El CIDH declaró culpabilidad del estado uruguayo por desapariciones y crimenes

TODO ESTÁ GUARDADO EN LA MEMORIA

CIDH declaró a Uruguay culpable

por dos desapariciones y

crímenes de “Muchachas de abril

La Corte Interamericana responsabilizó al Estado por la desaparición forzada de Luis Eduardo González y Óscar Tassino, y por “la falta de diligencia investigativa” en el crimen de las tres mujeres.

20.12.2021

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) declaró “responsable internacionalmente” al Estado uruguayo “por las violaciones a distintos derechos humanos, en perjuicio de Luis Eduardo González González y Óscar Tassino Asteazu (víctimas de desapariciones forzadas que principiaron durante la dictadura que sufrió Uruguay entre 1973 y 1985), y sus familiares”.

También determinó la responsabilidad internacional de Uruguay “por violaciones a derechos humanos en perjuicio de los familiares de Diana Maidanik, Silvia Reyes y Laura Raggio (ejecutadas por militares el 21 de abril de 1974)”. “Más de tres décadas después, no se sabe toda la verdad sobre lo ocurrido ni se han determinado todas las responsabilidades penales por estos hechos”, señala la Corte sobre el asesinato de “Las muchachas de abril”.

Además, la Corte concluyó que el Estado es responsable “por la violación de los derechos de los señores González González y Tassino Asteazu al reconocimiento de la personalidad jurídica, a la vida, a la integridad personal y a la libertad personal”. A su vez, considera que “el Estado es responsable por la falta de acciones adecuadas de investigación de las desapariciones forzadas, violando los derechos judiciales y a la protección judicial de las dos víctimas desaparecidas y de sus familiares”.

Por otra parte, la Corte concluyó que el Estado “no investigó en forma debida las muertes violentas de las jóvenes Maidanik, Reyes y Raggio, por lo que violó los derechos de sus familiares a las garantías judiciales y a la protección judicial”.

El Tribunal advirtió que González González y Tassino Asteazu “fueron privados de su libertad, en un contexto de detenciones ilegales en centros clandestinos”. La Corte notó que “no hubo acciones inmediatas de búsqueda de los señores González González y Tassino Asteazú y que, luego de más de 44 años de sus desapariciones, todavía no hay certeza sobre el paradero de las dos personas nombradas”. “El Estado, en este aspecto, no ha observado una conducta diligente”, indicó la Corte en un comunicado.

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El Tribunal, también notó que las autoridades no siguieron una conducta diligente respecto a la investigación de las muertes de las jóvenes Diana Maidanik, Silvia Reyes y Laura Raggio. “A esta situación se agrega que, luego de finalizada la dictadura, el 22 de diciembre de 1986, se expidió la Ley de Caducidad, con la que caducaba la pretensión punitiva del Estado respecto de los delitos cometidos hasta el 1° de marzo de 1985 por funcionarios militares y policiales”, señala la CIDH.

Acerca de esta ley, la Corte señaló que tuvo “un impacto directo en todas las actuaciones de investigación atinentes al caso, que se vieron interrumpidas varios años. Los tiempos que se han tomado en la investigación de estas desapariciones sobrepasan parámetros de razonabilidad”.

“Las demoras más prolongadas, en forma evidente, se produjeron, durante varios años, con anterioridad a 2006, y por aplicación de la Ley de Caducidad, aunque la falta de diligencia para evitar dilaciones por la presentación abusiva de recursos también fue un factor relevante. Además de lo expuesto, en relación con las investigaciones referidas, Uruguay vulneró los derechos de los familiares de Luis Eduardo González González, Óscar Tassino Asteazu, Diana Maidanik, Silvia Reyes y Laura Raggio, a conocer la verdad”, dice el texto.

Respecto a derechos a las garantías judiciales y a la protección judicial, Uruguay “incumplió la obligación de adoptar disposiciones de derecho interno establecida en el artículo 2 de la Convención Americana, dado que la Ley de Caducidad, impidió, durante varios años, la investigación y sanción de graves violaciones de derechos humanos”.

“Como consecuencia de las violaciones a derechos humanos antes expuestas, el Estado lesionó el derecho a la integridad personal de los familiares de las cinco personas nombradas, contraviniendo el artículo 5 de la Convención Americana. En razón de estas violaciones, la Corte ordenó diversas medidas de reparación al Estado”, concluye la CIDH.

Corte Interamericana de Derechos

Humanos condenó a Uruguay por el

caso de las “muchachas de abril”

20 diciembre 2021

La condena también abarca las desapariciones de Óscar Tassino y Luis Eduardo González; el Estado deberá realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad en los crímenes.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado uruguayo por las violaciones a los derechos humanos ocurridas en las desapariciones de Luis Eduardo González González y Óscar Tassino y los asesinatos de Diana Maidanik, Silvia Reyes y Laura Raggio, la causa conocida como “las muchachas de abril”.

En la sentencia, que fue comunicada este lunes, los miembros de la Corte plantean que existió responsabilidad del Estado en la violación de los derechos al reconocimiento de la personalidad jurídica, a la vida, a la integridad personal y a la libertad personal, y omisiones por la falta de investigación de los casos.

La sentencia toma en cuenta que pasadas más de tres décadas de los hechos aún se desconoce la verdad sobre lo ocurrido y no están determinadas las responsabilidades penales. Tampoco existió protección judicial de las víctimas y sus familiares.

Entre las reparaciones previstas en la sentencia, además de las reparaciones económicas a los familiares de las víctimas, la Corte incluyó la continuación de las investigaciones y la consiguiente sanción de los responsables, “en un plazo razonable”, que evite el uso abusivo de recursos o acciones dilatorias, así como la conducción de las actuaciones bajo las pautas de imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad.

También establece la obligación de “efectuar una búsqueda rigurosa por la vía judicial y administrativa pertinente” para encontrar los restos de Óscar Tassino y Luis Eduardo González González, y brindar a los familiares de todas las víctimas tratamiento psicológico.

Tal como había determinado en la sentencia del caso Gelman, la Corte dispuso la realización de un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional en relación a los crímenes que se consideraron en la causa.

También plantea la incorporación de estudios en derechos humanos a los programas de formación de las escuelas de las Fuerzas Armadas y le encomienda al Estado fortalecer la Fiscalía especializada en Derechos Humanos, a la que reclama “adoptar un plan estratégico dirigido a enjuiciar y castigar debidamente a los autores de actos de violencia contra la mujer cometidos durante la dictadura cívico-militar”.

Muchachas de abril:

Corte Interamericana condenó

al Estado uruguayo

Dispuso la realización de un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional en relación a los crímenes que se consideraron en la causa.

En la foto: Concentración de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos, en Plaza Cagancha.

20 DICIEMBRE, 2021 

La causa conocida como “las muchachas de abril” tuvo un giro en las últimas horas. La Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado uruguayo por las violaciones a los derechos humanos ocurridas en las desapariciones de Luis Eduardo González y Óscar Tassino, más los asesinatos de Diana Maidanik y Laura Raggio.

El organismo interpretó que hubo responsabilidad del Estado en la violación de los derechos al reconocimiento de la personalidad jurídica, a la vida, a la integridad personal y a la libertad personal, y omisiones por la falta de investigación de los casos. Consideró asimismo que no existió protección judicial de las víctimas y sus familiares.

Remarcó además la obligación de “efectuar una búsqueda rigurosa por la vía judicial y administrativa pertinente” para encontrar los restos de Óscar Tassino y Luis Eduardo González González, y brindar a los familiares de todas las víctimas tratamiento psicológico.

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