Jorge Guldenzoph, unos de los implicados en espionaje en democracia cuando fue conducido a declarar al juzgado de Uruguay y Convención.
Fiscalía pidió el archivo de la
causa que investigaba
espionaje en democracia
21 de julio de 2022
La investigación concluyó que existió espionaje ilegal pero el fiscal consideró que los delitos prescribieron.
El fiscal especializado en Delitos Económicos y Complejos de 1º turno, Enrique Rodríguez, archivó la causa que investigaba actividades ilegales de inteligencia militar y policial en democracia.
Para el fiscal Rodríguez, “es contundente la evidencia obtenida” en cuanto a la existencia de “acciones irregulares e ilícitas de espionaje desde 1985 y, en principio, hasta 2005, por agencias de inteligencia del Estado”, pero planteó que los delitos que podrían imputarse prescribieron.
Rodríguez planteó que de la investigación pueden tipificarse los delitos de abuso de funciones, omisión de denuncia de delitos, pesquisa, violación de domicilio, intercepción telefónica, revelación de secreto telefónico, conocimiento de documentos secretos, públicos o privados; y revelación de secretos, todos con penas máximas inferiores a diez años.
”El plazo para que se considere prescripto el delito es de diez años y, por ende, está extinguida la posibilidad de ejercer la acción penal, la cual venció en 2015. Computando el tiempo transcurrido desde la fecha en que ocurrió el accionar delictivo hasta que tomó conocimiento la Justicia de los referidos hechos para que se diera inicio a la investigación, transcurrieron 13 años”, concluyó el fiscal.
La denuncia penal fue presentada en noviembre de 2018 por los legisladores que integraron la comisión investigadora que estudió, entre noviembre de 2016 y agosto de 2018, los “Archivos Berruti”, hallados en el Ministerio de Defensa, en 2006.
SEGÚN EL FISCAL, LOS DELITOS PRESCRIBIERON
Fiscalía confirmó espionaje
militar y policial en democracia
pero archivó la denuncia
“Es contundente la evidencia obtenida en cuanto a que, efectivamente, se efectuaron acciones irregulares e ilícitas de espionaje desde 1985 y en principio, hasta el 2005, por agencias de inteligencia del Estado”, señaló el fiscal Enrique Rodríguez en su dictamen.
21 DE JULIO DE 2022
La Fiscalía General de la Nación comunicó este jueves que Enrique Rodríguez, fiscal penal de Delitos Económicos y Complejos de 1º turno de Montevideo, archivó la denuncia presentada por los diputados del Frente Amplio Gerardo Núñez y Carlos Rodríguez en 2018, sobre el espionaje militar efectuado luego del retorno de la democracia, desde el año 1985 en adelante.
Según expresaron desde Fiscalía, Rodríguez consideró en su investigación que “es contundente la evidencia obtenida en cuanto a que, efectivamente, se efectuaron acciones irregulares e ilícitas de espionaje desde 1985 y en principio, hasta el 2005, por agencias de inteligencia del Estado”.
Sin embargo, el fiscal entendió que “los delitos denunciados prescribieron”, razón por la cual archivó la denuncia.
En la investigación, Rodríguez identificó que entre las agencias del Estado que realizaron tareas de espionaje estuvieron la “Dirección Nacional de Información e Inteligencia, la Dirección General de Información de Defensa y la posteriormente denominada Dirección Nacional de Inteligencia del Estado, todos ellos, organismos dependientes del Ministerio del Interior y del Ministerio de Defensa Nacional respectivamente”.
El fiscal agregó que “queda claro también, que el objetivo del denominado espionaje fueron los partidos políticos, líderes y partidarios de los mismos, de distintos sectores” y “a su vez, lo fueron movimientos populares, los sindicatos, las organizaciones sociales, y en algún caso, integrantes de otros Poderes del Estado, y un Ente Autónomo”.
Rodríguez detalló en su dictamen que la “tarea ilegal se desarrolló mediante seguimientos, infiltraciones en sindicatos, organizaciones sociales, partidos políticos, y otros organismos” y “escuchas mediante captación de comunicaciones telefónicas; ingreso ilegal a domicilios, locales u otros inmuebles y fluido intercambio de información proporcionada por otras personas a las que se les pagaba por ese “trabajo””.
Entre las figuras delictivas que pueden configurar las acciones descriptas, el fiscal identificó abuso de funciones, omisión de denunciar delitos, pesquisa, violación de domicilio, interceptación telefónica, revelación de secreto telefónico, conocimiento de documentos secretos, públicos o privados y revelación de secretos.
En el comunicado de Fiscalía se expone que Rodríguez consideró que los delitos cometidos tienen una pena máxima inferior a diez años, por lo que el plazo para su prescripción es de diez y “por ende está extinguida la posibilidad de ejercer la acción penal, la cual venció en 2015”.
“Computando el tiempo transcurrido desde la fecha en que ocurrió el accionar delictivo, hasta que tomó conocimiento la justicia de los referidos hechos para que se diera inicio a la investigación, (las actuaciones fueron remitidas por la Cámara de Representantes a la Fiscalía el 07/11/2018 e ingresadas el día 08/11/2018), transcurrieron 13 años”, aclara el fiscal.
Viejas estructuras de la Dictadura y “debilidad en los controles institucionales y democráticos”
Entre las importantes conclusiones a las que llegó Rodríguez en su investigación sobre el espionaje, aparece que “todo parece indicar que luego del retorno a la Democracia, se mantuvieron las viejas estructuras de Inteligencia del Estado (de la Dictadura), por parte de las Agencias que tenían asignada dicha función”.
Además, el fiscal concluyó que “existió debilidad en los controles institucionales y democráticos por parte de los Ministerios y del Estado en su conjunto, desde que, según surge de los testimonios aportados por jerarcas de la época, éstos no tenían prácticamente acceso a la forma de trabajo, objetivos y resultados que perseguían dichas Agencias, o si tenían algún conocimiento de ello, éste era parcial o limitado”.
Sin embargo, Rodríguez manifiesta que ni Fiscalía, ni la Comisión investigadora parlamentaria que trató el tema, fueron capaces de determinar “hasta dónde las altas jerarquías del Estado tenían conocimiento fehaciente de esta manera de actuar”.
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FISCALÍA RECONOCE ESPIONAJE MILITAR EN DEMOCRACIA, PERO CLAUSURA ACTUACIONES
La apatía del sistema
Samuel Blixen
22 julio, 2022
La decisión del fiscal Enrique Rodríguez, titular de la fiscalía montevideana de Delitos Económicos y Complejos de Primer Turno, de archivar la denuncia elevada por la Cámara de Diputados en 2018 sobre un sistemático espionaje militar y policial en democracia (entre 1985 y 2005) contra partidos políticos, sindicatos, periodistas y funcionarios gubernamentales (presidentes, ministros, senadores, jueces) revela la apatía del sistema por saber quién, cómo y por qué las prácticas de la dictadura se mantuvieron intactas. Y también la sospechosa indiferencia por conocer hasta dónde permeó esa vigilancia, para qué sirvieron los resultados de ese espionaje y en qué se utilizó la información recabada.
Ese no querer saber tiene tufo a complicidad. Es una manera de dar una señal inequívoca: no estamos de acuerdo, no es correcto, pero sigan nomás. La primera noticia de ese espionaje en democracia fue divulgada por Brecha (véase separata Infiltrados. Espionaje militar en democracia, febrero de 2017) en función del material de archivos militares que el proyecto universitario Cruzar comenzó a sistematizar. Ello motivó la creación de una comisión investigadora en Diputados que durante meses recolectó la documentación, la analizó e intentó establecer responsabilidades. Fracasó rotundamente. El empeño de los dos diputados denunciantes, Gerardo Núñez y Luis Puig, se estrelló contra lo que podría calificarse como impunidad civil. El espionaje, que cobró relevancia al comienzo de la dictadura, cuando se constituyó en una parte esencial del trabajo de inteligencia que precedió a toda la actividad represiva, siguió inalterable, por inercia, cuando se reinstaló la democracia, transitando los gobiernos de Julio María Sanguinetti, Luis Alberto Lacalle y Jorge Batlle (él mismo, una víctima del espionaje, lo que sugiere que todos sus antecesores también fueron espiados). Por la investigadora desfilaron algunos ministros de Defensa Nacional, los que, como en coro, dijeron no saber nada. Tratándose de espionajes prolongados, con seguimientos, vigilancias, interferencias telefónicas, instalación de micrófonos, robos y sabotajes, la ignorancia ministerial hubiera bastado para descalificarlos por ineptos, en el mejor de los casos, y como sospechosos después. Pero sus declaraciones quedaron debidamente registradas y punto. Algunos militares, los que se dignaron a concurrir, recitaron el mismo monólogo. Un caso especial es el del presidente Julio María Sanguinetti, porque la práctica del espionaje se intensificó notablemente entre 1987 y 1989, período en el que primero se juntaron firmas para el referéndum y después se produjo la consulta popular para derogar la ley de caducidad. El objetivo de la inteligencia militar estuvo perfectamente alineado con los propósitos presidenciales, que, por supuesto, coincidían con los de los militares.
La comisión no tuvo la voluntad de avanzar en el conocimiento de las prácticas militares y policiales quizás porque la ignorancia es menos urticante que la verdad. Decidió elevar los antecedentes a la Justicia, en una práctica muy reiterada, como si la eventualidad del delito eximiera a los que tienen la obligación de controlar al Poder Ejecutivo de reclamar responsabilidades políticas.
Una vez más, los magistrados recibieron una oportuna señal. El Parlamento llegó hasta aquí; si lo desea, puede continuar. Dos años después de recibir la denuncia parlamentaria, el fiscal de delitos económicos (y uno se pregunta qué tiene que ver la economía en la violación sistemática de los derechos ciudadanos, a menos que se quiera cuantificar cuánto le costó al Estado ese persistente y masivo espionaje) llegó a la conclusión correcta de que los eventuales delitos han prescrito. El fiscal Rodríguez los enumera: «Abuso de funciones (art. 162 del Código Penal); omisión de denunciar delitos (art. 177); pesquisa (art. 287); violación de domicilio (art. 294); interceptación telefónica (art. 297); revelación de secreto telefónico (art. 298); conocimiento de documentos secretos, públicos o privados (art. 300) y revelación de secretos (art. 301)». Argumentó: «Siendo como se dijo que los presuntos delitos cometidos tienen una pena máxima inferior a diez años, el plazo para que se considere prescripto el delito es de diez años y por ende está extinguida la posibilidad de ejercer la acción penal, la cual venció en 2015 (las actuaciones fueron remitidas por la Cámara de Representantes a la Fiscalía el 07/11/2018 e ingresadas el día 08/11/2018), transcurrieron 13 años».
En la investigación judicial fueron interrogados 17 militares, la mayoría de ellos altos oficiales del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea. También fue interrogado el coronel Eduardo Ferro, que en 1987 era jefe del Departamento III (Operaciones) de la inteligencia militar y que supervisó a los agentes infiltrados con el alias de Guillermo. No se sabe si las indagaciones permitieron establecer su responsabilidad personal y directa.
Sobre la responsabilidad ministerial, el fiscal anotó: «Hasta dónde las altas jerarquías del Estado tenían conocimiento fehaciente de esta manera de actuar no es posible determinarlo con exactitud por parte de esta fiscalía». Pero señaló que «queda claro que existió debilidad en los controles institucionales y democráticos por parte de los ministerios y del Estado en su conjunto».
Más allá de la prescripción, es una pena que la ciudadanía no pueda saber quiénes fueron los que infiltraron los partidos, los sindicatos, los hogares, las iglesias.
Espionaje en democracia: para
el fiscal Rodríguez quedaron
“crudamente expuestas” las debilidades
de los controles de las
instituciones democráticas
22 de julio de 2022
Escribe Pablo Manuel Méndez
Los denunciantes analizan pedir la revisión por parte de otro fiscal o la reapertura de la causa a partir de nuevos elementos.
Durante la causa que investigó espionaje en democracia, el fiscal especializado en Delitos Económicos y Complejos de 1° turno, Enrique Rodríguez, tomó declaración a 20 personas y se incorporó el testimonio de 63 jerarcas funcionarios, militares y autoridades que comparecieron ante la comisión investigadora que, entre noviembre de 2016 y agosto de 2018, estudió actividades ilegales de inteligencia desde 1985, a partir de los archivos de inteligencia microfilmados que fueron encontrados en el Ministerio de Defensa Nacional (MDN) en 2006.
La investigación penal también utilizó otros elementos aportados por la comisión parlamentaria, como las consultas a catedráticos y expertos en tratamiento de datos y documentación obtenida desde el MDN, el Ministerio del Interior (MI), el Ministerio de Relaciones Exteriores, entes del Estado y el Poder Judicial.
Entre las declaraciones realizadas en la Fiscalía entre mayo de 2019 y julio de 2021, está la del exagente de Inteligencia Jorge Charleta Guldenzoph, quien admitió haber trabajado en la Dirección Nacional de Información e Inteligencia (DNII) hasta 1996 e incluso relató que, en 1990, las autoridades de inteligencia policial le pidieron que se quedara.
Guldenzoph dijo que en democracia existía una coordinación sistemática entre las inteligencias militar y policial y las autoridades de los servicios. Consultado sobre las diferencias de sus tareas en dictadura y democracia, respondió que en democracia siguió “haciendo lo mismo” que en dictadura, aunque se limitó el acceso a la información, particularmente de fuentes cerradas. “Se cortó el acceso a la información, no se podía pedir fichas, sólo a través de [Máximo] Costa Rocha [director de la DNII entre 1982 y 1990] y él decidía”.
El exagente, que comenzó a colaborar con la dictadura tras ser detenido como militante de la Unión de Jóvenes Comunistas, dijo que en democracia había un oficial “que se encargaba de la parte sindical y un muchacho que escuchaba los programas de radio en la mañana, el de [Germán] Araújo y el de Emiliano Cotelo, que eran los dos que más interesaban”.
El 20 de mayo de 2019 declaró ante el fiscal el excapitán Héctor Erosa, quien denunció que entre 1990 y 1996 existió espionaje ilegal contra partidos políticos desde el Batallón de Ingenieros de Combate 2 de Florida. Erosa identificó al coronel retirado Eduardo Ferro como uno de los principales impulsores de esas prácticas y aseguró que fue él quien ordenó operativos contra militantes políticos y llevó a la unidad militar archivos de inteligencia para conformar una estructura de contrainteligencia encargada de investigar a los propios militares.
“Inmediatamente después de que el comandante Ferro se hace cargo de la unidad procede a hacer acciones contrarias a los reglamentos y a la operatividad que tiene el Batallón de Ingenieros de Combate. Monta una célula de espionaje a través de elementos ajenos a la unidad –que no correspondían a la plantilla del batallón– y comienza a hacer operaciones hacia afuera de la unidad”, señaló Erosa cuando declaró ante la comisión legislativa, lo que fue ratificado ante el fiscal Rodríguez.
El último en comparecer en la causa judicial fue el propio Ferro, quien el 28 de julio de 2021 negó su responsabilidad en los hechos. También declararon el brigadier general retirado José Enrique Mayo, responsable de la Dirección Nacional de Inteligencia del Estado (Dinacie) durante el gobierno de Jorge Batlle y de la Dirección General de Información de Defensa en el segundo gobierno de Julio María Sanguinetti, así como el general retirado Francisco Wins, quien también fue jefe de la Dinacie y negó la existencia de una estructura de espionaje ilegal ante el fiscal.
Al archivar el caso, el fiscal Rodríguez fue enfático en que coincide con la comisión parlamentaria en que existió espionaje ilegal por parte de las agencias de inteligencia dependientes del MI y del MDN y que “el objetivo del denominado espionaje fueron los partidos políticos, líderes y partidarios de estos, de distintos sectores […] los movimientos populares, los sindicatos, las organizaciones sociales y, en algún caso, integrantes de otros poderes del Estado”.
Rodríguez pudo tipificar los delitos de abuso de funciones, omisión de denuncia de delitos, pesquisa, violación de domicilio, interceptación telefónica, revelación de secreto telefónico, conocimiento de documentos secretos, públicos o privados, y revelación de secretos, todos con penas máximas inferiores a diez años, por lo que determinó la prescripción de los delitos, dado que transcurrieron 13 años entre que ocurrieron los últimos hechos denunciados y cuando se presentó la denuncia penal, en noviembre de 2018.
La continuidad de la investigación
Tras el archivo de la investigación penal, los denunciantes analizan los posibles caminos a seguir para continuar con la investigación, dada la contundencia de la evidencia recolectada. Una de las posibilidades es la dada por el artículo 98 del nuevo Código del Proceso Penal, que en su inciso 2 habilita a la defensa de las víctimas a pedir a la Justicia el reexamen del caso por el fiscal subrogante.
De accionar esta vía, para la que corre un plazo de 30 días después de ser notificado el archivo de la causa, el fiscal subrogante podría revisar las tipificaciones planteadas en la investigación penal, que son las que en definitiva determinan el período de prescripción y el archivo del caso.
Otra posibilidad, a la que aludió el abogado de una de las víctimas, Pablo Chargoñia, cuando se conoció el archivo de la causa, es que la existencia de nuevos elementos de prueba que superen los tiempos de prescripción permitan la reapertura del caso. En ese sentido, Chargoñia calificó como “frustrante” que la investigación penal no haya profundizado en la existencia de actos ilegales de inteligencia cometidos después de 2005 y planteó la necesidad de que las actuales autoridades del MDN investiguen y aporten elementos a la Fiscalía para permitir la reapertura del caso.
El artículo 99 del Código del Proceso Penal plantea que luego del archivo de un caso el mismo fiscal puede definir la continuidad de la investigación “si se produjeren nuevos hechos o se aportaren nuevos medios de prueba que lo justifiquen”.
En su dictamen, el fiscal Rodríguez concluye que las “acciones irregulares e ilícitas de espionaje” se cometieron desde 1985 y, “en principio, hasta 2005”. También señala que persiste la duda de si esas actividades continuaron.
En esa línea, el dictamen hace referencia a un pasaje de la sesión de la comisión investigadora del 29 de agosto de 2018, en la que se alude al robo de archivos de la dictadura ocurrido en marzo de ese año en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad de la República, cuando se estaba discutiendo el contenido del informe final de la comisión, y particularmente las responsabilidades institucionales de los gobiernos entre 1985 y 2005, por la falta de control de sus servicios de inteligencia.
“Finalizó el tiempo de la comisión, pero hay hechos que quedaron, como lo denunciado con relación a la violación de la Facultad de Humanidades y el hurto de algunas pruebas, que claramente fue para entorpecer los trabajos de esclarecimiento de violaciones de los derechos humanos. Eso sucedió después de 2005”, expresó en el debate el entonces diputado colorado Tabaré Viera, en defensa de los tres gobiernos colorados de la época investigada. “No se puede acusar de esta manera […] si hubieran existido controles los espionajes igual se hubiesen realizado”, opinó.
Para el fiscal Rodríguez, las debilidades en los controles institucionales y democráticos por parte de los ministerios y del Estado quedaron “muy crudamente” expuestas en esa discusión.
Expresidentes y exministros deslindan responsabilidades
Los expresidentes Julio María Sanguinetti (1985-1990, 1995-2000) y Luis Alberto Lacalle (1990-1995) y los exministros del Interior de Lacalle, Juan Andrés Ramírez, y de Defensa de Jorge Batlle, Yamandú Fau, aseguraron que no estaban en conocimiento de ninguna actividad de espionaje a políticos y activistas sociales.
Lacalle Herrera negó, en diálogo con la radio Universal, haber ordenado actividades de espionaje y afirmó que lo que se hizo fue “recopilar información, que es distinto”. Sanguinetti, por su parte, apuntó contra el fiscal: en diálogo con El País, dijo que sus conclusiones son “un disparate” y que “nunca” ordenó “espiar a nadie”, si bien señaló que los servicios de inteligencia “siempre” deben estar atentos a lo que pasa en los ámbitos políticos y sindicales.
Ramírez dijo a la diaria que él no tiene “constancia de ningún espionaje político”, y señaló que los organismos de inteligencia actúan en general “como compartimentos bastante separados, independientes”, y “no dan cuenta permanente de lo que están haciendo” al poder político. “Salvo en temas importantes”, acotó.
Por su parte, Yamandú Fau dijo a la diaria que pidió a la comisión parlamentaria todos los documentos referidos al período de su gestión, que los revisó “uno por uno” y que “no había absolutamente nada” en materia de espionaje vinculado al Ministerio de Defensa en esos años. De todos modos, sostuvo que “jamás se dio una orden o se indicó una actividad de esa naturaleza” en su ministerio.
Los exministros Juan Andrés Ramírez
y Yamandú Fau aseguraron desconocer
la existencia de espionaje político
22 de julio de 2022
El ex titular del Ministerio del Interior del gobierno de Lacalle Herrera admitió que los organismos de inteligencia “actúan como compartimentos bastante separados” y que no comparten información salvo en temas “importantes”
El fiscal especializado en Delitos Económicos y Complejos de primer turno, Enrique Rodríguez, archivó esta semana la causa que investigaba actividades ilegales de inteligencia militar y policial en democracia, porque a su entender los delitos prescribieron. Sin embargo, afirmó que “es contundente la evidencia obtenida” en cuanto a la existencia de “acciones irregulares e ilícitas de espionaje desde 1985 y, en principio, hasta 2005, por agencias de inteligencia del Estado”, y sostuvo que se constató una “debilidad de los controles institucionales y democráticos”.
Este viernes se pronunciaron dos de los tres presidentes del período en cuestión: Julio María Sanguinetti (1985-1990, 1995-2000) y Luis Alberto Lacalle Herrera (1990-1995). El tercero fue Jorge Batlle (2000-2005), ya fallecido. Lacalle Herrera negó, en diálogo con radio Universal, haber ordenado actividades de espionaje, y afirmó que lo que se hizo fue “recopilar información, que es distinto”. Sanguinetti, por su parte, apuntó contra el fiscal: en diálogo con El País dijo que sus conclusiones son “un disparate” y que “nunca” ordenó “espiar a nadie”, si bien señaló que los servicios de inteligencia “siempre” deben estar atentos a lo que pasa en los ámbitos políticos y sindicales.
En la misma línea, Juan Andrés Ramírez, ministro del Interior durante el gobierno de Lacalle Herrera, dijo a la diaria que él no tiene “constancia de ningún espionaje político”. Ramírez, que fue uno de los exministros declarantes en la comisión parlamentaria que investigó el espionaje en democracia, aseguró que los funcionarios de inteligencia “recopilan información permanentemente, pero no hacen un seguimiento a fulano o mengano”. De todos modos, remarcó que los organismos de inteligencia del Estado “deben estar informados, porque si no, puede haber una conspiración exterior o interior y ni se enteran”.
Ramírez señaló que los organismos de inteligencia actúan en general “como compartimentos bastante separados, independientes”, y “no le dan cuenta permanente de lo que están haciendo” al poder político. “Salvo en temas importantes”, acotó. Puso como ejemplo cuando los organismos de inteligencia le entregaron durante su gestión un informe que daba cuenta de la presencia de integrantes de la organización armada vasca ETA en Uruguay. “Eso es normal, legítimo”, afirmó.
Agregó que en ese caso no se le proporcionó información sobre los eventuales vínculos de ETA con sectores políticos en Uruguay, pero que no le hubiera parecido “mal” si se hubiera hecho. “Los estados no pueden quedar vulnerables frente a la actuación de grupos secretos”, consideró.
Por su parte, Yamandú Fau, ministro de Defensa Nacional durante el gobierno de Jorge Batlle, dijo a la diaria que pidió a la comisión parlamentaria todos los documentos referidos al período de su gestión, que los revisó “uno por uno” y que “no había absolutamente nada” en materia de espionaje vinculado al ministerio de Defensa en esos años.
De todos modos, sostuvo que “jamás se dio una orden o se indicó una actividad de esa naturaleza” en su ministerio. “La inteligencia del ministerio estaba prácticamente desactivada”, afirmó.
Fau indicó que los Estados en el mundo “tienen departamentos de inteligencia, y los tienen para actuar”. “La inteligencia en materia de seguridad resulta básica, es totalmente natural. El problema es qué hacen. En mi período no tuve noticia alguna de que se hubiera hecho algo de eso”, insistió. Aclaró que no puede asegurar que los militares y policías no hagan “alguna actividad por fuera del trabajo normal”, pero “en mi período creo que no se hizo”, señaló. Dijo que en su época, en plena crisis de 2002, los servicios de inteligencia del ministerio se limitaban a recoger información de diarios y semanarios y la archivaban, y aseguró que no tenían “ni recursos técnicos para hacer un espionaje telefónico”.