El 27 de junio se cumplen 40 años de la disolución del Parlamento y del inicio de la huelga general con la cual los trabajadores, los estudiantes y los sectores populares democráticos enfrentaron y resistieron la medida que conduciría al Terrorismo de Estado. Las FFAA promovidas al escenario político desde el 13 de junio de 1968 cuando el presidente Jorge Pacheco Areco decretó las Medidas Prontas de Seguridad para congelar los salarios de los trabajadores y militarizar a los bancarios y otros gremios, ya eran un factor de poder al servicio de un proyecto político que pretendía descargar los efectos de la crisis económica en las espaldas de los sectores populares. La dictadura cívico militar no fue un producto autóctono de los sectores conservadores y privilegiados del país. Tampoco fue el resultado, directo o indirecto, del accionar de un grupo de jóvenes radicalizados que en el invierno de 1963 robaron armas en el Tiro Suizo de Colonia en una interpretación histórica simplista e interesada políticamente. Ya en esa época el Gral. Aguerrondo y el Gral. Ballestrino estaqueaban trabajadores en el Cerro y comenzaban a esbozar sus planes golpistas copiando el modelo brasileño que destituyó a Joao Goulart.
Las dictaduras que en las décadas de los 60 y de los 70 sacudieron a todo el continente latinoamericano, algunas con intervenciones directas de tropas estadounidenses como en Santo Domingo, fueron la estrategia diseñada por el Departamento de Estado para hacer frente a las movilizaciones y reclamos de independencia, soberanía, libertad y transformaciones radicales en las estructuras sociales para poner punto final al hambre, la miseria generalizada, la pobreza y las indignas condiciones de vida que afectaban a la mayoría de la población del continente.
La dictadura cívico militar, el proceso, que tuvo como presidentes a Juan María Bordaberry, el Dr. Aparicio Méndez y al Tte. Gral. Gregorio Alvarez, fue una tragedia nacional cuyos efectos y daños colaterales se mantienen y perduran hasta el día de hoy en la sociedad. La deuda externa que entorpece y dificulta el desarrollo del país creció exponencialmente en dicho período. Los trabajadores vieron reducido en un 50% el poder adquisitivo de sus ingresos que fue engrosar las arcas de los sectores sociales que apoyaban al régimen.
Los jubilados y pensionistas perdieron el aguinaldo, nunca recuperado como tal. La industria nacional se debilitó frente a las transnacionales y se llevó a límites extremos la concentración de la riqueza.
El modelo de Vegh Villegas y las violaciones a los DDHH.
Para aplicar el modelo económico del Ing. Vegh Villegas se suprimieron todas las libertades y se reprimió salvajemente toda oposición. La tortura, abyecta, degradante, con secuelas perdurables y sostenidas a largo plazo, junto con la prisión masiva y prolongada fue la metodología deliberadamente seleccionada por las fuerzas armadas para destruir a sus opositores, aterrorizar a la población y mantenerse en el poder. Decenas y centenares de los integrantes de los aparatos represivos estuvieron directamente involucrados en ellas, mientras El país y los grandes medios, radiales y televisivos, proveían la cobertura publicitaria que presentaba como salvadores de la nación a quienes la ejecutaban. En el marco del Plan Cóndor centenares de uruguayos fueron detenidos-desaparecidos dentro y fuera de las fronteras nacionales. Centenares fueron asesinados extrajudicialmente en hechos presentados como enfrentamientos. Decenas murieron en la tortura, en los campos de concentración como Punta de Rieles o el Penal de Libertad o fallecieron como resultado directo de ella. Miles de niños y adolescentes, familiares directos de los presos políticos fueron víctimas de un trato inhumano y degradante que marcó sus vidas para siempre. Por razones políticas, gremiales, culturales o ideológicas, miles de uruguayos fueron despedidos del Estado y de la actividad privada. Para preservar su vida y su libertad, miles de uruguayos debieron emigrar del país y exiliarse.
Una transición democrática inconclusa.
La resistencia de los trabajadores y el pueblo, dentro y fuera del país, incluso dentro de las cárceles, hirió de muerte a la dictadura. La gesta épica del pueblo uruguayo, expresión de la cual fue la huelga general del año 1973 y el triunfo del NO en el año 1980, condujo a que el 1° de marzo de 1985 asumiera el Dr. Julio María Sanguinetti, resultado de un acto electoral en el cual se prohibió la participación del Gral. Líber Seregni y de Wilson Ferreira Aldunate.
Se inició la transición democrática que restableció la libertad y la plena vigencia de las garantías constitucionales y legales, indispensables para una convivencia democrática. A lo largo de estas décadas se han dado pasos constantes, en un proceso complejo y de grandes obstáculos, con pronunciamientos militares amenazantes de por medio, para erradicar el legado, traumas y secuelas del pasado dictatorial. La transición como tal, desde la perspectiva de las normas de DDHH que Uruguay ha ratificado, no plenamente vigentes en cuanto al terrorismo de Estado, permanece inconclusa y con desafíos pendientes de implementar.
La investigación y el esclarecimiento de todas las graves violaciones a los derechos humanos, la identificación de los responsables de ellas, tanto materiales como intelectuales, y la sanción penal y administrativa con las garantías del debido proceso, es la única manera de evitar que ellas vuelvan a repetirse. El cumplimiento de la Resolución 60/147 de las Naciones Unidas es el estándar de la calidad institucional al respecto junto con la sentencia de la Corte IDH en el caso Gelman vs Uruguay.
El Estado uruguayo aún no ha expresado sus disculpas públicas y oficiales a todas las víctimas ni ha establecido un día de homenaje y recordación a ellas condenando y repudiando a los terroristas estatales. Las circunstancias de los detenidos-desaparecidos aún están pendientes de esclarecimiento. Con cárceles abarrotadas por delitos menores, solo un puñado de criminales ha sido juzgados y condenados penalmente aunque continúan integrando los cuerpos de las FFAA por no haber sido sometidos a los correspondientes Tribunales de Honor.
La debida reparación a las víctimas sigue pendiente de resolución como lo ha manifestado recientemente la Institución Nacional de DDHH y Defensoría del Pueblo en mensaje enviado al Poder Ejecutivo. Hasta el momento, ante las presiones explícitas y las encubiertas de los golpistas de ayer y de los partidarios de la impunidad hoy, el sistema judicial no ha cumplido, salvo excepciones, con su obligación de investigar, esclarecer y sancionar los crímenes de Lesa Humanidad que son imprescriptibles e inamnistiables.
Ha tolerado incluso que puedan gozar de beneficios extraordinarios como la prisión domiciliaria, cuando tienen todas las condiciones necesarias para preservar sus vidas adecuadamente y recibir el tratamiento humanitario que merecen en el Hospital Militar aunque sean asesinos seriales. Afirmar y profundizar la transición democrática iniciada en 1985 con la plena vigencia de las normas de DDHH, asumiendo y cumpliendo con las recomendaciones de la Institución Nacional de DDHH y Defensoría del pueblo es la mayor garantía de que Uruguay podrá continuar el camino del progreso, del desarrollo de la soberanía, de la justicia y de la liberación nacional con desarrollo en infraestructura, con educación y convivencia civilizada y plena en el marco de las normas de DDHH. La incorporación de la profundización democrática es un punto básico e imprescindible en el orden del día de una verdadera agenda hacia el desarrollo del país, que entusiasme y convoque a la participación de la sociedad civil y de los ciudadanos.
Declarar el 27 de junio de cada año Día Nacional por la Memoria, la Verdad y la Justicia, feriado no laborable, repudiando el terrorismo de Estado, en homenaje a las víctimas del mismo, afirmando y promoviendo las normas de DDHH, es una medida legislativa impostergable y afirmativa cuando se cumplen 40 años
