LIBERTAD DE PRENSA
05 de julio de 2022
Amnistía Internacional alerta por
retroceso en la libertad de prensa
en Uruguay y afectación a
varios derechos humanos
La semana pasada, Uruguay tuvo su revisión frente al Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y, tras un análisis a dicho acontecimiento, AI expresó preocupaciones por retrocesos a la libertad de prensa y otros derechos de la ciudadanía.
En 2015, Amnistía Internacional consideraba a Uruguay un país «adelantado» en derechos humanos.
La organización pro derechos humanos, Amnistía internacional (AI), manifestó su preocupación por “el aumento de juicios penales a periodistas y su potencial impacto sobre la libertad de expresión” y por “las crecientes amenazas y hostigamiento a periodistas por parte de actores políticos, principalmente en RRSS, que son motivo de alarma”.
AI también expresó que “preocupan las dificultades para acceder a la información pública” y recordó el informe del Centro de Archivo y Acceso a la Información Pública (CAINFO), elaborado en conjunto con la Universidad Católica del Uruguay, en el cual se constató que el 57% de los organismos públicos no cumplió con la Ley de Acceso a la Información Pública.
“Además, Amnistía Internacional Uruguay realizó varios pedidos que no fueron contestados o se respondieron fuera de plazo o con información insuficiente”, dijo AI en un comunicado difundido también por medio de sus redes sociales.
El sistema penal y la dictadura
Amnistía intentó acceder a información respecto al sistema penitenciario, dado que Uruguay ostenta el primer lugar en Sudamérica y el décimo cuarto en el mundo en cantidad de personas reclusas en proporción a su población.
Las muertes bajo custodia, prosigue la denuncia de AI, aumentaron considerablemente en 2021, tanto las violentas como las etiquetadas como “naturales”.
“Preocupa la impunidad estructural por los crímenes del pasado reciente que no permite acceder a la verdad, justicia y la reparación. Además, vemos con especial cuidado el proyecto de ley de Prisión Domiciliaria para mayores de 65 años. Esto afectaría la privación de libertad de varios de los condenados por crímenes de lesa humanidad, cometidos durante este período”, reza parte del mensaje del organismo.
En 2015, Amnistía Internacional consideraba a Uruguay un país «adelantado» en derechos humanos.
Barreras a la IVE y femicidios
Por último, AI criticó la cantidad de embarazos en niñas y adolescentes menores de 15 años, muchos de los cuales se dieron en contextos de violencia sexual: “Barreras de acceso a la interrupción voluntaria del embarazo, producto de demoras en la atención, así como también de la declaración de objeción de conciencia de varios/as profesionales de la salud que integran estos equipos”.
“Preocupa el aumento de los femicidios, así como también las denuncias por situaciones de violencia de género. Según los datos oficiales del Ministerio del Interior, con 21 femicidios confirmados al 31 de octubre del 2021, se superó la cantidad de femicidios registrados en 2020”, concluyen.
