La Diaria 9/6/2016
A la maestra, con cariño
Legisladores de todos los partidos recordaron el secuestro de Elena Quinteros.
Al cumplirse 40 años del secuestro y la desaparición forzada de la maestra Elena Quinteros, la Cámara de Diputados le realizó un homenaje que tuvo como orador principal al frenteamplista Luis Puig (Partido por la Victoria del Pueblo).
El legislador hizo referencia a varias etapas de la vida de la joven, a su “vocación por la religión católica”, y a su participación en las “jornadas socio pedagógicas” que llevaron a los maestros a tomar contacto “con los sectores de uruguayos en el interior del país que vivían en las peores condiciones”. El diputado relató los hechos ocurridos el 28 de junio de 1976, cuando Quinteros, que había sido detenida días antes, convenció a sus captores de que tenía que hacer “un contacto con otra persona” en las cercanías de la embajada de Venezuela, en la que tenía planeado ingresar para pedir asilo político.
La maestra, que era vigilada desde cerca, logró correr, entrar a una casa lindera, saltar a los jardines de la embajada y gritar pidiendo ayuda y asilo. “Ya estaba en territorio venezolano”, dijo Puig. Sin embargo, los represores que participaban en el operativo consiguieron derribarla antes de entrar a la casa y la arrastraron hacia afuera, forcejeando con funcionarios diplomáticos venezolanos.
El secuestro de Quinteros desencadenaría la ruptura de relaciones diplomáticas de Venezuela con Uruguay. Puig se refirió luego a la enorme tarea de denuncia a nivel internacional realizada por la madre de Elena, María Almeida de Quinteros, conocida como la Tota, contra las dictaduras de la región.
Recordó la aparición de un documento de la cancillería que manifiesta la existencia de un memorándum “en el cual se analizaba qué hacer” con Quinteros, y “la conveniencia de entregarla o no al gobierno venezolano”, que luego sirvió para probar la responsabilidad del entonces ministro Juan Carlos Blanco, primer procesado por crímenes de lesa humanidad en el país, en 2002. Además de Puig, hablaron Daniel Radío (Partido Independiente), Graciela Bianchi (Partido Nacional), Walter Verri (Partido Colorado) y Eduardo Rubio (Unidad Popular), entre otros. Bianchi, sensiblemente emocionada, hizo un encendido homenaje a Quinteros y a todas las víctimas del terrorismo de Estado, e invitó a todas “las generaciones, esas que se creen que se las saben todas, a acercarse a la historia de estos procesos”. Bianchi, que fue secretaria de Germán Araújo y Jaime Pérez, dijo que quería contar que Ruben Cacho Bronzini, uno de los secuestradores de Quinteros, “estuvo preso por 48 horas”.
Según la diputada blanca, que se desempeñaba como abogada en los juzgados penales, Bronzini “le pegaba a su mujer y esta hizo una denuncia” por lo que fue detenido y “por lo menos lo pudimos tener 48 horas preso”. “Me acuerdo de haberme acercado con mucho placer para verle la cara mientras esperaba que el juez lo procesara”, agregó.
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COMPLEMENTOS
ANTE LOS NUEVOS ELEMENTOS VINCULADOS CON LA DESAPARICION DE ELENA QUINTEROS
El Comité Central del Partido por la Victoria del Pueblo, colectivo de antiguos y nuevos militantes que actualmente dirigen los destinos de esta organización política y que asumen con orgullo su pasado y su historia, expresa:
1.- Que resulta ilustrativo de la lógica de impunidad que aun padece el Uruguay, que el Estado democrático y por ende los gobiernos que han estado al frente del mismo, continúen a cuarenta años de su secuestro y desaparición, usurpando la vivienda que habitaba Elena Quinteros.
2.- Que es indignante y vergonzoso que las fuerzas armadas, institución del Estado que fue responsable del secuestro y desaparición de Elena Quinteros, sea la beneficiaria de la usurpación perpetrada por el terrorismo de Estado.
3.- Que frente a esos hechos que en nada contribuyen al fortalecimiento de los valores democráticos, resulta altamente gratificante que desde la sociedad civil esos hechos se denuncien y medios de prensa lo asuman con seriedad y valentía.
4.- Que desde el punto de vista de esta organización política lo que está en juego en estos hechos no es un asunto patrimonial con relación a una propiedad que adquirió el PVP para albergar a Elena Quinteros y desde allí llevar a cabo la labor de resistencia a la dictadura.
5.- Lo que realmente está en juego y que reclamamos que desde el punto de vista judicial y político se investigue y esclarezca, es el conjunto de complicidades con la impunidad que siguen rodeando este caso y la de los cientos de denuncias actualmente estancadas en los juzgados penales.
6.- En ese sentido el esclarecimiento profundo de los hechos que llevaron a la adjudicación a la región militar Nro 1 de la vivienda de la calle Massini 3044, deberá ser tenido especialmente en cuenta para establecer las responsabilidades penales reclamadas reiteradamente ante la sede penal de 1º Turno de los responsables de su secuestro y desaparición, y sobre las que poco o nada se ha hechos en más de 30 años.
7.- A los efectos de aventar cualquier especulación malintencionada sobre este asunto, el Comité Central del PVP, no reclama ningún derecho sobre una propiedad que adquirió en el marco de la resistencia a la dictadura, y que por lo tanto debería adjudicarse en beneficio de aquellas instituciones que al igual que Elena Quinteros, contribuyen siempre al bienestar de los más desposeídos.
Comité Central del PVP 6 de febrero de 2016.
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Artículo aparecido en “Brecha”
Vivienda de servicio
El departamento donde alguna vez vivió la maestra desaparecida Elena Quinteros y en el que, todo indica, fue detenida en 1976, continúa en manos del Ejército 40 años después. Una investigación de Brecha –a partir de testigos y documentos– pudo corroborar que el inmueble de Pocitos viene siendo ocupado por oficiales y sus familias, en una modalidad que ellos llaman “vivienda de servicio”.
La esquina que une a las calles Ramón Massini y Libertad tiene esa combinación de ajetreo céntrico y vida vecinal que caracteriza a algunos rincones de Pocitos. Allá por agosto de 2015 la convivencia entre las seis familias que habitan el edificio de dos pisos enclavado en el vértice de ambas calles transcurría sin demasiados sobresaltos. Hasta que alguien se enteró de algo, luego de una pregunta trivial y una conversación fortuita. Fue así, de ese modo casual, que a uno de los residentes le llegó el rumor de que en el apartamento 103 había vivido Elena Quinteros y que la vivienda pertenecería al Batallón 13 del Ejército.
La información se instaló como una espina en el ser del inquieto habitante del edificio de Ramón Massini 3044. Pronto sintió la necesidad de comentar la situación a un grupo de amigos. Todos coincidieron en que esa información debía investigarse y conocerse, y que la sociedad debía tener en claro cuál había sido el destino de la vivienda en la que había sido detenida la maestra Elena Quinteros, probablemente el 26 de junio de 1976. Una de las piezas que se tornó fundamental para tirar del hilo de la madeja fue el libro Secuestro en la embajada, de Raúl Olivera y Sara Méndez.
En la página 43 de ese relato –que cuenta la peripecia de la militante del Pvp desaparecida y de quienes lucharon para que el caso no quedara impune– aparecían algunos elementos clave sobre el apartamento y su destino. La unidad había sido comprada, mediante una falsa identidad, por la pareja de Elena, José Félix Díaz, el “Gallego”, probablemente en marzo de 1976. Díaz1 era el responsable en esa época del llamado “Plan de Aparición”, una audaz ofensiva de propaganda contra la dictadura que se venía craneando desde Buenos Aires pero que se iba a desplegar en Uruguay. El primer mojón del plan fue exitoso, ya que el Pvp logró que corredores de la Vuelta Ciclista del Uruguay difundieran un símbolo de la nueva organización política. La movida comprendía, entre otras cosas, la contratación de espacios publicitarios en medios uruguayos a través de un falso ejecutivo de una empresa inexistente. La operación sin embargo tendría que ser poco después suspendida por la feroz campaña de represión contra los militantes del Pvp en ambas orillas del Río de la Plata.
Al principio no era Elena quien vivía en el apartamento de Massini, sino otra militante, Alma Rodríguez, que estaba embarazada. Elena concurría a la vivienda simulando ser la acompañante de la señora de la casa, que estaba sola porque su marido trabajaba en el Interior. Luego de dar a luz Alma abandonó la vivienda, y fue en ese momento que Elena, que tenía entonces 30 años, pasó a vivir en el apartamento. Pero sólo logró permanecer allí por unos meses, ya que en junio de 1976 una patota del Ejército y de la Policía la habría detenido en la propia vivienda para luego llevarla al 300 Carlos, el terrible centro de detención ubicado en el Batallón 13. Ello se desprende del testimonio de Alma Rodríguez, detenida en el marco del mismo operativo, y del de otras presas del también llamado Infierno Grande. Este centro clandestino de torturas (y el batallón todo) dependía de la División 1 del Ejército y del Organismo Coordinador de Operaciones Subversivas (Ocoa). Si bien nunca se pudo establecer con absoluta seguridad la fecha de la detención, en el citado libro se maneja que podría haber sido el sábado 26 de junio, ya que el domingo Elena no concurrió a un encuentro marcado con el dirigente Eduardo Pin, en bulevar España y avenida Brasil.
En una cita al pie de página, Olivera y Méndez consignan el último detalle que se supo acerca del destino del apartamento 103. La unidad del padrón 112.311, “por sentencia interlocutoria” número 227 (del 29 de diciembre de 1979), fue “adjudicada en propiedad” a la División de Ejército 1 por obra y gracia del decreto-ley 14.373. En ese decreto-ley aprobado por la dictadura (en mayo de 1975) se habilitaba a una “incautación provisoria” de bienes vinculados a los “delitos” enmarcados en la ley “de seguridad del Estado y el orden interno”, de 1972 (véase nota de Samuel Blixen). Pero la incautación nada tuvo de provisoria, como Brecha pudo comprobar casi 40 años después. Y además, si se apoyara en el decreto-ley, la requisa se habría convertido en ilegítima, puesto que éste fue derogado en 1985.
VIVIENDA ROTATIVA.
La investigación de este semanario pudo comprobar dos situaciones. En primer lugar, la propiedad del inmueble no ha registrado alteraciones desde 1980, a la luz de los documentos oficiales que están en poder de Brecha, obtenidos a través de dos organismos públicos. Los movimientos referidos a la propiedad del padrón 112.311/103 que están documentados en la Dirección General de Registros empiezan en 1961 y terminan en 1980. La última entrada es la correspondiente al 18 de marzo de 1980 y es una “adjudicación”. Cuando se va al detalle de este movimiento aparece que la adjudicación fue realizada por el “Juzgado Militar de Primera Instancia de Primer Turno” y precisamente bajo la sentencia interlocutoria 227 mencionada más arriba. Y que el “adjudicatario” es la “División de Ejército 1”.
Hasta ahí lo que consigna el registro oficial. Pero el hecho de que al día de hoy el apartamento 103 continúa siendo utilizado por el Ejército se ha podido comprobar a través de testigos que han visto salir uniformados de la vivienda, otras pruebas documentales, y finalmente a través de un diálogo mantenido por periodistas de Brecha con el actual ocupante, un teniente de segunda (por lo menos ese era su rango en 2010) que vive con su esposa, pequeña hija y mascota en el lugar desde hace cuatro meses.
El vecino que comenzó a recabar datos en agosto pasado descubrió algunas cosas. Primero, que anteriormente la propiedad había sido ocupada por otro militar. Es posible, a la luz de facturas de servicios bancarios y entes públicos que llegaron al edificio, que se tratara del coronel Reinaldo Albornoz Arjona. Este oficial de alto rango, de 50 años, es el actual director de la Escuela de las Armas del Ejército, que depende del Instituto Militar de las Armas y Especialidades (Imae). Precisamente el actual residente del 103 es también instructor en el Imae, en la especialidad de logística. Quizás sea una pieza que pueda estar conectada o no, pero el director general del Imae es el general Gustavo Fajardo, un oficial que fue segundo comandante de la División de Ejército 1 en 2014.
Para este artículo, periodistas del semanario lograron entablar un diálogo con el actual ocupante del edificio, un militar que aparenta ser menor de 40 años. El oficial dijo no estar al tanto de si el inmueble que ocupa pertenece al Ministerio de Defensa.
—¿Ustedes son inquilinos?
–No. Es una vivienda de servicio. No se alquila. Es como el lugar de todos los oficiales del Interior. Es como un usufructo…
—O sea que se lo dan, pero no tienen que pagar nada.
—Claro, siempre y cuando estés en actividad.
—¿Sin plazo?
—No, hay plazo sí.
—Es decir que quienes viven van rotando…
—Claro. Lo mismo pasa en cualquier unidad o lugar del Interior. Nosotros –mira a su esposa– nos enteramos dos días antes de que viniéramos para acá. No sabíamos dónde nos iba a tocar.
—¿Entonces otros oficiales de su generación pueden estar viviendo también en otros apartamentos?
—Todos los oficiales, a no ser que tengan una casa propia. Cuando vos te casás tenés derecho a una vivienda de servicio, siempre y cuando haya una disponible.
—¿Usted sabía la historia de este apartamento?
–Ni idea. Yo llegué hace cuatro meses a este apartamento. Venimos del Interior.
—En este apartamento vivió una desaparecida. Elena Quinteros.
—Pah, ni idea.
INTERROGANTES.
En el proceso de esta investigación se abrieron varias interrogantes. ¿Cuál es la situación legal del inmueble, en virtud de la derogación del decreto-ley de la dictadura? ¿Alguien tiene derechos sucesorios para reclamar? Brecha no pudo aún detectar si existe algún litigio sobre el inmueble, pero sí que en democracia no ha habido ninguna política de restitución en relación con esta propiedad. El asunto no deja de estar entrelazado con la inexistencia de una política de memoria que también se preocupe por restituir propiedades confiscadas por las Fuerzas Armadas, o en todo caso incorporar con mayor decisión a la trama urbana huellas públicas del terrorismo de Estado, algo que excede largamente las cuestiones meramente legales.
La situación oculta del apartamento de Massini también conduce a otras preguntas e interpela las políticas de transparencia del Ministerio de Defensa. ¿Cuál es el fundamento que ampara entregarles a oficiales como “viviendas de servicio” inmuebles que pertenecieron a desaparecidos o que fueron incautados por el régimen militar? O con una mirada más amplia, ¿cuál es el sistema de beneficios sociales de que gozan los oficiales, cuáles son los criterios de distribución y quién los paga?
Son las autoridades del Ministerio de Defensa quienes tienen que responder estas y otras inquietudes. Por lo pronto, al término de la feria judicial el Observatorio Luz Ibarburu solicitará en un escrito que presentará en el Juzgado Penal de Primer Turno (a cargo de Juan Carlos Fernández Lecchini), entre otras cosas, que se investigue sobre la propiedad de Massini y Libertad, en el marco de la causa de Elena Quinteros. Es, otra vez, a partir de los ciudadanos que no se resignan a encubrir bajo el manto de la normalidad cotidiana historias como la narrada, y desde la sociedad civil, que el Estado es emplazado a investigar.
- Sobre Díaz pesan complejas acusaciones. Hugo Cores, en su libro Memorias de resistencia, dice que “conocía nombres y direcciones de compañeros que luego fueron secuestrados”. No fue torturado en Orletti, y “después de entregar a los compañeros y trabajar para el grupo de Gavazzo, recobró la libertad”. Cores ubica la delación de Díaz entre las tres más graves, ya que “apenas detenido se plegó a los militares”.
