Aumentó la cantidad de
amenazas contra la libertad
de expresión en Uruguay
3 de mayo de 2020
Hubo 26 casos; ocho más que en 2018.
Entre el 1 de abril de 2019 y el 31 de marzo de 2020 hubo en Uruguay 26 casos de amenazas a la libertad de expresión de periodistas, señala el sexto informe de monitoreo de amenazas realizado por el Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública (Cainfo).
Según el informe, la categoría que presentó más episodios fue la referida al “acceso a la información”, con nueve casos; seguida por “agresiones y ataques”, con ocho casos; y cuatro episodios relacionados con la categoría “discurso estigmatizante”. 80% de los casos ocurrió en Montevideo.
A pesar de que sólo un episodio no fue denunciado públicamente, ninguno llegó a la Policía o a la Justicia. Diez de los casos provinieron del ámbito público, ocho del privado y ocho fueron provocados por integrantes de partidos políticos. De las 26 amenazas a la libertad de expresión, 13 afectaron a equipos periodísticos o medios, diez afectaron a varones y tres a mujeres. El sexto informe evidenció un crecimiento en la cantidad de eventos, ocho más que en el informe anterior, en el que se registraron 18 casos.
Entre los elementos que preocupan a Cainfo está la ley de urgente consideración (LUC) que ingresó a la Cámara de Senadores la semana pasada, porque “si bien uno de los aspectos más preocupantes fue eliminado, ya que se quitó del articulado la pretensión de legislar respecto al denominado ‘Derecho al Olvido’, se mantienen limitaciones al derecho a la protesta pacífica, que atentan contra la libertad de expresión”, dice el informe..
Cainfo también lamenta que no haya prosperado el proyecto de ley sobre el uso de la publicidad oficial, “luego de que el Senado decidiera no aprobar el texto en el plenario y regresarlo a comisión para su análisis”. “Esta decisión, se tomó ante la falta de consenso entre los partidos en el Senado, a pesar de que el proyecto original contó con el apoyo de representantes del Frente Amplio, el Partido Nacional, el Partido Colorado y el Partido Independiente”.
Aunque no es parte del informe, Cainfo hace énfasis en la pérdida de puestos de trabajo, en especial en marzo de este año, lo que, “según las empresas periodísticas”, fue consecuencia de la crisis económica provocada por la pandemia de covid-19. La Asociación de la Prensa Uruguaya (APU) consignó el envío al seguro de paro de más de 300 personas.
Cainfo manifiesta su preocupación por el funcionamiento de las conferencias en la Torre Ejecutiva, donde se permiten “pocas preguntas” y los periodistas “se ven imposibilitados de repreguntar”. Además existe un listado de medios y un orden en el que se hacen las preguntas; si un medio no envía a un periodista a cada una de las conferencias queda último en el listado. Cainfo alega que la “confección de una lista con un orden de prelación dificulta la participación de medios o periodistas (de Montevideo e interior) que no pueden asistir a todas y cada una de las conferencias de prensa ofrecidas”.
Por otra parte, el texto hace mención al creciente un número de agresiones en las redes sociales por cuestiones vinculadas al desempeño de la profesión, en especial a mujeres.
Algunos de los casos
El informe de Cainfo menciona los casos denunciados, que van desde impedimentos para acceder a la información hasta agresiones o ataques.
En cuanto al acceso a la información, en 2019, Antel definió como reservada la información relativa al costo de mantenimiento del estadio “Antel Arena”, una solicitud realizada por un periodista del diario El País. Además en julio de 2019, un asesor de Juan Sartori (Partido Nacional) comunicó que el portal Ecos, propiedad del político, dejaría de ser plural y pasaría a ser parte de la propaganda de su grupo. Presidencia, en octubre de 2019, negó información sobre cargos de confianza y pases en comisión, a un periodista del diario El Observador; en noviembre, la Justicia condenó a Presidencia a otorgar la información. También se menciona que en la asunción presidencial de Luis Lacalle Pou se limitó el acceso de los medios al Palacio Legislativo.
Agresiones, ataques y restricciones
En 2019 hubo varias denuncias de amenazas y ataques. Entre los periodistas amenazados o agredidos está Leonardo Haberkorn de El Observador que informó sobre el caso de José Gavazzo; el periodista del Teledoce Martín Kesman, que denunció que un camarógrafo fue agredido durante el partido Peñarol-Flamengo; y la periodista de Soriano María del Huerto Ramírez que denunció que fue agredida por un integrante de la comitiva del candidato presidencial del Frente Amplio, Daniel Martínez. Además, un equipo de VTV Noticias fue agredido por manifestantes durante una protesta encabezada por ex candidato a presidente del Partido Verde Animalista, Gustavo Salle, y en una marcha realizada por la organización Plenaria, Memoria y Justicia.
Además, APU denunció en julio del año pasado que la periodista del semanario Brecha Azul Cordo, recibió insultos en las redes sociales luego de escribir una nota sobre la decisión de la Justicia de quitar la patria potestad a un integrante de la organización Todo por Nuestros Hijos Ya y Stop Abuso Uruguay.
Discurso estigmatizante y procesos judiciales
En de octubre del año pasado un equipo del diario La República fue hostigado por la seguridad y allegados al líder de Cabildo Abierto Guido Manini Ríos, durante un acto realizado en Minas (Lavalleja). En mayo de 2019 el comandante en jefe del Ejército, Claudio Feola, presentó una denuncia penal por difamación e injurias contra el periodista Gabriel Pereyra, quien calificó de “cobardes y atorrantes” las expresiones del militar porque se negó a repudiar las desapariciones durante la dictadura; en setiembre de ese año, Antonio Romanelli, asesor del partido Cabildo Abierto, presentó una denuncia penal contra el diario La República, Radio Uruguay y Montevideo Portal, porque publicaron una carta de un colectivo de ex presos políticos.
COMUNICACIÓN
4 de mayo de 2020
Advierten irregularidad
en designación de Sotelo
como director de SECAN
El Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública (CAINFO) alertó sobre las posibles consecuencias negativas para la libertad de expresión que tiene la decisión del director del Servicio de Comunicación Audiovisual Nacional (SECAN), Gerardo Sotelo, de pedir a todos los coordinadores de informativos de los medios públicos consultar la información con el coordinador del servicio, Jorge Gatti. Por su parte legisladores del Frente Amplio denunciaron ante la Junta de Transparencia y Ética Pública (JUTEP) presuntas irregularidades en la designación de Sotelo, y remitieron un pedido de informes al Ministerio de Educación y Cultura ya que también es candidato suplente a la Intendencia de Montevideo.
El pasado miércoles se conoció una carta en la cual el director del SECAN, Gerardo Sotelo, solicitó a los coordinadores de Televisión y Radiodifusión Nacional de Uruguay que todos los contenidos informativos y periodísticos deben ser consultados con el coordinador periodístico del SECAN, Jorge Gatti, antes de iniciarse el proceso de producción.
A raíz de ello, los senadores del Frente Amplio, Enrique Rubio y Amanda Della Ventura, solicitaron a la Corte Electoral que analice la situación, ya que Sotelo como director del SECAN también participará de la campaña electoral de las departamentales como candidato a la Intendencia de Montevideo (es uno de los suplentes de Laura Raffo).
A la vez denuncian ante la Junta de Transparencia y Ética Pública (JUTEP) “presuntas irregularidades con la actuación de los funcionarios públicos y la integración en la nómina de candidatos a la Intendencia”.
“Esta situación puede dar lugar a la conjunción del interés público con el interés privado y la falta de transparencia a la hora de informar mediáticamente a la ciudadanía”, expresan los parlamentarios de la oposición.
Asimismo, los diputados frenteamplistas Gabriel Otero y Daniel Caggiani remitieron un pedido de informes al Ministerio de Educación y Cultura en el cual preguntan “cuál fue el concurso y/o mecanismo por el cual se resolvió la designación del señor Jorge Gatti como coordinador».
Pretenden saber sobre “quién elaborará y bajo qué procedimientos, la mencionada “Guía de Principios, prácticas v estándares de calidad” a la que se refiere Sotelo en su carta.
También manifiestan preocupación por “cómo se aplicará concretamente en la labor periodística e informativa esta especie de consulta previa y aprobación del trabajo de los comunicadores de TNU y RNU”.
“¿No constituye tales mecanismos o criterios de pre-aprobación una especie de censura previa al trabajo de los comunicadores de TNU y RNU?”, interrogan los parlamentarios.
Consecuencias negativas
Por su parte, el Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública (CAINFO) alertó que la decisión de Sotelo puede tener posibles consecuencias negativas para la libertad de expresión de los periodistas que trabajan en los medios públicos de radio y televisión que integran el SECAN.
“Sin perjuicio de la lógica discusión de criterios periodísticos o editoriales que caben a la dirección de todos los medios (públicos o privados), la imposición de un escrutinio previo a la elaboración de los contenidos, que proclama la intención de ‘balancear las opiniones’ o ‘reflejar todos los puntos de vista relevantes para la comprensión de los hechos y presentarlos de forma imparcial’, además de constituir un enlentecimiento en el proceso de producción que requiere prontitud y pertinencia, puede derivar en un mecanismo de intimidación, de autocensura o incluso de censura previa”, indica CAINFO.
Agrega que este riesgo se agrava por el hecho de que Sotelo “mantiene una actividad político-electoral como candidato suplente de una de las postulantes a la Intendencia de Montevideo en las próximas elecciones de octubre por la coalición gobernante”.
CAINFO considera pertinente recordar las recomendaciones para el funcionamiento de los medios públicos contenidas en el documento: “Estándares de libertad de expresión para una radiodifusión libre e incluyente”, publicado en 2010 por la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Dicho informe señala que “para asegurar la autonomía de los medios públicos se debería establecer por Ley la independencia de su línea editorial o informativa”. A la vez, recomienda que “todos los medios de radiodifusión gestionados por el Estado estén supervisados por una autoridad independiente, cuyos integrantes sean elegidos mediante un procedimiento transparente y competitivo en función de la idoneidad profesional y ética”.
La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión agrega que la legislación “debería contemplar un régimen severo de inhabilidades, incompatibilidades y conflicto de interés, así como requisitos y procedimientos de designación y remoción objetivos y transparentes para los directivos de cada uno de los medios de públicos de comunicación que no deberían ser de libre nombramiento y remoción del Poder Ejecutivo Nacional”.