Cabildantes y colorados impidieron
la aprobación de un decreto
que ubicaba en 1968 el inicio de las
violaciones a los derechos humanos
Seis ministros ya habían firmado el proyecto redactado por la Presidencia de la República cuando comenzaron las críticas sobre su redacción
Guido Manini Ríos.
Nº 2155 – 30 de Diciembre de 2021 al 5 de Enero de 2022
A comienzos de diciembre, un proyecto de decreto vinculado a la Secretaría de Derechos Humanos para el pasado reciente comenzó la recorrida por los ministerios para recoger la firma de los secretarios de Estado. El trámite burocrático, sin embargo, se vio interrumpido a mitad de camino por cuestiones de fondo, relataron a Búsqueda varias fuentes del gobierno.
Cuando el proyecto elaborado por la Presidencia de la República llegó al Ministerio de Vivienda para que Irene Moreira estampara su firma —ya lo habían firmado seis—, la integrante de Cabildo Abierto decidió consultar al líder del partido, su esposo, Guido Manini Ríos. La decisión del senador fue no acompañar la medida y conversar con el resto de los socios de la coalición de gobierno para plantear sus discrepancias, que encontraron eco rápidamente en el Partido Colorado.
Cabildantes y colorados rechazaron el proyecto porque en su redacción mencionaba que los cometidos de la secretaría, creada en 2013 para reemplazar a la Secretaría de Seguimiento de la Comisión para la Paz, abarcaban las violaciones a los derechos humanos ocurridas en dos períodos de tiempo: entre el 13 de junio de 1968 y el 26 de junio de 1973, y entre el 27 de junio de 1973 y el 28 de febrero de 1985.
Esos dos períodos fueron fijados por la Ley No 18.596, en la que se fijó una reparación a las víctimas de la actuación ilegítima del Estado en el período comprendido entre el 13 de junio de 1968 y el 28 de febrero de 1985. La norma fue aprobada en 2009 con votos del Frente Amplio, que entonces tenía mayoría parlamentaria, y del Partido Independiente.
El primer artículo de la ley reconoce “el quebrantamiento del Estado de derecho que impidiera el ejercicio de derechos fundamentales a las personas, en violación a los derechos humanos o a las normas del derecho internacional humanitario, en el período comprendido desde el 27 de junio de 1973 hasta el 28 de febrero de 1985”. El segundo artículo reconoce “la responsabilidad del Estado uruguayo en la realización de prácticas sistemáticas de tortura, desaparición forzada y prisión sin intervención del Poder Judicial, homicidios, aniquilación de personas en su integridad psicofísica, exilio político o destierro de la vida social, en el período comprendido desde el 13 de junio de 1968 hasta el 26 de junio de 1973, marcado por la aplicación sistemática de las medidas prontas de seguridad e inspirado en el marco ideológico de la doctrina de la seguridad nacional”.
Ubicar 1968 como punto de partida de las violaciones a los derechos humanos por parte del Estado va contra la visión de los hechos históricos que reivindica la mayoría de los blancos, colorados y cabildantes. El secretario general del Partido Colorado y expresidente, Julio María Sanguinetti, que fue ministro de Industria entre 1969 y 1971, ha desarrollado su interpretación en distintas publicaciones. En el libro La agonía de una democracia, por ejemplo, hace un repaso detallado de los acontecimientos que, a su juicio, crearon el clima de ingobernabilidad que en 1973 derivó en la dictadura, recordó uno de los informantes colorados.
En el debate parlamentario del 2009 la entonces oposición cuestionó la “intencionalidad política” del Frente Amplio al fijar esas fechas. “¿En qué sentido digo que hay intencionalidad política? En las interpretaciones de carácter histórico sobre las cuales no nos hemos puesto de acuerdo, como, por ejemplo, que los episodios se inician en el año 1968”, dijo entonces el senador Gustavo Penadés. “¿Esto implica un debate jurídico? ¡Qué va a ser jurídico! Esta es una interpretación histórica absolutamente intencionada y tergiversada que, entre otras cosas, desmerece la herramienta constitucional relativa a la adopción de las medidas prontas de seguridad, que fueron adoptadas legítimamente por el Poder Ejecutivo de aquel entonces. Podremos compartirlo o no, estar de acuerdo o no, pero es en otro ámbito donde debe darse esa discusión”.
El entonces senador Luis Alberto Heber, actual ministro del Interior, secundó a Penadés. “No podemos decir que hubo quebrantamiento del Estado de Derecho cuando el propio Parlamento le dio las potestades al Estado para combatir a la guerrilla“, dijo. Los blancos votaron el primer artículo de la ley, pero no el segundo.
Cuando el proyecto se discutió en la Cámara de Representantes el entonces diputado del Partido Independiente, Iván Posada, aseguró que votaría la norma por considerar “de estricta justicia la reparación del daño causado por el Estado por los delitos de lesa humanidad cometidos”.
Consultadas sobre el proyecto de decreto que naufragó a mitad de camino en diciembre, fuentes del gobierno de Luis Lacalle Pou dijeron que no hubo una “intención” de la Torre Ejecutiva de molestar a los socios. Uno de los consultados evaluó que la hipótesis más probable es que se haya copiado el “considerando” incluido en resoluciones anteriores sobre la Secretaría de Derechos Humanos para el pasado reciente sin reparar en el contenido.
De hecho, la página web institucional de la secretaría informa que ese organismo recibe denuncias “que refieran a graves violaciones a los derechos humanos durante el período 1968-1985, es decir, desaparición forzada, fallecidos a consecuencia de agentes del Estado, presos y detenidos políticos”.
