TORTURAS
28 de julio de 2020
Procesan con prisión a ex militares Coitinho
y Garciacelay por homicidio de
Basilicio López en dictadura
La jueza letrada Isaura Tórtora decretó el procesamiento con prisión de los militares retirados Nelson Heber Coitinho Leites y Hugo Andrés Garciacelay Odera por un delito de homicidio muy especialmente agravado en calidad de autor y de coautor, respectivamente, por la muerte del militante del Partido Comunista del Uruguay (PCU) Julián Basilicio López, ocurrida el 5 de enero de 1976 en el Grupo de Artillería N°1 del Ejército, cuartel La Paloma del Cerro.
Este martes 28 de julio se conoció el auto de procesamiento de los militares retirados Coitinho y Garciacelay por la muerte del militante del PCU, Julián Basilicio López, ocurrida en enero de 1976.
El caso ocurrió en el marco de la “Operación Morgan” de la pasada dictadura cívico-militar, una coordinación a gran escala, cuyo objetivo principal era el seguimiento, vigilancia, detención, interrogatorios con apremios psico-físicos, traslados y desaparición o muerte de personas consideradas por dichos regímenes como “subversivas o contrarias al pensamiento político o ideológico opuesto a las dictaduras militares de la región”, específicamente contra el PCU y el Partido por la Victoria del Pueblo (PVP).
La muerte de López
Julián Basilicio López fue detenido el 31 de diciembre de 1975, tenía 66 años, era jubilado de la empresa CUTCSA y trabajaba como conductor de un taxímetro.
Luego de realizarse un allanamiento en su domicilio, López fue detenido y conducido al Batallón de Artillería N° 1 de La Paloma en el Cerro, a fin de ser interrogado por el entonces capitán Nelson Coitinho, Carlos Walter Casco Panzardo (hoy fallecido) y el alférez Hugo Garciacelay.
A raíz del interrogatorio, obtenido mediante agresiones físicas, López admitió haber recibido armas de parte de José Luis Picardo que habían sido enterradas en el fondo de su domicilio, las que fueron halladas en la inspección realizada en el mismo.
Julián Basilicio López falleció el 5 de enero de 1976, tras haber sido interrogado mediante apremios físicos.
Por aquel entonces, en el batallón revestían funciones: el teniente coronel Washington Scala y el segundo jefe José Scaffo. El Juez sumariante de la unidad militar fue capitán Juan Carlos Pérez (hoy fallecido).
Según surge de la declaración vertida por Scaffo “existía un informe del hospital militar donde decía que el ciudadano López había fallecido y presentaba signos de haber sido torturado”.
También se indica que el protocolo de autopsia consigna la “erosión y equimosis en las muñecas de la victima provocadas por las ‘esposas u otros medios de opresión prolongadas de las muñecas’”.
Sin embargo, del testimonio del expediente militar surge que se trató de “desdibujar las verdaderas circunstancias que rodearon el fallecimiento de la víctima”. Es decir, que en la versión oficial recreó una “puesta en escena que no se condice con la verdad de lo ocurrido conforme surge de probanzas allegadas a la causa”.
En el capitulo “Conclusiones” se indica que Julián Basilicio López murió a los 66 años de edad en la madrugada o en la mañana del 5 de enero de 1976 en el Grupo de Artillería N°1 del Ejército.
Se trató de una muerte “bajo custodia acaecida en el contexto espacial y temporal de los interrogatorios a que se sometía a los detenidos, que se intentó ocultar mediante una investigación fraguada».
La causa de muerte fue el “sangrado interno masivo secundario a los violentos traumatismos recibidos”.
Fue una “muerte violenta, a consecuencia de traumatismos inferidos intencionalmente por terceros”.
El patrón lesional se corresponde con las descripciones de los hallazgos que presentaban los cadáveres de las víctimas de tortura a través de métodos de violencia contusa, se expresa en el escrito de la magistrada.
Asimismo, del análisis de la información agregada se advierte una contradicción en las pericias de los médicos militares intervinientes: “En la versión del médico militar Dr. Marabotto se señala que el cadáver no presentaba signos externos de violencia. En tanto el médico militar que practicó la autopsia, Dr. Mautone, constató que el cadáver presentaba no sólo lesiones internas sino que presentaba un hematoma en el pómulo derecho, equimosis y erosión en el flanco y región lumbar derecha, además de equimosis y erosiones en ambas muñecas producto de haberlas tenido atadas”.
“Toda la información disponible coincide en que la muerte de Julián Basilicio López ocurrió en prisión y en el contexto de los interrogatorios llevados adelante por los oficiales y subalternos en las instalaciones del Batallón de Artillería N° 1 de La Paloma en el Cerro”, se asegura en el escrito.
También se indica que existe coincidencia absoluta entre los hallazgos externos, internos, e histopatológicos, que demuestran “se trató de una muerte violenta y heteroinferida, cuya causa final fue el sangrado interno masivo secundario, pero la causa básica fueron los violentos traumatismos múltiples padecidos por la victima en el contexto del interrogatorio a que fue sometido en la unidad militar el 5 de enero de 1976”.
En el auto de procesamiento, la magistrada señala que del certificado médico forense efectuado en setiembre de 2011 extendido por el médico forense de la Sede, Dr. Guillermo López Moreira, es establece que la causa de muerte que surge es la hemorragia aguda a consecuencia de politraumatismos.
Del informe antropológico del Grupo de Investigación en Antropología Forense (GIAF) y declaraciones de los técnicos intervinientes se desprende que “las lesiones costales y los signos degenerativos del raquis, plantean sus hipótesis sobre los traumatismos recibidos y descartan que haya recibido un golpe en la espalda”.
Asimismo agregan en su informe que “la patología observada en columna hace muy poco probable que el individuo haya dado un salto en el aire voluntariamente y por la misma razón es poco probable que haya sufrido un golpe en la espalda tal como se relata. Sin que se observen fracturas en la columna vertebral”.
Mientras que una Junta Médica a cargo de la Cátedra de Medicina de la Universidad de la República determinó que «se trata de una muerte violenta» como consecuencia de golpes intencionales.
Derechos humanos
En el auto de procesamiento al que accedió LARED21, la jueza destaca el pronunciamiento expuesto por el doctor Oscar López Goldaracena quien ha expresado que: “a pesar de la total negación de los derechos de la persona humana en períodos oscuros de la historia, nuestra civilización se caracteriza por la constante búsqueda de elementos que hagan posible el respecto a la vida del hombre. Cuando sobreviven hechos como los de la Segunda Guerra Mundial, el cuestionamiento es profundo e inevitablemente conduce a una reafirmación de principios como exteriorización de conciencia de la comunidad internacional y a un replanteo de los medios viables que garanticen, de mejor forma, la debida salvaguarda de los derechos inalienables del individuo”.
Goldaracena añade que “más allá de lo anecdótico, en virtud del proceso de Nüremberg se concretizaron principios que se encontraban latentes en una costumbre internacional en franca evolución: el ‘crimen contra la humanidad’ es un ‘delito de gentes’, del mismo tipo que la trata de blancas, de niños, de estupefacientes, y lesiona intereses y valores comunes a la humanidad toda”.
“El estatuto y Proceso de Nüremberg constituyeron un hito fundamental en la consolidación de ciertos valores universales. Intentando resumir los principios de Derecho Internacional que se establecieron y fueron recogidos expresamente por las Naciones Unidas, y en lo relativo al punto, digamos: Reafirma el principio de la existencia de normas supranacionales de Derecho Internacional limitativas de la soberanía de los Estados, en cuanto imponen a éstos el respeto de los derechos humanos de sus ciudadanos o súbditos”, indica Goldaracena.
Asimismo, la magistrada cita a Goldaracena cuando tipifica a los crímenes contra la paz, crímenes de guerra y contra la humanidad como delitos internacionales cuyo castigo importa a toda la comunidad de naciones”.
Es así que la desaparición de personas y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes supone la negación de los derechos más fundamentales de la persona humana, constituyendo la prohibición de tales prácticas una norma imperativa de Derecho Internacional en el sentido del artículo 53 de la Convención de Viena, pues violan una amplia gama de derechos humanos”, indica Tórtora en su dictamen.
Dos exmilitares a prisión por asesinato de militante comunista
Ambos militares fueron responsables de la muerte
del militante del PCU Julián López en el cuartel
de La Paloma, en Montevideo.
28 JULIO, 2020
Dos militares retirados fueron procesados con prisión por la muerte en torturas del militante comunista Julián López en enero de 1976.
Se trata de Nelson Heber Coitinho y Hugo Andrés Garciacelay a los que se les tipificó homicidio muy especialmente agravado como autor y coautor.
López, quién tenía 66 años cuando fue detenido en el marco de la Operación Morgan, fue sometido a torturas en el grupo de Artillería N°1 en el barrio La Paloma de Montevideo.
Según Subrayado el cuerpo de López fue exhumado en 2017. Tras un análisis de los restos se estableció la causa probable de la muerte, lo que sustenta la decisión judicial.
Indica la Secretaría de Derechos Humanos para el Pasado Reciente que “luego de ser detenido e interrogado es conducido a la celda. En esa instancia y según informan las autoridades militares solicita ir al baño y en el momento en que le desatan las manos se tira al vacío. Sin embargo esta versión es contradecida por algunos declarantes que señalaron “que dicha versión fue elaborada para justificar el fallecimiento de López, desconociendo lo que le pasó”.
Según supo Caras y Caretas Portal uno de los militares ahora procesados dijo sentirse mal y fue trasladado e internado en un centro de salud.
Julián Basilio López tenía 66 años al momento de ser detenido. Era jubilado del transporte. Había trabajado en la empresa Cutcsa.
Para mañana está prevista la comparecencia de más militares acusados de violar los derechos humanos durante la dictadura cívico militar de 1973-1985.
Dos militares procesados con prisión por el homicidio
del militante comunista Basilicio López
28 de julio de 2020
La jueza Isáura Tórtora dictaminó que la víctima murió a
causa de los golpes recibidos en tortura.
La jueza Isáura Tórtora procesó este martes con prisión a los militares retirados Nelson Heber Coitinho y Hugo Andrés Garciacelay por un delito de homicidio especialmente agravado en la causa que investiga la muerte de Basilicio López.
Tórtora notificó personalmente del procesamiento a Coitinho y se presentó en el Hospital Militar para hacer lo mismo con Garciacelay, que se encontraba internado en el centro de salud por un pico de presión.
López, de 66 años, fue detenido el 31 de diciembre de 1975, en el marco de la Operación Morgan y trasladado al Batallón de Artillería Nº1, ubicado en la zona de La Paloma, en el Cerro.
Sobre la 1.30 el militante comunista fue interrogado bajo tortura por Coitinho, que oficiaba como enlace de Inteligencia (S2), el teniente 2º Carlos Casco (fallecido) y el entonces alférez Andrés Garciacelay. Se le preguntó sobre la procedencia y finalidad de las armas que habían encontrado enterradas en el patio de su casa y murió a consecuencia de los golpes recibidos en la tortura, según consta en los informes forenses citados en el fallo judicial.
En el expediente de la época los militares declararon que la muerte del militante comunista había sido consecuencia de un suicidio. La versión que manejaron era que López había pedido para ir al baño cuando estaba siendo trasladado de la sala de interrogatorios a su celda y, al ser desatado por Garciacelay, optó por tirarse desde una escalera y cayó al vacío de espaldas.
Sin embargo los subalternos declararon ante la sede que se les impartió la orden de brindar esa versión para justificar la muerte y ocultar la verdadera causa, incluyendo al propio Coitinho, que reconoció que “el expediente [militar] fue hecho para justificar la muerte de ese hombre”.
Las pericias forenses realizadas en 2011 en el marco de la investigación corroboraron que la causa de la muerte fue “hemorragia aguda a causa de politraumatismos”, mientras que el informe antropológico realizado por el Grupo de Investigación en Antropología Forense (GIAF) descarta la caída tal como fue relatada, dado que el cuerpo no sufrió fracturas en la columna vertebral.
“De todas las pericias realizadas en el expediente, surgen hallazgos externos e internos de que se trató de una muerte violenta a raíz de los politraumatismos recibidos por la víctima durante los interrogatorios”, afirmó a la diaria la jueza Tórtora.
La defensa de Coitinho, integrada por Estela Arab y Graciela Figueredo, pidió la prisión domiciliaria para el militar y presentó la historia clínica en la que se certifican diferentes patologías. Sobre este punto, Tórtora señaló que dispuso la realización de pericias médicas para evaluar su estado de salud, dado que “el informe válido para la sede a los efectos de disponer la prisión domiciliaria es el informe del Instituto Técnico Forense”.
En cuanto a la no prescripción del delito, la sentencia menciona el proceso de Núremberg y cita un trabajo del abogado Óscar López Goldaracena publicado en 1986, en el que refiere al principio de la existencia de normas supranacionales del derecho internacional, que limitan la soberanía de los Estados porque imponen el respeto a los derechos humanos de sus ciudadanos.
“Lo más trascendente está representado por la toma de conciencia de la comunidad internacional de castigar sin miramientos a quienes pudieran haber incurrido en crímenes contra la humanidad”, señala la publicación de Goldaracena, titulada “Derecho Internacional y Crímenes Contra la Humanidad”.
El contexto de la muerte de Basilicio López
La Operación Morgan fue una operación represiva contra la estructura del Partido Comunista, llevada a cabo por el Órgano Coordinador de Operaciones Antisubversivas (OCOA) a partir de octubre de 1975.
En principio apuntó contra los miembros del Comité Central y los responsables de Finanzas y Propaganda y luego, a partir de enero de 1976, se extendió a los integrantes de la Unión de Juventudes Comunistas.
El OCOA funcionaba en la órbita de la División de Ejército I, comandada por el general Esteban Cristi y el coronel Julio César González Arrondo, y operaba con centros clandestinos de detención, denominados “infiernos” en la jerga militar, como la casona de Punta Gorda, ubicada en Rambla República de México, también conocida como “infierno chico”; la casa de Juan Paullier conocida como “cárcel del pueblo”, en manos del MLN-T hasta 1972. El 2 de noviembre de 1975 decenas de militantes que se encontraban en esos centros fueron trasladados al “infierno grande”, los galpones del Servicio de Material y Armamento, en el fondo del Batallón de Infantería Nº 13, donde fueron encontrados los restos de Fernando Miranda y Gerardo Bleier.
López había nacido el 13 de enero de 1909 en el departamento de Tacuarembó. Era jubilado como guarda de Cutcsa y trabajaba en un taxímetro. Se había afiliado al Partido Comunista en 1961, teniendo una activa participación en la huelga del transporte de 1962 como dirigente de la Unión Nacional de Obreros del Transporte de la Convención Nacional de Trabajadores. En 1969 fue denunciado por enterrar en el patio de su casa documentación del Partido Comunista, según consta en los registros que estaban en poder del OCOA.