La defensa de los represores de
las dictaduras resurge en América del Sur
20 de noviembre de 2021 ·
Raúl Lozano, Guillermo Domenech y Guido Manini Ríos, durante una sesión en la Cámara de Senadores del Palacio Legislativo, en Montevideo
Dirigentes de derecha se animan a calificarlos en voz alta de “presos políticos” o de estar encarcelados injustamente.
El Parlamento uruguayo discute actualmente un proyecto de ley que otorga prisión domiciliaria a los presos mayores de 65 años, que beneficiaría directamente a los militares encarcelados en Domingo Arena por violaciones a los derechos humanos en la última dictadura cívico-militar. El líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, y otros dirigentes de este sector político sostienen públicamente que los represores han sido injustamente encarcelados. El autodenominado Foro de Montevideo, que tiene como cara visible a la escritora Mercedes Vigil, columnista de la revista del Centro Militar El Soldado, va más allá y le solicitó directamente al presidente Luis Lacalle la liberación de los represores, a quienes considera “presos políticos”.
Estos discursos no son nuevos, ni siquiera son originales en la región; lo novedoso es que hoy se expresan sin tapujos. En Argentina, Victoria Villarruel, número dos de la lista de diputados nacionales de La Libertad Avanza, grupo político encabezado por Javier Milei, también utiliza el término “presos políticos” para referirse a los represores. Villarruel fue además impulsora del Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas, que propone poner el foco en las víctimas de la guerrilla en su país. En la misma línea, en Uruguay, este año Cabildo Abierto presentó un proyecto para reparar a las víctimas de grupos armados entre 1962 y 1976.
Villarruel justifica la dictadura, y lo mismo hizo días atrás el candidato presidencial chileno del Partido Republicano, José Antonio Kast. Esta semana, Kast dijo públicamente que en la dictadura de Augusto Pinochet se hicieron elecciones y que “no se encerró a los opositores políticos” como sucede en Cuba, Nicaragua y Venezuela. La dictadura chilena fue responsable de más de 3.000 asesinatos y desapariciones, y las víctimas de torturas y prisión superan las 35.000, según el último informe oficial difundido en 2011.
En Brasil, el presidente Jair Bolsonaro ha homenajeado en más de una ocasión a figuras de la dictadura de ese país y propuso en 2019 conmemorar el golpe de Estado de 1964. Ante las críticas, cambió el término pero no el concepto. “No es conmemorar. Es rememorar, revisar lo que está equivocado, lo que está bien, y usar eso para el bien de Brasil en el futuro”, dijo a la prensa. “¿Dónde se ha visto en el mundo que una dictadura le entregue el poder de forma pacífica a la oposición? Sólo en Brasil. Entonces, no hubo dictadura”, manifestó en entrevista a la televisión Bandeirantes, según recogió el canal France 24, y añadió: “No quiero decir que fue una maravilla. Ningún régimen lo es. ¿Qué matrimonio es una maravilla? De vez en cuando hay problemitas. Son raras las parejas que no tienen un problema”.
“Somos testigos de la militarización
de la política en Uruguay”, sostiene
exjerarca del Ministerio de Defensa
20 de noviembre de 2021 ·
En un libro sobre el rol de las FFAA en la región, asegura que el gobierno actual “optó por capitular y entregar la conducción de ciertas políticas públicas a manos de militares retirados”
En los últimos años, el rol de las Fuerzas Armadas en los países de América Latina se ha redefinido. De esta base parte el libro Militares y gobernabilidad: ¿cómo están cambiando las relaciones cívico-militares en América Latina?, editado por la fundación alemana Friedrich Ebert, que busca describir las nuevas concepciones y tareas que se les ha asignado a los militares en la región.
En la publicación se vincula lo que se entiende como una militarización creciente en América Latina con la pérdida de legitimidad de las instituciones democráticas, debida a una crisis de gobernabilidad y a las altas tasas de violencia e inseguridad. En este contexto, se recurre a los militares para que asuman tareas de seguridad interna, control de fronteras y de migraciones, protección de cursos de agua, control de daños ambientales, del tráfico aéreo, de instalaciones, de prisiones y de salud, protección personal, servicio secreto, producción de armas, capacitación y apoyo a la Policía, cartografía, aduanas, medidas de infraestructura, operación de líneas aéreas, administración de hoteles y hospitales y distribución de alimentos, entre otras. En Uruguay, por ejemplo, los roles de las Fuerzas Armadas se han ampliado, y en los últimos años estas asumieron la custodia perimetral de las cárceles, así como tareas de vigilancia y control fronterizo. En América Latina, a estos roles se sumó, durante la pandemia de la covid-19, tareas sociales y humanitarias que desempeñaron los militares y que contribuyeron a incrementar su popularidad.
En la introducción del libro, redactada por el historiador y politólogo alemán especializado en relaciones internacionales Wolf Grabendorff, se sostiene que “el uso político de los militares como amenaza o como garantes de la seguridad pública sigue siendo uno de los factores más importantes que determinan la gobernabilidad en la mayoría de los países latinoamericanos”.
Grabendorff apunta que las consecuencias estructurales de esta política son el fortalecimiento de la influencia de los militares en el Estado y la sociedad, “sumando tensión a las relaciones cívico-militares y erosionando los procederes democráticos”. La intervención de los militares en tareas de seguridad interna acarreó en varios países de América Latina –por ejemplo, en Colombia– “numerosas violaciones a los derechos humanos y casos cada vez mayores y más frecuentes de corrupción”.
El politólogo alemán advierte que muchas veces las propias Fuerzas Armadas son renuentes a asumir estos roles, ya que “tomar abiertamente partido en medio de la agitación social trae, sobre todo, desventajas para la institución”. Sin embargo, pronostica que la tendencia a la militarización se incrementará: “En América Latina las Fuerzas Armadas se están convirtiendo cada vez más en el poder de veto dentro de las democracias frágiles y en el poder de facto dentro de los regímenes autoritarios”.
Grabendorff menciona algunos casos en los que se fomenta la participación de militares en el gobierno para asegurar lealtades: Brasil, Cuba, Venezuela y México. “Esto deja entrever no sólo la debilidad de los respectivos liderazgos políticos, sino también la falta de confianza en la propia población, pues hace evidente que la estabilidad del sistema sólo puede ser garantizada internamente mediante la posibilidad de recurrir al potencial de violencia de los militares”, apunta.
Frenos y retrocesos
El capítulo uruguayo del libro está escrito por Claudio Alonso, quien fue director general de Política de Defensa del Ministerio de Defensa Nacional (MDN) entre 2018 y 2020, y director de Asuntos Internacionales y Cooperación de esa misma cartera entre 2013 y 2018. Se denomina “Uruguay y las reformas en el sector defensa. Avances y estancamiento”, y comienza haciendo un repaso de lo que hicieron los gobiernos del Frente Amplio en materia de políticas e defensa. Si bien destaca una serie de logros, como la aprobación de la Ley Marco de Defensa Nacional tras un proceso participativo, o la toma de control civil en el MDN, Alonso también menciona lo que considera obstáculos a las políticas de defensa y expresa una mirada autocrítica en varias áreas.
Señala que la creación del Sistema Nacional de Emergencias durante los gobiernos del Frente Amplio “contribuyó para la mejora de la imagen de las Fuerzas Armadas y específicamente del Ejército” ya que da a los militares “una mayor cercanía con la población más vulnerable”. “La ciudadanía ve al soldado como brazo ejecutor, ve a las Fuerzas Armadas cumpliendo esa tarea, pero no identifica al Estado, el que brinda la ayuda y pone todos los recursos disponibles para socorrer y dar respuesta”, indica.
También menciona el “intento permanente” por parte del sistema político de “conquistar a los mandos militares”. “Asumir a los militares como potenciales aliados desde el sistema político –en vez de subordinados– hace que cambios ineludibles se posterguen una y otra vez, dejando de esa forma los asuntos de defensa en manos militares y no capacitando cuadros gubernamentales y políticos para la toma de decisiones en esta área sensible del Estado. De esta forma, el propio sistema político se amputa una visión estratégica de la defensa, ya que en los hechos reniega de la posibilidad de asumir estos desafíos. Se cae en el seudoconvencimiento de que la cuestión radica en mantener conformes a las Fuerzas Armadas. Esa praxis se traduce en ser permisivos con ciertas actitudes, costumbres o ‘privilegios’, lo cual por definición institucional no admite justificación posible”, cuestiona.
Cambio de clima
El exjerarca considera que comienza a registrarse un “cambio de clima interno” en las Fuerzas Armadas a partir de 2016, cuando en un acto de cierre del V Encuentro de Retirados Militares realizado en el departamento de Florida, el coronel en situación de retiro Ruben Hartmann defendió a los militares procesados por crímenes de lesa humanidad cometidos en dictadura y cerró con la frase: “Por ahora empezamos a volver”.
En este marco, menciona el “empoderamiento” que empezó a adquirir el entonces comandante en jefe del Ejército y hoy líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, “quien contaba con el respaldo político de ciertos sectores de la izquierda gobernante”. “Desde la comandancia se opuso a cada uno de los cambios planteados por el gobierno, desde la reforma al sistema previsional militar, lo cual le trajo un enfrentamiento público con el entonces ministro de Trabajo y Seguridad Social Ernesto Murro. Esto llevó a que el ministro de Defensa [Jorge Menéndez], en la sesión del Consejo de Ministros, leyera un extenso informe en el que como corolario planteaba la destitución del general por violar el artículo 77 de la Constitución de la República. No obstante, el presidente, en diálogo con la vicepresidenta de la República, resolvieron sancionarlo con 30 días de arresto a rigor”, recuerda Alonso, protagonista de aquella etapa.
El exjerarca cuestiona que la izquierda le haya permitido a Manini Ríos construir una imagen política, “utilizando su rol de privilegio [como comandante en jefe del Ejército] para beneficio personal”. “Accedió a recurrentes notas periodísticas, entrevistas, conferencias, todas con el beneplácito del mando superior de las Fuerzas Armadas. El día que falleció el ministro Eleuterio Fernández Huidobro, en el cementerio Manini pidió permiso para hacer un discurso de despedida del líder político”, recordó Alonso. Añade que recién cuando asumió como ministro Menéndez se le exigió a Manini que redujera su exposición pública. “El liderazgo creciente del general hacia sus subordinados melló el mando civil de las Fuerzas Armadas, y cada provocación estaba en el límite de la insubordinación, lo cual era aplaudido por algunos líderes de la oposición, entre los cuales se encuentra el actual ministro de Defensa de Uruguay”, recrimina Alonso, en referencia al nacionalista Javier García.
En relación con la posición del gobierno actual, Alonso cuestiona lo que entiende como un “énfasis en el retorno de la participación de los militares en el ámbito de la seguridad pública”. Menciona en este sentido la ley de urgente consideración, en la que se extiende el porte de armas a los policías y militares retirados sin la obligatoriedad de realizar los test psicológicos, entre otros controles. Además, se los autoriza a intervenir si observan, a su criterio, que se está cometiendo un delito. “Esta ley establece asimismo la presunción de la legítima defensa para quienes ejercen el uso de la fuerza, es decir, policías y militares. Todo esto es, sin duda, una combinación peligrosa y que lesiona la libertad”, advierte Alonso.
También cuestiona el hecho de que el gabinete ministerial actual “volvió a tener presencia militar en más de la mitad de sus direcciones”. “En este caso son militares retirados pero fieles representantes de la defensa de la corporación. Por ende, son críticos de las líneas de transformaciones alcanzadas, pretenden deshacer los avances conquistados”, alerta. Pone como ejemplo las modificaciones contenidas en la ley de presupuesto a la Ley Orgánica Militar.
Sobre el final del artículo, Alonso afirma que el presente y futuro mediato “no es alentador: el actual gobierno de la coalición de derechas optó por capitular y entregar la conducción de ciertas políticas públicas a manos de militares retirados”. “Somos testigos de la militarización de la política en Uruguay. Esperamos que haya una profunda reflexión que permita corregir el curso de estas aguas turbulentas que hoy transitamos”, concluye.