NADA QUE PERDER
El zorro en el gallinero para cuidar
a las gallinas, dijo Grisoni de Crysol
en relación a una posible designación
de referente de CA en INDDHH
Gastón Grisoni, integrante de Crysol.
12 de Julio de 2022
El integrante de Crysol, asociación de ex presos políticos, Gastón Grisoni, habló con Nada Que Perder de M24 acerca de la polémica generada a partir de un planteo desde tiendas políticas de la coalición de gobierno, que pretenden integrar la dirección de la Institución Nacional de Derechos Humanos (INDDHH) por cuota política, aspecto contrario a la ley.
Ayer a la tarde venció el plazo para presentar los postulantes para los cargos de los cinco integrantes del nuevo consejo directivo central de la Institución Nacional de Derechos Humanos (INDDHH), donde hay unos 27 candidatos de los cuales 11 fueron elegidos por legisladores de la coalición multicolor.
La Asociación de Expresos Políticas Crysol, postuló a los directores Wilder Tyler y Mariana Mota y sugirió el nombre de Daoiz Uriarte, actual director del Instituto de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho.
Gastón Grisoni, integrante de Crysol, habló con Nada Que Perder sobre el cambio de criterio propuesto para elegir a las personas del consejo directivo de la INDDHH. En este sentido, aclaró que aún no se ha hecho carne un anuncio proveniente de filas oficialistas acerca de la posibilidad de que la integración sea en base a cuota política.
Hasta el momento el método de designación de los directivos se realizaba conforme a la ley, donde se establece que las organizaciones de la sociedad civil tienen que estar inscriptas en la INDDHH y posteriormente se elegía en una asamblea general, a través de dos instancias que, de no surgir acuerdo de las dos terceras partes, se terminaba votando por mayoría simple.
“Pero no había una asignación de cuota partidaria, tan descarada o tan formal como se ha anunciado”, puntualizó.
Consultado respecto a qué podría pasar si uno de los lugares fuera ocupado por alguien de Cabildo Abierto (CA), Grisoni opinó que la INDDHH es “una gran conquista de la democracia, para proteger a los ciudadanos” y guarda cometidos específicos, relacionados con la ley de salud mental, políticas de memoria del pasado reciente y la búsqueda de detenidos desaparecidos.
En este sentido, apuntó que CA es una de las organizaciones que “ha justificado y defendido a los terroristas de Estado, a las personas que ejecutaron las prácticas represivas de la desaparición forzada”. “El zorro en el gallinero para cuidar a las gallinas”, subrayó.
En otro orden, Grisoni explicó que la propuesta de Crysol de que Mota y Tyler continúen en la dirección de la institución se debe a que a ley 18.446, que es la que creó a la INDDHH, sugiere que la renovación de autoridades se haga de forma parcial para asegurar la continuidad de las políticas.
“La doctora Mariana Mota y el doctor Wilder Tyler están en condiciones de ser reelegidos y tenemos una valoración muy positiva del trabajo que ambos han venido desarrollando”, detalló.
Y agregó: “en esta instancia que se avecina donde hay una coalición de gobierno que tiene mayorías y no negocia y entrega el puerto, pero también sin ningún pudor disminuye el poder adquisitivo de los trabajadores, castiga a los jubilados y pensionistas, los estafa y toma el pelo. Es una situación peligrosa y el candidato que llevamos como Crysol tiene que ser una persona entendida en la multiplicidad de aspectos de los derechos humanos y con experiencia, trayectoria, con formación académica”.
En relación a uno de los posibles candidatos, Diego Burgueño, referente de la Asociación Toda la Verdad, integrada por familiares de víctimas del movimiento guerrillero en Uruguay , hijo de Carlos Burgueño, asesinado en la toma de Pando, que fuera presentado por la diputada nacionalista Nancy Nuñez, el integrante de Crysol señaló que no podría ser candidato porque la ley establece que sólo lo pueden ser aquellos que son propuestos por organizaciones sociales de la sociedad civil que están inscriptas en la INDDHH.
CON LUCIANO HAZAN, PRESIDENTE DEL GRUPO DE TRABAJO SOBRE DESAPARICIONES FORZADAS O INVOLUNTARIAS DE LA ONU
«La independencia de la Institución
Nacional de Derechos Humanos está en riesgo»
Venancio Acosta
15 julio, 2022
El Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias estuvo ocho días trabajando en Uruguay. La delegación integrada por Gabriella Citroni (Italia), Aua Baldé (Guinea-Bisáu) y Luciano Hazan (Argentina) se entrevistó con gobernantes, legisladores, organizaciones de la sociedad civil e integrantes de organismos de contralor en derechos humanos. Brecha dialogó con Hazan –presidente y relator del grupo–, quien consideró que el país se encuentra en un «momento clave» en relación con la búsqueda de desaparecidos, destacó la necesidad de evitar la pérdida de independencia de la INDDHH y criticó el proyecto de ley que prevé prisión domiciliaria para los represores presos en la cárcel de Domingo Arena.
Luciano Hazan en la conferencia del Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias, ayer, en el Hotel Ibis de Montevideo.
—¿Cómo se gestó la decisión de visitar Uruguay? ¿Fue una invitación del gobierno nacional o un requerimiento del grupo?
—El Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas [o Involuntarias] es uno de los procedimientos especiales del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. De hecho, fue el primero en crearse. Nosotros como grupo solamente podemos llevar adelante visitas con invitación de los Estados. Entonces, no es que podemos ir a cualquier país, así nomás, sin que los Estados nos inviten. Uruguay es uno de los países que tiene lo que se llama invitación permanente (o standing invitations), a través de la cual se establece una invitación abierta a los procedimientos especiales de la ONU. Esto implica un compromiso de aceptar cualquier relatoría o grupo de trabajo, cuando así lo soliciten. Esta vez, la iniciativa de pedir la visita fue del grupo de trabajo. Lo teníamos pensado desde hace tiempo y, en definitiva, recién nos confirmaron la visita este año.
—¿Cuándo pidieron la visita?
—La empezamos a pedir a mitad del año pasado, más o menos. Nos expresaron su imposibilidad de recibirnos a causa de la pandemia.
—¿La razón por la que se privilegia a Uruguay en la agenda de visitas del grupo tiene alguna explicación particular?
—Nosotros tratamos de hacer un seguimiento de todos los Estados que monitoreamos, todos los que han tenido problemas con las desapariciones forzadas. Y mantenemos contacto con las víctimas, con las organizaciones, también con el Estado. En este caso, el objetivo principal de la visita tiene que ver con que recibimos información relativa al proceso de búsqueda de personas desaparecidas en Uruguay. Ya se están por cumplir 50 años del golpe y pasó casi el mismo tiempo desde que se registraron las primeras desapariciones. Y, bueno, sabemos de las grandes demoras; sabemos que son muy pocos los desaparecidos que fueron encontrados. Entonces esa es nuestra principal preocupación.
—Concretamente, ¿qué información les llegó respecto a la búsqueda?
—Teníamos un poco el panorama de la situación. Sabíamos que, luego del final del gobierno anterior, había cambiado la responsabilidad de los encargados de llevar adelante la búsqueda y que ahora se avecinan cambios en la Institución Nacional de Derechos Humanos [INDDHH], que también tiene ese cometido. Estamos al tanto de ese proceso, que se está por dar. Entonces, teniendo en cuenta estos problemas, creímos que ameritaba una visita al terreno. Entendemos que es un momento clave en cuanto a la continuidad de los procesos de búsqueda. Lo vemos como un proceso que tiene que darse de manera urgente y, para decirlo en criollo, hace falta poner toda la carne en el asador: es un proceso que admite contramarchas, nuevas dilaciones o pasos en falso. Ese es el contexto de la visita. También hay que tener en cuenta que Uruguay es un país muy amigable y muy abierto con relación a los mecanismos de la ONU. Hay que decir que nosotros pedimos visita a otros países donde hay situaciones más complejas, y que esos Estados no han accedido. Es decir, también es verdad que nosotros hacemos la planificación de nuestras visitas de acuerdo a cuáles son los países que nos abren las puertas.
—Durante los ocho días de trabajo, ¿cuál fue la agenda del grupo en Uruguay?
—Estuvimos con familiares de detenidos desaparecidos y con otras organizaciones de la sociedad civil. También nos reunimos con varias organizaciones del Estado: cancillería, el fiscal general, el presidente de la Suprema Corte de Justica, el ministro del Interior, el de Defensa, la INDDHH, el comisionado parlamentario, legisladores oficialistas y opositores, entre otros. También visitamos el Museo de la Memoria y varios memoriales.
—Entiendo que el grupo no solo se dedica a las desapariciones vinculadas con las dictaduras de los años setenta, sino que aborda los episodios contemporáneos de este fenómeno.
—Trabajamos con desapariciones forzadas iniciadas hace muchos años, como el caso uruguayo. Pero ahora estamos trabajando muy intensamente con desapariciones que están ocurriendo en el contexto del conflicto en Ucrania, por poner un ejemplo que es ahora el más conocido en Occidente. También estamos trabajando con desapariciones ocurridas en Afganistán y en distintos países de Asia o África. Tenemos la agenda abierta en más de 100 países. «Afortunadamente», entre comillas, en Uruguay nos referimos mayormente a desapariciones forzadas ocurridas durante la última dictadura.
—Al margen de ello, en Uruguay, ¿les llamó la atención algún otro problema contemporáneo vinculado con el tema de las desapariciones forzadas?
—Sí, efectivamente. Dentro de nuestra agenda estaban las desapariciones que se están iniciando. Es decir, la desaparición forzada es un delito continuado; las desapariciones ocurridas hace 50 años siguen ocurriendo al día de hoy, pero también están las desapariciones que se están iniciando en la actualidad. No tenemos total evidencia de que hayan sido desapariciones forzadas, pero ese tema estuvo presente durante nuestra visita. Sobre todo, estuvimos indagando las desapariciones de adolescentes, niñas y niños, sobre los cuales recibimos información de que habían desaparecido luego de estar alojados en establecimientos del Instituto Nacional del Niño y Adolescente de Uruguay. También indagamos sobre el tema de la trata de personas para explotación sexual o laboral. Recibimos algo de información sobre ese tema, aunque no muy sistemática. Ocurre que ese tipo de desapariciones entran en nuestra competencia cuando hay algún tipo de intervención estatal, cuando el Estado, directa o indirectamente, pueda estar involucrado. Y cuando digo Estado, puede ser un funcionario o una comisaría de Policía que esté haciendo la vista gorda o actuando con aquiescencia. Todos estos temas van a ser abordados en nuestras recomendaciones.
—¿Cuáles son las conclusiones preliminares de la visita?
—Que es urgente que se pongan todos los recursos y toda la energía en avanzar con la búsqueda de las personas desaparecidas. En ese aspecto, expresamos nuestra preocupación por el proceso de elección de los integrantes de la INDDHH, que tiene como uno de sus objetivos la búsqueda de personas desaparecidas. Lo que vimos durante la visita fueron alegaciones de que habría intenciones de politizar esa elección. Y que esa politización podría derivar en que, eventualmente, se elijan personas que no tienen la idoneidad y la independencia que exigen, por un lado, la ley de la institución y, por otro, los estándares internacionales, que son muy precisos respecto de los procedimientos para la búsqueda de personas desparecidas. Después, hemos observado que hubo avances en relación con los temas de justicia, sobre todo a partir de la creación de la Fiscalía Especializada en Crímenes de Lesa Humanidad. Eso ha sido reconocido por todas las personas con las que nos hemos entrevistado; encontramos al respecto un consenso fuerte. Pero, a la vez, vimos que los avances son muy lentos y hay muchísimo por hacer, teniendo en cuenta las décadas de impunidad que han pasado, el tiempo que han esperado las víctimas y teniendo en cuenta que muchos de los perpetradores se han muerto o no van a estar en condiciones de acatar las sanciones que les corresponden de acuerdo a derecho.
—¿Tienen alguna impresión sobre el proyecto de ley presentado por Cabildo Abierto que prevé prisión domiciliaria para mayores de 65 años, incluidos los represores de la última dictadura involucrados en crímenes de lesa humanidad?
—Expresamos nuestra preocupación al respecto, también. Incluso, antes de la visita, hemos enviado una comunicación al Estado cuando ese proyecto salió a la luz. También lo han hecho otros mecanismos de la ONU. Hemos trabajado sobre ese punto en las distintas conversaciones que tuvimos. Lo que nos llevamos como mensaje fue que ese proyecto es inviable. Nos lo dijeron algunas fuentes gubernamentales. Sabemos que existe un proyecto alternativo del Partido Nacional que cambiaría algunos capítulos complejos de ese proyecto original. Al mismo tiempo, nos parece importante que esta discusión se salde. Nos parece que el hecho de que esta discusión se mantenga abierta, por lo menos en los términos en los que se ha dado, le hace daño al proceso de memoria, verdad y justicia que se tiene que dar. Hay cuestiones simbólicas que son importantes. Esto no significa coartar la libertad de expresión ni mucho menos. Pero tiene que haber un mensaje claro acerca de que las iniciativas que derivan en impunidad no cuentan. El mensaje a la sociedad uruguaya es también que tiene que haber una política de Estado respecto a estos temas. Es un tema que no puede esperar más, no da espacio a negociaciones ni a especulaciones. Ha pasado demasiado tiempo sin respuesta.
—A partir de la información que recabaron, ¿creen que la independencia de la INDDHH en Uruguay está en riesgo?
—La información indica eso. Por eso estamos recomendando que en la elección se sigan los parámetros legales y los parámetros internacionales en derechos humanos. ¿La vemos en riesgo? Es la información que hemos recibido, que la INDDHH está en riesgo. Lo que esperamos es que las recomendaciones que vamos a hacer sean tomadas en cuenta para que esto no se concrete.
DOS PÁJAROS DE UN TIRO
Circula entre los legisladores de la coalición un nuevo anteproyecto relativo a la regulación de la prisión domiciliaria para los mayores de 65 años, según publicó ayer el semanario Búsqueda. El texto se sobrepone a la propuesta inicial de Cabildo Abierto (CA), presentada a mediados del año pasado, que tenía como objetivo eximir de la pena de privación ordinaria a los militares condenados por delitos de lesa humanidad, alojados en la cárcel de Domingo Arena. En función de estos señalamientos, los legisladores blancos –a instancias principalmente de la senadora Carmen Asiaín (Partido Nacional), según Búsqueda– buscan interponer un nuevo articulado. La propuesta, esta vez, prevé la posibilidad de que los condenados mayores de 65 años soliciten la prisión domiciliaria a un juez de primera instancia, alegando condiciones de salud «incompatibles con la vida en un establecimiento carcelario». La decisión, de acuerdo con el proyecto, deberá ser fundada en pericias e informes emitidos por los profesionales correspondientes. También se prevé que la Justicia pueda decretar la prisión domiciliaria, sin requerimientos anexos, para el caso de los condenados que superen los 70 años. La bancada de senadores de CA ya manifestó acuerdo con el documento. La Diaria, en su edición de ayer, detalla una lista con 22 represores que serían beneficiados por la iniciativa.
Pero el anteproyecto de Asiaín hace además un agregado: extiende este beneficio a las mujeres embarazadas, que tengan a su cargo un hijo menor de 5 años (o hasta 10 años, si el niño padece graves problemas de salud) o que sean las únicas responsables del cuidado de un hijo con discapacidad grave. El texto no incluye entre las excepciones a la prisión domiciliaria algunos delitos vinculados con el microtráfico, uno de los principales factores de encarcelación de mujeres en Uruguay. De acuerdo con Búsqueda, la senadora Asiaín argumenta en el proyecto que el objetivo de esta decisión tiene que ver con «no privar de la posibilidad de la prisión domiciliaria a la mujer, primaria, que ingresa dos cigarrillos de marihuana a la cárcel». Se trata de una forma de amortiguar los efectos de algunos de los artículos de la Ley de Urgente Consideración (LUC), que provocaron un aumento sensible de la población femenina en las cárceles del país al establecer el aumento de penas por microtráfico (veáse «Centenares de Dona Samer Fleitas», Brecha, 8-VII-22). Luego de la aprobación de la LUC, la senadora Carmen Sanguinetti (Ciudadanos-Partido Colorado) anunció que trabajaría en un proyecto para revertir los efectos perjudiciales de la LUC relativos a este mismo tema. La enmienda vino, sin embargo, de la mano de la senadora Asiaín, quien también fue una de las redactoras del controversial proyecto que introduce cambios en el régimen de tenencia compartida, que en estos días se discute en el Parlamento. Este último proyecto recogió el apoyo de Sanguinetti y de la bancada de senadores de Ciudadanos en los últimos días (veáse, en esta edición, la nota de Nadia Amesti y Luciano Costabel).
LA DISCUSIÓN SOBRE EL PROYECTO DE LEY DE TENENCIA COMPARTIDA
Objetos de derecho
Nadia Amesti -Luciano Costabel
15 julio, 2022
Con el rechazo de una decena de instituciones vinculadas a la protección de los derechos de los niños y los adolescentes, el oficialismo pisa el acelerador para aprobar en el Senado una ley sobre tenencia compartida y corresponsabilidad de crianza. La iniciativa que, con objetivos y críticas similares, naufragó en períodos anteriores esta vez desató un fuerte debate político y la votación debió posponerse.
La senadora Carmen Asiaín
«Creo que muchas veces las famosas organizaciones sociales son grupos de presión, embanderadas con determinadas posiciones. […] Creo que, además, ya se les escuchó y muchas de ellas tomaron una posición, yo diría, dogmática sobre el tema.» Esto decía el martes el senador Guillermo Domenech (Cabildo Abierto –CA–) en la Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración. Su reacción se debió a la solicitud de los senadores frenteamplistas de que se recibiera –nuevamente en algunos casos– a una decena de instituciones para que opinaran sobre el proyecto de ley de tenencia compartida y corresponsabilidad de crianza, presentado por el oficialismo. Los legisladores de la coalición se resistieron y solo aceptaron recibir al Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU). El texto controversial, a estudio de la comisión, es el resultado de la unificación de dos proyectos presentados con anterioridad por el Partido Nacional y CA. La iniciativa sembró un importante debate público que, incluso, opacó la discusión sobre la rendición de cuentas. Si bien el oficialismo se disponía a votar la propuesta ese mismo día, para que fuera tratada en el pleno al día siguiente, finalmente se solicitó posponer la votación para la próxima semana. Aunque la votación por teleconferencia está prevista, se alegó como fundamentación que el senador Pablo Lanz (Ciudadanos, Partido Colorado –PC–) contrajo covid-19.
La sucesión de hechos, incluido el imprevisto de Lanz, evidenció la celeridad con la que el gobierno pretende aprobar el proyecto luego de acordar con el PC, aun con un gran número de organizaciones especializadas en la protección de los derechos de la niñez y la adolescencia en contra. Esta celeridad se busca en medio de hechos confusos. En la antesala de la votación, por ejemplo, la senadora Silvia Nane recibió en su despacho una nota que decía: «Contamos con su voto para que sea ley». La misiva, que adhería a la campaña Tenencia Compartida Ya, fue enviada, según constató Brecha, por la diputada suplente de CA Inés Monzillo. La presión no solo venía de las organizaciones sociales críticas con la propuesta, como opinó Domenech, sino también de quienes se manifestaban a favor, incluso dentro de su propio partido. No fue el único episodio que dio cuenta de un clima de presiones. En las redes sociales, Monzillo cargó contra la diputada del PC María Eugenia Roselló (Ciudadanos) por haber manifestado reparos respecto de la iniciativa. Según dijo a La Diaria la directora del Instituto Nacional de las Mujeres, Mónica Bottero, ejerció también «una presión muy fuerte» un grupo de padres «que perdieron el acceso a sus hijos» debido a tener medidas cautelares por actos de violencia. En ese contexto, aun cuando la coalición llegó a un acuerdo para la votación en el Senado, no está claro que la iniciativa supere la fricción en la Cámara Baja.
LOS RIESGOS
Para atender la demanda de algunos grupos interesados, el oficialismo se vio forzado a unir dos proyectos de ley: uno elaborado por los legisladores nacionalistas Carmen Asiaín, Graciela Bianchi y Sergio Abreu; otro impulsado por los cabildantes Domenech, Raúl Lozano y Guido Manini Ríos. En rigor, apenas se diferenciaban por su denominación. Las modificaciones propuestas abarcan un gran conjunto de normativas que derogan artículos dispuestos en el Código de la Niñez y la Adolescencia (CNA), el Código Civil, el Código de Proceso Penal y la Ley de Violencia hacia las Mujeres Basada en Género (LVG). Ambos proyectos indicaban que, ante cualquier tipo de separación de pareja, primaría el derecho de los adultos a ver a sus hijos. Las iniciativas causaron rechazo tanto en las organizaciones civiles de protección de la infancia como en distintos agentes jurídicos. Todos comparecieron ante la comisión de constitución y legislación del Senado. Las disertaciones se focalizaron en un punto: la tenencia compartida ya estaba prevista en la legislación vigente. La mayoría de los disertantes opinó que la nueva legislación es innecesaria y dañina para las infancias, por relegar el interés superior de los niños ante la Justicia.
Para la defensora de oficio e integrante de Asociación de Defensores Públicos del Uruguay (ADEPU) Carolina Camilo, el proyecto actual representa un retroceso normativo que contradice la Convención sobre los Derechos del Niño, cuya ratificación en Uruguay tuvo lugar con la implementación del CNA, en 2004. Allí se explicita: «Los Estados no pueden legislar ni a favor de una tenencia exclusiva ni a favor de una tenencia compartida, ni atender en primera instancia la demanda de los progenitores». Según la abogada, el interés superior que debe ser privilegiado en la Justicia es el del niño. A su vez, las tenencias deben «ser estipuladas caso a caso y estar lo más adaptadas posible a la situación familiar». Según Gastón Cortés, integrante de la organización civil El Abrojo, privilegiar la tenencia compartida es concebir a las infancias como un objeto de derecho y no brindarles la suficiente autonomía jurídica como para considerarlos sujetos. Centrarse en la visión del adulto y «evocar el adultocentrismo» en los procesos judiciales que afectan la vida de las infancias es innecesario, porque «la normativa ya establece la tenencia exclusiva como una opción que no es irrevocable, se puede apelar y rever ante la Justicia», observó. «Si bien sufrieron modificaciones, los proyectos originales establecían que el tiempo del niño se dividiera mitad y mitad entre los padres, como si el niño fuera un expediente al que se lo parte al medio, sin considerar si los padres se encuentran separados territorialmente o si uno de ellos es un abusador», añadió. La abogada especializada en violencia de género Alicia Deus, por su parte, dijo a Brecha: «Es llamativo que al legislador no le preocupen las situaciones de violencia y abuso sexual que pueden sufrir los niños, para que el juez tenga otro parámetro para considerar a la hora de resolver».
El proyecto que está en discusión establece que el régimen de visita continúe, cualquiera sea el contexto de la separación. Para ello, es necesaria la derogación del artículo 67 de la LVG, que prevé que, ante una denuncia, se aplique un mecanismo de protección para las víctimas –entre las que se encuentran los niños– mediante la instauración de medidas cautelares. Consultada por Brecha, Camilo opinó: «La suspensión de la tenencia es necesaria y está establecida como un mecanismo de protección del niño, no solo de la mujer». Cortés considera «aberrante y grave» que las infancias se vean obligadas a «continuar viendo a la persona que las violentó». Para el vocero de organizaciones civiles como el Comité de los Derechos del Niño en Uruguay, la Red Uruguaya contra la Violencia Doméstica y Sexual, la Red Pro Cuidados y la Intersocial Feminista, hay dos tipos de exposición a la violencia: la de un ambiente violento y la relacionada con «la manipulación, el abuso sexual y la violencia física». En ambos tipos la vida del niño está en riesgo. Según Cortés, si el niño denunció ante el equipo técnico una situación de violencia, «obligarlo a ver a esa persona [que lo violentó] nuevamente es hacer oídos sordos a su palabra, es decirle que no importa lo que haya dicho tras saltearse los mecanismos de manipulación del victimario, es tortura».
El proyecto también modifica las características de los procesos judiciales que dictaminan la modalidad de la tenencia, lo que para Camilo es «una intromisión» en el ejercicio profesional. Pese a que reconoce que hay demoras en el dictado de las sentencias –principalmente por razones presupuestales–, considera que la implementación de un plazo de 120 días (y una posible prórroga de otros 30) es una visión «sesgada de la calidad de la justicia». «Las demoras se justifican por la falta de recursos y no por la intencionalidad de los funcionarios judiciales, los jueces y los abogados», dijo. Añadió que, pese a que muy pocas veces se logra elaborar un informe sobre la situación en la que se encuentra el niño, «no hay tantos defensores como para cubrir la demanda de las denuncias de violencia de género y una ley no va a cambiar la realidad de la defensoría». Lo mismo ocurre respecto de otro tipo de modelos que se intentan implementar, como que haya un máximo de cinco casos por juzgado y los defensores de los niños tengan un plazo de diez días para rechazar los que lleguen a su sede. «No entendemos el porqué de estas modificaciones. Son inaplicables. No todos los abogados están capacitados para trabajar con niños. Se necesita una especialización. ¿Qué sucederá con los casos que aún no tengan designado un abogado porque el límite es de cinco casos por juzgado?», cuestionó. Además, el proyecto obliga a los abogados a tener dos entrevistas con los progenitores y los niños: «Estamos hablando de niños y adolescentes, en un rango de edad de entre 0 y 17 años. En muchos casos se necesitan consultas con otras disciplinas. No es necesario judicializar a las infancias y obligarlas a concurrir excesivamente a los juzgados».
DE LARGA DATA
Ya en 2016 el entonces senador y actual presidente de la república, Luis Lacalle Pou, presentó un proyecto de ley similar al que ahora se discute. Un año antes, su correligionario Rodrigo Goñi había hecho lo propio en la Cámara de Diputados. Aquella iniciativa de Lacalle Pou –que tiene el mismo espíritu que la actual– definía como preceptiva la tenencia compartida y no la suspendía si uno de los progenitores era denunciado mientras no hubiera una condena. Si bien por entonces ninguna de las iniciativas prosperó, el tema nunca dejó de estar en la agenda del herrerismo. De hecho, el año pasado, aprovechando la visibilidad del acto por el natalicio de José Artigas, Lacalle Pou se sacó una foto sosteniendo una remera con el lema: «No más hijos huérfanos de padres vivos! Tenencia compartida ya!». El distintivo formaba parte de una campaña de la agrupación Familias Unidas por Nuestros Niños. Desde luego, la relación excede a una simple fotografía. Según la exposición de motivos del proyecto de Lacalle Pou, el propio documento estaba basado en un borrador ofrecido por la agrupación Todo por Nuestros Hijos. El mismo texto fue tomado como insumo para el proyecto que esta semana convocó la atención en el Parlamento.
Las dos organizaciones mencionadas pasaron por la comisión del Senado. Allí enfatizaron que la tenencia compartida asegura el derecho de los niños y los adolescentes a contar con ambos padres y evita «seguir con familias quebradas después de una separación, con respuestas judiciales lentas, con expedientes que a veces son más altos que los niños». Así lo expresó Marcel Mantero, de Familias Unidas por Nuestros Niños. La solución a estas situaciones, que afectan a miles de familias y tienen como centro «la figura del niño», favorece también «la problemática de las madres […] que no tienen como único objetivo la maternidad», agregó Raúl Menéndez, de la misma agrupación. Para Carlos Freira, de Todo por Nuestros Hijos, la iniciativa evitará «que los niños sean tomados como un botín de guerra». Respecto a las situaciones de abuso, según Mantero, las denuncias recaen en su mayoría en los padres y suelen ser falsas. «El 98 por ciento se archiva y solo el 2 por ciento pasa a penal», declaró recientemente en el semanario La Mañana.
LA ÍNFIMA DEMANDA
«No hay números ni datos que muestren que en nuestro país existen denuncias falsas de violencia doméstica», aseguró Deus a Brecha sobre la argumentación a favor del proyecto. Esa perspectiva también está presente en un informe de la Comisión de Género de la ADEPU presentado por el gremio como insumo para la comisión del Parlamento. Allí los defensores aseguran que «la gran mayoría de los procesos judicializados son con miras a cobrar la pensión alimenticia» y no para cambiar la modalidad de la tenencia. En este sentido, la asociación afirma que la cantidad de apelaciones a las sentencias judiciales que determinan las tenencias fueron 31 en 2019 y otras 16 en 2020. Por lo tanto, dice Camilo, la inconformidad de las tenencias compartidas «es una realidad judicial ínfima y la legislación actual no es un obstáculo». Según la defensora, la mayoría de los regímenes de visitas se establecen por acuerdo entre los familiares y muchas veces la Justicia no interviene. En el mismo sentido, un informe pedido por la Intersocial Feminista a la Suprema Corte de Justicia sobre los casos por violencia doméstica en los juzgados de familia y familia especializada de Montevideo documenta que los casos vinculados a la violencia doméstica en 2020 llegaron a ser 4.516: por tenencia, 270; por ratificación de tenencia, 1.719, y por pensión alimenticia, 2.318. De acuerdo a las apelaciones, en 2020 solo hubo 16 vinculados a la tenencia, 5 a las de ratificación de tenencia y 189 a las de pensión alimenticia.
Según los datos del Sistema Integral de Protección a la Infancia y a la Adolescencia contra la Violencia, entre enero y setiembre de 2021 fueron denunciadas, a través del Ministerio de Salud Pública, 733 situaciones de violencia contra mujeres, 308 contra menores de 18 años. Se detectaron 7.035 situaciones de violencia contra niños y adolescentes, unas 19 situaciones diarias. El 88 por ciento eran crónicas, es decir que se extendieron históricamente, y solo el 17 por ciento se encuentra en etapas iniciales. En nueve de cada diez casos el agresor pertenecía al círculo íntimo del niño o niña. En el 23 por ciento de los casos de abuso sexual, el agresor fue el padre; en el 24 por ciento, la pareja de la madre, y en el 3 por ciento, la madre. En el 47 por ciento de los casos de maltrato emocional, fue el padre; en el 29 por ciento, la madre, y en el 10 por ciento, la pareja de la madre. En el 41 por ciento de los casos de maltrato físico, quien maltrató fue el padre; en el 33 por ciento, la madre, y en el 13 por ciento, la pareja de la madre. En 2021 el Ministerio del Interior registró 31.661 denuncias de violencia doméstica. El 49,3 por ciento de los episodios ocurrieron en presencia de niños, niñas y adolescentes.
PEQUEÑO ERROR INVOLUNTARIO
A pocos días de la votación en la Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración, las organizaciones sociales advirtieron que uno de los artículos del proyecto de marras incluía un apartado que reducía las causales por las cuales se podía perder la patria potestad. En efecto, el artículo 2 del proyecto establecía que únicamente podría perderse por los motivos previstos en el artículo 285 del Código Civil. De modo que quedaban por fuera los definidos en el artículo 284 del mismo código, que estipulan como causales de pérdida de la patria potestad la condena por proxenetismo, por delitos violentos contra sus hijos y por feminicidio o intento de feminicidio contra la madre de estos. La senadora nacionalista Carmen Asiaín dijo que la omisión del artículo 284 se debió a un «error involuntario», que rápidamente fue subsanado.
NO PASA NADA
En la dirección del INAU no hay acuerdo sobre la iniciativa de la tenencia compartida. El presidente del instituto, Pablo Abdala, se manifestó a favor. Consultado por el semanario, Abdala dijo que el proyecto implica una mejora de la legislación vigente. Aseguró que no se impone la tenencia compartida, sino que se establece que el juez la privilegiará de esa forma en la medida en que resulte la mejor decisión para garantizar el interés superior del niño. Sobre el riesgo de que los niños sigan viviendo con un progenitor denunciado por abuso o violencia, dijo que la ley «no dispone de antemano que eso tenga que acontecer», sino que «establece que si el juez considera que, aunque haya medidas cautelares, es conveniente que ese niño pueda mantener el contacto con alguno de los progenitores, podrá disponerlo».