Militares retirados declararon
en la causa Michelini-Gutiérrez Ruiz
20 de agosto de 2021
El fiscal especializado en Crímenes de Lesa Humanidad tomó declaración a José Arab, Ricardo Medina, Jorge Pajarito Silveira y Gilberto Vázquez.
El fiscal especializado en Crímenes de Lesa Humanidad, Ricardo Perciballe, tomó declaración sobre las 10.00 a los militares condenados por violaciones a los derechos humanos José Arab, Jorge Pajarito Silveira, Ricardo Medina y Gilberto Vázquez, en la causa que investiga los homicidios de Zelmar Michelini, Héctor Gutiérrez Ruiz, Willian Whitelaw y Rosario Barrero y también la desaparición de Manuel Liberoff, ocurridos en mayo de 1976 en Buenos Aires, según informaron a la diaria fuentes judiciales.
Durante el interrogatorio, Perciballe consultó sobre la actuación de los militares retirados, el funcionamiento del Servicio de Información y Defensa y su rol en la coordinación con las fuerzas armadas argentinas. Además, indagó sobre las fechas concretas de viajes a Buenos Aires en mayo de 1976.
La causa, que rige por el nuevo código de proceso, fue presentada el 18 de mayo de este año e investiga a los autores materiales de los asesinatos bajo las figuras de crímenes de lesa humanidad y abuso de autoridad.
Si bien en 2010 fueron condenados por los cuatro homicidios el dictador civil Juan María Bordaberry y el canciller de la dictadura Juan Carlos Blanco, por su responsabilidad de Estado, nunca se logró avanzar en la investigación respecto de los autores materiales del hecho.
Uno de los puntos que ha sido investigado tanto por el fiscal Perciballe como por el juez federal Daniel Rafecas, que investiga en Argentina el Plan Cóndor y el funcionamiento de los centros clandestinos Automotores Orletti y Centro Bacacay, es el trabajo de la comisión parlamentaria que investigó los asesinatos entre 1985 y 1987 y logró avanzar sobre los autores materiales del crimen, hasta que una filtración publicada en la columna “El duende de la trastienda”, del diario El País, determinó la interrupción del trabajo de la comisión.
Rosario Barredo y William Whitelaw fueron secuestrados el 13 de mayo de 1976 junto a sus tres hijos que fueron trasladados al centro clandestino Automotores Orletti. Gutiérrez Ruiz fue secuestrado el 18 de mayo en su apartamento de la calle Posadas. Esa misma noche fue secuestrado Zelmar Michelini en el hotel Liberty. El 21 de mayo los cuerpos de los cuatro fueron encontrados en un Torino borravino. Manuel Liberoff fue secuestrado en la madrugada del 19 de mayo en su domicilio en la calle San Martín. Sus restos nunca fueron hallados.
FISCALÍA PIDIÓ FORMALIZAR POR ASESINATOS DE MICHELINI, GUTIÉRREZ, BARREDO Y WHITELAW
La síntesis del Cóndor
Mauricio Pérez
27 agosto, 2021
Tras diez meses, la Fiscalía Especializada en Crímenes de Lesa Humanidad pidió formalizar la investigación por las decenas de asesinatos cometidos por los servicios represivos uruguayos en Argentina, entre ellos, los asesinatos de Michelini y Gutiérrez Ruiz.
En un extenso dictamen, el fiscal Ricardo Perciballe solicitó formalizar la investigación por los crímenes perpetrados en Argentina contra decenas de militantes políticos y sindicales uruguayos, entre ellos, el asesinato de Zelmar Michelini, Héctor Gutiérrez Ruiz, Rosario Barredo y William Whitelaw, en mayo de 1976. «Nos encontramos frente al mayor magnicidio de la historia de nuestro país», escribió Perciballe en su dictamen, al que accedió Brecha.
En su escrito, el fiscal hizo un raconto de las detenciones ilegales, secuestros, asesinatos y desapariciones de uruguayos en Argentina, entre 1974 y 1976, que contaron con la participación de militares uruguayos. Según Perciballe, todos estos crímenes tuvieron como trasfondo el Plan Cóndor y califican como crímenes de lesa humanidad, por lo que el Estado tiene la obligación de investigarlos. Entre estos delitos está la desaparición de Manuel Liberoff y los homicidios de Daniel Banfi, Guillermo Jabif y Luis Latrónica, entre otros.
En este sentido, la tesis presentada por la fiscalía apunta a que los crímenes contra militantes de organizaciones políticas «formaban parte de la lógica represiva» de la dictadura uruguaya, que se trasladó hacia Argentina para la persecución de opositores. El atentado contra los legisladores, sin embargo, tenía otros motivos: acallar sus voces de denuncia sobre la situación interna de Uruguay, pero, sobre todo, evitar todo intento de diálogo para una salida al régimen. «Detrás de tan vil accionar hubo un claro mensaje en clave política», apuntó.
Perciballe recordó que el crimen de los legisladores intentó simularse como una disputa interna entre distintas facciones de la disidencia uruguaya en el exilio. Sin embargo, el tenor de los operativos revela «un mecanismo extremadamente aceitado» de los servicios represivos de la época. Los secuestros de Michelini y Gutiérrez Ruiz –recuerda el fiscal– fueron en áreas céntricas, altamente vigiladas, que oficiaron de «zona liberada». «Precisamente de ello se trató el Plan Cóndor, que en esta instancia alcanzó un punto central de su nefasta actuación.»
Sin embargo, tampoco se pueden descartar «razones eminentemente económicas» detrás de estos crímenes, alega el magistrado, ya que los servicios de inteligencia uruguayos tenían en la mira el «importante caudal de dinero» obtenido por varias organizaciones, como el Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros y el Partido por la Victoria del Pueblo, por medio de secuestros extorsivos. Para el fiscal, existen distintos informes y memorandos de inteligencia del Servicio de Información de Defensa (SID) que hacen especial hincapié en la existencia de este dinero, y que su destino fue objeto específico de los interrogatorios a los que fueron sometidos varios detenidos. «Dicho botín también estaba en la mira de los represores […]. Por él fueron», señaló.
El dictamen establece la responsabilidad de estos crímenes en la Dirección Nacional de Información e Inteligencia, en el SID y en el Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas. Según el fiscal, existió una verdadera coordinación entre estas unidades como parte de un único esquema represivo, que incluyó la sistemática violación de los derechos humanos de los detenidos. En este esquema, el SID «fungía como el verdadero gozne de la represión de los opositores al régimen», cuyos integrantes actuaban en las distintas unidades militares de todo el país, pero también en el exterior, en especial en Buenos Aires, donde tuvieron bases operativas en conjunto con las fuerzas represivas de ese país.
En este punto, Perciballe apunta a la responsabilidad de los mandos, como Víctor Castiglioni, Hugo Campos Hermida y Juan Antonio Rodríguez Buratti (jefe del Departamento III del SID), así como del teniente coronel José Nino Gava-zzo, recientemente fallecido. Pero también a una docena de efectivos militares, «quienes actuaron en cumplimiento de órdenes de sus superiores, pero que no se ven eximidos de responsabilidad por cuanto la obediencia debida no alcanza aquellos mandatos ilícitos como los que nos ocupan».
En este marco, Perciballe solicitó el inicio de un juicio penal contra cinco represores: Gilberto Vázquez, José Arab, Jorge Silveira, Ernesto Ramas y Ricardo Medina. Además, solicitó librar una orden de captura internacional con fines de extradición de los militares Manuel Cordero (condenado en Argentina por crímenes del Plan Cóndor) y Pedro Mato (radicado en Brasil, prófugo de la Justicia uruguaya y condenado en Italia por estos crímenes).