VERDAD Y JUSTICIA
Postergan juicio contra ex policías
del centro clandestino Los Vagones
Hoy Canelones informa que en el juicio de Los Vagones se investigan delitos ocurridos en el centro clandestino de detención y tortura que funcionó en la zona del Parque Artigas, de la ciudad de Canelones, desde finales de los de los años sesenta hasta el final de la dictadura cívico-militar. El miércoles pasado se iba a realizar una audiencia de control de acusación previo al juicio oral de los tres ex policías formalizados en el caso, pero esa instancia se vio frustrada por la recusación de la defensa de los denunciados.
9 OCTUBRE, 2020
La recusación presentada plantea que los fiscales Ricardo Perciballe y Graciela Malvarez sean apartados del caso, con el argumento de que existe “falta de objetividad” por parte de ambos profesionales. Los abogados suponen, además, que la fiscal Malvarez tiene un vínculo con los denunciantes porque comparte apellido con la pareja de una de las víctimas.
El Juez de Primer Turno de Canelones, Luis Sobot, suspendió la audiencia del pasado miércoles y decidió tomarse un tiempo para analizar la recusación. En diálogo con HOY CANELONES, Sobot sostuvo que cuando una persona entiende que el juez o los fiscales no pueden seguir en la causa, se solicita un apartamiento por ley, por lo que no puede obviar el análisis del pedido de la defensa. “Son cuestiones que señala la ley, no es porque a mí se me antojó”, argumentó.
Forma y contenido
El fiscal Ricardo Perciballe, en tanto, está convencido de que la recusación no va a prosperar y asegura que no hay razones de forma ni de sustancia que avalen la solicitud de la defensa de los formalizados. “Nos oponemos (a la recusación) por cuestiones formales, porque los fiscales no somos recusables cuando somos parte. Eso el juez lo debería haber advertido”, indicó Perciballe a HOY CANELONES. “En lo sustancial es clarísimo que nosotros no incurrimos en ninguna causa, porque no tenemos ningún vínculo de amistad o enemistad con los denunciantes ni con los imputados”, agregó.
Con referencia al supuesto contacto familiar de la facultad Graciela Malvarez con una de las víctimas, el fiscal Perciballe señaló que “no existe ninguna conexión porque la persona que se nombra no tiene ningún vínculo con la doctora Malvarez”.
Proceso previo
En diciembre del año 2019 se solicitó la formalización de los tres ex policías por ser autores de un delito continuado de privación de libertad especialmente agravado, un delito continuado de abuso de autoridad contra los detenidos y un delito continuado de lesiones graves.
La denuncia de los crímenes tuvo lugar unos meses antes de la formalización. La Secretaría de Derechos Humanos de la Intendencia de Canelones fue la encargada de realizarla, tras un trabajo de investigación realizado por la Asociación Civil Ágora, apoyado en el relato de quienes sufrieron situaciones de tortura en el centro clandestino de la capital departamental.
Otros pasos
Las defensas de los formalizados habían presentado, por otra parte, un recurso de inconstitucionalidad de la Ley 18.831 (Establecimiento de la pretensión punitiva del Estado para los delitos cometidos en aplicación del terrorismo de Estado), que derivó en la Suprema Corte de Justicia, y una defensa de prescripción de los delitos, que todavía no ha entrado en debate.
La Suprema Corte de Justicia decidió declarar inconstitucionalidad dos artículos de la Ley 18.831, pero dicha pronunciación “no impide que se mantenga el proceso, porque no se ha establecido nada sobre la prescripción de los delitos”, según indicó Perciballe.