Apuntes del día: Jugando a las escondidas
con el caso Roslik
3 de agosto de 2021
Escribe Marcelo Pereira
Buenos días. Les comento algunas noticias que pueden leer en la diaria.
Tras el asesinato de Vladimir Roslik no hubo, como en muchos otros crímenes cometidos en el marco del terrorismo de Estado, un largo período de bloqueo de la investigación. Al médico de San Javier lo mataron en abril de 1984, menos de un año antes de las elecciones y de la asunción de Julio María Sanguinetti como presidente.
Todo el país se pudo dar cuenta de que la intervención en el caso de la Justicia militar era insatisfactoria, porque sólo aplicó penas muy breves por responsabilidades indirectas, y no hay constancia de dificultades, en los 37 años transcurridos desde el homicidio, para acceder a los expedientes de tal intervención.
Eso habría permitido constatar que hubo declaraciones increíbles, pero que al juez militar Óscar Vilches le parecieron más valederas que las evidencias aportadas por dos autopsias independientes. Habría sido el punto de partida para una verdadera investigación sobre hechos que en aquel momento eran recientes. Pero esto no sucedió.
El fallo al que accedió la diaria mediante un pedido de acceso a la información pública fue entregado en su momento al ministro de Defensa Nacional, Juan Vicente Chiarino, quien se hizo patéticamente célebre en aquellos años por contestar, cada vez que se le preguntaba sobre un hecho que podía poner en apuros a violadores de los derechos humanos, “no tengo conocimiento”. El actual ministro del ramo, Javier García, declaró ayer en el Parlamento que él “no estaba en conocimiento” de ese documento antes del pedido de acceso.
En aquel momento el presidente no se dio por enterado de que el proceso a cargo de Vilches había sido una atrocidad. Sanguinetti es abogado, pero eligió a quiénes quería defender.
Según el fallo de Vilches, hubo 11 oficiales en el interrogatorio que le causó la muerte a Roslik. Uno de ellos era el entonces teniente Alberto Loitey, que el año pasado fue candidato a la intendencia de Soriano por Cabildo Abierto. El conductor de ese partido, Guido Manini Ríos, dijo ayer que hace mucho que no ve a Loitey, pero también afirmó: “Yo creo en la palabra de lo que él me dice”.
Quizá Manini confundió los tiempos verbales y quiso transmitir que hace mucho tiempo hablaron de la muerte de Roslik. En todo caso, no explicó qué fue lo que Loitey le dijo, hace mucho o hace poco, y él asegura que le cree.
García y Manini enfatizan que hasta ahora no se había hecho nada desde el Estado con el documento. Es, lamentablemente, cierto, pero cansa e irrita que el problema parezca ser definir a quién le corresponde la mayor factura, en vez de intentar que, de una vez por todas, haya justicia.
Esa es la prioridad de los familiares de Roslik. Cuando la Suprema Corte de Justicia rechazó el pedido de reapertura del caso presentado por el fiscal Ricardo Perciballe, acotó que se puede abrir otro proceso si “la Fiscalía entiende que existen hechos nuevos” y otras personas involucradas. Eso es exactamente lo que ocurre, pero si no se abriera esa nueva causa, el tema será presentado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que esta le recuerde al Estado uruguayo, una vez más, las obligaciones de las que no quiere acordarse.
Familiares de Roslik evalúan llevar
el caso ante la Corte Interamericana
de Derechos Humanos
3 de agosto de 2021 ·
La persecución a los pobladores de San Javier a principios de 1980 implica delito de genocidio, según Pablo Chargoñia.
A partir de la sentencia de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), que confirmó el archivo de la causa que investigó el homicidio de Vladimir Roslik, la Fiscalía Especializada en Crímenes de Lesa Humanidad y la familia de la víctima evalúan los pasos a seguir para que el homicidio del médico de San Javier no quede impune.
El fallo de la SCJ negó la reapertura del caso, en función del archivo determinado por el Tribunal de Apelaciones en lo Penal de 2° turno, que en 2014 definió que los delitos imputados en la causa habían prescripto y que existía “cosa juzgada”, en referencia a la actuación de la Justicia militar, tal como había planteado el juzgado de primera instancia que actuó en el caso. Además, la SCJ rechazó la apelación realizada por el fiscal especializado en Crímenes de Lesa Humanidad, Ricardo Perciballe, por entender que correspondía a la fiscalía que actuó en 2014 presentar el recurso de casación.
Uno de los caminos que abre el fallo de la SCJ es el de recurrir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), habida cuenta de que la confirmación de la prescripción por parte del máximo tribunal de Justicia implica la violación de la sentencia de esa corte en el caso Gelman, que establece que “el Estado debe disponer que ninguna otra norma análoga [a la ley de caducidad], como prescripción, irretroactividad de la ley penal, cosa juzgada, ne bis in idem o cualquier excluyente similar de responsabilidad, sea aplicada y que las autoridades se abstengan de realizar actos que impliquen la obstrucción del proceso investigativo”.
En diálogo con la diaria, la defensa de la familia de Roslik, Pablo Chargoñia, dijo que la sentencia de la corte significa “por lo menos una demora más en la resolución del caso” y señaló que la causa “encuadra” en la figura de actos genocidas “en la medida en que el ascendente ruso tuvo importancia en los operativos contra los vecinos de San Javier”. Para Chargoñia, los operativos ocurridos en San Javier, que implicaron la detención de varias personas de origen ruso, respondieron a “un operativo de inteligencia por el que la dictadura, en el final de su etapa, intentaba legitimarse”, presentando a los vecinos de la colonia rusa como agentes de los servicios de la KGB. “Si hubo en la comisión de la tortura y el homicidio, que son crímenes de lesa humanidad, un elemento de origen nacional, entonces también estamos en presencia del crimen de genocidio, que es lo que efectivamente ocurrió en San Javier”, señaló Chargoñia.
En abril de 1980 unos 25 vecinos de San Javier fueron detenidos y torturados en la localidad y luego trasladados al Batallón de Infantería N° 9, acusados de trabajar para los servicios soviéticos, entre ellos Vladimir Roslik, su hermano y sus sobrinos. En abril de 1984, Roslik fue detenido junto a otros pobladores de San Javier, que también fueron torturados en el Batallón de Infantería N° 9 de Fray Bentos, donde murió y se convirtió en la última víctima de la dictadura.
Chargoñia también señaló que el fallo del Tribunal de Apelaciones de 2014, que no fue recurrido por la fiscalía, implica dos omisiones del Estado que pueden llevarse ante la Corte IDH; del Poder Judicial, por el fallo en sí de segunda instancia y de la Fiscalía General de la Nación, por no recurrir.
El otro camino para continuar la investigación del homicidio de Roslik está contenido expresamente en el fallo de la SCJ y plantea que la Fiscalía especializada podría abrir una nueva causa en el marco del nuevo Código del Proceso “si la Fiscalía entiende que existen hechos nuevos y si hay involucrados que no quedaron amparados en la sentencia que resolvió la corte”.
Uno de esos elementos podrían ser los interrogatorios y torturas conexas al homicidio de Roslik, de los que da cuenta el expediente de la Justicia militar que actuó en el caso, que menciona a varias personas a las que se les atribuía una acusación contra Roslik.
Chargoñia señaló que la defensa tiene expectativas de que pueda concretarse la apertura de la causa bajo el nuevo Código y advirtió que eso no inhibe que se concrete la denuncia ante la Corte IDH. Consultado sobre la obligación de agotar todas las vías internas antes de apelar a un tribunal internacional, el abogado planteó que “hay antecedentes de recurrir al sistema americano aun sin haber agotado todas las vías” y subrayó que “la demora en sí misma” de la resolución del caso habilita presentarlo a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
A todo esto, Perciballe analiza la posibilidad de abrir esa nueva investigación penal por el sistema acusatorio. El fiscal informó a la diaria que decidió no presentar recursos contra el fallo de la SCJ en la medida en que entiende que no serán considerados, pero advirtió que “desde la perspectiva de la Fiscalía no va a cejar el trabajo para obtener alguna respuesta de la Justicia”. “La Corte dispuso un fallo del que estoy totalmente en contra, pero dejó algunas puertas abiertas que está evaluando la Fiscalía para intentar abrirlas todo lo posible”, señaló.
El fallo de la SCJ respondió a un recurso de casación realizado por Perciballe en marzo de 2020, luego de que en primera y segunda instancia se negara la reapertura del caso, procurado por la familia desde 2018. Para la SCJ, la causa finalizó en 2014, cuando el Tribunal de Apelaciones planteó la existencia de cosa juzgada, ante la condena del militar Sergio Caubarrère, quien estuvo en prisión cuatro meses y 18 días por los delitos de homicidio culpable y abuso de autoridad.
Manini Ríos: oficiales figuran como
presentes en el interrogatorio
de Roslik por “solidaridad”
3 de agosto de 2021 ·
Aseguró que el general destituido Daniel Castellá niega haber estado presente el día que mataron a Roslik y afirma que se implicó por “solidaridad” con el condenado Caubarrere y el “interrogador”
El ministro de Defensa Nacional, Javier García, se refirió el lunes en la Comisión de Defensa del Senado al proceso que culminó con la destitución del general Daniel Castellá como presidente del Supremo Tribunal Militar. Según consta en la versión taquigráfica de la sesión, García relató que puso en conocimiento de su decisión al presidente Luis Lacalle Pou y que el mandatario estuvo de acuerdo con la resolución.
Luego citó a Castellá al ministerio: “Le planteé que había un hecho que para mí era incompatible con el cargo de la presidencia del Supremo Tribunal Militar, que era el haber participado en el interrogatorio del doctor [Vladimir] Roslik. Le dije que era absolutamente incompatible haber estado en ese interrogatorio en el cual –como consta y, obviamente, todos sabemos– muere asesinado por torturas el doctor Roslik con el ejercicio de la presidencia de un órgano jurisdiccional”.
Castellá respondió que él no estuvo en el interrogatorio, aunque admitió haber sido el responsable de la patrulla que detuvo a Roslik en su casa, a las cuatro de la madrugada el mismo día de su muerte. Ese dato ya había sido publicado por el semanario Jaque en 1984.
García le respondió: “Le aclaré que yo escuchaba su afirmación pero que el único documento jurídico, la única instancia judicial que hasta la fecha existía –estamos hablando del año 1984–, era el que tenía en mis manos”.
Supremo Tribunal Militar no entregó
información del caso Roslik pedida
por el Ministerio de Defensa
3 de agosto de 2021 ·
Escribe Leonardo Haberkorn
La secretaria del organismo, que omitió informar sobre la sentencia solicitada, es hija de un militar procesado por torturas y defensora de acusados de violaciones a los derechos humanos en dictadura.
El Supremo Tribunal Militar, cuando todavía era presidido por el general Daniel Castellá, no envió la información que le solicitó el Ministerio de Defensa Nacional sobre el caso de la muerte bajo torturas de Vladimir Roslik en 1984, según relataron el ministro Javier García y el subdirector general de Secretaría del Ministerio, Cipriano Goñi, ante la Comisión de Defensa del Senado en la tarde del lunes, y consta en la versión taquigráfica.
Según lo dicho en comisión, ante el pedido de acceso a la información pública realizado por la diaria, Goñi requirió la información solicitada al Comando del Ejército y al Supremo Tribunal Militar.
El pedido incluía acceso a los expedientes de la justicia militar sobre el caso Roslik y las anotaciones en los legajos y sanciones recibidas en 1984 por los oficiales que revistaban en el Batallón de Infantería 9, de Fray Bentos, cuando ocurrió la detención, tortura y muerte del médico.
Mientras el comandante en jefe del Ejército respondió enviando la información pedida, no pasó lo mismo con el Supremo Tribunal Militar.
Ese organismo respondió a través de un informe jurídico elaborado por su secretaria, la abogada Gianella Frachelle. En el informe se dijo no tener los legajos de los oficiales sobre los cuales se pedía información y nada se informó sobre las actuaciones de la justicia militar en el caso.
“Esta sede no cuenta con la información solicitada”, sostuvo Frachelle en un informe que avaló el general Castellá.
Frachelle es hija del coronel Mario Carlos Frachelle, procesado con prisión en junio, junto con otros militares, en la causa que investiga las torturas en el Batallón 13 de Infantería, conocido como Infierno Grande o 300 Carlos. Gianella Frachelle ha actuado como abogada defendiendo a militares acusados de delitos contra los derechos humanos en la dictadura. En agosto de 2020, el semanario Búsqueda informó que la abogada protagonizó un escándalo al irrumpir en una audiencia donde militares estaban siendo juzgados, grabando con su teléfono y gritando que todo era “un atropello”.
Goñi comentó a los senadores “que en esta respuesta enviada por quien ostentaba el cargo de presidente del Supremo Tribunal Militar, se contesta una parte de lo solicitado por el periodista Leonardo Haberkorn, no así la otra parte (…). Es decir, se contesta el punto A (legajos), pero la doctora no responde el punto B ni el punto C (actuaciones de la justicia militar y sanciones). Y esto, que se desprende del informe, es elevado por el general del Ejército Castellá al Ministerio de Defensa Nacional”.
El Ejército, mientras tanto, sí envió los legajos pedidos. Goñi comenzó a leerlos y allí constató lo ya sabido: existía una sentencia de la justicia militar que alcanzaba a dos de los oficiales, el teniente coronel Mario Olivera y el mayor Sergio Caubarrere, en 1984 jefe y subjefe de la unidad militar donde mataron a Roslik.
“Encontramos un pedido de procesamiento provisional y un pedido de excarcelación. Naturalmente, al encontrar esos dos antecedentes de estos dos oficiales en los legajos personales, tuvimos que insistir y volver a oficiar al Supremo Tribunal Militar”, dijo Goñi a los senadores.
Es decir, se volvió a pedir información al Supremo Tribunal Militar. Ante esta insistencia, el organismo envió un segundo informe, elaborado otra vez por la abogada Frachelle y firmado por Castellá. Allí constan las fechas en las cuales Olivera y Caubarrere fueron procesados, luego excarcelados, encarcelados nuevamente y liberados definitivamente. En el informe se cita la sentencia del 29 de abril de 1986, dictada por el Juzgado Militar de Primera Instancia de 2º Turno, pero no se la incluye, ni ningún otro documento.
Castellá sostuvo que toda la documentación había sido enviada en 2018 a un juzgado civil en Fray Bentos y no se tenía copia. Adjuntó un documento que certificaba un envío a ese juzgado, pero no se detallaba qué documentos eran los remitidos.
Goñi señaló a la comisión: “Esto quiere decir dos cosas. En primer lugar, que cuando solicitamos información al Supremo Tribunal Militar no se nos contesta la parte que nos interesaba, que era la relativa a las anotaciones y a las sanciones. En segundo término, luego de la insistencia y de la ampliación de oficio por parte del Ministerio de Defensa Nacional, surge este oficio enviado por el general Castellá, pero lo que realmente interesa es destacar que, según lo que nos narran, el expediente habría sido enviado en el año 2018 al Juzgado de Fray Bentos. Sin embargo, en el informe que se nos envía surgen datos que para mí son muy importantes porque hacen referencia a la sentencia definitiva de primera instancia Nº 486, de fecha 29 de abril de 1986, dictada por el Juzgado Militar de Primera Instancia de 2º Turno, en la que se establece la condena que recibieron los oficiales Olivera y Caubarrere”.
Goñi se puso entonces a buscar la sentencia o una copia en el propio ministerio. Y la encontró. la diaria la reprodujo el sábado.
El ministro García agregó que en la segunda respuesta del Supremo Tribunal Militar “se cita una sentencia, pero no se la envía. (…) Se cita, pero no se envía y la cita coincide con el texto original de la sentencia que fue encontrada posteriormente”.
El presidente de la Comisión de Defensa Nacional, el senador de Cabildo Abierto Guido Manini Rios, preguntó si al ministerio “le consta que esa sentencia estaba en poder del Supremo Tribunal Militar y no fue enviada”. El ministro respondió que lo que consta es que “nunca se nos envió”.
El senador de Cabildo Abierto Guido Manini Ríos admitió haber hablado más de una vez con Castellá sobre el caso Roslik. El lunes en comisión dio una versión novedosa: afirmó que todos los oficiales se implicaron por “solidaridad” con el mayor Sergio Caubarrere, que en 1984 era subjefe de la unidad militar donde mataron a Roslik, y con el “interrogador”, el teniente Dardo Ivo Morales.
“Yo conocí al general Castellá en mi época de servicio activo”, afirmó Manini. “Él siempre dijo: ‘Yo no estuve presente en el interrogatorio. Todos los oficiales nos pusimos en la lista por solidaridad con el segundo jefe y por quien haya estado en el interrogatorio’”.
El rechazo de la SCJ al pedido de
casación por el asesinato de Roslik:
una resolución que deja puertas
abiertas para continuar con la causa
Ceretta: “Se trata de un crimen de lesa humanidad que nos afecta como sociedad… las instituciones deberían pronunciarse sobre el asunto de fondo, de lo contrario se está negando el acceso a la verdad y a la justicia”.
Escuchar la grabación
Pueden seguir leyendo sobre el caso Roslik
https://donde-estan.com/2021/07/30/roslik-un-crimen-que-no-puede-quedar-impune/
FEMI rechaza archivo de causa por el asesinato de Roslik
6 de agosto de 2021 ·
Cuestiona que se defienda “un fallo arbitrario de aquella contaminada Justicia militar” para determinar “cosa juzgada”
La Federación Médica del Interior (FEMI) rechazó, en un comunicado público, el dictamen de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) que resolvió el archivo de la causa que investiga el asesinato del doctor Vladimir Roslik el 16 de abril de 1984 en el Batallón de Infantería 9. La SCJ ratificó una sentencia del Tribunal de Apelaciones que consideró “cosa juzgada” el caso Roslik debido a que el mayor Sergio Caubarrere, identificado como el responsable del homicidio, fue condenado por la Justicia militar en 1984 a cuatro meses y 18 días de prisión.
Los médicos aseguran que el asesinato de Roslik como consecuencia de la tortura sigue impune. “Quien sostenga que los cuatro meses y 18 días de prisión impuestos por un tribunal militar para su responsable son suficientes para considerar que se trata de ‘cosa juzgada’ no solamente se equivoca flagrantemente, sino que le falta el respeto a su memoria, a su familia y al concepto de justicia en su más amplia consideración”, afirman, y rechazan la respuesta de la SCJ ante el recurso de casación interpuesto por la Fiscalía Especializada en Crímenes de Lesa Humanidad.
“Respetar la memoria y el honor de los familiares del último mártir del proceso dictatorial del que fue víctima el Uruguay implica, por lo menos, permitir que el proceso sea revisado”, expresan, y recuerdan que la FEMI tuvo un rol en el caso al denunciar el homicidio. “Su asesinato dejó una cicatriz que nos identifica como médicos del interior. Duele esa cicatriz cada vez que lo recordamos y arde profundamente cuando vemos argumentos mezquinos como excusas que defienden un fallo arbitrario de aquella contaminada Justicia militar”, señalan, y agregan que “es un detalle menor la forma. No hace al hecho si es bajo el nuevo Proceso Penal o en un tribunal internacional”.
Ante la negativa de la SCJ, el abogado de los familiares de Roslik, Pablo Chargoñia, dijo que evalúan presentar la denuncia en ámbito internacionales.