El Ejecutivo de Uruguay derogó licencias otorgadas a tres medios alternativos
Lacalle Pou avanza contra la Ley
de Medios del Frente Amplio
La coalición de derecha gobernante envió al Congreso un nuevo proyecto sobre medios. “Favorece y potencia la concentración”, dijo Gustavo Gómez, extitular de la Dirección Nacional de Telecomunicaciones.
19 de agosto de 2020
Por Juan Manuel Boccacci
Desde su llegada al gobierno el presidente de Uruguay Luis Lacalle Pou se alineó con las grandes empresas de medios. La semana pasada el Poder Ejecutivo revocó la asignación de señales de televisión a tres medios alternativos. La adjudicación se había producido hacia el final del gobierno de Tabaré Vázquez en el marco de la Ley de Servicios de Comunicación sancionada en 2014. Ahora el gobierno uruguayo hizo lugar a demandas presentadas por empresas de televisión por cable y dio marcha atrás con la medida. En paralelo avanza en el Congreso el tratamiento de una nueva ley de medios impulsada por la coalición gobernante. Para Gustavo Gómez, extitular de la Dirección Nacional de Telecomunicaciones (DINATEL) durante el gobierno de José Mujica, el proyecto de ley está hecho a medida del oligopolio mediático. “Favorece y potencia la concentración”, dijo el experto en libertad de expresión y regulación de medios, en diálogo con PáginaI12.
Licitación pública y transparente
A fines de 2019 el gobierno del Frente Amplio (FA) abrió un concurso para otorgar a tres medios alternativos la posibilidad de ser emitidos por empresas de televisión paga. Tal como lo establece la Ley de medios 19.307 sancionada durante el gobierno de Mujica, las empresas privadas deberían incorporar a sus grillas estas tres señales sin cobrarles un peso. Para poder ser elegidas las mismas debían demostrar que podrían producir un 80 por ciento de contenidos nacionales. Además, evidenciar que no estaban vinculadas a los operadores actuales de televisión. Desde el FA argumentaron que era la primera vez en que se realizó una convocatoria de este tipo: pública y transparente.
Tras analizar las propuestas el gobierno informó que sólo cuatro oferentes habían cumplido con los requisitos. El paso siguiente fue la defensa de sus propuestas en una audiencia pública. Luego el Ejecutivo convocó a una consulta abierta, que culminó en enero de este año, y creó una comisión para estudiar cada una de las propuestas y otorgarles un puntaje. Finalmente la Unidad Reguladora de los Servicios de Comunicación (URSEC) se encargó de analizar el trabajo de la comisión. Quince días antes de que Lacalle Pou asumiera la presidencia del país, la URSEC emitió una resolución donde informó que las señales ganadoras de la licitación habían sido Eutopía TV, Canal U y TV Libre.
El lobby del oligopolio mediático
Ante este resultado las poderosas empresas que manejan la televisión por cable pusieron el grito en el cielo. Encabezados por Montecable Video S.A., Riselco S.A. y Tractoral S.A., un conjunto de firmas presentaron un recurso administrativo para que se desestime el proceso. Según este conglomerado la URSEC no era el organismo competente para realizar el concurso. El viernes pasado el Ejecutivo uruguayo hizo lugar a este pedido a través de una resolución del Ministerio de Industria. De esta forma la licitación volvió a fojas cero. Según el actual titular de la DINATEL, Guzmán Acosta y Lara, el proceso fue “contrario a derecho” y el acto administrativo “totalmente ilegítimo”, según manifestó a El Observador. El funcionario indicó que el proceso debió haber estado a cargo de la Institución Nacional de Derechos Humanos (Inddhh).
Sin embargo para Gómez la URSEC posee las competencias necesarias para llevar adelante el concurso. “Más allá de esto ahora sólo resta dirimir la situación en el ámbito administrativo. La realidad es que pese a que las tres señales habían ganado en febrero la licitación los operadores nunca las sumaron a sus grillas. Ahora, con esta resolución el gobierno logró que se consolide la situación actual. Y revertirla puede llevar años”, sostuvo el especialista. Para el exfuncionario esta medida restringe la función democratizadora de la Ley de medios. “Siguieron el criterio de las empresas dueñas de los canales 4, 10 y 12 que conforman el oligopolio de Montevideo. Estamos hablando de conglomerados mediáticos compuestos por dueños distintos pero en alianza, que manejan el mercado de televisión de todo el país. Tienen una gran capacidad económica y también política, con una fuerte incidencia en este gobierno marcando la pauta de lo que va a ser su política comunicacional”, sostuvo el experto. Pese a dar de baja el proceso no se abrirían nuevas licitaciones según informaron fuentes del ministerio de Industria a La Diaria.
“Iniciativa reaccionaria”
La Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual contemplaba la creación de un organismo para llevar adelante las licitaciones y concursos. Además dentro de sus funciones tendría la de resolver eventuales controversias. Sin embargo su conformación, que depende tanto del Ejecutivo como del Congreso, hasta el momento no se efectivizó. Para Gómez este punto da cuenta de ciertas limitaciones del progresismo a la hora de implementar la ley. “Tuvimos tres gobiernos frenteamplistas para marchar en este sentido. La ley se sancionó en 2014 y durante cinco años se hizo muy poco para lograr una mayor democratización. A su vez durante años nos manifestamos en contra de entregar nuevos medios en tiempo electoral, o durante un cambio de mando, y nosotros terminamos haciendo lo mismo”, manifestó el extitular de DINATEL. Más allá de eso dejó en claro que sus reparos son de orden político y no legal. “La Ley 19.307 superó más de 150 solicitudes de inconstitucionalidad y fue avalada por la Corte Suprema uruguaya”, informó el exfuncionario.
Respecto al proyecto presentado por el ejecutivo que modifica la Ley de Medios progresista, Gómez entiende que se trata de una iniciativa reaccionaria. “Les devuelve a las grandes empresas privilegios que la ley vigente había logrado sacarles. Elimina gran parte del derecho a las audiencias; aumenta de tres a ocho los servicios de radio o televisión que una persona física o jurídica puede acumular; elimina los topes de concentración en televisión para abonados; suprime los límites a la propiedad cruzada entre servicios de televisión y de internet”, señaló el especialista. El texto actualmente está discutiéndose en comisiones de la Cámara de Diputados. Para Gómez su sanción implicaría una concentración mayor a la que existe hoy en día.