LA ASFIXIA DEL GOBIERNO A LA CAMPAÑA POR EL SÍ
Cambio climático
Leonardo Cardozo
4 marzo, 2022
Buena parte de las energías que el gobierno empeña para defender la LUC se orienta a cerrar los caminos de difusión y propaganda a los partidarios de la papeleta rosada. El repertorio incluye el recorte de fondos a las expresiones culturales en las que el oficialismo se siente débil, la persecución de la actividad sindical y una concepción aséptica del uso de los espacios públicos. Expertos en derecho laboral y filosofía del derecho advierten sobre riesgos para la calidad democrática, al tiempo que el constitucionalista colorado Jaime Sapolinski entiende que las limitaciones legales a la expresión de los funcionarios públicos «deben ser interpretadas restrictivamente», pues, «ante todo, y con carácter general, el principio es el de la libertad»
En su segundo día como presidente, Luis Lacalle Pou fue retratado en una foto digna de estampita religiosa: sentado, las manos juntas en posición de rezo, la cabeza inclinada y los ojos cerrados. El escenario era la catedral metropolitana de la Iglesia católica, donde se celebraba una misa de oración por la patria. Detrás estaban dos de sus flamantes ministros. Con semejante arranque, no era fácil prever que, dos años después, su gobierno se iba a embanderar con una concepción asfixiante de la laicidad («principio que establece la separación entre la sociedad civil y la sociedad religiosa», según la definición de la Real Academia Española) para inhibir la propaganda política de quienes se oponen a su ley insignia.
Al mismo tiempo que la campaña por el No busca identificarse con la idea de «libertad» que el presidente enarbola permanentemente, dentro y fuera del país, la variopinta lista de obstáculos a la campaña por el Sí no ha hecho sino crecer. El comando de la campaña rosada, tanto a nivel nacional como en sus comisiones departamentales, ha denunciado públicamente restricciones a sus manifestaciones en la vía pública. A su vez, distintos sindicatos, especialmente los de funcionarios públicos, denuncian persecuciones ejercidas por autoridades de entes y por legisladores en redes sociales. Brecha consultó a juristas de diversas materias y corrientes de pensamiento para reflexionar sobre las limitaciones legales en tiempos de elecciones.
«Hay un clima nuevo», sostuvo Gianella Bardazano, catedrática de Teoría General y Filosofía del Derecho de la Universidad de la República (Udelar) y exintegrante del Instituto de Estudios Legales y Sociales del Uruguay. La jurista entiende que hay «una intención de no querer dejar hablar al otro recurriendo a argumentos jurídicos muy básicos y casi sin reflexionar acerca de sus fundamentos». Al mismo tiempo, aclaró que lo que no hay es nueva normativa sobre la actividad de difusión en campaña electoral. Entre otras disposiciones vigentes, destacó la ley 16.019, que regula el plazo de la veda electoral, y la Ley de Faltas, Conservación y Cuidado de los Espacios Públicos, aprobada en 2013, durante el gobierno de José Mujica. La especialista entiende que «se están persiguiendo actos que antes no se perseguían. No es lo mismo pintar debajo de un puente que pintar el Banco República o el Palacio Legislativo». Las consecuencias, para la especialista, son que «se termina obstruyendo la posibilidad de que la ciudadanía se informe y, ante un mecanismo de democracia directa en el que es obligatorio participar, las personas tienen menos exposición a las dos posiciones», algo clave, teniendo en cuenta que «hay que formarse una opinión sobre 135 artículos que tratan diversos temas».
Por su parte, Hugo Barreto, catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Udelar, enmarcó la discusión sobre la actividad sindical en la campaña en los grandes modelos de sindicalismo existentes: «Hay un modelo reivindicativo o profesionalista, en el que los sindicatos solo están para reivindicar el salario y las condiciones de trabajo a través de la negociación colectiva. Y hay un modelo sociopolítico, en el que los sindicatos tienen, además de lo estrictamente salarial y laboral, intereses más amplios que hacen a lo social, a la economía, a la política –no a la partidaria, desde luego–. Este último es el que históricamente se aplica en el sindicalismo uruguayo, que tiene un interés marcado en tener una especie de cosmovisión de la sociedad en su conjunto».
Para el jurista, «hay dos razones de mucho peso» para sostener que la presencia de la opción por el Sí en volantes o carteleras sindicales en empresas o instituciones es «absolutamente legítima». Una se refiere a que «el propio PIT-CNT tiene a esa opción como una posición de la integralidad del sindicalismo, definida por su congreso, e integra la comisión de la campaña, por tanto los distintos sindicatos no participan respondiendo a ningún partido», sino a las definiciones de la propia convención sindical. «Pero hay otro elemento muy significativo, y es que la propia LUC [Ley de Urgente Consideración] tiene disposiciones que tienen que ver con la enseñanza, con la participación de los trabajadores en instancias institucionales, con el derecho de huelga y el cobro de salario. Quiere decir que los sindicatos, al pronunciarse en contra de la LUC, no están haciendo ninguna tarea de proselitismo político, sino que están defendiendo los intereses propios de su calidad de trabajadores», ahondó Barreto.
En cuanto a la distribución y la exposición de materiales, el catedrático explicó que habitualmente los sindicatos colocan, en acuerdo con los empleadores, las carteleras gremiales, que son espacios donde pueden expresar sus puntos de vista, siempre que no sean cuestiones ofensivas con las personas. «La ley 17.940, sobre protección y promoción de la libertad sindical, consagra el derecho a las comunicaciones dentro de la empresa, recogiendo la recomendación 143 de la Organización Internacional del Trabajo. Hay fuertes fundamentos jurídicos para sostener la legitimidad de este tipo de acciones», cerró el jurista. Sin embargo, varios legisladores, intendentes, directores y alcaldes han montado una marca personal sobre la campaña rosada.
ACÁ NO Y ALLÁ TAMPOCO
Varias acusaciones de los defensores de la LUC tienen su foco en la educación pública. La semana pasada hubo un caso destacado. El intendente de Rocha y coordinador de la campaña por el No Alejo Umpiérrez envió una carta al rector de la Udelar, Rodrigo Arim, pidiendo que fuera suspendida una charla a favor del Sí convocada por la Asociación de Docentes de la Universidad de la República (ADUR) en el Centro Universitario Regional Este (CURE). En diálogo con Doble click, de FM Del Sol (24-II-22), Arim afirmó que «la Universidad no va a hacer […] controles de corte policial sobre todas las cosas que se hacen en la vida universitaria», y manifestó su preocupación por «ciertas formas de pensar el problema de la laicidad que confunden el hecho de que no se expresen opiniones con el hecho de que haya libertad para expresar todas las opiniones». El rector dijo tener la «sensación personal de que se han hecho algunos señalamientos sobre actividades o posicionamientos de actores universitarios que en otros tiempos –me refiero a 20 o 30 años atrás– no sucedían». Pero, de todas formas, la dirección del CURE terminó cediendo a las presiones y revocó la autorización concedida previamente a ADUR para hacer la actividad, decisión comunicada por el director, Javier Vitancurt, y rechazada por el colectivo docente que, con algunas modificaciones, hizo la actividad prevista. El 19 de febrero, también en el ámbito de la educación pública, la Asociación de Funcionarios de Primaria denunció que la Dirección General de Educación Inicial y Primaria ejerció «persecución sindical» sobre funcionarios que están siendo investigados por distribuir el boletín trimestral del sindicato, que llama a votar por el Sí.
Las antenas antiproselitistas de algunos legisladores de la coalición están en alerta permanente a la actividad de los sindicatos en el Estado, pero no a la de los jerarcas públicos. Por ejemplo, la semana pasada, la senadora de la lista 404 del Partido Nacional Carmen Asiaín compartió en Twitter una foto del hospital de Castillos, señalando que la propaganda por el Sí de la Federación de Funcionarios de la Salud Pública (FFSP) violaba el artículo 58 de la Constitución (véase entrevista a Jaime Sapolinski). En la misma red social, el presidente de la FFSP, Martín Pereira, le respondió a la senadora que se trataba de la cartelera sindical –lo que puede leerse en las propias fotos de la senadora–. El artículo 58 fue invocado por el directorio de la Administración de los Servicios de Salud del Estado para iniciar una investigación por la distribución de folletos del Sí que, según la denuncia de un usuario, le fueron entregados al retirar medicación en una policlínica de Jardines del Hipódromo. «Estábamos entregando folletos afuera, como lo hacemos en distintas policlínicas y hospitales –dijo Pereira a Brecha–. En la farmacia nunca se entregó material, por tanto estamos tranquilos con la investigación, que está siguiendo su curso.»
Pero mientras legisladores y directores oficialistas hostigan a la militancia de los trabajadores del Estado, el secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, aprovecha sus viajes oficiales por el interior para hacer campaña por el No –y de paso sondear su posible candidatura de cara a 2024–, como informó este semanario a partir de datos obtenidos mediante un pedido de acceso a la información pública (véase «Dos pájaros de un tiro», Brecha, 14-I-22). Otro hito de la campaña fue la marcha atrás del director del Servicio de Comunicación Audiovisual Nacional, Gerardo Sotelo, que, amparado en una pretendida «ecuanimidad» de los medios públicos, decidió no retransmitir el debate entre los senadores Óscar Andrade y Guido Manini Ríos. Pero los episodios de este tipo no se limitan a la centralidad del Ejecutivo, sino que llegan a la escala departamental y municipal.
EL POLLO Y EL CARNAVAL
La Expo Avícola es el evento más importante de San Bautista, pueblo del santoral de Canelones. También conocida como la Fiesta del Pollo y la Gallina, este año su inauguración contó con la presencia del presidente, así como con la del ministro de Ambiente, Adrián Peña, oriundo del pueblo y uno de los mentores de la fiesta. El 10 de febrero, en la noche previa a la inauguración, militantes por el Sí decidieron pintar una garita abandonada que se encuentra en un lugar ineludible y especialmente visible, a la entrada del pueblo, aunque a seis cuadras del Club de Leones, donde al otro día comenzaría la fiesta. Ni bien se aproximaron con la pintura a la garita, los militantes fueron abordados por policías locales, que les dijeron que no se podía pintar en el pueblo ese fin de semana porque era la Fiesta del Pollo. La respuesta fue que, justamente, la concurrencia al evento era la motivación para las pintadas, aunque la comisión local por el Sí había decidido pintar solo en ese lugar, para no distorsionar demasiado el ambiente, según narró al semanario uno de sus miembros.
No hubo violencia de parte de la Policía y la garita se pintó, pero al otro día, por orden del alcalde nacionalista Roberto Siriani, sus muros aparecieron blanqueados. La tarea fue llevada adelante por funcionarios del municipio, sin ampararse en ninguna reglamentación local, dado que el lugar es pintado habitualmente en tiempos de campaña electoral. Consultado por Brecha, Siriani declinó hacer comentarios sobre su decisión, denunciada en un comunicado de la comisión departamental Canelones Vota Sí por coartar «la libertad de expresión» y marcar «precedentes que son muy peligrosos para nuestra democracia».
A esta concepción restrictiva del espacio público, amparada por un digesto municipal de 2019, se sumó la Intendencia de Montevideo, que borró una pintada del Sí en la rambla un día después del polémico incidente de las camisetas donadas por el exdirector de Deportes Marcelo Signorelli.
Otra fiesta en la que estuvieron vedadas las referencias a la LUC fue el desfile de carnaval de Paysandú. A fines de enero, la Intendencia de Paysandú decidió que las agrupaciones no podrían mostrar pancartas ni por el Sí ni por el No en el desfile. «Está muy bueno respetar la libertad, pero también está bueno que se nos respete nuestra libertad de vivir el carnaval puro», argumentó entonces el director de Cultura, Eugenio Pozzolo (Montevideo Portal, 30-I-22). Según declaraciones a la radio Horizontes recogidas por La Diaria (29-I-22), el funcionario afirmó que no se les permitiría desfilar a los conjuntos que quisieran salir con propaganda sobre la LUC. Umpiérrez, en Rocha, fue más allá, barriendo con el apoyo financiero de la intendencia a la organización de tablados en Rocha. La campaña del No, en tanto, no ha reportado hasta ahora ninguna limitación.
CON EL CONSTITUCIONALISTA JAIME SAPOLINSKI1
«EL PRINCIPIO ES EL DE LA LIBERTAD»
—En la campaña electoral del referéndum contra la LUC [Ley de Urgente Consideración], algunas expresiones de propaganda han despertado críticas por posibles prácticas inconstitucionales, por ejemplo, de parte de los sindicatos de funcionarios públicos. ¿Qué opina al respecto?
—El punto en discusión sería el alcance del artículo 58 de la Constitución. Ante todo, y con carácter general, el principio es el de la libertad, salvo los límites contenidos en la propia Constitución y en la ley. Las prohibiciones o límites deben ser interpretadas restrictivamente. El primer inciso del artículo 58 consagra el concepto de que el funcionario lo es del Estado y no de una fracción política, lo que no impide su participación política fuera de la función y fuera de las prohibiciones para determinados funcionarios, consagradas en el artículo 77 numerales 4 y 5. El segundo, la prohibición de toda actividad ajena a la función, en los lugares y horas de trabajo, con particular énfasis en la actividad dirigida al proselitismo de cualquier especie. Si el punto pasa por discutir si un funcionario puede, por ejemplo, defender o cuestionar una determinada norma o proyecto de norma, en principio cabe concluir que eso sí es posible, en la medida en que se enmarque en las pautas anteriores.
—Yendo a ejemplos concretos, fue cuestionado que el sindicato de docentes de la Universidad de la República utilice un salón de la institución para llevar adelante una actividad a favor del Sí en el referéndum. Otra polémica refiere al uso de carteleras sindicales en instituciones públicas. ¿Cómo evalúa esos casos?
—Quizás las normas sean más claras que lo que se concluye, a veces, a partir de su interpretación. Siempre hay intérpretes e intérpretes. Por otra parte, las interpretaciones están, muy frecuentemente, contaminadas por la posición de quien interpreta, aun de buena fe. Cuando la norma dice «en los lugares y horas de trabajo, queda prohibida toda actividad ajena a la función, reputándose ilícita la dirigida al proselitismo de cualquier especie», con un criterio estricto podría sostenerse que no se puede hacer proselitismo ni aún en las carteleras sindicales, incluso en torno a una reivindicación laboral o referida a las elecciones del gremio. Menos aún facilitar las instalaciones para un acto proselitista. Pero la restrictiva no ha sido la interpretación generalizada ni unánime. Se dirá que, por ejemplo, se trata de prestar un salón a los funcionarios de la organización, confiando en la prudencia que sabrán exhibir. Claro que también el tema depende del carácter del mensaje. ¿Podría hacerse propaganda netamente política o religiosa desde una cartelera gremial? ¿Hay puntos de contacto entre este problema y el debate que se dio en nuestro país sobre los crucifijos en los hospitales o el más cercano en el tiempo respecto de la colocación de monumentos religiosos en la vía pública? Cabe tener presente, además, que lo que alguien ponga en una cartelera sindical resulta bastante inocuo, porque todo el mundo sabe que, probablemente, será una posición sesgada. ¿La cartelera sindical puede ser considerada una zona ajena al lugar de trabajo? Es una interpretación posible, tendiente a admitir su presencia y tolerar lo que allí se coloque. En cuanto a aportar una opinión, diría que hay infracciones que son asimilables a lo que se conoce como «delitos de bagatela». Algunas, aunque sean infracciones, son infracciones «de bagatela» que no tienen incidencia y donde lo más inteligente es mirar para el costado. En segundo término, ¿qué necesidad hay de tensar las situaciones? ¿No será más inteligente hacer una campaña de modo incuestionable sin vulnerar cualquiera de las convicciones admisibles en temas controversiales?
- PROFESOR TITULAR DE DERECHO CONSTITUCIONAL EN LA FACULTAD DE DERECHO DE LA UNIVERSIDAD DE LA REPÚBLICA Y DE LA UNIVERSIDAD CLAEH. MIEMBRO DE LA COMISIÓN DE ÉTICA Y CONDUCTA POLÍTICA DEL PARTIDO COLORADO.
CON FLORENCIA ROLDÁN Y MARTÍN AGUIRREGARAY, DE LA CONSULTORA NÓMADE
«El referéndum está abierto»
Gabriel Delacoste
3 marzo, 2022
En sus dos años de existencia, la consultora Nómade ha hecho ruido con los resultados de sus encuestas. En particular, la que en febrero dio un 47,1 por ciento al Sí a la derogación de la LUC contra un 42,6 por ciento al No. Brecha conversó con dos profesionales de esa empresa para conocer cómo trabajan y profundizar en los resultados
—¿Qué es Nómade? ¿Cómo nace?
Florencia Roldán —Nómade es una comunidad de profesionales de diversas áreas. Si bien la fecha de cumpleaños de Nómade es en abril de 2020, ya hacía una década que nos conocíamos por haber estudiado en la Facultad de Ciencias Sociales. Ya habíamos tenido algunas experiencias de trabajos en conjunto, pero empezamos a ver que necesitábamos otros perfiles para las investigaciones que nos interesaba hacer. Ahí fue que empezamos a construir la identidad de Nómade. Buscamos tener una identidad visual muy fuerte y una comunicación potente y sencilla, de manera que llegue a todos lados. Nuestro objetivo en cuanto a la metodología es la complementariedad de técnicas. Si bien hemos trabajado principalmente en investigaciones cualitativas a través de grupos focales y entrevistas, entendemos que la complementariedad entre técnicas cuanti y cuali permite enriquecer la información.
—¿Qué tipo de clientes tienen? ¿Qué tipos de investigaciones han hecho?
- R. —Hemos hecho sobre todo investigaciones sociales. Tenemos un fuerte vínculo con Ceibal, con quienes hemos trabajado el seguimiento de la educación en la pandemia. También trabajamos para Unicef. Hemos hecho alianzas con organizaciones como El Abrojo. También trabajamos para la OEA [Organización de los Estados Americanos], para la ONU [Organización de las Naciones Unidas] Mujeres, para el Centro de Estudios Canarios. Y hemos hecho estudios de opinión pública y de mercado para empresas privadas. Somos un equipo de personas jóvenes que nos damos la forma de trabajar que queremos, y que hemos construido y afianzado una serie de procedimientos, que implican un seguimiento constante del trabajo de campo y de las diferentes actividades que demanda una investigación. Cuando empezó la pandemia, teníamos un par de grupos focales ya vendidos. No fuimos los primeros, pero fuimos pioneros en Uruguay en trabajar la técnica de grupos focales en línea. Al día de hoy, hemos hecho más de 400 grupos focales de manera onliney creamos procedimientos que hacen a la rigurosidad de esta técnica. Lo mismo sucedió con la encuesta onlineautoadministrada [completada por el propio encuestado], que es una herramienta que hemos ido robusteciendo en este tiempo. Ya contamos con varias mediciones online, que han dado resultados en los que confiamos mucho.
—Pasemos a eso, porque una de esas encuestas es la que hace unas semanas salió con el resultado de que el Sí estaba adelante en el referéndum contra la LUC.1
Martín Aguirregaray —Nosotros tenemos una medición trimestral, que llamamos la cosecha, donde medimos diferentes temas de actualidad. En las últimas incluimos el dato sobre el referéndum de la LUC [Ley de Urgente Consideración]. Ahí nos dio un 49 por ciento de personas que votarían por derogar los 135 artículos y un 41 por ciento para mantenerlos. Obviamente, eso genera cierto ruido en la opinión pública. Nosotros somos grandes defensores de la técnica que utilizamos. No vamos a decir que es la mejor técnica del mundo ni vamos a decir que no tiene sus limitaciones, pero nos ha dado resultado con las elecciones departamentales, en las que acertamos casi con exactitud los diferentes resultados.
—¿Cómo interpretan el resultado sobre la LUC?
- A. —Nosotros interpretamos que el referéndum está abierto. No decimos ni que va a ganar el Sí ni que va a ganar el No. Va a depender básicamente del desempeño de ambas campañas y de cómo la población entienda y pueda interpretar qué es lo que implica cada opción. Obviamente, el 49 por ciento no es el único dato que hay que ver: también tenés cuestiones relativas a la seguridad del voto y al porcentaje de indecisos, y también el voto en blanco, y si las personas saben que el voto en blanco va para el No. El análisis que nosotros hacemos es que el resultado es incierto.
- R. —Además de las mediciones cuantique hemos hecho, hemos hecho mediciones cuali para nuestros clientes. Y salen cosas como que hay mucho desconocimiento en torno al color de la papeleta, a lo que implica derogar o mantener. Esos datos pueden hacer a una volatilidad del porcentaje. Nosotros concluimos que puede haber incluso personas que pueden votar lo que no quieren. Esto ha salido en varias mediciones que hemos hecho.
—¿Cuáles han percibido que son los temas que están decidiendo el voto en los grupos focales?
- A. —La necesidad de información para poder definir el voto. No de interpretación de parte de las campañas, sino simplemente entender qué significa cada artículo para poder tomar una decisión.
—Y del estudio cuantitativo, ¿qué más nos pueden decir sobre lo que declaran diferentes grupos de la población?
- A. —Vemos una mayor indecisión en Montevideo que en el interior. Vemos un mayor desconocimiento del color de las papeletas en mujeres y personas del interior.
—¿Que les dé adelante el Sí implica que ven una parte importante del electorado que votó a la coalición en 2019 y ahora vota Sí?
- A. —Identificamos un porcentaje de personas indecisas que votaron tanto a Daniel Martínez como a Lacalle Pou, que está en torno al 5 por ciento. Ahí hay claramente un espacio de trabajo para ambas campañas.
—Hablemos un poco de la metodología. ¿Cómo hicieron estas encuestas?
- R. —Es una encuesta onlineautoadministrada, que se define según cuotas establecidas por los datos del INE [Instituto Nacional de Estadística]. Segmentamos por sexo, edad, lugar de residencia y voto en el último balotaje. Generalmente, la muestra que manejamos ronda entre los 800 y los 1.100 casos. Basándose en eso tenemos un equipo que arma el ponderador, se pondera la muestra y con base en eso obtenemos los resultados. No es una muestra representativa. Básicamente, lo que hacemos es pautar publicidad en las redes y dirigir a diferentes grupos poblacionales. Es una encuesta no probabilística, autoadministrada. Por eso no podemos hablar de márgenes de error.
—¿Por qué eligieron esta forma de hacerla?
- R. —Básicamente, por los costos y por la pandemia. No la podíamos hacer de otra forma. La cosecha es un instrumento que nosotros diseñamos, y ahí va lo que nosotros queremos investigar. No está financiado por ninguna contraparte.
- A. —Inicialmente nos era práctico hacer la medición de esa manera. Obviamente, tiene un costo menor que hacer una encuesta telefónica; entonces nosotros optamos por eso. Y confiamos en la técnica y en los resultados que nos ha dado.
- R. —Ahora, por ejemplo, tenemos dos proyectos entre manos: uno es la EBU [la encuesta longitudinal de bienestar en Uruguay, que se hace en el Instituto de Economía de la Universidad de la República] y otro es la MOTE [la encuesta de movilidad urbana, que se hace en Facultad de Ciencias Sociales]. Esas encuestas ya se han hecho en años anteriores, porque son paneles. Y ahora estamos implementando un piloto. Y muchas de las cosas que hemos recogido en ese piloto es que, de los 1.000 casos que tenemos que hacer, 600 nos piden que lo hagamos a través de la encuesta telefónica o formulariosonline. Las encuestas en calle tampoco te garantizan mejor confiabilidad de los datos. Igual que las telefónicas, al no haber una base de datos de todos los teléfonos o todos los celulares del Uruguay. Puede haber una base de datos que de 100 números tenga 40 válidos.
—Me interesa preguntarles sobre su sensación con respecto a la opinión pública política. Que a ustedes la proyección del resultado del referéndum les dé diferente que a otras empresas puede producir una lectura distinta de la situación. ¿Qué les parece que está pasando? ¿Qué hipótesis tienen?
- A. —A nosotros la aprobación de Luis Lacalle Pou nos da en el entorno del 45 al 49 por ciento; no es un número que difiera mucho del que les da a las otras empresas. Es una aprobación alta, que se mantiene, que puede ser leída como una aprobación fundamentalmente a lo que ha hecho el gobierno con la pandemia en materia de salud. En cuanto al clima político, lo que vemos es un mantenimiento muy fuerte de la base del electorado del Frente Amplio [FA], y después un conjunto de votantes que votaron tanto al FA como a Lacalle Pou que están indecisos sobre los artículos. Y hay 135 artículos en cuestión, pero la discusión está girando en torno a cuatro o cinco temas, que son la situación de las empresas públicas, la educación, la seguridad y el tema de los combustibles.
- Puede verse más información sobre eso en nomadeconsultora.uy.
LO QUE SE TRAE EL 27M
Entre palos, tablas y grietas
Rafael Sanseviero
4 marzo, 2022
Las campañas por el Sí y por el No entretejen una disputa mayor que los artículos llevados a referéndum. Pasado el 27M, se verá en qué dirección movió a la política uruguaya y sus protagonistas. Si sueno extemporáneo, me justifico recordando que las catástrofes sociales importantes se cuecen con la degradación de la política y la deslealtad de las elites. Paradoja de fisiología social: cuanto más reseca la política, tanto más lubricada la ruta para lo radical extremista del capitalismo. La antipolítica se alimenta con los deseos sociales de objetos fantásticos, que crecen en la grieta que abre la desconexión entre los discursos políticos y las realidades que nombran. En eso andamos.
La coalición defiende la Ley de Urgente Consideración (LUC) con la misma tecnología política que usa para gobernar: prometer soluciones fantásticas para un país imaginario y convertir la discrepancia en algo despreciable que no merece atención ni beneficio de duda. Sobran ejemplos: el general senador y la vicepresidenta ocasional presentan la LUC como una respuesta a un país destruido, al control marxista sobre la educación y la Justicia, y… a la expropiación de fábricas. Como yapa, la tesis de que el referéndum es un palo en la rueda del gobierno. Este discurso acuartela la opinión pública en un perímetro imaginario, en el que el 27M sería la frontera entre un país con gobierno y la ingobernabilidad, sólida base para una enemistad social difícil de conciliar pacíficamente. No se necesita ser muy lúcido para apreciar que si el bloque gobernante retiene el debate dentro de este marco, la grieta entre discursos y realidades proyectaría la política uruguaya a órbitas impredecibles.
La defensa de la LUC gira sobre la idea de que el buen gobierno necesita cancelar la deliberación y la intervención ciudadana. Es una interpretación que escamotea las virtudes democráticas de los referéndums. El 27M facilita desmontar trincheras y reconocernos una sociedad de diferentes; revaloriza atender matices y cambiar de opinión; habilita resolver diferencias mediante procedimientos legítimos y acordados. Como cultura política, permite transformar palos para ruedas en tablas sobre grietas. Es una oportunidad para rescatar el debate político de un territorio gobernado por el matrimonio entre la fantasía y la buena publicidad. Mencionaré tres fraudes al principio de realidad que giran alrededor del referéndum.
DE LA LIBERTAD
Se dice que el 27M interfiere en la libertad de gobernar y, por extensión, en la libertad del ciudadano que eligió al gobierno. Es verdad lo primero, pero no lo segundo. Los referéndums son puntos altos en la arquitectura democrática, justamente porque habilitan que el cuerpo electoral se exprese mientras transcurre el gobierno. Fueron creados para que la ciudadanía tenga la libertad de resistir pacíficamente decisiones inconvenientes, para que ponga límites al poder, para que corrija actos de gobierno, para que enfrente los abusos. El 27M no limita la libertad de la ciudadanía, sino que le permite intervenir en asuntos de interés colectivo. Para llegar al 27M firmamos más de 800 mil personas. Algunas, por la inconveniencia de una ley amplia y compleja; otras, porque algún artículo les resulta negativo; otras, porque una ley de esa magnitud no debió aprobarse en plena pandemia. ¿No sería leal reconocer que el 27M repone libertades políticas que fueron limitadas por la manera de aprobarse la LUC? ¿No sería leal celebrar que el 27M afecta la libertad en un sentido positivo?
DE LEGITIMIDAD
La LUC procede de ámbitos institucionales legítimos, pero su legitimidad quedó debilitada porque fue aprobada mediante un doble abuso. El trámite de urgente consideración altera el equilibrio de poderes y achica la intervención de la sociedad civil. La Constitución excluye del régimen de urgente consideración las leyes como la que terminó siendo la LUC. El segundo abuso es haberla votado cuando la población estaba frágil e indefensa. ¿Qué cosa ocupaba nuestra emoción y nuestro pensamiento cuando se votaban esos 476 artículos, que mucho afectan a tantas personas? El covid; es decir, la enfermedad, el contagio, el cuidado, las muertes, la llegada de las vacunas, la incertidumbre laboral. ¿Es tan difícil reconocer el valor político negativo que representa el momento en que se aprobó? La LUC es una criatura política gestada en el cruce de un procedimiento irregular y la reducción drástica de las capacidades sociales de diálogo e incidencia. Es un modo de gobierno que comprime el espacio de lo político sin respaldo legal, sin razón ni fundamentos, simplemente porque puede hacerlo. El 27M es una reacción constructiva ante un acto que lastima la calidad de la política, porque reabre la posibilidad de interrogarnos colectivamente sobre asuntos importantes para toda la sociedad. La buena política prospera sin prisas innecesarias, en la exploración de los matices, lejos de las simplificaciones, los atajos y las realidades paralelas.
DE REALIDAD PARALELA
La defensa dice que la LUC trae soluciones para la seguridad alternativas al fracaso del Frente Amplio (FA) en esa materia. He aquí un ejemplo técnicamente hermoso y políticamente nefasto de un debate de realidad paralela. Haré dos anotaciones que no agotan el asunto, pero son elocuentes. La primera: los artículos de la LUC referidos a la seguridad que van a referéndum fueron cuestionados por personas e instituciones que habitan la primera línea de la inseguridad: trabajadoras y trabajadores de las madrugadas y las noches, familiares de víctimas de la violencia y el delito, personas en situación de calle, personas consumidoras problemáticas de sustancias, familiares y entornos de personas privadas de libertad o liberadas del sistema penitenciario, personas organizadoras de la supervivencia en los barrios. El rechazo a esos artículos recoge un saber colectivo que se construyó en la vivencia directa de esas violencias y en el descarte de las malas soluciones. Esa crítica abarca también algunas políticas que promovió el FA en sus gobiernos.
La segunda: no es cierto que la LUC ofrece respuestas novedosas, porque solo profundiza una línea de abordaje de los temas de la seguridad que es patrimonio de todo el sistema político, un fracaso compartido. Desde 1996, los grandes trazos de las políticas de seguridad fueron el resultado de consensos de sistema que atravesaron los gobiernos de todos los partidos, incluido el período 2005-2020. ¿Qué consensos? El gran ordenador de respuestas políticas a la expansión del delito y las violencias interpersonales es el fetichismo de castigo y las respuestas de encierro perfeccionado. ¿No se reconocen consensos de sistema en estos asuntos? Las retóricas de más derechos para el ciudadano honesto que para el delincuente, la justificación de la violencia privada para defenderse del delito, lo antichorro y lo antifrutillita, ¿no verbalizan consensos de sistema? Con el debate sobre la seguridad secuestrado en una realidad paralela, la defensa de la LUC obtiene dos lucros: queda eximida de responsabilidades en un asunto muy sensible y tiende una cortina de ruido sobre otros artículos de la LUC que tendrán consecuencias en la convivencia y la seguridad. Entre otros, menciono los desalojos relámpago, la eliminación de la obligatoriedad de la educación en tramos etarios cruciales y ciertas franquicias para el crimen organizado a partir de la nueva regla fiscal. Negocio redondo hacia el 27M y pésima noticia de cultura política.
Me concentré en algunos artificios de defensa de la LUC porque son evidentes y actuales; también porque, lamentablemente, son los marcos dominantes de la política. Insisto en que ese predominio apunta a una transformación de la cultura política que todavía necesita ser calada a fondo para ser enfrentada con transparencia, lealtad y energía. Una exploración que abarcara el campo de quienes desafiamos la LUC mostraría la reproducción de unas claves para interpretar y hacer la política notoriamente inadecuada para confrontar la corriente dominante. Anoto tres títulos: lances caballerescos entre barones de la política, fragmentación sin diversidad y machismo burocrático. Pero el resultado del 27M todavía no está escrito, como tampoco lo está su significado a largo plazo. La política no suele perdonar errores, pero la militancia engendra sorpresas cuando navega sin miedo entre lo conocido y lo inesperado. Así aparecen, contra todo pronóstico, 800 mil firmas para habilitar un 27M.