LAS ACTAS PARLAMENTARIAS SOBRE LOS ASESINATOS DE MICHELINI Y GUTIÉRREZ RUIZ
El cóndor con nuevas alas
Samuel Blixen
7 agosto, 2020
La identificación de un nuevo centro clandestino del Plan Cóndor en Buenos Aires facilitó el levantamiento del secreto sobre las actas de la investigadora de los asesinatos de Michelini y Gutiérrez Ruiz, bajo llave desde hacía más de 30 años. Ello revive el protagonismo del prófugo coronel Pedro Mato.
El general Hugo Medina junto al presidente Julio María Sanguinetti en 1987.
Uno de los capítulos más truculentos del soporte civil para la impunidad de los responsables militares y policiales de los delitos de lesa humanidad fue el operativo montado en el Parlamento, en el segundo semestre de 1987, para hacer naufragar la actuación de la comisión investigadora de la Cámara de Diputados sobre los asesinatos de Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz. La maniobra consistió en filtrar al diario El País el nombre de una testigo y parte de su testimonio secreto, que involucraba a uno de los selectos terroristas de Estado de los aparatos de inteligencia, el entonces capitán Pedro Mato Narbondo, como ejecutor de Michelini.
Para entonces, los diputados de la comisión –los colorados Ramón Pereira Pabén, Edison Rijo, Luis Hierro López, Óscar Magurno y Mario Daniel Lamas; los frenteamplistas Carlos Pita, Luis José Martínez Villalba, Yamandú Fau y Yamandú Sica Blanco, y los blancos Luis Alberto Heber y Alem García– habían tropezado con la determinación del presidente Julio María Sanguinetti de respaldar la postura del general Hugo Medina: negarle al Parlamento la información que hubiera en los archivos militares sobre el cuádruple asesinato de Buenos Aires, en mayo de 1976.
Por un pedido de un abogado argentino, que actúa en el marco de la investigación de la Justicia argentina sobre el papel que jugó en el esquema del Plan Cóndor un centro clandestino de detención recientemente identificado, la vicepresidenta Beatriz Argimón resolvió acceder al pedido del senador Jorge Gandini de eliminar el carácter secreto de las actas de la comisión investigadora. Es posible, entonces, que se pueda establecer cómo se efectuó la maniobra y cuáles fueron las argumentaciones que impusieron la abrupta finalización de las investigaciones.
LA FILTRACIÓN
En las actas de la comisión investigadora constan las contundentes afirmaciones de la enfermera Haydeé Trías. La testigo fue enfática en relatar, con detalles, la confesión del capitán Mato. Según esa confesión, Mato viajaba en el asiento posterior de un vehículo, en la ciudad de Buenos Aires, el 20 de mayo de 1976; en el costado izquierdo del asiento estaba el cuerpo ya sin vida del diputado Héctor Gutiérrez Ruiz; en el costado derecho estaba, aún con vida, el senador Zelmar Michelini. Mato lo remató de un balazo en la sien izquierda. Atrás, en la cajuela del auto, estaban los cuerpos sin vida de los tupamaros Rosario Barredo y William Whitelaw.
Este momento culminante del relato de Trías generó una especial tensión entre los diputados de la comisión: la sesión fue suspendida momentáneamente para confirmar el dato, que consideraron fundamental para determinar el grado de veracidad del relato de la enfermera. La sesión se reanudó cuando los diputados pudieron determinar que la herida de bala que mostraba el cuerpo de Michelini era efectivamente en la sien izquierda.
Había, sin embargo, otros detalles en la historia que contaba Trías y que deberían haber persuadido a los diputados de que no se trataba ni de una fábula ni de una invención: Trías había sobrevivido a dos intentos de asesinato, uno cuando quedó en coma tras una brutal golpiza, una noche al terminar su guardia en el Hospital de Clínicas, y otro cuando una camioneta de una unidad militar de Artillería la atropelló en plena calle, en Agraciada y San Martín, después de haber sido convocada a Diputados para que diera su testimonio.
Tan conscientes estaban los diputados –y el propio ministro del Interior, Antonio Marchesano– de los peligros que corría la enfermera que se dispuso que permaneciera alojada en el propio Palacio Legislativo. Trías concurría a las sesiones de la comisión caminando con muletas, porque permanecía en recuperación de las múltiples fracturas sufridas. Pese a todo –contó después–, algunos legisladores, que no identificó, le ofrecieron diferentes beneficios a cambio de que alterara su testimonio.
El relato de Trías remitía a una noche de fines de mayo de 1976, cuando una amiga, Juliana de Sarro, casada con un militar y que mantenía relaciones en forma simultánea con Mato y Manuel Cordero, le pidió ayuda y le rogó que se trasladara a un apartamento en las cercanías del Hospital de Clínicas. Cuando llegó, se topó con Mato, visiblemente alterado, quien, con un revólver en la mano, decía estar dispuesto a jugar a la ruleta rusa. El capitán dijo que había recibido la orden de sus superiores de viajar junto con Cordero a Buenos Aires y encargarse del asesinato de los dos legisladores. Mato dijo en ese momento que había aceptado porque le ofrecían una casa y un pequeño negocio para su madre. Agregó que cuando llegaron a Buenos Aires Gutiérrez Ruiz ya estaba muerto y con señales de haber sido brutalmente torturado. Después de suministrarle un diazepam a Mato, la enfermera regresó a su casa, escéptica sobre la confesión, pero al día siguiente leyó la noticia de los asesinatos.
Según unas declaraciones posteriores de Trías, un mediodía que almorzaba en el restorán del Palacio Legislativo oyó a un funcionario que le decía a otra persona: «Conseguí las actas». Después, la información fue publicada con detalle en la columna del diario El País que el periodista Daniel Herrera Lussich firmaba con el seudónimo de El Duende de la Trastienda. Nunca se confirmó quién había sido el autor de la filtración ni hasta dónde llegaba la conspiración para bloquear la investigación sobre los asesinatos. El testimonio de Trías era hasta ese momento la pista más sólida.
Luego de la filtración, los diputados consideraron que no existían las mínimas garantías para continuar trabajando. La maniobra fue un éxito de la impunidad, en momentos en que la derecha y la corporación militar estaban empeñadas en impedir el plebiscito para derogar la ley de caducidad. A las escuchas, los seguimientos, los chantajes y las presiones que configuraron en esa época el espionaje militar en democracia hay que sumarles los atentados de muerte que sufrió la enfermera.
CALLE BACACAY
En 1987, cuando se difundieron sus confesiones a la enfermera, Mato permanecía en actividad en las filas del Ejército y no fue convocado por la Justicia, pese a la difusión de su relato y a que su foja de servicios confirmaba que había integrado los equipos del Servicio de Información de Defensa (SID), que desde 1975 operaba permanentemente en Argentina. Tampoco había sido conminado por su participación en las brutales torturas al militante frenteamplista Luis Batalla, quien murió en un cuartel de Treinta y Tres. Por ese caso, después de haber sido citado a declarar ante la Justicia, Mato decidió fugarse en 2013, cuando residía en Rivera; simplemente se desplazó unas manzanas adentro de Santana do Livramento y, pese al pedido de captura internacional, no pudo ser ubicado por Interpol, incluso cuando ese pedido se robusteció a partir de la sentencia de la Justicia italiana, que lo condenó a cadena perpetua por su participación en el Plan Cóndor.
Aun cuando se conocen bastantes detalles de algunos operativos uruguayos en Argentina (en especial contra el PVP en 1976 y contra la UAL en 1977), una incógnita radica en la ubicación de las bases de operaciones utilizadas por el SID antes de la instalación del centro clandestino Automotores Orletti. Los secuestros y las ejecuciones de 1975, y las desapariciones y asesinatos de 1976 ocurridos antes de junio, fecha de la inauguración de Orletti, necesariamente requerían de una infraestructura que complementara el apoyo logístico brindado primero por la Policía Federal y después por la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) y el Batallón 601. Ahora se sabe que en la misma manzana de la calle Venancio Flores, donde se instaló Orletti, funcionó previamente, sobre la calle Bacacay, otro centro clandestino destinado a la operativa del Cóndor. La existencia de ese centro podría despejar las aparentes contradicciones de quienes estuvieron secuestrados en manos de uruguayos en Buenos Aires, pero cuyas descripciones del lugar no coincidían con las características de Orletti.
Además, el centro de Bacacay podría explicar dónde estuvieron secuestrados Michelini, Gutiérrez Ruiz, Barredo, Whitelaw y Manuel Liberoff cuando aún no funcionaba Orletti. Las investigaciones del juez argentino Daniel Rafecas quizás permitan arrojar algo de luz sobre los misterios que con tanto empeño se han mantenido en secreto.