CUANDO GUILLERMO DOMENECH PROPONÍA DESTITUIR DOCENTES POR SUS «ANTECEDENTES MARXISTAS»
El abogado del diablo
Iván Fernández Chiribao
6 mayo, 2022
En 1976 el hoy senador Guillermo Domenech propuso la destitución del profesor Washington Reyes Abadie por simpatías marxistas-leninistas y otras faltas administrativas. Este tipo de tareas de detección de personas peligrosas para «la seguridad nacional» eran las que llevaba adelante el legislador de Cabildo Abierto en plena dictadura, en su calidad de director de la Oficina de Sumarios en Secundaria. Sin embargo, lo paradójico es que, según documentos de la justicia militar, al menos en 1979, Reyes Abadie era señalado como informante del Cuerpo de Fusileros Navales.
Un portafolio perdido, sin identificación ni trabas de seguridad, contenía «gruesas irregularidades», que fueron detectadas por algún funcionario de Secundaria, trasladadas a las autoridades competentes y expresadas por el actual senador Guillermo Domenech, entonces director de la Oficina de Sumarios de Secundaria, en su informe sobre la actuación del profesor Washington Reyes Abadie. El eje central de estas irregularidades era el trato que, de acuerdo a Domenech, dio Reyes al «tema tupamaros» en sus clases. «No quise eludir [ese tema] para, precisamente, señalar su trágica desviación de una auténtica revolución nacional y su degradación delictiva», confesó el docente e historiador en su declaración, algo que, no obstante, Domenech calificó en su informe como una «gravísima apología a [sic] la organización internacional terrorista».
Para Domenech, Reyes Abadie «transgredió el sistema normativo que lo obliga a mantener una conducta moral adecuada a su función docente» y, en función de este y otros argumentos, propuso su destitución al Consejo Nacional de Educación y al Consejo de Educación Secundaria el 9 de julio de 1976, tal como consta en el expediente 1-126/76, que fue solicitado por el proyecto Cruzar y al que accedió Brecha. Pero el informe elaborado por Domenech fue más allá del análisis de las labores dentro del aula. Según se señala en el documento, pesó en contra de Reyes Abadie su defensa hacia «dos personas con situación nociva para la seguridad nacional e inequívocamente indicativa de simpatías marxistas», así como su reclamo de «reconocida idoneidad, competencia y respecto [sic] a los principios de laicidad» de los profesores José Pedro Barrán y Benjamín Nahum, quienes, de acuerdo a lo que plasmó Domenech en el expediente, tenían «antecedentes marxistas». Otro traspié para el docente investigado fue haber suscrito un manifiesto de repudio a un alto jerarca estadounidense, «junto con otros comunistas» –según Domenech–, o «suscrito por varios historiadores, entre los cuales algunos profesaban el materialismo dialéctico» –en palabras de Reyes–.
Ante todas estas acusaciones quedan en función de los argumentos de Domenech pocas dudas sobre la filiación política o ideológica de Reyes Abadie. En su defensa, este ensayó un desmarque del marxismo-leninismo, revisitando sus inicios ideológicos en el socialismo libertario y el anarquismo pacífico que profesó en su juventud, a través de la apelación de los postulados del filósofo Pierre-Joseph Proudhon (de los que luego también procuró alejarse). Pero, de todos modos, no logró debilitar el ataque contumaz de Domenech, que calificó al anarquismo pacífico como «un intento ideológico, doctrinario, pero quizás por ello tanto más efectivo que las bombas, de destruir hasta los cimientos las bases del Estado y la organización social occidental».
El informe sentencia que el docente al que proponía destituir hizo una apología del Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros y de los principios anarquistas, además de marcar su «alineación pública y encendida a la campaña marxista contra las suspensiones, informaciones administrativas y sumarios» en la enseñanza. Esto sin contar la «colaboración y apología al semanario Marcha». A juicio del sumariante, «en el actual estadio de la evolución institucional del Uruguay, […] a la luz de los decretos de proscripción de publicaciones y partidos marxistas, es realmente insólito que se ocupe la atención de la autoridad con nuevas apologías del semanario, que tan señaladamente concurrió a la degradación intelectual, moral e ideológica de nuestra república».
Ante las acusaciones, las defensas o los silencios del acusado se convirtieron en nuevos ataques: «Ni niega el hecho ni aduce elemento alguno que lo desvirtúe o justifique, con lo cual queda totalmente aprobado [sic]», manifestaba sobre la actitud del profesor. El informe no considera siquiera como atenuante que Reyes Abadie manifestara –aunque no probase, subraya Domenech– haber «redactado o suscrito documentos contra la intervención de Estados socialistas en Uruguay o que la prensa de izquierda lo haya en alguna oportunidad atacado». Tampoco se tuvo en cuenta su manifesta «adhesión al régimen nacional y a las Fuerzas Armadas», considerada como «su único –y no probado– contrapeso de tan singulares manifestaciones».
LA OTRA CARA DEL REY
Si bien algunos de los hechos señalados por el abogado sumariante pueden ser ciertos –y muchos distan rotundamente de la evaluación de las labores docentes–, las afirmaciones y conclusiones a las que arriba son poco probables. En ese entonces, Reyes Abadie era docente e historiador. Ya había fundado la revista Nexo junto con Alberto Methol Ferré, y se había vinculado a la Liga Federal de Acción Ruralista y al Partido Nacional, concretamente a la corriente afín a Benito Nardone. Esta filiación no parecería ser muy afín a las posiciones tupamaras o marxista-leninistas que se dejan entrever en el informe.
Si estos elementos no bastaran para refutar los planteos del informe, la mayor muestra de «adhesión al régimen nacional y las Fuerzas Armadas» podría rastrearse en las declaraciones ante la justicia militar de Fleming Gallo y Roberto Patrone, dos militantes del Partido Comunista que después de su detención se convirtieron en colaboradores de la Armada y recorrían la ciudad, en tareas de represión y extorsión, armados y con documentación militar. Reyes Abadie fue identificado por ellos como uno de los informantes del S-2 (Inteligencia) del Cuerpo de Fusileros Navales de la Armada (FUSNA). En ese rol aportó información general y sobre el Ejército, la que estaba calificada como laudatoria o elogiosa de las Fuerzas Armadas. Tal habría sido el nivel de adhesión de Reyes Abadie que, según describe Patrone, en 1979 se hacían reuniones en su casa, con el visto bueno del Partido Nacional, de las participaban él, el comunicador Juan Carlos López, «Lopecito», y los oficiales de la Armada, «Banchín» e «Iglesias». Allí se habría gestado un ciclo de charlas titulado «Proceso histórico del Uruguay», a cargo de Reyes Abadie y Patrone, dictado en el Círculo de Armas con el objetivo de dar la «orientación histórica necesaria para un gremialismo libre, sin comunismo», señaló Patrone en su declaración. Estas charlas estaban orientadas a dirigentes gremiales (en el marco del plan sindical del FUSNA), oficiales de la Armada y un oficial del Ejército, que asistía en representación del general Iván Paulós, director del Servicio de Información de Defensa (SID).
JAQUE MATE
Si el informe de Domenech aseguraba que no había pruebas de la adhesión de Reyes Abadie al régimen de la dictadura y a las Fuerzas Armadas, y su calidad de informante puede provocar algunas dudas, una transcripción parcial de las charlas que este profesor dio en el marco de sus actividades con el FUSNA brinda elementos elocuentes que desmontan ese argumento. Refiriéndose al momento previo al golpe de Estado de 1973, Reyes Abadie hizo una diferenciación entre la labor policial y militar en la contención de la guerrilla y la «sedición». En este contexto, recordó la actuación de la Policía con instrucción militar y a los «célebres cosacos de la Metro y la Republicana», pero complementó el elogio recordando que, cuando la oligarquía nacional «vio que el problema de la sedición no era un hecho puramente policial o que superaba todas las condiciones de la Policía para reprimirlo, se acudió al Ejército».
En esas charlas aparece claramente el ataque a lo que reconocía como el comunismo internacional, cuya capital ubicaba en Moscú, y al capitalismo, centrado en Washington DC. Quizás esa doble identificación de los «nuevos imperios», el soviético y el estadounidense, sea la que lo posiciona, por un lado, atacando al socialismo y, por otro, manifestando su rechazo a la visita de un jerarca estadounidense. (Incidentalmente: esa «equidistancia» del historiador respecto de «los imperialismos», fue reivindicada décadas después por el antiguo abogado de la dictadura y ahora senador de Cabildo Abierto, en una polémica con el diputado colorado Ope Pasquet, actual aliado en la coalición multicolor: «Ni rusos ni yankis», propuso Guillermo Domenech en su postura sobre la guerra en Ucrania.)
En cualquier caso, sus comentarios despejan toda duda sobre la posible filiación marxista del historiador. El comunismo es una ideología –apuntaba– y «las ideologías vienen a ser en la historia de las ideas como la refrigeradora de las ideas. Las que congelan las ideas y las reducen a recetas», un comentario de Reyes Abadie nada coincidente con la tesis que proponía Domenech en 1976. Pero, así como lanzaba ese ataque, también dejaba manifiesto su rechazo al capitalismo, concretamente lo que identificaba como el «liberalismo empresista», con una «empresa lobo, lanzada por los caminos de la ley de la selva», donde «el más poderoso destruye al mediano o al chico», donde se «procura por medio del canceroso desarrollo del capitalismo internacional englobar los más grandes beneficios, aunque ello pueda aplastar [a] otras empresas». Un postulado como este, desarrollado en una de sus charlas a oficiales de la Armada, posibilita una nueva lectura de su aversión contra Estados Unidos registrada por Domenech.
ALTA DEDICACIÓN
En 2020 La Diaria hizo público que en 1975 Domenech había recomendado la destitución de docentes de Secundaria, en este caso porque las monografías liceales de sus estudiantes tenían un «tono subversivo» y constituían una «adhesión a la prédica de las organizaciones marxistas disueltas» en 1973 (La Diaria, 21-VII-20). Ante esta publicación, el senador cabildante respondió públicamente aclarando que accedió a «un cargo como tantos otros ciudadanos» durante la dictadura: «No ocupé cargos de confianza, fui un simple abogado de un organismo político». Por lo pronto, luce como una definición de sus labores que, al menos en el caso puntual de Reyes Abadie, parece haber excedido largamente.
NUEVAS REDES
Casi medio siglo después, Guillermo Domenech es uno de los tres senadores de un nuevo partido político con una fuerte impronta militar y que logró el 10 por ciento de los votos en 2019, a caballo de un discurso de nuevos valores políticos. Hoy, las designaciones de cabildantes vinculados familiarmente entre sí y con la conspicua familia militar configuran un entramado que cruza distintos organismos públicos. Uno de estos hilos conecta a Domenech con el Ministerio de Salud Pública (MSP), donde es adscripto desde el inicio del gobierno el contador Julio Ricardo Busson. En el informe «Adscriptos a los ministros de Estado», elaborado en 2020 por la Oficina Nacional de Servicio Civil, figuran como algunas de las tareas asignadas a Busson representar al MSP en la Comisión de Apoyo y «gestionar contratos de trabajo y negociación ante organismos». Entre estos contratos, están los suscritos por el ministerio en el marco de la emergencia sanitaria, financiados a través del fideicomiso de la Red Nacional de Drogas (Renadro), a través del cual ingresaron cabildantes a trabajar en la cartera (véase «Estado paralelo», Brecha, 30-IX-21). A 2020, el sueldo percibido por el contador era de 94.040 pesos. El 11 de febrero de este año, el Diario Oficial dio cuenta del matrimonio de Busson con María Lucía Domenech Sención, la hija del senador.
Leonardo Cardozo
BREVE HISTORIA DE LA MÁQUINA DE INTELIGENCIA DEL FUSNA
La computadora
En mayo de 1976 la inteligencia del FUSNA comenzó a investigar la estructura del Partido Comunista del Uruguay (PCU). Para esta tarea, se consideró importante «captar» a uno de los militantes del PCU detenidos con el objetivo de colaborar con «el procesamiento de la información obtenida [mediante la tortura] y comprobar el grado de veracidad de las mismas». Así comenzó La computadora, según un informe interno del FUSNA que se encuentra dentro de los archivos del proyecto Cruzar (véase artículo de Samuel Blixen, Brecha, 10-XII-21).
El informe, que no está firmado por ninguna autoridad militar (pero que está incorporado a la documentación del archivo del FUSNA), señala que el primer elemento en incorporarse a estos trabajos fue Fleming Gallo: un detenido «quebrado políticamente», con muchos conocimientos, que «colaboraba abiertamente» con información «veraz». Por lo que los oficiales del FUSNA decidieron ofrecerle un «tratamiento especial» a cambio de su colaboración: reclusión en la unidad y seguridad. Al tiempo, el exceso de trabajo hizo necesaria la inclusión de nuevos colaboradores, por lo que Gallo «realizó un análisis de los detenidos» y sugirió el nombre de Roberto Patrone.
En la Computadora se hacían organigramas de las organizaciones proscritas por la dictadura, como el que permitió la desarticulación de la estructura del Partido Comunista en 1979; se señalaban posibles «blancos»; se planificaban operativos, algunos llevados a cabo junto al Órgano Coordinador de Operaciones Antisubversivas o el SID, y se analizaba información publicada en la prensa. Además, se procesaba información vinculada a los partidos tradicionales. Particular interés despertaba la organización de un ala de extrema derecha dentro del Partido Nacional, asociada a Joaquín Martínez Arboleya –que apoyó al franquismo en la guerra civil española–, al que identificaban con inclinaciones «nazifascistas» y su vínculo con Luis Vargas Garmendia, secretario del dictador Aparicio Méndez, que era señalado como líder de este sector y miembro de la organización Tradición, Familia y Propiedad. También se lo vinculaba a la logia Gloria en el Ejército, que habría estado liderada por el entonces coronel Mario Aguerrondo, jefe del Estado Mayor del Ejército, aunque su existencia no llegó a comprobarse.
Luego de cumplir su condena –que fue reducida a tres años y seis meses por el tribunal militar, en atención a su «buena conducta», una cifra bastante menor a la que debieron cumplir el resto de los detenidos en el FUSNA–, Gallo y Patrone fueron liberados. La consideración del capitán de navío Tabaré Daners fue coincidente con la observación del tribunal militar: durante su permanencia, los reclusos habían demostrado «buena conducta y recuperación total» –un eufemismo para expresar la colaboración con el régimen–, escribió el entonces comandante del FUSNA en una carta dirigida al Supremo Tribunal Militar, el 8 de febrero de 1979.
El estrecho vínculo de Gallo y Patrone con altos mandos de la Armada continuó una vez finalizada su reclusión. Así fue que, con identificaciones apócrifas de oficiales de la Armada –bajo los nombres de Julio César Banchín y Juan A. Gómez–, participaron de actividades y operaciones bajo la supervisión de Juan Carlos Larcebeau. También aprovecharon su experiencia como colaboradores para extorsionar a militantes y cobrar un diezmo: lo mismo que sus víctimas habían aportado al Partido Comunista se les debía aportar a ellos. En una de esas andanzas fueron detenidos e interrogados por efectivos del Departamento II del Ejército, tal como informó Brecha. Las principales preocupaciones de quienes llevaron adelante el interrogatorio giraban en torno a la existencia de una inteligencia de la Armada que los espiara o analizara. En ese contexto, ambos señalaron en sus declaraciones como informante a Washington Reyes Abadie, quien, junto con otros colaboradores, habría aportado información sobre la corriente de extrema derecha del Partido Nacional y la logia Gloria, además de haber llevado a cabo charlas sobre la historia de Uruguay, con énfasis en las injerencias extranjeras en América Latina, de las que se encuentran transcripciones en documentos de la Armada.
Es razonable suponer que la solicitud de los antecedentes de Reyes Abadie en noviembre de 1982 por el coronel Carlos Gamarra, juez militar de Instrucción, a Daniel Ferreira, rector interventor del Consejo Nacional de Educación, esté vinculada a las declaraciones de Gallo y Patrone ante esa autoridad de la justicia militar en 1980.
