Madres y Familiares: “Fue el Estado
el que decidió y cometió estos crímenes”,
y por eso tiene que “darnos esas respuestas”
19 de mayo 222
Este viernes se realizará la 27ª Marcha del Silencio; variados dirigentes de la coalición adelantaron que, por diversos motivos, no van a asistir
Este jueves, previo a una nueva Marcha del Silencio, Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos ofreció una conferencia en la sede de la Asociación de la Prensa Uruguaya (APU) para convocar no sólo a la movilización en Montevideo, sino a las 35 que se desarrollarán en todo el país.
“Mañana, 20 de mayo, recorreremos las calles nuevamente, caminaremos junto a nuestros familiares detenidos desaparecidos en una nueva Marcha del Silencio. Nuestros, de todos”, comenzó leyendo Elena Zaffaroni, integrante de Madres y Familiares, que insistió con que se trata de “una expresión profundamente política, no partidaria, intensa, comprometida, de todos”.
Es en conjunto, continuó Zaffaroni, que se ha construido “una inmensa expresión y reclamo por valores que nos unen y atraviesan como sociedad: el valor de la vida y la libertad, de nunca más dictaduras ni terrorismo de Estado”.
“El crecimiento de la marcha por todo el país ha sido gracias al cuidado y compromiso de innumerables personas. Al trabajo de cada colectivo, sindicato, centro estudiantil, organización, llegando a cada casa, a cada muro”, añadió.
“Las fotos de nuestros desaparecidos y desaparecidas, que encabezarán la marcha, como siempre, simbolizan los dolores más profundos que vivió nuestra sociedad”, añadió Zaffaroni. Este año, además, el colectivo Imágenes del Silencio repartirá previo a la marcha en Montevideo 22.000 fotografías entre los asistentes.
En las fotos y “en sus cuerpos que las Fuerzas Armadas mantienen secuestrados” está representado “todo el padecimiento de una sociedad avasallada por el autoritarismo más atroz”, continuó Zaffaroni, y agregó que son los tres poderes del Estado “los que tienen en sus manos la obligación y la responsabilidad de darnos esas respuestas”. “Ese es nuestro primer reclamo: fue el Estado el que decidió y cometió estos crímenes”, afirmó.
Además, la proclama hizo hincapié en que la información detallada “de todas las operaciones de las Fuerzas Armadas, brazo ejecutor del terrorismo de Estado”, sigue en poder de los altos mandos militares. Dichos datos “pueden y deben” ser exigidos por “el presidente y el ministro de Defensa, mandos superiores de las Fuerzas Armadas, subordinadas al poder democrático”.
De acuerdo con Familiares, esta fecha, elegida por ser el día en el que asesinaron en Argentina –en el marco del Plan Cóndor– a los exlegisladores Zelmar Michelini, Héctor Gutiérrez Ruiz y a los extupamaros William Whitelaw y Rosario Barredo, “también es una respuesta a quienes pretenden herir y distraer nuevamente con mentiras la memoria colectiva”.
“Ya lo vivimos”, sentenció Zaffaroni, y recordó que “por años” la información fue cubierta “de silencio, de falsedades y de tergiversaciones”, que desde el colectivo enfrentaron. “Toda esa información se complementó con juicios, investigaciones académicas y documentos de sus propios archivos”.
“No vamos a volver atrás en esta discusión”, continuó, y señaló que estos ataques “se dan hoy principalmente desde el partido militar”, en referencia a Cabildo Abierto (CA), “que utiliza el Parlamento para hacer campaña antidemocrática, validar las acciones del terrorismo de Estado y el ‘servicio a la patria’ que nos hicieron”.
CA, liderado por el excomandante en jefe del Ejército Guido Manini Ríos, “con gran coherencia persigue objetivos concretos: atacar a la Fiscalía especializada en Violaciones a los Derechos Humanos” e intentar promover una ley de prisión domiciliaria “para militares, policías y civiles, asesinos, torturadores y desaparecedores. Y hasta reflotar la infame ley de caducidad”.
“Nada es novedoso, pero sí es muy grave”, continuó, y recordó que desde el partido se “sostiene una campaña para bloquear o eliminar la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo, por la que tanto han luchado la sociedad civil y sus organizaciones”.
“Este día la memoria de los desaparecidos nos recuerda también a dónde nos llevó el camino del autoritarismo. Hoy, otra vez, este discurso avanza y vuelve a poner en peligro nuestra convivencia”, insistió Zaffaroni, y acusó al Estado de entregar “por años la Justicia al poder de la impunidad”. Finalmente, terminó la lectura de la proclama con la consigna de la marcha de este año: “¿Dónde están? La verdad sigue secuestrada. Es responsabilidad del Estado”.
¿La coalición asistirá a la marcha?
la diaria consultó a varios legisladores y ministros de la coalición para saber si asistirán a la marcha, pero ninguno de los que fueron contactados irá, por motivos varios. El ministro de Trabajo, Pablo Mieres, del Partido Independiente (PI), dijo que “siempre” apoyó el reclamo de Familiares y sigue compartiendo “la misma demanda de siempre, por la búsqueda del destino de los desaparecidos”, pero en esta oportunidad no concurrirá a la marcha, “por problemas de agenda”. A su vez, Daniel Radío, también del PI, cabeza de la Secretaría Nacional de Drogas, señaló que comparte los reclamos y adhiere a la convocatoria, pero en esta oportunidad no va a concurrir.
En tanto, la senadora nacionalista Graciela Bianchi dijo al programa de radio Doble click que le “gustaría” ir a la marcha, pero no “puede”, porque “tendría que ir con la Guardia Republicana, porque no se puede discrepar”. “No se puede decir ‘así, por este camino, no se va a llegar a la verdad’, porque, entonces, inmediatamente nos acusan de que no queremos encontrar los restos de los desaparecidos”, señaló. Por su parte, la diaria consultó también al senador blanco Gustavo Penadés, quien contestó: “Nunca fui”. En igual forma se pronunciaron otros dirigentes de la coalición que fueron consultados.
La herida abierta
19 mayo, 2022
Pintada en la ciudad de Minas. TODOS SOMOS FAMILIARES LAVALLEJA
A veces resulta difícil encarar un número especial y hacerlo con originalidad. ¿Qué más puede aportar Brecha a la causa de la verdad sobre las violaciones de los derechos humanos en dictadura, un tema que el semanario acompaña desde hace 36 años? Esa pregunta atravesó en las últimas semanas al Consejo de Redacción y las respuestas abrieron debates que todavía hoy seguimos procesando.
Hay, seguro, consensos que unen a este colectivo periodístico. Porque ahora, cuando la marcha del 20 de mayo se convirtió en una de las manifestaciones públicas más grandes de la ciudad, las huestes de los dos demonios vuelven a intentar imponer su relato. No es que alguna vez se hubiesen ido, vale aclarar, es que tienen fuerza renovada. Un sector de la sociedad insiste, empecinado, en reinstalar el relato del olvido, y lo más preocupante es que varias personas dentro del oficialismo parecen haberse sumado a esa tendencia. El reclamo a la diputada Amanda Della Ventura por usar una remera de Familiares y el cúmulo de acciones que viene llevando adelante el ministro de Defensa, Javier García, parecen muestras claras de que en algunos sectores se ha producido un verdadero retroceso cultural.
Terminada la campaña que llevó al Partido Nacional a poner paños fríos a ciertos relatos, sacudido cualquier vestigio de su pertenencia a la generación 83, que tan claro tenía quiénes estaban de un lado y otro de la línea, García reabrió la Cárcel del Pueblo y prometió una historia «sin recortes y sin ediciones». La nota de Gabriel Delacoste, que abre esta cobertura, sin embargo, muestra la construcción nada inocente de una historia flechada a la derecha en el discurso del ministro, encaramado, hace rato ya, como nuevo adalid de los militares. Lo ayuda la vieja incapacidad del Frente Amplio para navegar en aguas del pasado, que en 2014 lo llevó a encajonar un proyecto de la Universidad de la República para que la Cárcel del Pueblo se convirtiera en museo. Una iniciativa que, esa sí, no rehuía de la complejidad del pasado.
Si de nuevos aportes se trata, la entrevista de Venancio Acosta al médico Hugo Rodríguez aborda las contribuciones que hace hoy la medicina forense para conocer las responsabilidades en la muerte de militantes que estaban bajo custodia del Estado en dictadura. Avanza, en particular, en demostrar, «de una manera contundente y a través de los documentos militares, que hubo fallas en la asistencia, de tal magnitud, que incidieron en la muerte» de militantes presos. La actividad forense alcanza al presente, mostrando líneas de continuidad con lo que pasa hoy adentro de las cárceles.
Apoyada por pruebas documentales, la contratapa a cargo de Diego Sempol nos trae al presente un costado menos comentado de la represión en dictadura: la que padeció la comunidad LGTBI+ a manos del Estado que, encabezado por la Policía, se había propuesto limpiar la ciudad de «la actividad perniciosa del homosexualismo». La investigación deja en evidencia la vigilancia, la cárcel, las destituciones y las amenazas que debieron soportar las personas con identidades disidentes.
En otro artículo, Sofía Kortysz reconstruye la experiencia de la segunda generación, es decir, de las hijas y los hijos de quienes fueron presos políticos. Los testimonios describen varios de los procedimientos abusivos que sufrieron aquellos niños y adolescentes al visitar a sus padres, y revelan que se utilizaron directamente, contra las familias de los detenidos, métodos de adoctrinamiento que dejaron heridas muy difíciles de cerrar. A pesar de que en 2019 la Institución Nacional de Derechos Humanos emitió una resolución en la que recomendaba declarar a estas personas víctimas directas del terrorismo de Estado, no ha habido avances en este sentido.
Por otra parte, en este número de Brecha respondemos a la preocupación compartida en torno a la falta de canciones contemporáneas que registren la sensibilidad de los músicos y militantes nacidos a partir de los ochenta. Las decisiones éticas que rondan estas composiciones demuestran que el pasado vive en el presente y que es necesario continuar procesando desde el arte y la cultura la herencia política, económica y social de la dictadura cívico-militar. Santiago Bogacz ensaya la fundación de un nuevo cancionero de la memoria: recopila letras de cinco cantautores del siglo XXI que refieren al tema. Las canciones no solo sirven para compartir con otras personas la angustia, la nostalgia y la necesidad de acción respecto al pasado reciente, también amplían el alcance de los discursos y aportan nuevas aristas de sentido, conservando para el futuro interpretaciones poético-musicales, situadas, de la historia.
Hay una gran parte de la sociedad uruguaya que no está dispuesta a perdonar ni olvidar y comparte la certeza de que el ocultamiento de la verdad continúa siendo responsabilidad del Estado. La participación digital durante la pandemia contribuyó a visualizar que era posible adherir a la causa desde todas partes, y ese impulso de descentralización está adquiriendo nuevas dimensiones. Hoy, 20 de mayo, además de la Marcha del Silencio por 18 de Julio, habrá concentraciones en varios puntos del interior: Young, Fray Bentos, Bella Unión, Salto, Nueva Helvecia, Maldonado, Mercedes, entre otros. Estas movilizaciones configuran tradiciones culturales importantes para visibilizar que las desapariciones sucedieron en todo el país y que la denuncia en contra de la impunidad y sus efectos responde a una cartografía compleja, cuyas implicaciones todavía se están investigando.
REFLEXIONES SOBRE LA VISITA A PAULLIER 1190
Reabre una vieja exposición
Gabriel Delacoste
19 mayo, 2022
Hace unas semanas el gobierno abrió la Cárcel del Pueblo para visitas del público. Brecha participó de una de estas visitas. El ministro de Defensa Nacional insiste en que esta apertura se hace sin ningún relato, pero eso no es exactamente así. En 2014 un proyecto para convertir el lugar en un sitio de memoria con una mirada «rigurosa» y «plural» quedó en el olvido.
Cárcel del pueblo.
Las visitas de la prensa a la Cárcel del Pueblo se organizan por separado de las del público en general. El viernes 29 de abril, cinco minutos antes de las nueve de la mañana, quien escribe llegó al lugar. Ya había varios periodistas esperando, incluido Mauricio Zina, el autor de las fotos que ilustran esta nota. Desde afuera, la casa no tiene nada de notable, salvo la margarita de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos pintada con un esténcil en el piso de la vereda. A la hora convenida, un funcionario del Ministerio de Defensa Nacional abrió la cerradura y nos hizo pasar. Explicó que cada medio iba a tener diez minutos en «la parte sustancial de la casa» y que hasta que nos tocara íbamos a poder esperar arriba. Nada se dijo sobre ese arriba. Lo que se ve arriba es una casona de altos, vieja, vacía, con un bello piso de baldosas de cemento. Hay muchas cámaras de seguridad y algunos cerramientos de aluminio, que parecen ser nuevos. En una de las habitaciones hay electrodomésticos amontonados, que no parecen de los setenta y que dan a entender que hasta hace no mucho alguien vivió allí. Contra una pared, hay amontonadas unas planchas de espuma plast. Revisándolas, se ve que tienen pegados carteles que dicen (con una tipografía de Word Art noventoso) cosas como: «Vista de las armas encontradas en la Cárcel del Pueblo», junto a las correspondientes fotos. Parecen los restos de una exposición. La casa tiene un fondo con parrillero. Mientras miraba por un agujero en el piso del fondo, que parece llevar a un sótano abandonado, escuché que desde el frente de la casa llamaban: «¡Brecha!». Me apuré para aprovechar mis diez minutos.
A la cárcel se accede por un garaje. En su época, por una tapa que llevaba a un túnel. Hoy, por una amplia escalera de baldosas que permite entrar a la cárcel cómodamente. El lugar está preparado para visitas e, incluso, está señalizado con carteles que no parecen ser de ahora. La cárcel en sí es una habitación relativamente pequeña, dividida en dos partes: de un lado de una reja, la zona donde estaba la guardia; del otro lado, tres diminutas celdas. El techo es una losa de hormigón. Las paredes son de bloques de cemento. Un caño recorre la habitación, presumiblemente para la ventilación. No parece un lugar adecuado para tener personas encerradas (si es que tal cosa existe). Pero, al mismo tiempo, es inevitable que estar allí dispare cierta imaginación aventurera: túneles secretos, complejas logísticas. Mauricio sacó todas las fotos que tenía que sacar. Volvimos para arriba. Me quedé allí, como esperando que pasara algo más. Los demás medios iban pasando. El funcionario del ministerio era más bien lacónico y no parecía tener mucho para decir. En un momento ya no había mucho más para hacer, y nos fuimos.
HISTORIA
El 12 de abril, luego de anunciar en el Parlamento su decisión de abrir al público la casa de Paullier 1190, el ministro de Defensa Nacional, Javier García, fue a Telenoche a explicar las razones. Contó: «Yo tomé conocimiento cuando asumí el ministerio [de] que esa casa estaba en poder del ministerio. Hubo una serie de reclamos judiciales de los anteriores dueños, y la Justicia decidió que quedara en poder del Ministerio de Defensa Nacional. Y tenemos las llaves. La pandemia hizo imposible que me dedicara a eso. Cuando la pandemia amainó un poco, fui a conocerla y le planteé al presidente. Después, en el mes de noviembre, vinieron las autoridades de la organización Toda la Verdad y me plantearon la posibilidad de que fueran familiares de Frick Davies y de [Ulysses] Pereira Reverbel. Y les dije que sí, que iba a ser una cosa muy reservada. Era un acto de recogimiento. Imagínese». Continuó la explicación: «Esto es parte también integrante de la historia reciente. Y la historia, para ser comprendida en su totalidad, no puede tener recortes. Este año se cumplen 50 años de que las Fuerzas Armadas –el Ejército en particular– la capturaron y liberaron a las personas que estaban secuestradas allí. Uno se preguntaría cómo es posible que esa casa estuviera cerrada 50 años. ¿Cuál es la razón para que algo que es parte de nuestra historia, dolorosa, trágica, esté oculto?». Cuando Daniel Castro preguntó qué iban a decir las autoridades al público que llegara allí, García respondió:
—Allí no se va a manifestar nada. Se van a abrir las puertas para que la persona que quiera ir vaya, mire y saque sus conclusiones con libertad.
—¿No va a haber un relato?
—No.
—¿No va a haber una persona que guíe?
—No. Cualquier relato implicaría una parcialidad. [Hay que] demostrar que la historia tiene muchas facetas. Y la historia es completa, sin recortes y sin ediciones.
Consultado sobre la pertinencia de equiparar la violencia de los tupamaros y el terrorismo de Estado, el ministro respondió: «Las violaciones a los derechos humanos, la tortura, la muerte, la desaparición son repudiables siempre, las cometa quien las cometa».
El 5 de mayo, la organización de ex-presos políticos Crysol envió una carta a García para expresar su «malestar y agravio con su decisión de promover visitas al local de Juan Paullier 1190». La carta expresa: «[El local] debió haber sido devuelto a sus legítimos propietarios. Estando en manos del Estado, debe ser señalizado como sitio de memoria». Esto porque «en el marco de la oleada represiva contra centenares de militantes del Partido Comunista del Uruguay (PCU), denominada Operación Morgan, decenas de ciudadanos fueron alojados en dicho lugar entre fines de 1975 y comienzos de 1976». En diálogo con Brecha, Gastón Grisoni, integrante de Crysol, dijo: «Vamos a hacer las gestiones que correspondan ante la comisión nacional honoraria de sitios de memoria para que ese lugar sea señalizado como un centro de tortura», de acuerdo a la ley 19.641. El 25 de abril, Caras y Caretas publicó el testimonio de Sara Youtchak, una mujer de 80 años que, siendo militante del PCU, fue víctima de la Operación Morgan. Youtchak contó su estancia en Paullier 1190 y la forma en la que este sitio integraba la red de la represión clandestina, en la que los prisioneros eran movidos y torturados antes de ser enviados a las cárceles. En la casa de Paullier, hoy nada recuerda estos hechos. No hay un recuerdo para la Operación Morgan, que tuvo como resultado 23 desaparecidos y 16 muertos en la tortura, muchos de los cuales pasaron por esa casa. No se menciona que los dueños de la casa fueron encarcelados hasta la vuelta de la democracia y que durante la dictadura fueron sometidos a torturas. Tampoco que la casa fue usada como centro de escuchas (véase el recuadro).
Cárcel del Pueblo.
La actual iniciativa de García no es el primer intento de abrir esta casa al público. Tampoco el segundo. Washington Abdala y Luis Alberto Lacalle padre han llamado a abrirla. Lo más cerca que se estuvo de hacerlo fue en 2014, cuando se elaboró un proyecto que preveía el traspaso de la casa en comodato desde el Ministerio de Defensa Nacional hacia el Museo de la Memoria. El director del museo, Elbio Ferrario, explicaba en aquel entonces: «No hay que centrar el tema en la Cárcel del Pueblo. La idea es hablar de la historia del país por medio de la historia de la casa».
Brecha accedió a un borrador del convenio, que dice: «El objetivo de este convenio es la investigación sobre la historia de la casa de Juan Paullier 1190, ex Cárcel del Pueblo y ex centro clandestino de detención, y la realización de una propuesta museológica y museográfica para este sitio, que próximamente será entregada por el Ministerio de Defensa Nacional en comodato a la I de M [Intendencia de Montevideo] como sitio de memoria para promover en forma participativa la paz, los derechos humanos, la memoria histórica, la libertad, la democracia y la justicia social». Luego el proyecto narra la historia de la casa: desde la radicalización de la familia que vivía allí, pasando por el rol de la cárcel en la estrategia de doble poder del Movimiento de Liberación Nacional (MLN), hasta su caída, en 1972, su uso como museo interno de las fuerzas y su uso en la represión durante la Operación Morgan. Concretamente, el proyecto planteaba «elaborar una propuesta museística rigurosa con los hechos y plural en las interpretaciones», que ayudara a «una mejor reflexión pública sobre el Uruguay de los sesenta y de la dictadura». El convenio preveía, además, plazos, la creación de cargos y el presupuesto para el funcionamiento del museo. No faltaron las críticas en aquel entonces. Según consignó en aquel momento La Diaria, «un grupo de exmilitantes tupamaros que fueron parte del equipo de custodia en la Cárcel del Pueblo» señalaba la posibilidad de que «si ese espacio se resignifica como sitio de memoria, puede llegar a ser utilizado por sectores de la derecha para reavivar la teoría de los dos demonios y acusar al MLN de haber cometido delitos de lesa humanidad». El proyecto no llegó a concretarse.
En 2019, el historiador Aldo Marchesi, que en 2014 había sido el encargado de la investigación para el proyecto de museificación, publicó en la revista académica Hispanic Issues un artículo titulado «¿Qué hacen los derechos humanos con la revolución? Una reflexión sobre un lugar de la memoria de la historia reciente uruguaya», que está disponible en la página sitiosdememoria.uy. Allí, Marchesi reflexiona sobre lo sucedido: «Las políticas de memoria impulsadas por las agencias estatales, las organizaciones internacionales de cooperación y ciertos organismos de derechos humanos han tendido a encapsular el pasado con los lentes generados por el significado histórico que la noción de derechos humanos adquirió en el contexto de las dictaduras y las luchas de las transiciones democráticas. Dichas políticas han sido relativamente efectivas en desarticular los argumentos negacionistas de las dictaduras y a aquellos que por diversos motivos buscaron silenciar sus crímenes. Sin embargo, diversos enfoques han sugerido cómo el énfasis de ciertos derechos sobre otros, la lectura en clave ética del período, una visión algo ingenua del liberalismo democrático como el lugar de la no violencia, así como una interpretación despolitizada y negadora de los conflictos sociales de larga data que ayudan a explicar la reacción autoritaria han limitado la reflexión pública y social sobre variados asuntos de la experiencia histórica reciente y reducido el potencial de aquel pasado para pensar las actuales sociedades conosureñas».
Según Marchesi, los motivos del naufragio de la posibilidad de transformar la casa en museo se relacionan con que «los límites de las memorias más establecidas operan para evitar dicho desarrollo». Y agrega: «La izquierda y el movimiento sindical en su mayoría mantuvieron un bajo perfil sobre los aspectos más problemáticos de su accionar en los sesenta. En general, el período fue presentado como una antesala del autoritarismo y su accionar como una resistencia a este. Pero para los sectores conservadores el accionar de la intensa movilización social y de la acción armada había sido la responsable de la caída de la democracia. Frente a esta acusación los activistas de izquierda no retomaban los múltiples análisis de aquel tiempo que daban cuenta de los problemas estructurales (inflación, crisis de los partidos, autoritarismo, corrupción) de la democracia uruguaya y optaban por no discutirla. […] El particular resultado de estas estrategias narrativas fue que las luchas por la memoria en los sesenta fueron un terreno ganado por los sectores conservadores», de modo que «en alguna medida el silencio de las izquierdas parece terminar ayudando a sostener el último bastión donde la derecha se siente fuerte en su discurso sobre el pasado».
HISTORIAS
Raramente los actores políticos son ingenuos. Lo que no es tan raro es que finjan ingenuidad. García habla de la necesidad de mostrar la historia «en su totalidad», «sin recortes y sin ediciones». Deja implícito que hasta ahora la historia no se contaba entera, haciendo una guiñada a la ultraderecha, que insiste en que se censura la verdad de los militares (olvidando que en este país sí que hubo censura, y no precisamente para ellos). Dice que el lugar estuvo cerrado durante 50 años, cuando lo cierto es que durante ese tiempo, más que estar cerrado, fue usado para varios propósitos por los militares. Dice que los secuestros de personas que estuvieron presas en la Cárcel del Pueblo fueron «violaciones de los derechos humanos», negándose a diferenciar la gravedad de estos hechos de la del terrorismo de Estado, es decir, más de una década en la que hubo miles de encarcelamientos arbitrarios y exilios forzados, además de torturas masivas y asesinatos, mientras estaban suspendidos los derechos civiles y políticos de la totalidad de la población. Según García, en la apertura de la cárcel al público no hay relato. Y es cierto que, por lo menos en la visita que hizo este cronista, abunda el silencio. Ese silencio invita a mirar la casa tal como está. Pero no está, por cierto, tal como la dejaron los tupamaros, sino tal como la dejaron los militares después de borrar los rastros de su uso represivo y dejarla lista como museo de la violencia tupamara, con una amplia escalera y carteles colocados a tales efectos. La tortura, las escuchas y el destino de los dueños de la casa quedan ocultos. El hecho de que lo que se está visitando es un botín de guerra apropiado por el Ejército también. Muchos ocultamientos cuando, supuestamente, se busca mostrar la historia «en su totalidad».
La Cárcel del Pueblo es parte de una historia traumática de violencia política. Y es una parte de la historia del MLN, historia que, desde entonces, ha suscitado fascinación, rechazo y malentendidos. Visitar la casa, ubicada en lo que las inmobiliarias dieron en llamar Cordón Soho y habitada en su momento por una familia de clase media, hace pensar de otra manera en el tipo de persona que es un tupamaro. También hace pensar en la extraordinaria capacidad técnica y en la astucia de los tupamaros. Un recuerdo que viene a cuento: en el tramo final de la campaña electoral de 2004, el Foro Batllista lanzó una serie de spots con imágenes en blanco y negro que intentaban descalificar al Movimiento de Participación Popular (MPP) por lo que hizo el MLN en los sesenta. El Frente Amplio ganó en primera vuelta y el MPP fue la lista más votada, posición que mantiene hasta hoy. Es posible que la derecha nunca entienda que el MLN despierta lealtades en una parte del pueblo no a pesar de haber sido una guerrilla, sino justamente por eso.
Paullier 1190 está abierta a quien quiera visitarla. Para ello, debe enviar un mail al Ministerio de Defensa Nacional. Como dice el ministro, los ciudadanos que vayan a verla se harán sus propias ideas. La materialidad de la casa, al igual que las discusiones sobre el pasado (ya no tan) reciente, tiene muchas capas: su planta principal y sus sótanos, cosas visibles a simple vista y otras ocultas, sus traumas y sus aventuras, el dolor y el recuerdo de las luchas revolucionarias.
LA CÁRCEL DEL PUEBLO COMO CENTRO DE ESCUCHAS
LA OTRA HISTORIA
Tras el golpe de Estado, la Cárcel del Pueblo se convirtió en un centro de detención y tortura. Por allí pasaron decenas de presos políticos, incluidos varios de los detenidos durante la Operación Morgan. Sin embargo, la casa de Juan Paullier 1190 tiene una historia menos conocida: fue un centro de escuchas clandestinas. Así lo establece una investigación administrativa llevada adelante en ANTEL en 1985 (La Juventud, 30-V-06).1
Un informe del semanario Aquí, del 21 de agosto de 1985, relevó la existencia de miles de teléfonos intervenidos ilegalmente. Ante esto, el directorio de ANTEL inició una investigación administrativa para confirmar o descartar esa versión; ese proceso permitió desentrañar el esquema de interceptaciones telefónicas montado por los servicios de inteligencia de la dictadura en complicidad de directores y funcionarios del ente durante la dictadura.
La investigación incluyó la declaración de decenas de personas, que revelaron la mecánica de las interceptaciones, sus responsables y las personas e instituciones interceptadas, entre ellas, el expresidente Jorge Pacheco Areco, Hugo Batalla, Germán Araújo, Justino Carrere y Juan Vicente Chiarino, y las embajadas de Venezuela –después del secuestro de Elena Quinteros–, Rumania, Polonia y Estados Unidos.
Pero también reveló los locales donde se realizaron estas interceptaciones, entre ellos, la sede del Servicio de Información de Defensa, la Jefatura de Policía de Montevideo y la casa de Juan Paullier. De acuerdo al informe, a esta última le fueron asignados 20 pares en la Regional Cordón: «Se infiere que serían clandestinas y por tanto no se habría pagado por su colocación y uso». Desde allí operaba parte de las escuchas ordenadas por los servicios de inteligencia militar de la época.
Mauricio Pérez.
- La investigación administrativa de ANTEL es parte del acervo documental del proyecto Cruzar.
DICTADURA CÍVICO MILITAR
Son 150 las causas abiertas por
violación a los derechos humanos
“En un número muy bajo no hemos podido determinar los responsables”, señaló el fiscal Ricardo Perciballe sobre las 150 causas activas.
21 DE MAYO DE 2022 –
La lucha por encontrar a los detenidos desaparecidos y hacer justicia continúa, y prueba de ello, son las 150 causas que investigan violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura cívico militar.
Este viernes 20 se realizó la 27.ª edición de la Marcha del Silencio bajo el lema “¿Dónde están? La verdad sigue secuestrada, es responsabilidad del Estado”. Desde las calles Rivera y Jackson, donde se encuentra la Plaza a los Desaparecidos en América, miles de personas marcharon por memoria, verdad, justicia y contra el terrorismo de Estado.
La Fiscalía especializada en Crímenes de Lesa Humanidad tiene activas unas 150 causas que investigan violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura cívico militar y los años previos al golpe de Estado, aseguró el fiscal Ricardo Perciballe.
En la Fiscalía hay en investigación ocho denuncias que rigen por el nuevo código del proceso penal, por haberse realizado luego de noviembre de 2017. De esas ocho, cuatro aún están en la etapa de investigación preliminar que corresponde a casos de tortura y causas asociadas a la búsqueda de restos de detenidos desaparecidos. Las otras cuatro son la causa que investiga los homicidios de Zelmar Michelini, Hétor Gutierrez Ruis, Willian Whtelaw, Rosario Barrero y la desaparición de Manuel Liberoff, ocurridos en mayo de 1976 en Buenos Aires, una de las causas vinculadas al homicido del médico Vladimir Roslik ocurrido en abril de 1984, la que investiga torturas en el Batallón de Infantería 6° de San José, y la causa sobre torturas en el centro de detención clandestino Los Vagones, que funcionó entre finales de la década del 60 y mediados de los 70 en la ciudad de Canelones. En este último caso, la fiscalía presentó la acusación en febrero y espera la convocatoria a la audiencia de control de acusación, la instancia previa al juicio, que está pendiente por un recurso de excepción de inconstitucionalidad de la ley interpretativa de la lay de Caducidad.
De las causas que rigen por el viejo código del proceso penal, hay 23 por las que fueron condenadas 45 personas, que tienen pendiente la confirmación de la sentencia de condena por tribunal de apelaciones o la Suprema Corte de Justicia, unas 15 en las que ya hay procesamientos y 17 en las que está pendiente de resolución por parte de la Justicia, el pedido de procesamiento de la Fiscalía o la acusación, entre ellas se encuentra el caso conocido como Las muchachas de Abril que investiga los asesinatos de Diana Maidanik, Laura Raggio y Silvia Reyes, ocurrido el 21 de abril de 1974, el secuestro de Universindo Rodríguez y Lilian Celiberti, ocurrido en Porto Alegre en noviembre de 1978, la causa que investiga torturas en el Fusna entre 1972 y 1985, el asesinato de Luis Batalla, ocurrid en Treinta y Tres en mayo de 1972 y la muerte de Francisco Chocho, ocurrido en Maldonado en noviembre de 1972 y el caso de Oscar Baliñas, desaparecido en junio de 1977, además de otras causas que investigan torturas en cuarteles y centros de detención.
Hay unas 85 causas que aún se encuentran en investigación de presumario, sobre las que están pendientes la resolución de la Justicia sobre excepciones de inconstitucionalidad o prescripción presentadas por las defensas. Perciballe aseguró que esas investigaciones están finalizadas y que en la mayoría de los casos están identificadas las víctimas y los victimarios. “En un número muy bajo no hemos podido determinar los responsables”, señaló.
Desde que comenzó a funcionar la Fiscalía Especializada en Crímenes de Lesa Humanidad, en febrero de 2018, hubo 40 pedidos de procesamiento por delitos cometidos en la dictadura, mientras que entre noviembre de 2006, cuando se registraron los primeros militares y policías procesados, y febrero de 2018, sólo se concretaron doce procesamientos.