Guido Manini Ríos:
faltó a la verdad
Las afirmaciones públicas que el ex comandante en jefe del Ejército Guido Manini Ríos realizó acerca del funcionamiento y la actitud del Poder Judicial son absolutamente falsas.
A diferencia de lo sucedido en Argentina y Chile, donde centenares de oficiales fueron llevados ante los estrados judiciales, juzgados y condenados, en Uruguay solamente un pequeño, un reducido grupo, de quienes cometieron graves violaciones a los DDHH fueron investigados y procesados.
La justicia uruguaya, desde el retorno a la vida democrática no se ha caracterizado, en ningún momento por ser hiperactiva, sino todo lo contrario. Debido a la vigencia de la ley de Caducidad que impulsó el Dr. Julio María Sanguinetti en su primera presidencia, una no encubierta ley de amnistía, durante más de 20 años estuvo impedida de realizar ninguna investigación sobre las graves violaciones a los DDHH ocurridas en el largo período dictatorial.
Recién a partir de octubre de 2011 en que se restableció la pretensión punitiva del Estado pudo empezar a cumplir con las obligaciones que le imponen las normas constitucionales. Salvo honrosas y destacadas excepciones que la ciudadanía conoce, Dra. Mariana Mota por citar un caso, los magistrados y la propia Suprema Corte no han sido un ejemplo de dedicación, compromiso y espíritu justiciero.
Desde las declaraciones del expresidente de la SCJ, Dr. Jorge Ruibal Pino, en febrero de 2013, en el sentido de que quienes promovieran las causas del pasado reciente encontrarían en el máximo órgano “una auténtica muralla” para que ellas no prosperaran, a la sentencia que en octubre de 2017 desestimó una investigación sobre José Nino Gavazzo por las torturas que infringió a una detenida en Tacuarembó en el año 1972, el órgano dirigente de la Justicia no es tampoco un modelo a exaltar.
Mintió con real malicia
El excomandante en jefe mintió descaradamente y a sabiendas, con real malicia, acerca del rol desempeñado por el poder judicial. Lo sabe muy bien. Todos los involucrados, en todo momento, han contado con todas las garantías legales que existen en nuestro país. Se han beneficiado del mejor apoyo legal y académico disponible, financiado incluso con los impuestos que pagan sus víctimas y la sociedad uruguaya en su conjunto. Sus abogados defensores han podido, incluso amenazar y prepotear a los testigos presenciales en los juzgados, e incluso, como ha quedado documentado, lo hicieron, en el año 2018, en una Sala del Hospital Maciel, en la causa por la desaparición de Oscar Tassino.
Se les ha permitido, con total displicencia, recurrir a todos los mecanismos legales posibles para enlentecer y entorpecer el diligenciamiento de las investigaciones y de las causas con artificiosos recursos de inconstitucionalidad. Los jueces solamente han procesado a un reducido y escaso número de quienes fueron denunciados, indagados o de los cuales se solicitó el procesamiento. Todos los procesados lo fueron en base a pruebas y evidencias contundentes y abrumadoras, a veces con testimonios de exmilitares.
Todos los condenados, son ampliamente conocidos en la familia militar por haber sido integrantes de los principales órganos represivos, en Uruguay y en el exterior, actuando en la Esma y en Automotoras Orletti. Todos tienen un currículum represivo tenebroso. Han podido fugarse del país para eludir el brazo de la justicia y al mismo tiempo seguir cobrando sus privilegiadas jubilaciones. Todos han sido condenados recorriendo, sus causas, toda la escala del poder judicial y sus sucesivas instancias hasta culminar por los fallos ratificatorios de la SCJ.
Cuando ha sido necesario y/o oportuno han contado con preparadas campañas mediáticas orquestadas desde la tribuna de El País, comentarios de senadores y diputados amigos de la impunidad, estridentes declaraciones públicas de los Centros Militares y amenazas de furtivos comandos sobre los promotores de las causas o actos vandálicos sobre los memoriales. A veces con el silencio y apoyo no encubierto de algún jerarca ministerial ya fallecido.
El portavoz de lo peor y más deshonroso
La dictadura cívico militar, el terrorismo de Estado, fue un proyecto global e integral de país, en el marco de la injerencia constante y agobiante en el continente de Estados Unidos. Se comenzó a implementar desde el mismo momento en que Pacheco Areco suspendió los Consejos de Salarios, impuso las Medidas Prontas de Seguridad el 13 de junio de 1968 y comenzó a militarizar gremios en conflicto.
Pretendió, y lo hizo, reestructurar la sociedad uruguaya en función de los intereses y las necesidades de las elites económicas, del campo y la ciudad. Empobreció al país y redujo el poder adquisitivo de los trabajadores, los jubilados y los sectores populares.
Tuvo, como no podía ser de otra manera, el apoyo de los grandes sectores del campo, del comercio, de la banca y de la prensa como El País. Fue un proyecto de nación en el marco de una estrategia continental diseñada e impulsada desde Estados Unidos, que abarcó muy especialmente al Cono Sur. La brutal política represiva desencadenada fue la herramienta imprescindible para disciplinar a la sociedad e implantar dicho modelo.
Fue una tragedia nacional que por el bien del país y de su gente, nunca más debe volver a repetirse. La actuación de la justicia, el órgano del Estado con facultades plenas para hacerlo, investigando y sancionando las graves violaciones a los DDHH es decisiva para que no vuelva a ocurrir.
Traduction en français
Guido Manini Ríos : il a manqué à la vérité
Les affirmations faites publiquement par l’ex-commandant en chef de l’Armée Guido Manini Ríos concernant le fonctionnement et l’attitude du Pouvoir Judiciaire sont totalement fausses.
A la différence de ce qui s’est passé en Argentine et au Chili où des centaines d’officiers ont été déférés devant les tribunaux, jugés et condamnés, en Uruguay, seul un petit nombre, très réduit, de ceux qui ont commis les graves violations des Droits Humains a été mis en cause et inculpé.
La justice uruguayenne, depuis le retour à la vie démocratique, ne s’est à aucun moment caractérisée par son hyperactivité, bien au contraire. Tant que la loi de Caducité, une loi d’amnistie non déguisée, promue par Julio María Sanguinetti lors de son premier mandat présidentiel (1986) a été en vigueur, pendant plus de vingt ans, la justice a été empêchée de mener la moindre enquête sur les graves violations des Droits Humains commises pendant la longue période de la dictature.
Ce n’est qu’à partir d’octobre 2011, lorsque la prétention punitive de l’Etat a été rétablie, que l’Etat a pu commencer à remplir les obligations que lui imposent les normes constitutionnelles. A part des exceptions honorables et remarquables que les citoyens connaissent bien, telle la juge Mariana Mota pour citer un exemple, les magistrats et la Cour Suprême elle-même n’ont pas été exemplaires en termes d’investissement, d’engagement et d’esprit de justice.
Depuis les déclarations de l’ex-président de la Cour Suprême de Justice, Jorge Ruibal Pino, en février 2013, suivant lesquelles ceux qui soutiendraient les causes judiciaires du passé récent trouveraient dans l’organe suprême « une authentique muraille » pour qu’elles n’avancent pas, et jusqu’à la décision qui, en octobre 2017, rejeta une enquête sur José Nino Gavazzo pour les tortures infligées à une détenue à Tacuarembo en 1972, l’organe dirigeant de la Justice n’est pas non plus un exemple à mettre en avant.
Il a menti délibérément
L’ex-commandant en chef a menti sans vergogne et de façon délibérée, avec une mauvaise foi avérée, sur le rôle joué par le pouvoir judiciaire. Il le sait très bien. Tous les mis en cause, à tout moment, ont compté sur toutes les garanties légales qui existent dans notre pays. Ils ont bénéficié du meilleur appui légal et académique disponible, financé y compris par les impôts payés par les victimes et par la société uruguayenne dans son ensemble. Leurs avocats défenseurs sont même allés jusqu’à menacer et chercher à intimider les témoins oculaires dans les tribunaux et ils l’ont même fait, ainsi que cela a été documenté, en 2018, dans une salle de l’Hôpital Maciel, dans l’affaire de la disparition d’Oscar Tassino.
On leur a permis, avec une complaisance absolue, de faire appel à tous les mécanismes légaux possibles pour ralentir et entraver le déroulement des enquêtes et des causes judiciaires au moyen de recours d’inconstitutionnalité qui sont des artifices juridiques. Les juges n’ont inculpé qu’un nombre très restreint de ceux qui ont été dénoncés, soumis à des enquêtes ou pour lesquels la mise en accusation a été sollicitée. Tous les inculpés l’ont été sur la base de preuves irréfutables et accablantes, parfois avec des témoignages d’ex-militaires.
Tous les condamnés sont largement connus au sein de la famille militaire pour avoir fait partie des principaux organes de répression, en Uruguay et à l’étranger, puisqu’ayant agi dans l’Esma et dans Automotores Orletti (centres clandestins de torture en Argentine). Tous ont un sinistre curriculum répressif. Ils ont pu s’enfuir du pays pour échapper au bras de la justice, tout en continuant à encaisser leurs retraites de privilégiés. Tous ont été condamnés après que leur cause judiciaire ait parcouru tous les échelons des instances judiciaires, et abouti à une décision de ratification par la Cour Suprême de Justice.
Lorsque cela a été nécessaire et/ou opportun, ils ont pu compter sur des campagnes médiatiques préparées et orchestrées depuis la tribune du journal El Pais, des commentaires de sénateurs et de députés soutenant l’impunité, des déclarations publiques stridentes de la part des Centres Militaires, des menaces proférées par des commandos furtifs contre les promoteurs des causes judiciaires ou encore des actes de vandalisme contre les lieux de mémoire. Parfois aussi, sur le silence et le soutien non déguisé d’un membre haut placé du Ministère, aujourd’hui décédé.
Le porte-parole du pire et du plus indigne
La dictature civico-militaire, le terrorisme d’Etat, a été un projet de pays global et intégral, dans le cadre de l’ingérence constante et écrasante des Etats-Unis dans le continent. Elle a commencé à être mise en œuvre à partir du moment où Pacheco Areco a suspendu les Conseils de Salaires et imposé un régime d’exception, les Mesures Immédiates de Sécurité, le 13 juin 1968, et qu’il a commencé à militariser les syndicats en conflit.
Elle a prétendu restructurer la société uruguayenne en fonction des intérêts et des besoins des élites économiques rurales et urbaines, et elle y a réussi. Elle a appauvri le pays et réduit le pouvoir d’achat des travailleurs, des retraités et des secteurs populaires.
Elle a bénéficié, comme il ne pouvait pas en être autrement, de l’appui des grands secteurs des propriétaires terriens, du commerce, de la banque et de la presse comme El País. Ce fut un projet de nation dans le cadre d’une stratégie continentale, conçu et encouragé depuis les Etats-Unis et qui a englobé tout spécialement le Cône Sud. La politique répressive brutale qui fut déclenchée a été l’outil indispensable pour discipliner la société et mettre en œuvre ce modèle.
Ce fut une tragédie nationale qui, pour le bien du pays et de ses habitants, ne doit plus jamais se produire. Le travail de la justice, l’organe de l’Etat qui a les pleines facultés pour le faire, en menant les enquêtes et en sanctionnant les graves violations des Droits Humains, est décisive pour que cela ne se reproduise pas.
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A la opinión pública de Madres y Familiares
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MANINI RÍOS
20 de marzo de 2019
Familiares: Destituir a Manini Ríos fue
un acto de defensa del
sistema democrático
La asociación Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos apoya la decisión del presidente de la República, Tabaré Vázquez, de cesar en su cargo de comandante en jefe del Ejército, a Guido Manini Ríos, no sólo por ser legítima, sino también “un necesario acto de defensa del sistema democrático de nuestro país”.
A través de un comunicado, Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos manifiesta que la totalidad de los partidos políticos y los representantes de los tres poderes “deberían haber cerrado filas apoyando al Ejecutivo en un momento tan crucial”.
Cuestionan que “sólo la ceguera electoral o la complicidad pueden justificar las críticas y aún los apoyos otorgados al ex comandante”.
Por otro lado, reclaman reformular las Fuerzas Armadas, “hacerlo a fondo y en serio, afianzando su sentido democrático, marcando sus límites, sus objetivos y su formación, para que abandonen de una vez por todas la Doctrina de la Seguridad Nacional, que permanece como la guía de su accionar, terminando así con los privilegios y todas las rémoras del período dictatorial”.
Comunicado
He aquí el comunicado íntegro de la asociación Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos.
“A la opinión pública.
Como es de público conocimiento, el presidente de la República, cesó en su cargo de comandante en jefe del Ejército, general Guido Manini Ríos.
Hace mucho que venimos reclamando un coto a sus amenazas y mentiras, a sus desbordes constitucionales opinando como un operador político. Y cuando en esa omnipotencia que le permitieron, mintió deliberadamente al Ministro y a través suyo a todos nosotros, sobre el lugar de enterramiento de un desaparecido, pedimos su destitución.
A pesar de lo peligroso de la demora en tomarla, apoyamos esta decisión, no sólo por lo legítimo de la misma sino como un necesario acto de defensa del sistema democrático de nuestro país.
Es más que pertinente ante su deliberada manifestación de no respetar el orden institucional al que se debe.
Si bien Manini Ríos fue el más notorio vocero, ésta ha sido la actitud de todos los comandantes en jefe desde el retorno democrático: extralimitar sus funciones constitucionales, defender el golpe de Estado, avalar su conducta criminal de los 12 años de dictadura y ocultar la información de todo lo que hicieron.
Por la vía de los hechos y avalados por la tolerancia de los distintos gobiernos, se negaron a volver a los cuarteles sin más, reclamando y manteniendo su injerencia en decisiones políticas, negándose a comparecer ante los juzgados continúan, aún hoy, defendiendo el rol que cumplieron y están dispuestos a reiterarlo.
Las Fuerzas Armadas continuaron practicando el espionaje a los partidos políticos, organizaciones sociales y la ciudadanía toda, por lo menos hasta el año 2005 (como demostró la Comisión Parlamentaria sobre espionaje en democracia, enviando sus gravísimas conclusiones a la justicia a fines del 2018).
Desde siempre, se han negado a reconocer su actuación criminal durante el período del terrorismo de Estado y cuando embretadas por la imposición de tribunales de Honor a los criminales condenados por la Justicia, es que dejan constancia por escrito sobre lo que realmente piensan. El fallo del Tribunal de Honor a Maurente, Silvera y Gavazzo, constituyen la más cruda foto del Ejército que tenemos hoy.
Por unanimidad estos tribunales, consideran que la actuación de estos relevantes criminales (la tortura, los asesinatos, las violaciones, el robo, la apropiación de niños, la desaparición forzada, etc.) no afecta la moral de la Institución. Este es el honor del Ejército actual.
Son estos incalificables resultados, los que Manini Ríos y sus generales defienden a ultranza y para hacerlo atacan sin tapujos al Poder Judicial en su conjunto.
Antes en la cerrada defensa de sus incuestionables privilegios, cuestionó a un ministro y al Parlamento. Así en poco tiempo el ex comandante menoscabó a los tres poderes del Estado democrático de nuestro país.
Este peligroso camino que erosiona día a día nuestra institucionalidad democrática viene siendo lamentablemente aceptado y el sistema político en su conjunto fue omiso en ponerle un freno a su desarrollo.
Ante esa falta de firmeza, Manini Ríos continuó actuando y su ejemplo fue seguido por otros altos mandos, como el general Alfredo Erramún, quien en un nuevo acto de vil chantaje pretende cambiar remotas posibilidades de información por más impunidad, como si ya no hubieran gozado de años de ella sin ofrecer jamás un ápice de verdad.
Nos hemos expresado en un sinfín de oportunidades sobre las condiciones indispensables para quien comande la institución militar: debería sostener una firme postura que condene el pasado golpista y asumir el compromiso de proporcionar toda la información que poseen a la Justicia, para que ésta pueda actuar tanto en la búsqueda de los detenidos desaparecidos como en el juzgamiento a los responsables de estas graves violaciones.
Pero el comandante en jefe recién nombrado, integró y votó las sentencias de los Tribunales de Honor, haciéndose eco del cuestionamiento al Poder Judicial y al concepto de que las cuantiosas pruebas de tortura, violaciones etc. que se presentaron no infieren delito alguno que toque el honor de la Institución. Empezamos mal, muy mal.
Hacemos un llamado a la responsabilidad de todo el espectro político.
Ha permanecido entre nosotros un poder paralelo; nada se arregla cambiando de nombre si no vamos al fondo de la cuestión. Lo que nos queda es terminar de comprender que si no se efectúan los cambios imprescindibles dentro de las Fuerzas Armadas, continuaremos en esta eterna y endeble transición, que se ve más débil aún en el concierto autoritario que está creciendo en América Latina.
La totalidad de los partidos políticos y los representantes de los tres poderes deberían haber cerrado filas apoyando al Ejecutivo en un momento tan crucial. Sólo la ceguera electoral o la complicidad pueden justificar las críticas y aún los apoyos otorgados al ex comandante.
Este año, en que se discute la reforma de la Ley Orgánica Militar, el Parlamento que tiene un deber muy grande con la ciudadanía, debiera hacer cambios profundos al definir las funciones de las Fuerzas Armadas. Esencialmente acotando sus cometidos en este pequeño país, que no precisa guerras sino soluciones sociales. No precisa tropas sino obreros que levanten viviendas; bomberos que prevengan incendios forestales, educadores, médicos, técnicos, redimensionándolas a lo estrictamente necesario.
Debemos reformular las Fuerzas Armadas, hacerlo a fondo y en serio, afianzando su sentido democrático, marcando sus límites, sus objetivos y su formación, para que abandone de una vez por todas la Doctrina de la Seguridad Nacional, que permanece como la guía de su accionar, terminando así con los privilegios y todas las rémoras del período dictatorial.
Su desmesurado número de integrantes, especialmente su abultada oficialidad generada, ocupando cargos durante los años de dictadura se hace insostenible además, por su enorme costo y su innecesario despliegue a tareas que no debieran ser de su competencia. No son agentes sociales. Se deben a una verticalidad que hoy peligrosamente está cuestionando su mando superior que es el presidente de la República.
Es a esa excesiva tolerancia y prebendas a sus oficiales que les otorga su Ley Orgánica vigente, creada por ellos en plena dictadura, lo que el sistema político debe cuestionar y reformular. Pero reformular en serio.
Es una institución especialmente subordinada al poder civil. Y todos los partidos que se presentan a la contienda electoral deberían jerarquizar este aspecto y comprometerse a que ningún Ministro de Defensa provenga de sus filas.
Y, por sobre todas las cosas no entreguemos nuestra seguridad como un cheque en blanco a quienes ven como honorable la tortura, los asesinatos, las desapariciones, las violaciones, el robo de niños. Recordemos que en un pasado no muy lejano supimos el día en que salieron a las calles pero no cuándo regresarían a los cuarteles. Y sobre todo, lo que vivimos mientras estuvieron en ellas.
Por lo tanto una vez más, como lo hicimos en el comunicado del 30 de noviembre de 2017: Nos dirigimos al Estado todo, responsable ayer y hoy de la impunidad, a comprometerse con estos cambios. Al gobierno y a la oposición, ya que ésta lucha no tiene bandera partidaria. La necesitamos todos, es de todos. Y aún estamos a tiempo.
Todos han expresado en estos días que la búsqueda de los desaparecidos debe continuar. Ese derecho requiere de compromisos y medidas que seguimos esperando: las Fuerzas Armadas de este país los secuestraron, los torturaron en sus predios, lo hicieron con su personal y registraron en actas que todos absolutamente todos los comandantes en Jefe custodiaron y seguirán custodiando mientras nos amenazan, hasta cuándo?
Verdad – Justicia – Memoria. Nunca más Terrorismo de Estado.
Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos”.
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Madres y Familiares de
Desaparecidos: Uruguay “no precisa
tropas sino obreros que levanten
viviendas”
21 de marzo de 2019
La organización plantea que es necesario “reformular” las Fuerzas Armadas y “hacerlo a fondo y en serio”
A raíz de la destitución de Guido Manini Ríos como comandante en jefe de Ejército por parte del presidente Tabaré Vázquez, la organización Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos emitió un comunicado en el que señala que “hace mucho” que reclamaba “un coto a sus amenazas y mentiras”, y a “sus desbordes constitucionales opinando como un operador político”, además de denunciar que “mintió deliberadamente” al ministro de Defensa, Jorge Menéndez, “y a través suyo a todos nosotros”, sobre el lugar de enterramiento de un desaparecido, por lo cual había pedido expresamente su cese. Agregó que a pesar de “lo peligroso de la demora”, apoya la decisión adoptada por Vázquez, no sólo porque es legítima, sino también porque constituye un “necesario acto de defensa del sistema democrático de nuestro país”, y resulta “más que pertinente” ante la “deliberada manifestación”, por parte de Manini, “de no respetar el orden institucional al que se debe”.
La organización también señala que en muchas oportunidades se expresó sobre las “condiciones indispensables” para quien esté al frente de la institución militar: “Debería sostener una firme postura que condene el pasado golpista y asumir el compromiso de proporcionar toda la información que poseen a la Justicia, para que esta pueda actuar tanto en la búsqueda de los detenidos desaparecidos como en el juzgamiento a los responsables de estas graves violaciones”. Por el contrario, indica el comunicado, el nuevo comandante en jefe, José González, “integró y votó las sentencias de los tribunales de honor, haciéndose eco del cuestionamiento al Poder Judicial y del concepto de que las cuantiosas pruebas de tortura, violaciones, etcétera, que se presentaron” no permiten inferir que hubo “delito alguno que toque el honor” del Ejército, por lo cual la organización advierte que “empezamos mal, muy mal”.
En el comunicado se sostiene que “nada se arregla cambiando de nombre si no vamos al fondo de la cuestión” y que “si no se efectúan los cambios imprescindibles” dentro de las Fuerzas Armadas (FFAA), “continuaremos en esta eterna y endeble transición, que se ve más débil aun en el concierto autoritario que está creciendo en América Latina”. “El Parlamento, que tiene un deber muy grande con la ciudadanía, debiera hacer cambios profundos al definir las funciones de las FFAA. Esencialmente, acotando sus cometidos en este pequeño país, que no precisa guerras sino soluciones sociales. No precisa tropas sino obreros que levanten viviendas; bomberos que prevengan incendios forestales, educadores, médicos, técnicos, redimensionándolas a lo estrictamente necesario”, agrega Familiares. Por último, la organización subraya que hay que “reformular” las FFAA, y “hacerlo a fondo y en serio, afianzando su sentido democrático, marcando sus límites, sus objetivos y su formación, para que abandonen de una vez por todas la Doctrina de la Seguridad Nacional, que permanece como la guía de su accionar, terminando así con los privilegios y todas las rémoras del período dictatorial”.
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Traducción en français le comuniqué des Familiares
Mars 2019
A l’opinion publique
Ainsi qu’il a été annoncé, le Président de la République a démis de ses fonctions le commandant en chef de l’armée, le général Guido Manini Rios.
Depuis longtemps, nous réclamons un coup d’arrêt à ses menaces et à ses mensonges, à ses débordements constitutionnels lorsqu’il exprime des opinions tel un responsable politique. Et lorsque, dans la toute-puissance qui lui a été permise, il a délibérément menti au Ministre et à travers lui à nous tous, sur le lieu d’enterrement d’un détenu-disparu, nous avons demandé sa destitution.
Malgré le dangereux retard avec lequel la décision a été prise, nous appuyons cette décision, non seulement parce qu’elle est légitime mais en tant qu’acte nécessaire de défense du système démocratique de notre pays.
Cette décision est plus que pertinente face à sa manifestation délibérée de non-respect de l’ordre institutionnel auquel il est soumis.
Si Manini Rios a été leur porte-parole le plus en vue, tous les Commandants en Chef ont eu la même attitude depuis le retour de la démocratie : outrepasser les limites constitutionnelles, défendre le coup d’Etat, cautionner la conduite criminelle pendant 12 ans de la dictature et occulter l’information sur tout ce qu’ils ont fait.
Dans les faits, confortés par la tolérance des différents gouvernements, ils ont refusé de rentrer dans les casernes sans discuter, ils ont réclamé et maintenu leur ingérence dans les décisions politiques, refusant de comparaître devant les tribunaux, ils continuent encore aujourd’hui à défendre le rôle qu’ils ont joué et sont disposés à recommencer.
Les Forces Armées ont continué à pratiquer l’espionnage des partis politiques, des organisations sociales et de tous les citoyens, au moins jusqu’en 2005 (comme l’a démontré la commission parlementaire sur l’espionnage en démocratie, qui a envoyé ses conclusions gravissimes à la justice fin 2018).
Elles ont refusé depuis le début de reconnaître leurs agissements criminels durant la période du Terrorisme d’Etat et ce n’est que lorsqu’elles sont contraintes par l’obligation de traduirez devant des Tribunaux d’Honneur les criminels condamnés par la Justice qu’elles expriment officiellement par écrit ce qu’elles pensent en réalité. Les jugements du tribunal d’honneur concernant Maurente, Silvera et Gavazzo donnent l’image très crue de l’Armée que nous avons aujourd’hui.
Par unanimité, ces tribunaux considèrent que le comportement de ces éminents criminels (la torture, les assassinats, les viols, le vol, l’appropriation d’enfants, la disparition forcée, etc.) n’affecte pas le moral de l’institution. C’est cela, l’honneur de l’Armée actuelle.
Ce sont ces résultats inqualifiables que Manini Rios et ses généraux défendent à outrance et, pour le faire, ils attaquent sans retenue le Pouvoir Judiciaire dans son ensemble.
Auparavant, (Manini Ríos), avait déjà, dans la défense des privilèges des militaires, mis en cause un Ministre et le Parlement. C’est ainsi qu’en peu de temps l’ex-commandant a porté atteinte aux trois pouvoirs de l’Etat démocratique de notre pays.
Ce chemin dangereux qui érode chaque jour notre institutionnalité démocratique a malheureusement été jusque là accepté et le système politique dans son ensemble a manqué à mettre un frein à son développement.
Face à ce manque de fermeté, Manini Rios a continué à agir et son exemple a été suivi par d’autres membres du haut commandement, tel le Général Alfredo Erramún, qui dans un nouvel acte de vil chantage prétend échanger d’éventuels possibles renseignements contre encore plus d’impunité, comme s’ils n’en avaient pas déjà profité pendant des années sans jamais offrir une once de vérité.
Nous nous sommes exprimés à d’innombrables occasions sur les conditions requises pour celui qui commandera l’institution militaire : il devrait adopter une posture de ferme condamnation du passé putschiste et prendre l’engagement de fournir toute l’information en leur possession à la justice, pour que celle-ci puisse agir, aussi bien dans la recherche des détenus-disparus que dans le jugement des responsables de ces graves violations.
Pour ce qui est du commandant en chef qui vient d’être nommé, il a fait partie des tribunaux d’honneur et il a voté leurs décisions, faisant écho à la mise en cause du pouvoir Judiciaire et au concept suivant lequel les preuves abondantes de tortures, viols, etc., qui ont été présentées n’impliquent aucun délit attentatoire à l’honneur de l’institution. C’est un très, très mauvais début.
Nous faisons appel à la responsabilité de tout l’éventail politique.
Un pouvoir parallèle est resté parmi nous ; on ne résout rien en changeant de nom si nous n’allons pas jusqu’au fond de la question. Nous devons finir de comprendre que si on n’effectue pas les changements indispensables dans les Forces Armées, nous allons continuer indéfiniment dans cette transition précaire dont on voit d’autant plus la fragilité dans le concert autoritaire qui est en train de grandir en Amérique Latine.
Tous les partis politiques et les représentants des trois pouvoirs devraient avoir resserré les rangs pour appuyer le pouvoir Exécutif en un moment aussi crucial. Seuls, un aveuglement électoral ou la complicité peuvent expliquer les critiques et même les soutiens apportés à l’ex-commandant.
Cette année, la Loi Organique Militaire doit être discutée et le Parlement, qui a un devoir vis-à-vis des citoyens, devrait opérer des changements en profondeur en définissant les fonctions des Forces Armées. Fondamentalement, en définissant des objectifs dans ce petit pays qui n’a pas besoin de guerres mais de solutions sociales. Il n’a pas besoin de troupes, mais d’ouvriers qui construisent des logements, de pompiers qui préviennent les incendies de forêt, d’enseignants, de médecins, de techniciens, elles doivent être redimensionnées au strict nécessaire.
Nous devons reformuler les Forces Armées, le faire à fond et sérieusement, en consolidant leur sens démocratique, en marquant les limites, les objectifs et la formation, pour que soit abandonnée d’une fois pour toutes la Doctrine de la Sécurité Nationale qui reste le guide de leurs actions, pour en finir avec les privilèges et tous les obstacles de la période de la dictature.
La quantité démesurée de leurs membres, tout particulièrement des nombreux gradés qui occupaient des postes pendant la dictature se fait insoutenable, de plus, par son coût énorme et son déploiement inutile dans des tâches qui ne devraient pas relever de leurs compétences. Ce ne sont pas des acteurs sociaux. Ils se doivent à une hiérarchie qui met en cause dangereusement, aujourd’hui, son commandement c’est-à-dire le Président de la République.
Le système politique doit mettre en cause et reformuler la tolérance excessive et les largesses qu’attribue aux officiers l’actuelle Loi organique, créé par eux-mêmes en pleine dictature. Il faut reformuler très sérieusement.
C’est une institution tout particulièrement subordonnée au pouvoir civil. Tous les partis qui se présentent aux élections devraient prendre en considération l’importance de ce fait et s’engager à ce qu’aucun Ministre de la Défense ne soit issu de ses rangs.
Par-dessus tout, ne remettons pas notre sécurité comme un chèque en blanc entre les mains de ceux qui considèrent honorables la torture, les assassinats, les disparitions, les viols, le vol d’enfants. Rappelons-nous que dans un passé pas très lointain, nous avons su quel jour ils étaient sortis dans la rue mais non quand ils rentreraient dans leurs casernes. Rappelons-nous surtout ce que nous avons vécu quand ils étaient sortis.
Par conséquent, comme nous l’avons fait dans le communiqué du 30 novembre 2017 : nous nous adressons à l’Etat dans son ensemble, responsable hier et aujourd’hui de l’impunité, à s’engager dans tous ces changements. Au gouvernement et à l’opposition, puisque cette lutte n’a pas de drapeau partisan. Nous en avons tous besoin, elle est à tous, et il est encore temps.
Tous ont exprimé ces derniers jours que la recherche des disparus doit continuer. Ce droit nécessite des engagements et des mesures que nous attendons toujours : les Forces Armées de ce pays les ont enlevés, les ont torturés dans leurs terrains, elles l’ont fait avec leur personnel et elles ont tout enregistré dans des actes dont tous, absolument tous les Commandants en chef ont assuré la garde, tandis qu’ils nous menaçaient, jusqu’à quand ?
Vérité-Justice-Mémoire
Ne plus jamais de Terrorisme d’ Etat
Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos