Proyecto de ley que grava altas
jubilaciones militares no fue aprobado
16 de mayo de 2018 |
Escribe: Mariana Cianelli
Como había anunciado, Darío Pérez no acompañó al oficialismo.
Ayer, en una larga sesión de la Cámara de Diputados, se confirmó lo que se vaticinaba: el proyecto de ley que grava las jubilaciones militares más altas no fue aprobado. Al Frente Amplio (FA) le faltó un voto, el del dirigente de Liga Federal Frenteamplista Darío Pérez, que ya había anunciado que no lo apoyaría, por considerarlo inconstitucional.
La primera en tomar la palabra fue la diputada del FA Bettiana Díaz, que hizo una breve reseña del estado actual del Servicio de Retiros y Pensiones de las Fuerzas Armadas. “Sólo una quinta parte de las Fuerzas Armadas [FFAA] genera 70% del gasto”, expresó. La discusión, apuntó, se tiene que centrar sobre los “privilegios” de un sector pequeño de la sociedad: “Nadie puede desconocer que hay retirados con prestaciones muy onerosas”, y explicó que, por ese motivo, el proyecto de ley apunta a las pasividades más altas, por encima de los 57.000 pesos, pero “no toca a los subalternos, quienes realmente reciben los retiros más bajos”. En otras palabras, dijo que “no serán gravados más de 80% de los militares, lo que implica que 40.000 pasivos no pagarán este tributo”.
A su turno, el diputado del Partido Nacional (PN) Gustavo Penadés explicó que su partido no acompañaría una iniciativa que empieza por el final. “La discusión la empezamos por el lado más fácil: vamos a encajarles un impuesto a los militares por un déficit de 500 millones de dólares anual”, cuando lo que tendríamos que “estar discutiendo son los millones de dólares en materia de defensa nacional que el gobierno gasta” sin restricción alguna. El legislador manifestó que “hay que decir las cosas como son”: “Se cae de maduro que este proyecto es inconstitucional”, primero porque lo dicen la cátedra de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República (Udelar) y la cátedra de derecho de la Universidad Católica (UCU), y segundo porque se trata de una doble imposición a los militares junto con la del Impuesto a la Asistencia de la Seguridad Social (IASS), indicó.
El diputado del FA Alfredo Asti se centró en rebatir los argumentos que plantearon los dirigentes de la oposición. En primer lugar, se refirió al argumento de que el impuesto implicaría una doble tributación y, por lo tanto, sería inconstitucional. El legislador hizo referencia a dos sentencias de la Suprema Corte de Justicia que sostienen que es constitucional que los pasivos de la Caja Bancaria paguen tanto el IASS como el impuesto que les corresponde para financiar su propia caja. El proyecto de ley en cuestión, agregó Asti, fue prácticamente copiado de este último y, por lo tanto, se sostiene que no hay ninguna norma que impida que los pasivos tributen por ambos impuestos. También se refirió a los dos informes de los institutos de Derecho Constitucional de la Udelar y la UCU que señalan que el impuesto viola el artículo 67 de la Constitución, que determina que los ajustes de jubilaciones y pensiones no “podrán ser inferiores a la variación del Índice Medio de Salarios y se efectuarán en las mismas oportunidades en que se establezcan ajustes o aumentos en las remuneraciones de los funcionarios de la Administración Central”. El diputado sostuvo que la Suprema Corte de Justicia (SCJ) se ha referido a ese artículo en otras oportunidades y ha establecido que ninguna norma establece que la jubilación será “intangible”, dado que el “interés general radica en la contribución solidaria de todos los ciudadanos” al mantenimiento de la actividad estatal.
Aníbal Abreu, militar retirado y diputado suplente del PN, dijo que “nadie está en contra de las reformas necesarias”, pero “el impuesto es ridículo”. El “estado militar” es el “más importante”, consideró, pero “el soldado es el gran postergado y excluido en el tiempo de bonanza”, aseguró. “Si quieren eliminar las FFAA, que lo digan”, apuntó. “¿Por qué se apela a unos orientales que ganan 57.000 pesos? ¿Porque se trata de militares?”, preguntó. Agregó que hay “zánganos” en el Estado, pero no en las FFAA, y que hay que terminar con la “tara mental” de la lógica de villanos y héroes.
El diputado Pablo González (FA) solicitó la palabra por alusión personal y le dijo a Abreu que no correspondía usar una enfermedad para descalificar a los que “piensan diferente”, y que eso era rebajar el debate. También indicó que la normativa indica que no podía participar en el debate porque tenía intereses individuales relacionados con lo que se estaba discutiendo.
Luego de cinco horas de sesión, Pérez dijo que no iba a dar su voto al proyecto. “Algunos me dirán ‘facho’”, comentó, pero consideró que eso es caer en un error. A este impuesto, agregó, lo sobrevuelan muchas cosas, en particular la relación que ha tenido la izquierda con las FFAA. “Quieran o no, la subjetividad prima sobre la razón”, sostuvo.
Este impuesto, como han dicho los académicos, es “in-cons-ti-tu-cio-nal”, afirmó con énfasis, y argumentó que hace poco escuchó al presidente Tabaré Vázquez decir: “Dentro de la Constitución, todo; fuera de la Constitución, nada”. Por otro lado, señaló que el impuesto no está en el programa del FA y ni siquiera fue propuesto en la última campaña electoral.
“Yo fui preso político”, recordó, y añadió que votaba “desde ese lugar”. Luego, con la voz quebrada, relató las torturas que sufrió cuando estuvo preso y dijo que lo más doloroso era escuchar “el grito del compañero”. “Yo no me olvido de eso, no tengo el síndrome de Estocolmo. Quiero verdad y justicia, pero no voy a votar este impuesto”.
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Desiguales ante la ley
Fracasó la aprobación del impuesto a las jubilaciones militares más onerosas.
SAMUEL BLIXEN
La madre de todos los privilegios está en la ley orgánica militar de 1974 y en sus modificaciones y agregados incorporados durante la dictadura. La necesidad de su modificación fue la excusa de una mayoría de diputados para rechazar un impuesto que hubiera reducido en algo los extremos escandalosos de las jubilaciones de los altos oficiales.
Sobrevolando la “insubordinación” del diputado Darío Pérez al mandato expreso del Frente Amplio, que hizo fracasar la aprobación del impuesto a las altas jubilaciones militares, se desplegó el debate en la sesión de la Cámara del martes 15, que exhibió una suerte de competencia por quién se destacaba más en la defensa de los privilegios de los altos oficiales, postura que “horizontalizó” a representantes de la oposición parlamentaria.
Salvo quizás la de un diputado, Aníbal Abreu, suplente del nacionalista José Olaizola, que es a la vez retirado militar y que por su formación fue demasiado directamente al grano, tildando de “canallas” a quienes votaran el proyecto; “hay zánganos, pero no en las Fuerzas Armadas”, fue su sólido argumento. Las posturas estuvieron revestidas de explicaciones sobre constitucionalidad, sobre doble tributación, sobre justicias e injusticias, pero no pudieron ocultar la voluntad de defender los privilegios, a saber: jubilaciones que aumentan sobre el Ipc y no sobre el índice medio de salarios; jubilaciones sin topes; jubilaciones que alcanzan al 100 por ciento del último ingreso en actividad; jubilaciones que en ciertos casos ameritan que, previamente, se otorgue un ascenso al grado inmediatamente superior; jubilaciones que reciben aguinaldos; jubilaciones que, en promedio, se otorgan con 49 años de edad. La defensa del statu quo transitó por el siguiente carril: los militares están permanentemente a la orden, no cobran nocturnidad, no cobran horas extras, no gozan de los derechos de reunión ni de sindicalización.
EL IMPUESTO QUE NO FUE. La propuesta del gobierno fue expuesta por la diputada Bettiana Díaz; sobre la explicación de los alcances de la norma no hubo prácticamente cuestionamientos: el impuesto debía gravar las jubilaciones superiores a 50 mil pesos, aumentando de forma progresiva hasta los niveles más altos, que se ubican en pensiones superiores a los 200 mil pesos; el 80 por ciento de los retirados militares (unos 50 mil) quedarían exentos del pago, pues se trata de soldados, cabos y sargentos que cobran cifras inferiores a las 15 bases de prestaciones y contribuciones (equivalentes a 57.720 pesos), fijadas como mínimo no imponible; el 66 por ciento de las pensiones afectadas correspondía a unos 3 mil oficiales superiores que cobran más de 100 mil pesos por mes; el impuesto era transitorio, por 18 meses, y hubiera permitido recaudar unos 50 millones de dólares que habrían sido destinados al Bps para amortiguar en algo el déficit previsional.
Aunque el diputado estrella era el líder de la Liga Federal –que no les ofreció a sus camaradas el recurso de pedir licencia, y cuya presencia desde el comienzo de la sesión adelantaba el fracaso para el gobierno–, la discusión fue extensa y reveladora. Sobre el impuesto en sí, las objeciones principales se centraron en su inconstitucionalidad (doble tributación, porque los militares ya pagan el impuesto a la asistencia a la seguridad social, Iass) y su presunta inequidad (“otros pasivos ganan más pero no sufren impuestos como éste”, argumentó la diputada colorada Susana Montaner). El diputado blanco Gustavo Penadés, que fundamentó el voto negativo en nombre de la bancada del Partido Nacional, se preguntó: “¿De qué privilegios me están hablando?”, y aventuró que la iniciativa tenía motivaciones políticas “para castigar por la profesión”. Los tramos finales de su intervención tuvieron ecos de amenaza velada: “Háganse cargo de las consecuencias”. Penadés introdujo una crítica que después sería repetida en otras intervenciones: en 14 años de gobiernos frenteamplistas recién ahora se planteaba una iniciativa por el déficit de las pasividades militares, y en todo caso “primero deberíamos discutir la reforma de la llamada Caja Militar” para recién después considerar una eventual aplicación del impuesto. “Además, la recaudación es insignificante respecto del déficit de 550 millones de dólares”, concluyó.
El déficit de la Caja Militar, cuya reforma está a estudio de una comisión del Senado, permitió al diputado independiente Iván Posada extender el concepto de la carreta delante de los bueyes: “Lo que hay que discutir primero es la reforma de la ley orgánica militar, para recién después analizar el déficit de las pensiones”. Alguien, dijo, tiene que pagar el pato, cuyo origen es “una oficialidad sobredimensionada que tiene su origen en la dictadura”.
La cadena de argumentos tuvo gran éxito en muchos de los intervinientes, que aplaudieron la estrategia de discutir primero la ley orgánica (cuya reforma fue anunciada por el Ejecutivo, pero hasta ahora no ha sido presentada al Parlamento) y después la reforma de la Caja, es decir, los privilegios. El frenteamplista Alejandro Sánchez (Mpp), que a esa altura daba por descontado que el impuesto no salía, fue previsor: “Entonces queda claro que cuando venga la reforma de la Caja, ustedes la votan”, dijo sin mucha convicción.
COLLAR DE PERLAS. Algunas inflexiones fueron sugestivas: “Eliminar lo que algunos califican de privilegio puede ser inconstitucional”, dijo el nacionalista Pablo Abdala, quien introdujo el tema de la revancha: “(el impuesto) es producto de sentimientos subal-ternos o reflejos que vienen del pasado”. Ello dio pie a que el colorado Gonzalo Rodríguez subiera la apuesta: “Quieren dividir a la sociedad. Aquí no se habla de lo que se gasta en las pensiones a ladrones y criminales”. Y tropezó con la aritmética: “Dicen que el mínimo no imponible es de 57 mil pesos, pero es más bajo, porque hay que calcular lo que les sacan del aguinaldo”, dijo, sin tener en cuenta que los militares son los únicos jubilados que reciben el decimotercer sueldo.
Mi diputado Abreu trasladó como responsabilidad de la izquierda el volumen de pasividades militares que superan los 200 mil pesos: “Son los oficiales destituidos (por la dictadura) a los que el gobierno frenteamplista recompuso la carrera y los ascendió a todos a generales”. Su correligionario Omar Lafluf introdujo una interpretación inesperada de los motivos del gobierno para impulsar el impuesto, cuya recaudación estimada rebajó en 10 millones de dólares para que la ecuación fuera más clara: “Quieren recaudar 40 millones de dólares, que es exactamente el sobrecosto de lo que va a salir finalmente el Antel Arena”.
A esas alturas, el diputado de Unidad Popular, Eduardo Rubio, sintió la necesidad de despegarse de los enfoques del resto de la oposición y descartó enfáticamente que hubiera un sentido de venganza y revancha en la iniciativa frenteamplista del impuesto. “Aquí de lo que se trata es de una escalada recaudatoria, simplemente, no es venganza. Este es el primer paso contra todas las jubilaciones.” Rubio compartió el criterio de que el proyecto era inconstitucional: “(si se aprueba) van a venir juicios que se seguirán pagando por años”.
La inconstitucionalidad fue el centro argumental de los diputados Abdala y Penadés; ambos hicieron alusión a los informes de catedráticos de la Universidad de la República y de la Universidad Católica, coincidentes en la intangibilidad de las jubilaciones en general y de la doble tributación en este caso particular, lo que los inclinaba a pronunciarse por la inconstitucionalidad del texto en discusión. Los frenteamplistas Sánchez y Alfredo Asti (Asamblea Uruguay) se turnaron para recordarle a la oposición que había omitido mencionar los antecedentes de fallos de la Suprema Corte de Justicia en casos similares, cuyo pronunciamiento fue en apoyo de la constitucionalidad. Sánchez abundó en la resolución de la Corte sobre las jubilaciones bancarias: “Resulta que el mismo criterio es constitucional para los bancarios e inconstitucional para los militares”, dijo. El diputado frenteamplista Luis Puig sintetizó: “Hay un grupo de oficiales privilegiados. Aquí están disfrazando la discusión”.
RIP. Así siguió el debate hasta altas horas de la noche, en una especie de catarsis, porque nadie iba a modificar su voto y nadie alimentaba vanas esperanzas de convencer al de al lado. A las 23.30, como era previsible, el Frente recolectó 49 votos y se ahogó en la orilla. El voto 50, promediando el debate, confirmó que no votaría el proyecto. Darío Pérez confesó no haber sido “puro e inocente” en la defensa de la Constitución; se declaró culpable en el episodio de los aumentos a los funcionarios judiciales, “que nos salió caro”; recordó las palizas y los plantones que sufrió durante el año que fue preso político, para demostrar que “no soy víctima del síndrome de Estocolmo”; apuntó alguna contradicción del gobierno, “que siguió pagándoles (las jubilaciones) a militares que violaron los derechos humanos”; y, adelantándose a una eventual sanción de la dirección partidaria por su “deslealtad”, se justificó citando a Rosa Luxemburgo: la esencia de la libertad es la disidencia.