyecto se fundamenta en “razones humanitarias” debido a la pandemia de Covid-19, los expertos aclaran que “las medidas de prevención adoptadas en el marco de la lucha contra el COVID-19 deben ser compatibles con los estándares internacionales de derechos humanos y no promover la impunidad de derecho o de facto”. Asimismo, añade el texto, en este caso “no existen argumentos de salud pública que justifiquen la reclusión domiciliaria total” para los militares presos en la cárcel de Domingo Arena, donde gozan de un régimen especial.
Por otro lado, los relatores recuerdan al Estado uruguayo que “el derecho internacional impone límites al uso de figuras como la amnistía, el indulto y la conmutación de penas respecto de crímenes de lesa humanidad”, todo lo cual sería vulnerado si se aprueba la iniciativa de Cabildo Abierto.
En esa misma línea, la carta refiere al artículo 18 de la Declaración sobre la Protección de todas las personas contra las Desapariciones Forzadas, que establece que “los autores o presuntos autores de actos de desparión forzada no se beneficiarán de ninguna ley de amnistía especial u otras medidas análogas que tengan por efecto exonerarlos de cualquier procedimiento o sanción penal”.
Y también recuerda que hay jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que estableció la prohibición de que se adopten “medidas que impidan o supriman los efectos de la pena” para condenados por delitos de graves violaciones de los derechos humanos.
La comunicación está dirigida al canciller Francisco Bustillo y está firmada por Fabian Salvioli, Relator Especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición; Luciano Hazan, Presidente-Relator del Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias; Morris Tidball-Binz, Relator Especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias; Tlaleng Mofokeng, Relatora Especial sobre el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental; y Nils Melzer, Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes
Crysol rechaza la iniciativa
La organización Crysol, que reúne a ex presas y presos políticos durante la dictadura, también había rechazado días pasados la iniciativa de Cabildo Abierto mediante una carta enviada a la comisión de Constitución y Legislación de la Cámara de Senadores, que analiza el texto.
“Dado que los promotores del proyecto de ley han sido en los últimos tiempos fervientes defensores públicos de los terroristas estatales procesados por la justicia, es evidente que el propósito de la iniciativa es permitir un alivio muy importante de las condiciones de reclusión de los mismos o incluso mejorarlas ante la imposibilidad material de promover una ley de amnistía para ellos”, señaló Crysol.
Para el colectivo de ex presas y presos políticos, “es notorio que los promotores de la iniciativa desconocen los principios básicos de la normativa de Derechos Humanos y son constantes sus ataques a la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo. Y en este sentido se debe tener en cuenta que todos los condenados han cometido delitos que la normativa internacional que Uruguay ha ratificado desde su participación en el Tribunal de Nuremberg considera graves”.
Entre los crímenes cometidos por los militares durante la dictadura, Crysol mencionó en su carta que “Más de 25 000 ciudadanos fueron secuestrados, privados de su libertad, y torturados, incluyendo abusos sexuales. 7.500 fueron condenados por tribunales militares y recluidos en centros diseñados para el tormento y la destrucción. Hubo más de 200 asesinados y casi 200 ciudadanos detenidos desaparecidos. Miles obligados a emigrar para escapar de la represión y salvar sus vidas”.
El proyecto de ley presentado por Manini, Domenech y Lozano “degrada la calidad de la democracia uruguaya porque otorga beneficios no merecidos a los peores criminales de nuestra historia, violentando los compromisos asumidos por nuestro país en materia de justicia”, señaló Crysol.
PROYECTO “INMORAL”
Crysol y Familiares de
Desaparecidos rechazan proyecto
sobre prisión domiciliaria
para mayores de 65 años
17.11.2021
MONTEVIDEO (Uypress)- La asociación de ex presos políticos, Crysol, manifestó este martes su discrepancia en el Parlamento, con respecto a la propuesta de Cabildo Abierto de concederle prisión domiciliaria a reclusos mayores de 65 años, según informó Subrayado (Canal 10).
El integrante de Crysol, Baldemar Tarocco, señaló que va en contra de la normativa internacional sobre derechos humanos, y de los delitos de lesa humanidad a los que calificó como inamnistiables.
Indicó, además, que el instituto de la prisión domiciliaria ya existe en el Código Penal uruguayo y recordó los casos de Gavazzo, Rama, Bardesio, Vázquez y otros 14 imputados por crímenes cometidos en dictadura: “Nosotros rechazamos totalmente y estamos planteando que no se vote ese proyecto”, enfatizó.
Por su parte, Ignacio Errandonea, integrante de Familiares de Detenidos Desaparecidos, calificó el proyecto de Cabildo Abierto como “inmoral” y que está dirigido a los militares recluidos en la cárcel de Domingo Arena.
Organizaciones de derechos humanos comparecieron este martes a la Comisión de Constitución y Códigos del Senado, que analiza el proyecto de ley de Cabildo Abierto.