El referéndum contra la prepotencia
POR LEANDRO GRILLE
10 DICIEMBRE, 2021
El miércoles sobre el mediodía, la Corte Electoral completó la verificación de las firmas requeridas para someter a referéndum 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración, promulgada en julio del año pasado. Para alcanzar la cifra de 671.500 firmas, la Corte no tuvo que analizar la totalidad de las firmas presentadas, porque el número de firmas recolectadas por la Comisión Nacional Pro Referéndum excedió en más de 50.000 la cantidad que exige la ley. De hecho, quedaron aproximadamente 70.000 firmas sin culminar el proceso de verificación porque ya no eran necesarias.
Un día antes de la confirmación de la Corte, el martes 7 de diciembre se cumplieron 18 años del último referéndum convocado por un procedimiento tan exigente (probablemente, el más exigente del mundo), cuando en dicha fecha de 2003, el 64% de los uruguayos derogó -en rigor, anuló- la ley aprobada por el gobierno de Jorge Batlle que le quitaba el monopolio de los combustibles a Ancap. Curiosamente, en el proyecto original de Ley de Urgente Consideración, Lacalle Pou intentó incluir el mismo artículo sobre Ancap que el pueblo ya había derogado en el gobierno de Batlle, pero una parte de la coalición lo obligó a retirar esa persistencia que desconocía un referéndum tan reciente, y terminó siendo sustituido por los artículos horrorosos que están detrás de los aumentos mensuales de combustibles, ahora suspendidos, en teoría por las “ganancias extraordinarias” que está registrando Ancap gracias a la electricidad que se le está vendiendo a Brasil, pero, en realidad, suspendidos hasta el referéndum, para que la manía de aumentar todos los meses el precio de las naftas, el gasoil y hasta el gas común no termine por sepultar cualquier atisbo de popularidad de la LUC.
El referéndum se fijó para el domingo 27 de marzo de 2022. La Corte, ni corta ni perezosa, le otorgó a la papeleta del Sí el color rosado y a la papeleta del No, que promueve el gobierno, un color un celeste patrio, como para que no queden dudas de que el partido se juega hasta en los más mínimos detalles. Cuestionados por semejante selección, los cortesanos se defendieron con un argumento insólito: el referéndum de 2003 había sido con esta distribución de colores y prefirieron no innovar por la dificultad de encontrar dos colores que contrasten tan bien entre sí y que, a su vez, contraste con el negro de la tinta con la que estarán impresas. En suma, tal parece que en 18 años no pudieron revisar una paleta de contraste de colores para elegir un par sin connotaciones políticas tan evidentes. Lo único relevante de la justificación de la Corte es que permite apreciar que en 2003, la Corte Electoral de la época, con igual sesgo, eligió los colores con idénticas intenciones, aunque, como ya sabemos, la gente no les dio pelota y la derogación ganó .
El escenario político que se abre es casi de campaña electoral nacional. No porque el referéndum sea una elección adelantada, sino porque el gobierno cifró en esa ley ómnibus toda la suerte de su proyecto restaurador. Es bastante notable que el gobierno actual no ha promovido ninguna iniciativa por fuera de esa ley y las que tiene para adelante están supeditadas a lo que pase el 27 de marzo. Con este panorama, la instancia de marzo es para anular o ratificar 135 artículos de una ley, pero es también para desaprobar o aprobar la columna vertebral de un programa que se viene llevando adelante sin otros componentes normativos.
Es tanto el miedo que hay en la coalición multicolor que han optado por una deriva autoritaria cada vez más evidente en el discurso, sobre todo contra el movimiento social y los educadores. La permanente persecución a los sindicatos, los proyectos para desmantelar el gremialismo obrero, la denuncia de convenios, la violencia discursiva cuando se refieren a las medidas que adoptan los trabajadores organizados en el marco de derechos consagrados como la huelga, buscan crear un clima de polarización crispada, instalar un atmósfera irrespirable, medio amenazante. Es como que hayan optado por una prédica ultraderechista, tomando nota del crecimiento de la ultraderecha en la región y el mundo.
Por otro lado, el trabajo de los medios de comunicación es cada vea más obsceno. El blindaje en los medios mayoritarios es indiscutible y las encuestas y mediciones oportunas ya casi ni disimulan su carácter propagandístico. De ahora en adelante hay que esperar la consabida campaña de que la ratificación de la LUC tiene más intención de voto que su derogación, como hemos tenido que aguantar desde hace mucho tiempo. Todos los números que se producen en el espacio quimérico de la realidad alternativa le darán cada vez mejor al presidente y su troupe, pero la realidad es otra cosa, como la demostraron las muchas elecciones que hubo este año (BPS, Universidad, Codicen, médicos) y la propia recolección de firmas, cuyo fracaso lo anticiparon todos los operadores que, evidentemente, fueron desmentidos groseramente por los hechos.
En el referéndum del 27 de marzo se estará votando algo más que la derogación de los 135 artículos, o plebiscitando algo más que un rumbo de gobierno, en esa instancia de democracia directa también se estará resolviendo sobre el método para gobernar: ahí veremos si los uruguayos admiten que se pruebe una megaley a las corridas, confinados en el medio de una pandemia, sin posibilidad de discutir, metiendo todos los temas al mismo tiempo en un trámite extraordinario, para que nadie sepa nada, para que entienda nada, para gobernar de prepo, sin preocuparse por el derecho de la gente a reflexionar con calma sobre las cosas que después operan sobre su vida de forma significativa. Veremos cómo se desarrolla la campaña. Por lo visto hasta ahora, habrá una buena dosis de terrorismo verbal de los defensores de esta LUC, pero habrá que combatirlo con argumento, humildad y paciencia. El pueblo uruguayo es inteligente, es difícil que lo lleven con el poncho.
