El Estado uruguayo presenta
hoy sus alegatos en la apelación
del juicio por el Plan Cóndor
13 de mayo de 2019
Abogado expondrá documentación que prueba participación de Jorge Tróccoli en la planificación de operaciones.
Hoy, ante la Corte de Asis en Roma, el abogado Andrea Speranzoni, representante del Estado uruguayo “expondrá sus conclusiones” en el proceso de apelación del juicio por el Plan Cóndor. Se trata de la tercer audiencia programada por la Corte de Apelaciones antes del 8 de julio, cuando se reunirá la Sala del Consejo y se prevé que pronuncie el fallo final. En esta oportunidad, al igual que en la primera audiencia del juicio en Italia, estará presente el secretario de Presidencia, Miguel Ángel Toma.
Por este juicio, en primera instancia fueron condenadas ocho personas, entre las que hubo un único uruguayo –el ex canciller durante el gobierno de facto Juan Carlos Blanco– y absueltas 19 personas. En la causa están imputados los uruguayos José Ricardo Arab Fernández, José Nino Gavazzo, Juan Carlos Larcebeau Aguirregaray, Pedro Antonio Mato Narbondo, Luis Alfredo Maurente Mata, Ricardo José Medina Blanco, Ernesto Avelino Ramas Pereira, José Sande Lima, Jorge Alberto Silveira Quesada, Ernesto Soca, Jorge Néstor Tróccoli Fernández, Gilberto Vázquez Bissio y Ricardo Eliseo Chávez Domínguez.
En esta instancia, según publicó Presidencia en su sitio web la semana pasada, será de “capital importancia” la exposición de “nueva documentación” que “atestigua la planificación de las operaciones desde noviembre de 1977 hasta mayo de 1978, por parte del comandante de Navío Jorge Tróccoli, jefe del S2 del FUSNA [Fusileros Navales], y en la fase ejecutiva en la ESMA [Escuela de Mecánica de la Armada] argentina”. También, se presentará documentación “comprobante” del papel de Gavazzo como “comandante de las operaciones Cóndor al Interior de la Oficina III del SID (Servicio de Información de Defensa) y del papel que tuvieron los oficiales involucrados en las operaciones, así como “pruebas obtenidas de nuevos documentos desclasificados estadounidenses sobre el FUSNA”, añade el comunicado.
Las próximas audiencias programadas por la Corte de Apelaciones –presidida por la jueza Agatella Ciuffrida– tendrán lugar el 21 y 28 de junio, donde los defensores de los imputados podrán presentar sus alegatos a la causa.
En diálogo con la diaria, el ex senador Enrique Rubio calificó esta instancia del proceso como “decisiva” y espera que produzca un cambio en el desarrollo del juicio por el contenido de la información que presentará el gobierno uruguayo. Sobre el caso de Tróccoli apuntó que “si hubiera sido juzgado en el Uruguay estaría preso desde hace muchos años, pero las pautas de la justicia italiana han sido otras”. Rubio sostuvo que “hay evidencias hasta el cansancio” sobre el accionar de Tróccoli y “testimonios de todo tipo” para que sea condenado por la Justicia. No obstante, dijo que el resultado final no puede preverse.
“Responsabilidad institucional”
Rubio sostuvo que los hechos de los últimos meses vinculados a las actas del Tribunal de Honor del Ejército –que juzgó las conductas de Gavazzo, Maurente y Silveira– y los documentos desclasificados entregados por Estados Unidos a Argentina en abril, revelaron que “la mentalidad, la ideología y el encuadre de lo que es la seguridad nacional [dentro de las Fuerzas Armadas, FFAA] se mantiene en los mismos términos que en el período de la dictadura”.
En ese sentido, el ex senador manifestó que “la izquierda debería no solo enfatizar en los avances en materia de verdad y justicia y las responsabilidades específicas de los violadores de derechos humanos, sino también en la responsabilidad institucional de las FFAA”. Para Rubio, las FFAA le “deben a los uruguayos un reconocimiento de sus violaciones a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad dentro y fuera del país en el marco del Plan Cóndor”, y “deberían asumir el juramento de que no ejercerán más el terrorismo de Estado y no volverán a violar el mandato artiguista”.
Al interior de las FFAA “se sigue pensando en lo mismo que se pensaba en aquel periodo” y “se sigue autojustificando los delitos”, expresó el ex senador. A su vez, Rubio señaló que en “el último año” hubo una “sucesión de evidencias” de la existencia de un “punto de vista incompatible con el sistema democrático vigente en nuestras FFAA”, y que persiste no solo en las expresiones de los “nostálgicos” que actuaron durante la dictadura, sino en la de sus “sucesores 40 años después”, lo que es “mucho más grave” y es un “problema para la democracia, el presente y el futuro”.
Rubio subrayó la necesidad de que las FFAA reconozcan su “responsabilidad institucional”. Para ilustrar esta responsabilidad, el ex senador citó un documento fechado el 30 de enero de 1978, firmado por Gavazzo como Jefe del Departamento III del SID dirigido a la Junta de Comandantes en Jefe de ese organismo. Allí, remarca Rubio, queda constatado que el represor no actuaba solo sino en dependencia directa. “Esto es muy relevante a la hora de demandar responsabilidades. Las responsabilidades no solo son individuales o de algunos operadores, sino institucionales de las FFAA”, añadió.
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El Estado Uruguayo presentó
nueva información en la apelación
del juicio por el Plan Cóndor
14 de mayo de 2019
Toma: “Las nuevas pruebas incriminan severamente a los imputados que habían sido absueltos”
“Tomo la palabra luego de seis años de juicio, un juicio complejo y importante, aunque estamos divididos por un océano y por el largo tiempo transcurrido desde los hechos que estamos juzgando. Ese tiempo y ese espacio están destinados a desaparecer si, a través de un camino argumentado y lógico, logro llevar a este tribunal la realidad de los hechos que siguen teniendo vigencia en América Latina”. Con esas palabras abrió su alegato final el abogado Andrea Speranzoni, representante del Estado uruguayo en el juicio de apelación por el Plan Cóndor que se está desarrollando en Roma, cuyo fallo esta previsto para el 8 de julio.
La exposición de Speranzoni se extendió por mas de dos horas. Luego de contextualizar los hechos y de comparar este juicio con otros realizados luego de la Segunda Guerra Mundial (los juicios de Nürenberg a criminales nazis y los de los tribunales penales para casos en la ex Yugoslavia y en Ruanda), se centró en el enfoque del “nunca más”, planteado luego del holocausto judío y luego retomado en América Latina, décadas después de los delitos de lesa humanidad cometidos por las dictaduras cívico-militares.
Su argumentación tuvo un enfoque cronológico; destacó el 11 de setiembre de 1973, día del golpe de Estado en Chile contra el presidente Salvador Allende, como un hito fundamental que “llevó a los golpistas a implementar un sistema, el Plan Cóndor, de intercambio de información y cooperación”. Destacó la utilización sistemática de los aparatos estatales por parte de quienes cometen el tipo de crímenes llamados, precisamente, “terrorismo de Estado”, e introdujo la categoría de crímenes de indiferencia, forjada por el ex magistrado francés Antoine Garapon para referirse a la inhumanidad de quienes los perpetran.
Al respecto, citó dos fallos de tribunales argentinos sobre el terrorismo de Estado y el plan sistemático que identificó a “los niños como botín de guerra, en el momento mas alto de cosificación de las víctimas”. Un lugar extremo para llevar a cabo esa cosificación fueron los centros de detención clandestina y tortura: “edificios anónimos en contextos urbanos que ocultaron lo indecible” y que por la descripción de las víctimas hacen pensar en las imágenes del infierno que pintó Hieronymus Bosch, señaló el abogado.
Speranzoni analizó la nueva documentación y pruebas aportadas en el juicio de apelación, y las vinculó con el material probatorio previo. “El esfuerzo de esta defensa es el de cruzar diferentes documentos provenientes de varias fuentes, sobre todo militares, con testimonios, legajos de los imputados y fichas de las víctimas desaparecidas”, lo cual representa “una verdadera mina de información y nos revela el plan premeditado de destrucción tejido por los imputados”, sostuvo.
Speranzoni señaló que ese plan empezó “con un seguimiento constante a los miembros del Partido de la Victoria del Pueblo [PVP] y de los Grupos de Accion Unificadora, hasta proceder a su captura y aniquilamiento. Particularmente escalofriante es leer que los organismos de inteligencia tenían datos extremadamente sensibles de las víctimas y de sus familias: encontramos hasta las fechas de nacimientos de sus hijos. Podemos con certeza decir que las familias de las víctimas fueron espiadas en sus actividades de denuncia y de pedido de verdad y justicia”, afirmó.
En ese análisis, el abogado se centró particularmente en el papel de Jorge Néstor Tróccoli. Describió su carrera en los servicios de inteligencia, su relación con el capitán de navío retirado Juan Carlos Larcebeau y cómo ambos intercambiaban sus roles en el cuerpo de fusileros navales (Fusna). Expuso que las fechas de sus viajes a Argentina coinciden con las operaciones de secuestro y asesinato juzgadas, y de qué modo actuaron en la Escuela Mecánica de la Armada argentina (Esma) en 1978 y en 1979, cuando Tróccoli fue oficial de enlace con Argentina.
También analizó las responsabilidades de los otros acusados en aquel momento, y el papel de mando que tuvo José Nino Gavazzo, quien “actuaba como jefe de la operación Cóndor en Uruguay en 1976, durante los secuestros de miembros del PVP, junto con todo su equipo de criminales del Servicio de Información de Defensa”.
“Este tramo del juicio nos dio la posibilidad de presentar nuevas pruebas que incriminan severamente la responsabilidad de los imputados que habían sido absueltos”, dijo a la diaria Miguel Ángel Toma, secretario de Presidencia. “Acá en Italia hicimos todo lo posible para lograr una sentencia de condena, y para señalar a los responsables de este Plan Cóndor que generó mucho sufrimiento a los uruguayos”, afirmó.
Otro de los que intervino en la audiencia fue Giancarlo Maniga, abogado de Aurora Meloni –viuda a su vez de Daniel Banfi, una de las víctimas uruguayas–. En su alegato, planteó una detallada reconstrucción de las causas políticas y económicas que llevaron a América Latina a las dictaduras cívico-militares. Otro de los abogados de familiares de víctimas, Nicola Brigida, comparó los delitos de los imputados con los que cometen las mafias, y realizó un análisis jurídico de las figuras delictivas que podrían ser utilizadas para lograr una condena en esta segunda instancia.
La próxima audiencia está convocada para el 21 de junio, a las 9.30 de Roma.
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APELACIÓN
Uruguay presentó “pruebas
contundentes” sobre la participación
de trece militares en el Plan Cóndor
13.05.2019
ROMA (Uypress) – El estado uruguayo presentó ante la Tercera Corte de Asís, en Roma, “pruebas que demuestran de forma contundente” la participación de trece militares uruguayos en crímenes de lesa humanidad durante la dictadura 1973-1985.
La afirmación fue realizada por el secretario de la Presidencia, Miguel Ángel Toma, que viajara especialmente designado por el Presidente de la República. Los documentos precisan la participación de estos militares en la organización del terrorismo de Estado a nivel continental, denominado Plan Cóndor.
Durante la apelación que se desarrolló este lunes 13 en esa corte romana, el equipo de abogados de nuestro país presentó pruebas que identifican a los militares que cometieron delitos como torturas y desapariciones forzadas en el marco del Plan Cóndor, juicio que impulsa el Estado uruguayo en las cortes italianas.
Con el nombre de Plan Cóndor se denomina a la coordinación de las acciones ilegales cometidas por militares bajo las órdenes de, fundamentalmente, las dictaduras de Uruguay, Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Bolivia. Estas acciones incluyen desde vigilancia y seguimiento, hasta capturas, interrogatorios con torturas, desapariciones forzadas y asesinatos.
Esta apelación subsana “una carencia importante de presentación de prueba en la causa” en 2015, dijo Toma a Radio Uruguay, al finalizar la instancia judicial. Para el jerarca, en la jornada se demostró de forma amplia y contundente las responsabilidades de los imputados. En julio se conocerá el resultado del juicio y, posteriormente, la fundamentación del fallo.
La presentación fue realizada por el abogado Andrea Speranzoni. “Creo muy seriamente que logramos convencer a los magistrados de esta segunda instancia acerca de la razón que expone Uruguay, como parte civil” de este juicio, afirmó Toma.
Los militares uruguayos juzgados en Italia son José Ricardo Arab Fernández, José Nino Gavazzo, Juan Carlos Larcebeau Aguirregaray, Pedro Antonio Mato Narbondo, Luis Alfredo Maurente Mata, Ricardo José Medina Blanco, Ernesto Avelino Ramas Pereira, José Sande Lima, Jorge Alberto Silveira Quesada, Ernesto Soca, Jorge Néstor Tróccoli Fernández, Gilberto Vázquez Bissio y Ricardo Eliseo Chávez Domínguez.
Sobre las pruebas que implican al ex capitán de navío Jorge Tróccoli, la parte acusadora entregó nuevos elementos que lo ubican en la planificación de operaciones de terrorismo de Estado, desde noviembre de 1977 a mayor de 1978, tanto en la sede del comando de Fusileros Navales (FUSNA), en Uruguay, como en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), en Argentina.
En el caso de José Nino Gavazzo, Toma subrayó que las pruebas son “abrumadoras” para identificarlo como comandante en jefe del Plan Cóndor al interior del Servicio de Información de Defensa (SID). “El capricho de los hechos, entendemos, va a llevar inexorablemente a una condena procesal, que esperamos con toda lógica”, finalizó.
Fuente: Presidencia